STC12847-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12847-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01512-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n de Jaime Ram\u00edrez D\u00edaz frente al fallo de 11 de agosto de 2022, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la tutela instaurada contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de la misma ciudad, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en la causa n\u00b0 05001600000020220035300. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El precursor pidi\u00f3 \u00abse deje sin efectos la decisi\u00f3n del Tribunal (\u2026) adiada el 12 de julio de 2022 (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se le ordene expedir una nueva que haga eco de sus aspiraciones. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que en su contra se adelanta un proceso penal por la presunta comisi\u00f3n en calidad de autor del delito de concierto para delinquir, como interviniente en el de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos y en la calidad de coautor en el punible de cohecho por dar u ofrecer. Cont\u00f3 que previo al adelantamiento de la audiencia de juicio oral, las partes celebraron un preacuerdo ante el juez de conocimiento que consisti\u00f3 en que el promotor aceptaba los cargos pero como c\u00f3mplice y por ello se estableci\u00f3 como castigo la pena de 36 meses de prisi\u00f3n y una sanci\u00f3n pecuniaria de 199,98 s.m.l.m.v., inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de 53 meses y el compromiso del procesado a realizar muestras p\u00fablicas de arrepentimiento en el marco de la justicia restaurativa (22 abr. 2022), en tal raz\u00f3n se dict\u00f3 sentencia de primer grado en esos t\u00e9rminos (24 may. 2022), apelaron tanto el procesado como el Ministerio P\u00fablico y el Tribunal declar\u00f3 la nulidad y retrotrajo la actuaci\u00f3n hasta la presentaci\u00f3n del preacuerdo (12 jul. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el juez colegiado incurri\u00f3 en defecto sustantivo por la \u00abvaloraci\u00f3n irracional y desproporcionada (\u2026) al desconocer postulados constitucionales como el principio pro homine y de interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n (\u2026)\u00bb, y defecto f\u00e1ctico por la indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.- El ente acusador coadyuv\u00f3 en las pretensiones. El Procurador 345 Judicial Penal II y la magistratura acusada resistieron los anhelos. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 la guarda, porque el juicio se encuentra en tr\u00e1mite. Exalt\u00f3 que admitir lo contrario \u00abimplicar\u00eda desconocer y pretermitir los procedimientos y decisiones que en ejercicio de su competencia emiten los funcionarios judiciales y los \u00f3rganos de investigaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de los procesos adelantados conforme, en el caso concreto, de la Ley 906 de 2004 y abordar, en abierta contraposici\u00f3n a la finalidad y alcance de la tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el convocante e insisti\u00f3 en que la celebraci\u00f3n de un nuevo preacuerdo se adelantar\u00eda en condiciones m\u00e1s desfavorables. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se respaldar\u00e1, pero por advertirse que la decisi\u00f3n cuestionada por esta senda es razonable. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal accionado, al decidir los recursos de apelaci\u00f3n propuestos por la defensa y el Ministerio P\u00fablico contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn (24 may. 2022), se ocup\u00f3 en primera medida del an\u00e1lisis de la nulidad que postul\u00f3 el Procurador Delegado respeto del preacuerdo de 22 de abril de 2022, mediante el cual se acept\u00f3 la rebaja en la pena del promotor. <\/p>\n
As\u00ed al ocuparse, como se dijo, de los reparos esbozados por el Ministerio P\u00fablico, empez\u00f3 por explicar el marco normativo que regula el asunto y en ese escenario explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el art. 352 de la Ley 906 de 2004 prescribe de manera inequ\u00edvoca que cuando el preacuerdo se realice en el estadio procesal comprendido entre la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptaci\u00f3n de su responsabilidad, la pena imponible se reducir\u00e1 en una tercera parte, o lo que es lo mismo, en un 33.3% de la pena. <\/p>\n
<\/p>\n
Audiencia de <\/p>\n
imputaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
Art. 351 (L. 906\/04) <\/p>\n
<\/p>\n
hasta \u00bd (50%) <\/p>\n
Rebaja actual <\/p>\n
<\/p>\n
12.5 % (hasta 1\/4 de la mitad) <\/p>\n
Audiencia preparatoria <\/p>\n
Art. 356 numeral 5 (L. 906\/04) <\/p>\n
hasta 1\/3 (33.3%) <\/p>\n
8.33% (hasta 1\/4 <\/p>\n
de la tercera parte) <\/p>\n
Audiencia juicio oral <\/p>\n
<\/p>\n
Art. 367 (L. 906\/04) <\/p>\n
1\/6 (16.6%) <\/p>\n
4.16% (1\/4 de la <\/p>\n
sexta parte) <\/p>\n
Bajo la \u00f3ptica de lo ampliamente expuesto se colige entonces que si se quiere que una pena se ajuste a las disposiciones legales tra\u00eddas a colaci\u00f3n, en principio se requiere que el porcentaje de rebaja al que se accede por la v\u00eda de la terminaci\u00f3n anticipada, bien por el sendero de los preacuerdos o tomando el camino de acudir a la aceptaci\u00f3n unilateral de los cargos, y as\u00ed la participaci\u00f3n del agente en la conducta punible se degrade, como ocurre en el sub examine a t\u00edtulo de c\u00f3mplice, en principio no estar\u00eda habilitado el que se puede superar los l\u00edmites fijados por el legislador para cada momento o etapa procesal. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa y con fundamento en un precedente del \u00f3rgano de cierre en la especialidad penal (S52.227 de 1\u00b0 jul. 2020), precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) bajo el marco analizado y seg\u00fan las ense\u00f1as de la jurisprudencia especializada, los fines perseguidos con los preacuerdos no resultan afectados cuando en su confecci\u00f3n se tienen en cuenta: \u201c(i) el momento de la actuaci\u00f3n en que se realiza el acuerdo, seg\u00fan las pautas establecidas por el legislador; (ii) el da\u00f1o infligido a las v\u00edctimas y la reparaci\u00f3n del mismo, (iii) el arrepentimiento del procesado, lo que incluye su actitud frente a los beneficios econ\u00f3micos y de todo orden derivados del delito; informaci\u00f3n para lograr el esclarecimiento de los hechos, y (iv) el suministro de informaci\u00f3n para lograr el esclarecimiento de otros autores o part\u00edcipes, para lo que debe abordarse sistem\u00e1ticamente el ordenamiento jur\u00eddico, en orden a establecer en qu\u00e9 eventos se justifican las mayores rebajas o beneficios\u201d. <\/p>\n
Pero, tambi\u00e9n, agrega la Sala, aspectos como el estudio de factibilidad de las resultas del juicio, concretamente frente a las reales posibilidades de sacar avante una particular teor\u00eda del caso, atendiendo, por ejemplo, a la complejidad de los problemas jur\u00eddicos que se enfrentan, el despliegue investigativo del ente persecutor, la solidez del caso y el caudal probatorio recabado, as\u00ed como el mayor o menor desgaste realmente generado a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, al examinar de fondo la legalidad de la negociaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) es claro que para el interviniente (art. 30, inc. 3\u00b0 del C. Penal) en el delito de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, la normativa contempla unos extremos punitivos de 48 a 216 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Siendo este el delito base del que se parte en el preacuerdo por consagrar las penas m\u00e1s altas, aunado a los 6 meses de prisi\u00f3n reconocidos en virtud de la teor\u00eda del concurso de conductas punibles (art. 31 del C. Penal), obtenemos una pena a imponer de 54 meses de prisi\u00f3n a la cual se le aplicar\u00eda la rebaja del 33.33%, o que es lo mismo, de 1\/3 parte de la pena seg\u00fan lo previsto en el art. 352 de la ley 906\/04, arrojando la correspondiente operaci\u00f3n aritm\u00e9tica una sanci\u00f3n definitiva 36 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte el funcionario de primer grado alude al tiempo que ha tomado el tr\u00e1mite, la complejidad del caso, el caudal probatorio, la multiplicidad de sujetos procesales, la eventual interposici\u00f3n de recursos de ley y, en t\u00e9rminos generales, al ahorro que la terminaci\u00f3n abreviada implicar\u00eda para la administraci\u00f3n de justicia como factores a tener en cuenta adem\u00e1s del momento procesal en este concreto caso, y que desde su \u00f3ptica tornan procedente el ejercicio de dosimetr\u00eda penal bajo escrutinio, incluido el descuento de pena y el aumento en virtud de los delitos que concursan con el reato de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, el juez colegiado acusado concluy\u00f3 que el proceder de la Fiscal\u00eda no resultaba reprochable desde el punto de vista de la legalidad o de la legitimaci\u00f3n, sin embargo, <\/p>\n
(\u2026) no puede pasar inadvertida la inusitada gravedad de las conductas punibles por las que el agente acepta los cargos enrostrados por la Fiscal\u00eda, pues con dicho comportamiento se termin\u00f3 afectando el bien jur\u00eddico de la administraci\u00f3n p\u00fablica con evidente detrimento del erario en cuantiosas sumas de dinero, recu\u00e9rdese que en este caso se lo acusa por hacer parte activa de un intrincado entramado criminal gracias al cual logr\u00f3 que se le adjudicaran sin el menor escr\u00fapulo millonarios contratos que en \u00faltimas terminamos pagando todos los ciudadanos a trav\u00e9s del dinero que recauda el Estado. <\/p>\n
Ahora, tal como lo relieva el se\u00f1or representante del Ministerio P\u00fablico, tampoco se puede minimizarse el papel del contratista sin obviar que los militares necesitaban que en cabeza de esta persona estuviera un establecimiento con la log\u00edstica, capacidad t\u00e9cnica y humana con los cuales dar visos de legalidad al proceso contractual, o por lo menos que pod\u00eda y se ten\u00eda la intenci\u00f3n de cumplir con las obligaciones pactadas. <\/p>\n
De manera que desde todo punto de vista el rol que el agente jug\u00f3 en todo este entramado criminal se observa principal y determinante de la criminalidad investigada, y no simplemente de accesorio o \u201cfungible\u201d para utilizar el t\u00e9rmino tra\u00eddo a colaci\u00f3n por la primera instancia, pese a que el actor logr\u00f3, se itera, por medios il\u00edcitos apropiarse de cuantiosos recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
Contrario entonces al parecer de la primera instancia, para esta Magistratura no cabe duda que sin sopesar en su justa dimensi\u00f3n la gravedad de los delitos por los que el acusado acepta cargos de manera preacordada, el papel que habr\u00eda desarrollado en dichas ilicitudes, y el margen de maniobra que le permite al signante del acuerdo de voluntades apartarse de la pena m\u00ednima en raz\u00f3n a la multiplicidad de factores vistos, la Fiscal\u00eda termina feriando la pena y en \u00faltimas la justicia en el concreto caso, pactando unos irrisorios aumentos que de ninguna manera se compadecen con la realidad advertida por esta instancia. <\/p>\n
Se encuentra de acuerdo entonces la Sala con que el se\u00f1or representante del Ministerio P\u00fablico muestre inconformidad con el monto de pena as\u00ed definido, pues tampoco puede pasar inadvertido, como bien lo refiere el letrado, que solo ad portas de un juico al que la Fiscal\u00eda llega con buenas probabilidades de sacar adelante su teor\u00eda del caso mediante un robusto arsenal probatorio, se acuda a la terminaci\u00f3n consensuada y se termine feriando la justicia bajo el sofisma y la ilusi\u00f3n de beneficios para el proceso y la administraci\u00f3n de justicia, sin detenerse a mirar que en realidad el poco ahorro que se gana en nada mitiga el da\u00f1o social y el grave desprestigio que con este tipo de acuerdos se termina generando a la administraci\u00f3n de justicia y su s\u00ed erosionada imagen. <\/p>\n
(\u2026) se encuentra de acuerdo la Sala con el impugnante en que la pena que finalmente deber\u00eda soportar el acusado seg\u00fan los t\u00e9rminos del preacuerdo resulta irrisoria frente a la gravedad de las conductas investigadas (7 en total) y la efectiva vulneraci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicamente tutelados con gran recelo por el legislador en raz\u00f3n a que involucran la protecci\u00f3n de dineros p\u00fablicos, y aspectos tan sensibles en nuestro entorno como lo son la corrupci\u00f3n en la contrataci\u00f3n y la desviaci\u00f3n de dineros p\u00fablicos. <\/p>\n
Por ende debe desestimarse por ilegal e ileg\u00edtima, pues como atinadamente lo destaca el inconforme, la desproporci\u00f3n advertida termina desprestigiando la administraci\u00f3n de justicia con el consecuente reproche social por lo irrisorio de la pena de cara a la gravedad de las conductas y los bienes jur\u00eddicamente afectados, erosionando de esta manera las bases en que se cimienta el contrato social conforme al cual lo p\u00fablico debe considerarse sagrado, por lo que quien se apropie il\u00edcitamente de dichos recursos merece un mayor reproche. <\/p>\n
De otra parte, al ocuparse del presunto incremento patrimonial del procesado, tuvo como marco normativo lo estipulado en el art\u00edculo 349 de la Ley 906 de 2004, adem\u00e1s de precedentes de la hom\u00f3loga en lo penal (Rad. 21347, 12 dic. 2005) y del \u00f3rgano l\u00edmite constitucional C-059 de 2010, rese\u00f1\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible obtenga incremento patrimonial fruto del mismo, no se podr\u00e1 celebrar acuerdos con la Fiscal\u00eda hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente, pues as\u00ed lo dispone el art. 349 de la ley 906\/04, actual C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Como puede colegirse f\u00e1cilmente el an\u00e1lisis del asunto propuesto lleva \u00ednsito el respeto del principio de legalidad y por contera el debido proceso en materia penal, pues el desconocimiento de la medida criminal en comento implica socavar las bases de la justicia premial cimentada en mutuas concesi\u00f3n legales, as\u00ed como los fines de los preacuerdos de que trata el art. 348 de la ley 906\/04, adem\u00e1s de pervertir la naturaleza del instituto en menci\u00f3n, con la agravante de terminar reconociendo inmerecidos beneficios punitivos pese a la gravedad de los delitos reconocidos por quien eligi\u00f3 la senda de la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, que ya de por s\u00ed le permite acceder a beneficios nada despreciables inherentes a la figura; parafraseando al se\u00f1or delegado del Ministerio p\u00fablico, que tras inflar sus arcas con dineros p\u00fablicos no se termine propiciando que los procesados simplemente acepten los cargos, contando adem\u00e1s con la posibilidad de continuar disfrutando de los activos y r\u00e9ditos fruto del delito. <\/p>\n
En este orden de ideas al descender sobre ese espec\u00edfico punto explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) desde la acusaci\u00f3n la Fiscal\u00eda descubri\u00f3 abundante material con vocaci\u00f3n probatoria que se relaciona con el seguimiento a los procesos contractuales criticados, interceptaci\u00f3n de comunicaciones y correspondencia, testimonios y documentaci\u00f3n en general de la cual se puede extractar suficientes elementos e informaci\u00f3n detallada para determinar con toda claridad el monto del incremento patrimonial percibido por el sujeto activo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ser liquidadas y pagadas en su totalidad las sumas estipuladas en el contrato de mantenimiento mayor para veh\u00edculos livianos, medianos, pesados y motocicletas de la Cuarta Brigada del Ej\u00e9rcito Nacional con sede en la ciudad de Medell\u00edn y sus Unidades Centralizadas para la Vigilancia, contratista Motoveh\u00edculos S.A.S., por valor de $326.524.610, lo mismo que en el contrato de mantenimiento y suministro de repuestos originales para veh\u00edculos livianos , medianos, pesados, para los blindados de la referida unidad militar y sus adiciones, para un valor de $1.694.605.096, contratista Motoveh\u00edculos S.A.S., no se puede aceptar sin obviar lo evidente que en el caso bajo escrutinio el contratista sencillamente no obtuvo incremento patrimonial injustificado, cuando salta a la vista que la asignaci\u00f3n con el consecuente pago de los valores contratados llevan \u00ednsito que el agente percibi\u00f3 ganancias, pues se hizo a los pliegos de forma irregular, il\u00edcita, es decir, trasgrediendo las normas punitivas, pasando inadvertido tanto para la Fiscal\u00eda como para la judicatura que quien de esta manera contrata espera recibir r\u00e9ditos, as\u00ed lo haga por medios criminales. <\/p>\n
Podemos afirmar entonces que las cuestiones liminares y el escenario procesal aqu\u00ed ventilado develan que en esta oportunidad las irregularidades detectada[s] sin lugar a dudas afecta la estructura formal y conceptual del debido proceso y, por contera, la viabilidad del preacuerdo logrado por las partes, observando esta Magistratura la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales que demandan el remedio extremo de la nulidad de que habla el art. 457 del mencionado compendio adjetivo en materia penal (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, el prove\u00eddo que es objeto de an\u00e1lisis en esta sede se aprecia motivado de manera justificada y contiene una valoraci\u00f3n frente a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad judicial accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden considerar el proceder del funcionario como trasgresor de garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De donde emerge di\u00e1fano que el haberse declarado la referida nulidad por inferir que en ese asunto se trasgredieron las previsiones de los art\u00edculos 352 de la Ley 906 de 2004, en lo atinente al descuento en el monto de la pena y la del art\u00edculo 349 ib\u00eddem en lo relativo al incremento patrimonial del sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal, actuaci\u00f3n que en ejercicio del control de legalidad que le ata\u00f1e, no representa \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; [ni tiene] lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, [no] se presenta una v\u00eda de hecho\u00bb (CSJ ST8733-2017, STC4330-2021, memoradas en STC053-2022), por lo que se torna inviable la intromisi\u00f3n de esta justicia especial. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, como la nulidad del preacuerdo criticada no revela la existencia de un yerro que deba ser conjurado por esta v\u00eda, se refrendar\u00e1 el veredicto de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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