STC12840-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00059-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC12840-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Lucy del Carmen Camargo Palencia interpuso contra el fallo emitido el 22 de marzo de 20221 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le promovi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y a los intervinientes en el incidente desacato 11001-02-04-000-2021-00029-04 y el proceso ordinario laboral n\u00b0 2013-00510-00. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 revocar la sentencia SL3045 de 14 de julio de 2021, por medio de la cual Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en cumplimiento del fallo de tutela STC7599-2021, decidi\u00f3 nuevamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por la aqu\u00ed actora, en el marco del proceso ordinario laboral que le instaur\u00f3 a Colpensiones. Para que, en su lugar, se ordene a dicha entidad a reconocerle la pensi\u00f3n de vejez a la que, aduce, tiene derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
Para soportar sus anhelos, adujo que la Corporaci\u00f3n querellada no cas\u00f3 el fallo que ratific\u00f3 la negativa a conceder la pensi\u00f3n de vejez reclamada a Colpensiones, fundado en que no es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, al haber iniciado sus cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales el 1 de enero de 1996, despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
<\/p>\n
Precis\u00f3, en s\u00edntesis, que dicha negativa desatiende el mandato constitucional impartido por esta Sala, los hechos acreditados en el expediente, entre ellos, que su afiliaci\u00f3n a la Caja de Previsi\u00f3n Social del Departamento de Boyac\u00e1 empez\u00f3 el 7 de febrero de 1992, que las respectivas cotizaciones fueron trasladadas al ISS, as\u00ed como los m\u00faltiples lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la materia, entre ellos, la sentencia SU\/317-2021, en la que dicha Colegiatura precis\u00f3 que \u00abes posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsi\u00f3n social al ISS, independiente si la afiliaci\u00f3n se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente apunt\u00f3 que ha agotado todos los mecanismos a su alcance para conjurar los yerros denunciados, entre ellos, el incidente de desacato impulsado para obtener el cumplimiento del fallo STC7599-2021; sin embargo, la Sala Penal \u00abreafirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- La Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Penal Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n, tras informar que trav\u00e9s de la providencia ATP1553 de 23 de septiembre de 2021, el funcionario que la precedi\u00f3 se abstuvo de iniciar el incidente de desacato, pidi\u00f3 desestimar la tutela porque lo all\u00ed decidido es fruto del desarrollo de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por su parte, destac\u00f3 que la Corporaci\u00f3n obedeci\u00f3 la orden de tutela emitida por esta Magistratura. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que el ruego es improcedente para cuestionar decisiones de la misma naturaleza. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 ser desvinculado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- El a quo, luego de advertir que no se ocupar\u00eda del interlocutorio ATP1553-2021 \u00aben la medida que, en la decisi\u00f3n SL30452021, se acogi\u00f3 el precedente judicial relacionado con la posibilidad de acumular los tiempos de servicios p\u00fablicos y privados para acceder a la pensi\u00f3n\u00bb, centr\u00f3 su an\u00e1lisis en los otros argumentos que soportaron la providencia reprochada. Tras hallarlos razonables, por ajustarse a las pautas jurisprudenciales emitidas por la propia Corporaci\u00f3n, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- La actora, inconforme con lo decidido, impugn\u00f3, insistiendo en las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1.- El veredicto opugnado se ratificar\u00e1, pero no porque la sentencia SL3045-2021 sea razonable, pues su estudio era improcedente en este sendero, sino, porque lo es, la directriz ATP1553-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que la revis\u00f3, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
1.1.- Cuando las providencias judiciales se expiden en cumplimiento de una orden de tutela, por regla general, su control se efect\u00faa a trav\u00e9s de un incidente de desacato o de cumplimiento, y no por medio de una acci\u00f3n del mismo linaje. Esto, porque dichas herramientas han sido los senderos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico a fin de verificar si la nueva decisi\u00f3n expedida por el funcionario accionado se ajusta a los lineamientos prescritos por el juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
En sinton\u00eda con lo anterior, y espec\u00edficamente sobre el incidente de desacato, que es el tema que aqu\u00ed interesa, esta Sala, en aquellos ruegos enfilados con el objetivo de que se obedezcan directrices supralegales, ha expuesto: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) [N]o resulta viable la protecci\u00f3n rogada, puesto que la decisi\u00f3n censurada fue emitida por la autoridad judicial acusada en cumplimiento del fallo de tutela que otrora oportunidad se ampar\u00f3 los derechos fundamentales deprecados [\u2026] circunstancia que pone al descubierto la improcedencia de la acci\u00f3n aqu\u00ed impetrada, toda vez que su objeto se trata de una decisi\u00f3n respecto de la cual el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno, am\u00e9n de que apunta a un nuevo estudio de la misma naturaleza dentro de una etapa procedimental inexorablemente ligada a la que defini\u00f3 la procedencia del primigenio amparo tutelar (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) frente al incumplimiento de la orden de un fallo de tutela procede el desacato, y no otra protecci\u00f3n de amparo, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional; la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, s\u00f3lo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos previstos para el efecto\u00bb (CSJ STC, 29 jun. 2007, rad. 2007-00141-01, reiterada, entre otras, STC11164-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, se afirma que, por regla general, ser\u00e1 inviable, controvertir, mediante otro auxilio, una decisi\u00f3n expedida en cumplimiento de un fallo de tutela, porque habr\u00e1 ocasiones en las que ello ser\u00e1 posible, concretamente, cuando la providencia de que se trate aborde puntos nuevos y distintos, que, en su condici\u00f3n de tales, no fueron objeto del examen constitucional inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en el caso de una orden superlativa que est\u00e9 dirigida a que el sentenciador se pronuncie sobre un aspecto que omiti\u00f3 resolver respecto de una controversia. La directriz expedida con ocasi\u00f3n de ese mandato, si bien se emitir\u00e1 para ejecutarlo, al proveer sobre aquello que en su momento olvid\u00f3, analizar\u00e1 aspectos diferentes, susceptibles, por tanto, de un nuevo escrutinio constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
Claro, a efectos de determinar si la directriz expedida en acatamiento de un fallo de tutela es susceptible de realizarse trav\u00e9s de un incidente de desacato o mediante otra acci\u00f3n de tutela, es necesario establecer claramente los contornos del debate constitucional primigenio, a fin de determinar si la respectiva determinaci\u00f3n incorpora circunstancias novedosas a la controversia inaugural. <\/p>\n
<\/p>\n
En fin, es improcedente acudir a un nuevo resguardo para refutar una providencia judicial adoptada en obedecimiento a un fallo de tutela. El camino para revisarla ser\u00e1, en principio, el incidente de desacato o de cumplimiento previstos en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
1.2.- Ahora, cuando el interesado en la observancia de una directriz constitucional ha promovido un incidente de desacato para lograr su ejecuci\u00f3n, el an\u00e1lisis de sus discrepancias frente a la determinaci\u00f3n de que se trate debe realizarse con miras en el resultado del tr\u00e1mite incidental, por ser el mecanismo que tiene a su alcance para ventilarlas. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed que, si en esas condiciones se formula una nueva ayuda, el an\u00e1lisis deber\u00e1 centrarse en la directriz que desat\u00f3 el incidente de desacato, por ser la que define la referida herramienta. Dicho en otras palabras, la mirada debe enfocarse en el referido procedimiento, pues a trav\u00e9s de \u00e9l se ha verificado el cumplimiento o incumplimiento de la orden de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio, claro est\u00e1, de examinar directamente la determinaci\u00f3n expedida en obedecimiento de un fallo de tutela, cuando decida sobre puntos que no fueron materia del debate supralegal inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
1.3.- Bajo los anteriores lineamientos, se infiere que el estudio de la guarda impulsada por Lucy Camargo Palencia debe limitarse al prove\u00eddo ATP1553-2021, mediante el cual la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n se abstuvo de abrir el incidente de desacato que ella promovi\u00f3 para lograr que la Sala hom\u00f3loga laboral acatara el fallo STC7599-2021. No siendo dable, entonces, esclarecer si en virtud de la decisi\u00f3n proferida por dicha Colegiatura se quebrantaron nuevamente las garant\u00edas fundamentales de la precursora. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, a trav\u00e9s de dicha resoluci\u00f3n, la judicatura dilucid\u00f3 si el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la especialidad laboral de la jurisdicci\u00f3n ordinaria hab\u00eda atendido o no los par\u00e1metros suministrados por esta Corporaci\u00f3n, a efectos de que decidiera nuevamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n planteado por la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, la sentencia SL3045-2021, aqu\u00ed acusada, no abord\u00f3 puntos ajenos al examen que esta Sala realiz\u00f3 en el referido fallo de tutela, como parece haberlo entendido la Sala hom\u00f3loga penal al evaluar la razonabilidad de la tesis seg\u00fan la cual, la quejosa no es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, y excluir del an\u00e1lisis la evaluaci\u00f3n sobre la sumatoria de tiempo de servicios p\u00fablicos y semanas cotizadas al ISS. <\/p>\n
<\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la Sala Laboral, inicialmente, se neg\u00f3 a casar la negativa a conceder la pensi\u00f3n de vejez reclamada por la actora, con dos argumentos: i) no es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, y ii) la improcedencia de sumar tiempo de servicios p\u00fablicos y semanas cotizadas al ISS. <\/p>\n
<\/p>\n
La actora, por su parte, cuando acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional, cuestion\u00f3 ambas posturas. Esta Sala, por su lado, al conceder el ruego implorado por la peticionaria, se limit\u00f3 a estudiar lo referente al segundo \u00edtem, advirtiendo que el criterio expuesto por la Sala Laboral, aunque era respetable, era opuesto \u00abal criterio orientador fijado por el Alto Tribunal Constitucional en los pronunciamientos de unificaci\u00f3n constitucional precitados (SU-769 de 2014 y SU-057 de 2018)\u00bb, que viabiliza la sumatoria de tiempos cotizados al ISS con el lapso trabajado en entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala Laboral, finalmente, al expedir la nueva sentencia, rectific\u00f3 su postura en cuanto a la tem\u00e1tica se\u00f1alada en el fallo de tutela, pero mantuvo la negativa a considerar a la promotora como beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora que esta Magistratura, al otorgar la protecci\u00f3n invocada por la reclamante, hubiese guardado silencio al respecto de la tem\u00e1tica asociada al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no apareja la existencia de un hecho nuevo, que sea susceptible de ser revisado mediante otra acci\u00f3n de tutela. Como pudo verse, esa circunstancia f\u00e1ctica hizo parte de la controversia constitucional primigenia, cosa distinta es que, en su momento, por las razones que fueren, no fue tomada en consideraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En fin, las protestas elevadas por Lucy Camargo frente a la sentencia SL3045 de 14 de julio de 2021 deben ser avaluadas a la luz de lo dirimido en el tr\u00e1mite especial. <\/p>\n
<\/p>\n
1.5.- La Corte Constitucional admite que es posible examinar los ruegos que se perfilan contra \u00abla providencia que resuelve un incidente de desacato\u00bb, siempre que se re\u00fanan los siguientes requisitos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite \u2013incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso\u2013. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio. (CC. SU034-18). <\/p>\n
<\/p>\n
Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que mediante el interlocutorio ATP1553-2021 la judicatura defini\u00f3 que la Sala Laboral obedeci\u00f3 la orden de tutela expedida a favor de la quejosa, se advierte que la guarda implorada deviene inf\u00e9rtil, en virtud de la razonabilidad de dicha resoluci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el citado extracto permite evidenciar que, contrario a lo sostenido por la memorialista, en acatamiento de la orden dada en la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte como juez plural de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral procedi\u00f3 a estudiar nuevamente el recurso de casaci\u00f3n presentado por la parte accionante contra la decisi\u00f3n de 3 de abril de 2014, emitida por la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, en la cual, admitiendo, conforme con la l\u00ednea jurisprudencial vigente establecida por la Corte Constitucional (CC SU-769-14 y SU-057-18) y de la misma Sala Especializada en lo laboral (CSJ SL1947-2020) la posibilidad de contabilizar la cotizaci\u00f3n de semanas en fondos privados como para el caso lo es la Caja de Previsi\u00f3n Social de Boyac\u00e1 y en fondos p\u00fablicos, este es, el ISS, determin\u00f3 que, la actora no reun\u00eda los requisitos necesarios para acceder a la prestaci\u00f3n vitalicia, ni en virtud del Acuerdo 049 de 1990, as\u00ed como tampoco, en aplicaci\u00f3n de la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, en consideraci\u00f3n a que, sobre el primer compendio normativo, de acuerdo con la propia jurisprudencia especializada, resultaba necesario que la demandante hubiera cotizado ante el ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, requisito que no satisfizo; y, con respecto al segundo r\u00e9gimen, que s\u00ed permite expresamente la sumatoria alegada de cotizaci\u00f3n de semanas en los sectores p\u00fablico y privado, la cantidad de periodos cotizados son insuficientes para acceder al reconocimiento de la prestaci\u00f3n vitalicia. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, y despu\u00e9s de enfatizar en que la omisi\u00f3n del juez plural laboral consisti\u00f3 en predicar la imposibilidad de sumar tiempos p\u00fablicos y el cotizado al ISS, precis\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el amparo no se profiri\u00f3 para que indefectiblemente se concediera la pensi\u00f3n de vejez, sino con el fin de que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral proceder\u00eda a resolver nuevamente el recurso extraordinario, sin anteponer el argumento de imposibilidad se sumar tiempos cotizados al ISS y otras entidades, esto, a partir de los lineamientos del precedente jurisprudencial que se consider\u00f3 como injustificadamente desconocido. <\/p>\n
<\/p>\n
Para concluir, esbozando que: <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, a pesar de la inconformidad que le genera, nuevamente la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no se constata el incumplimiento objetivo de la orden constitucional emitida por la homologa Civil en su sentencia del 23 de junio de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, seg\u00fan qued\u00f3 demostrado, el fallo CSJ, STC7599-2021, rad. 11001-02-04-000-2021-00029-01 fue acatado por la autoridad accionada, por lo tanto, no surge procedente la apertura de incidente por posible desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, comoquiera que la determinaci\u00f3n ATP1553-2021, por medio de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que la Sala hom\u00f3loga laboral acat\u00f3 el mandato constitucional STC7599-2021, refleja un an\u00e1lisis plausible de la controversia sometida a su consideraci\u00f3n, la queja de Lucy Camargo no puede abrirse paso. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, se ratificar\u00e1 el veredicto impugnado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La segunda instancia se emite hasta ahora porque el expediente fue remitido a la Secretar\u00eda de la Sala en junio de este a\u00f1o, y el 31 de agosto anterior se definieron los impedimentos manifestados para conocer del asunto (ATC1309-2022). <\/p>\n
5 <\/p>\n
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