STC12846-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12846-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03219-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juli\u00e1n Andr\u00e9s Rivera Delgado, Procurador 16 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de Cartagena, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Tierras, tr\u00e1mite al que fue vinculada La Unidad de Fiscal\u00edas Seccional El Carmen de Bol\u00edvar y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado No. 132443121003201700065-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Procurador solicitante, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abigualdad material de las mujeres rurales v\u00edctimas de graves violaciones a los derechos humanos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el proceso se\u00f1alado. <\/p>\n
Para sustentar su queja, expres\u00f3 que en el proceso de restituci\u00f3n de tierras iniciado por Julio C\u00e9sar Sir Y\u00e9pez, para obtener la restituci\u00f3n del inmueble denominado Villa Amalia, identificado con FMI No. 062-16733, ubicado en el municipio de El Guamo \u2013Bol\u00edvar-, en sentencia de 31 de agosto de 2021, se accedi\u00f3 a lo pretendido por el demandante y se declararon infundadas las oposiciones formuladas por Luis Alberto Beltr\u00e1n Lora, Luis Ram\u00f3n Correales Vergara, Isaac Samuel Padilla Trocha, Libardo Rafael Vuelvas Villalba, Jorge Luis Beltr\u00e1n Lora, N\u00e9stor Carlos Lora Vergara, Jorge Luis Andrade Beltr\u00e1n y Darlinson Sierra Serrano, no obstante, a estos \u00faltimos se les reconoci\u00f3 la calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb y, en consecuencia, se dispuso que les fuera entregado, a cada uno, \u00abun inmueble equivalente al restituido, pero en ning\u00fan caso con una extensi\u00f3n superior a una Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si bien la anterior decisi\u00f3n fue adicionada por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena el 15 de marzo de 2022, para extender las medidas de atenci\u00f3n de los \u00absegundos ocupantes\u00bb a las esposas y compa\u00f1eras permanentes de \u00e9stos, se neg\u00f3 la modificaci\u00f3n del \u00abt\u00edtulo que ostenta el se\u00f1or JULIO SIR Y\u00c9PEZ (Resoluci\u00f3n No. 002009 de 29 de octubre de 1991 emitida por el INCORA Fl. 83-84), para incluir a la c\u00f3nyuge del solicitante\u00bb, Fabiola Esther Guzm\u00e1n de Sir, lo que ha debido hacerse porque el art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011 le impone a los funcionarios pronunciarse \u00abde manera definitiva sobre la propiedad, posesi\u00f3n del bien u ocupaci\u00f3n del bald\u00edo objeto de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Expuso que con lo anterior, se desconoci\u00f3 \u00abel enfoque diferencial de g\u00e9nero\u00bb establecido en el art\u00edculo 13 de la Ley 1448 de 2011, adem\u00e1s que, seg\u00fan expres\u00f3 de manera ambigua, se incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, toda vez que no se valoraron \u00edntegramente las pruebas, tales como el interrogatorio y la entrevista \u00absemiestructurada\u00bb del demandante, pues de ello se conclu\u00eda \u00abque la titularidad del bien inmueble solicitada en restituci\u00f3n tiene su origen en medios ilegales o en posibles conductas delictivas derivadas de la utilizaci\u00f3n de instrumentos claramente contrarios al orden legal y constitucional. En efecto, como lo manifestara el solicitante, un Senador de la Rep\u00fablica a quien le ayud\u00f3 a \u201clevantar unos votos\u201d tom\u00f3 el control o posesi\u00f3n del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y le ayud\u00f3 para la adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, pidi\u00f3 dejar sin efecto las providencias mencionadas y ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada que profiera \u00abun nuevo pronunciamiento judicial, integrando las disposiciones constitucionales y legales para la protecci\u00f3n de bald\u00edos y para la aplicaci\u00f3n del enfoque de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria solicit\u00f3, \u00abse deje sin efectos la aclaraci\u00f3n contenida en el auto del 15 de marzo de 2022 que indica \u201cno es procedente modificar el t\u00edtulo que ostenta el se\u00f1or JULIO SIR Y\u00c9PEZ (Resoluci\u00f3n No. 002009 de 29 de octubre de 1991 emitida por el INCORA Fl. 83-84), para incluir a la c\u00f3nyuge del solicitante\u201d y en su lugar proceda a emitir la providencia a que haya lugar para garantizar la remoci\u00f3n de los patrones hist\u00f3ricos de discriminaci\u00f3n y los derechos de la mujer rural y vigilar en el postfallo la aplicaci\u00f3n del enfoque y perspectiva de g\u00e9nero, no solo para la se\u00f1ora Fabiola Esther Guzm\u00e1n Rivera sino tambi\u00e9n para las se\u00f1oras Nely Mar\u00eda Vuelvas Villalba, Casta Ibeth P\u00e9rez Carmona, Minelva Garc\u00eda Serrano, Orieth Cecilia S\u00e1nchez Vergara, Rosmery Mart\u00ednez Mej\u00eda y Paola Lucia Barrios Serrano. Asimismo, se ordene a la Agencia Nacional de Tierras dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto al procedimiento previsto en los incisos 6 y 7 del art\u00edculo 72 de la Ley 160 de 19941 de acuerdo con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en Sentencia C-255-12\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cartagena, relat\u00f3 los antecedentes del asunto y pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n reclamada, como quiera que no incurri\u00f3 en las irregularidades denunciadas por el Procurador accionante. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021, fue adicionada el 15 de marzo de 2022 para extender a \u00abla se\u00f1ora FABIOLA ESTHER GUZM\u00c1N DE SIR (\u2026) el amparo al derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras y dem\u00e1s ordenes complementarias emitidas a favor del se\u00f1or JULIO CESAR SIR YEPEZ en esta sentencia\u00bb y, de igual modo, en esa providencia dispuso aplicar las medidas ordenadas para los segundos ocupantes \u00aba las se\u00f1oras NELY MARIA VUELVAS VILLALBA (c\u00f3nyuge de LUIS ALBERTO BELTR\u00c1N LORA), CASTA IBETH P\u00c9REZ CARMONA (compa\u00f1era de LUIS RAMON CORREALES VERGARA), MINELVA GARC\u00cdA SERRANO (compa\u00f1era de SAAC SAMUEL PADILLA TROCHA), ORIETH CECILIA S\u00c1NCHEZ VERGARA (c\u00f3nyuge de N\u00c9STOR CARLOS LORA VERGARA), ROSMERY MART\u00cdNEZ MEJ\u00cdA (compa\u00f1era de JORGE LUIS ANDRADE BELTR\u00c1N) y PAOLA LUC\u00cdA BARRIOS SERRANO (compa\u00f1era de DARLINSON SIERRA SERRANO)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se\u00f1al\u00f3 que no desconoci\u00f3 el \u00abenfoque de g\u00e9nero\u00bb se\u00f1alado por el peticionario, y, si bien no orden\u00f3 la modificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 002009 de 29 de octubre de 1991 emitida por el INCORA, con la cual se adjudic\u00f3 el predio a Sir Y\u00e9pez, para incluir a su esposa Fabiola Esther Guzm\u00e1n de Sir, lo cierto es que con los derechos reconocidos en la sentencia proferida en el proceso de restituci\u00f3n de tierras y su adici\u00f3n, se \u00abcoloc\u00f3 a la citada se\u00f1ora en plano de igualdad frente al se\u00f1or JULIO C\u00c9SAR SIR Y\u00c9PEZ, precis\u00e1ndose que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 91 de la ley 1448 de 2011 \u201cla sentencia constituye t\u00edtulo de propiedad suficiente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente resalt\u00f3, que tampoco incurri\u00f3 en el \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb que se le atribuye, puesto que en el proceso cuestionado no evidencia la ilegalidad que ahora denuncia el Procurador, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011 indica que s\u00f3lo basta con \u00abla prueba sumaria de la propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial\u00bb para adelantar el asunto, sin que est\u00e9 en las competencias del Tribunal \u00abentrar a controvertir el t\u00edtulo de dominio del accionante\u00bb cuando en el proceso no se cuestion\u00f3 el mismo. <\/p>\n
Con todo, resalt\u00f3 que la Resoluci\u00f3n discutida tiene presunci\u00f3n de legalidad y no ha sido anulada ni demandada ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y de las manifestaciones del demandante tampoco pod\u00eda deducirse la comisi\u00f3n de \u00abalguna conducta delictiva\u00bb, ya que aqu\u00e9l declar\u00f3 que dur\u00f3 entre cuatro (4) y cinco (5) a\u00f1os explotando el bien, hasta cuando le fue adjudicado por el INCORA, lo cual ocurri\u00f3 porque cont\u00f3 con la orientaci\u00f3n de personas vinculadas a esa entidad, \u00abpero nunca revel\u00f3 hechos tales como pactos ilegales para lograr la adjudicaci\u00f3n del fundo. Tampoco menciona expresamente lo dicho por el Procurador en su escrito de tutela quien se refiere a que \u201c\u2026un Senador de la Rep\u00fablica a quien le ayud\u00f3 a \u201clevantar unos votos\u201d tom\u00f3 el control o posesi\u00f3n del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y le ayud\u00f3 para la adjudicaci\u00f3n\u201d. Estas afirmaciones del Procurador no corresponden a las realizadas en la declaraci\u00f3n del se\u00f1or JULIO SIR Y\u00c9PEZ\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad de Fiscal\u00edas Seccional El Carmen de Bol\u00edvar se\u00f1al\u00f3 que, en raz\u00f3n de las copias remitidas por el Tribunal Superior accionado, impuls\u00f3 una causa por el delito de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n respecto del predio llamado Villa Amalia, asunto donde Julio C\u00e9sar Sir Y\u00e9pez es denunciante y v\u00edctima. Dicho asunto, seg\u00fan expuso, se halla en tr\u00e1mite, pues apenas se est\u00e1n recaudando las pruebas pertinentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo establecido el art\u00edculo 277 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Procuradur\u00eda General se encuentra habilitada para presentar la acci\u00f3n de tutela, puesto que tiene entre sus funciones, por s\u00ed o a trav\u00e9s de sus delegados y agentes, como en este caso, vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; as\u00ed como defender los intereses de la sociedad e intervenir en los procesos en defensa de los derechos y garant\u00edas fundamentales, pudiendo proponer las acciones que considere necesarias, criterio aceptado por esta Corte en casos similares (Ver CSJ. STC18244-2017, STC13757-2019, STP3916-2021 y STC4566-2022, entre otras). <\/p>\n
2. Fijado lo anterior y revisado el escrito constitucional, se establece que Juli\u00e1n Andr\u00e9s Rivera Delgado, Procurador 16 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, formul\u00f3 este amparo en favor de los derechos de Fabiola Esther Guzm\u00e1n Rivera Nely Mar\u00eda Vuelvas Villalba, Casta Ibeth P\u00e9rez Carmona, Minelva Garc\u00eda Serrano, Orieth Cecilia S\u00e1nchez Vergara, Rosmery Mart\u00ednez Mej\u00eda y Paola Lucia Barrios Serrano, pues sostuvo que el Tribunal Superior accionado, en la sentencia de 31 de agosto de 2021, adicionada el 15 de marzo de 2022, vulner\u00f3 las garant\u00edas de las nombradas se\u00f1oras al desconocer el \u00abenfoque diferencial de g\u00e9nero\u00bb previsto en la Ley 1448 de 2011 y cercenar sus derechos en el asunto censurado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan expres\u00f3, tambi\u00e9n incurri\u00f3 en un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb en las citadas decisiones porque releg\u00f3 los supuestos \u00abactos il\u00edcitos\u00bb que rodearon la adjudicaci\u00f3n que hizo el entonces INCORA en favor de del demandante Julio C\u00e9sar Sir Y\u00e9pez, respecto del bien disputado. <\/p>\n
3. Frente a los ataques antes se\u00f1alados, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n demandada, pues examinadas las providencias objeto de censura, no se evidencia arbitrariedad lesiva de garant\u00edas sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1 En efecto, en cuanto ata\u00f1e a la supuesta lesi\u00f3n de los derechos de Fabiola Esther Guzm\u00e1n Rivera, Nely Mar\u00eda Vuelvas Villalba, Casta Ibeth P\u00e9rez Carmona, Minelva Garc\u00eda Serrano, Orieth Cecilia S\u00e1nchez Vergara, Rosmery Mart\u00ednez Mej\u00eda y Paola Luc\u00eda Barrios Serrano, se observa que, contrario a lo sostenido por el Procurador accionante, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena al adicionar su sentencia, resolvi\u00f3 extender los efectos de \u00e9sta en favor de las se\u00f1oras nombradas y, para proceder a ello, tuvo en consideraci\u00f3n, de un lado, las pruebas recaudadas que daban cuenta de la relaci\u00f3n de aqu\u00e9llas con sus c\u00f3nyuges y compa\u00f1eros beneficiarios de las medidas decretadas, y, de otro, la aplicaci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 132 y 1183 de la Ley 1448 de 2011, en cuanto al aducido \u00abenfoque diferencial de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, asimismo, que el Tribunal Superior expresamente advirti\u00f3 que las mujeres atr\u00e1s mencionadas, vinculadas afectivamente a los \u00absegundos ocupantes\u00bb, tambi\u00e9n deb\u00edan ser titulares de los derechos reconocidos a sus parejas, de acuerdo con las normas citadas y lo establecido en el Principio Pinheiro4 13.2. que indica que los Estados deben \u00abadoptar medidas positivas para garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de plena igualdad en (\u2026) procedimientos de reclamaci\u00f3n de restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2 Ahora, si bien se observa que respecto de Fabiola Esther Guzm\u00e1n Rivera, esposa del demandante, la Corporaci\u00f3n acusada se\u00f1al\u00f3 la inviabilidad de modificar el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del bien en disputa -Resoluci\u00f3n No. 002009 de 29 de octubre de 1991 del INCORA-, para incluirla como propietaria, lo decidido no traduce la lesi\u00f3n de los derechos que invoc\u00f3 el Procurador en favor de aqu\u00e9lla, pues, como lo expuso el Tribunal al contestar este amparo, de acuerdo con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, la \u00absentencia se pronunciar\u00e1 de manera definitiva sobre la propiedad, posesi\u00f3n del bien u ocupaci\u00f3n del bald\u00edo objeto de la demanda\u00bb, por lo tanto, si en el fallo adicionado el 15 de marzo de 2022 se reconoci\u00f3 a Guzm\u00e1n Rivera como beneficiaria de la restituci\u00f3n demandada y, asimismo, se extendieron a ella \u00ablas dem\u00e1s \u00f3rdenes complementarias emitidas a favor\u00bb de su esposo Julio C\u00e9sar Sir Y\u00e9pez, no se constata la configuraci\u00f3n de un da\u00f1o trascendente por omitirse la modificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 002009 de 29 de octubre de 1991 y, menos, el quebranto de sus garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
3.3 Sobre el enunciado \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb en el que, seg\u00fan el Procurador accionante incurri\u00f3 el Tribunal accionado al desconocer las supuestas pruebas de los \u00abmedios ilegales o (\u2026) posibles conductas delictivas\u00bb que rodearon la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 002009 de 29 de octubre de 1991, debe se\u00f1alarse, que no se comprende el ataque planteado por el accionante, pues si bien, como atr\u00e1s se expuso, cuestion\u00f3 que en tal Resoluci\u00f3n no fuese incluida Fabiola Esther Guzm\u00e1n Rivera, al mismo tiempo reproch\u00f3 su validez y adujo la posible comisi\u00f3n de delitos para su expedici\u00f3n, proceder equ\u00edvoco que impide comprender la finalidad del reproche. <\/p>\n
Con todo, debe se\u00f1alarse que, revisados los soportes allegados a este tr\u00e1mite, no se encuentra que del relato del demandante Julio C\u00e9sar Sir Y\u00e9pez pudiera extraerse que \u00e9l o alguien en particular hubiese incurrido en conductas penales para lograr la adjudicaci\u00f3n del bien objeto de restituci\u00f3n, ya que sus afirmaciones se refirieron al tiempo que dur\u00f3 ocupando el terreno, a la orientaci\u00f3n que le brindaron personas destacadas para acudir al INCORA y lograr su adjudicaci\u00f3n y a la venta posterior que hizo del bien por causas atribuibles al conflicto armado. <\/p>\n
Por tanto, como lo indic\u00f3 el Tribunal Superior, si el t\u00edtulo goz\u00f3 de presunci\u00f3n de validez, no fue materia de litigios penales o contencioso administrativos y tampoco se cuestion\u00f3 en el caso censurado, el mismo debi\u00f3 ser aceptado como prueba de la propiedad del inmueble reclamado en cabeza del all\u00ed demandante, tal como ocurri\u00f3. <\/p>\n
4. Resta advertir que la pretensi\u00f3n del Procurador dirigida a ordenarle a la Agencia Nacional de Tierras dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en los incisos 6 y 7 del art\u00edculo 72 de la Ley 160 de 1994, relativos a la revocatoria de las resoluciones de adjudicaci\u00f3n de tierras bald\u00edas cuando se profieran \u00abcon violaci\u00f3n a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes\u00bb, tampoco sale avante, pues nada indica que acudiera de manera directa ante esa autoridad, a reclamarle tal proceder, cuesti\u00f3n que evidencia el fracaso de esta acci\u00f3n al desconocer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Andr\u00e9s Rivera Delgado, como Procurador 16 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de esa ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abSin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA podr\u00e1 revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicaci\u00f3n de tierras bald\u00edas proferidas con violaci\u00f3n a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre bald\u00edos. (\u2026) <\/p>\n
En este caso no se exigir\u00e1 el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo dem\u00e1s, el procedimiento de revocaci\u00f3n se surtir\u00e1 con arreglo a las prescripciones del C\u00f3digo de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
El Estado ofrecer\u00e1 especiales garant\u00edas y medidas de protecci\u00f3n a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el art\u00edculo 3o de la presente Ley tales como mujeres, j\u00f3venes, ni\u00f1os y ni\u00f1as, adultos mayores, personas en situaci\u00f3n de discapacidad, campesinos, l\u00edderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y v\u00edctimas de desplazamiento forzado\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3<\/p>\n
<\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 118. TITULACI\u00d3N DE LA PROPIEDAD Y RESTITUCI\u00d3N DE DERECHOS. En desarrollo de las disposiciones contenidas en este cap\u00edtulo, en todos los casos en que el demandante y su c\u00f3nyuge, o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, hubieran sido v\u00edctimas de abandono forzado y\/o despojo del bien inmueble cuya restituci\u00f3n se reclama, el juez o magistrado en la sentencia ordenar\u00e1 que la restituci\u00f3n y\/o la compensaci\u00f3n se efect\u00faen a favor de los dos, y cuando como consecuencia de la sentencia se otorgue el dominio sobre el bien, tambi\u00e9n ordenar\u00e1 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos que efect\u00fae el respectivo registro a nombre de los dos, aun cuando el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente no hubiera comparecido al proceso\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
4<\/p>\n
<\/p>\n
Relativos a la restituci\u00f3n de viviendas y patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos. De acuerdo con la sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional \u00absi bien no son normas de un trato internacional y por lo tanto no hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, \u201cs\u00ed hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, en la medida en que concretan el sentido de normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026). Constituyen un desarrollo de la doctrina internacional sobre el derecho fundamental a la reparaci\u00f3n integral consagrado en el \u00e1mbito internacional a trav\u00e9s de diversos tratados, y han sido aplicados por distintos organismos de protecci\u00f3n de derechos\u00bb. <\/p>\n
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STC12846-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12846-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03219-00 Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juli\u00e1n Andr\u00e9s Rivera Delgado, Procurador 16 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}