STC12851-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12851-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00660-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 8 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la E.S.E. Hospital Departamental Juan Dom\u00ednguez Romero de Soledad en Liquidaci\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la sociedad Negret Abogados & Consultores y los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2011-00288. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, la entidad (ESE Hospital Departamental Juan Dom\u00ednguez Romero de Soledad) entr\u00f3 en proceso de liquidaci\u00f3n, y mediante decreto n\u00ba 423 de 2021 el Departamento del Atl\u00e1ntico resolvi\u00f3 dar a aviso a los jueces de la rep\u00fablica y a las autoridades que \u00abadelanten procesos de jurisdicci\u00f3n coactiva [\u2026] terminen los procesos ejecutivos en curso contra el Hospital [\u2026] advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidaci\u00f3n y que no se podr\u00e1 continuar ninguna otra clase de proceso contra la Entidad sin que se notifique personalmente al liquidador\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la sociedad \u00abNegret Abogados & Consultores S.A.S.\u00bb, es la encargada de la liquidaci\u00f3n de la ESE y en consideraci\u00f3n de sus facultades y atendiendo lo se\u00f1alado en el mencionado decreto departamental, elev\u00f3 tres (3) solicitudes \u2013 10 de junio, 13 y 25 de julio de 2022 \u2013 pidiendo al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad la entrega de un total de 18 t\u00edtulos judiciales a favor del hospital, los cuales suman \u00ab$175\u2019658.504.\u00bb asociados todos ellos al ejecutivo radicado n\u00ba 2011-00288; empero, cuestion\u00f3 que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este resguardo el juzgado no ha emitido ninguna respuesta al respecto. <\/p>\n
Sobre el particular critic\u00f3 que, \u00abla mora en el pronunciamiento por parte del despacho judicial obstaculiza de manera injustificada la consolidaci\u00f3n de la masa de activos de la liquidaci\u00f3n de la ESE con la cual se debe atender los cr\u00e9ditos reconocidos por el liquidador, iniciando con los laborales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el t\u00e9rmino de existencia de la entidad \u00abest\u00e1 limitada temporalmente al 11 de noviembre de 2022 [y] para esa fecha, el universo de t\u00edtulos judiciales solicitados ante los despachos por la liquidaci\u00f3n, debe tener resuelta la entrega\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00ab(\u2026) se ordene a [\u2026] Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad que, de forma inmediata, resuelva y notifique la respuesta a mi petici\u00f3n en forma clara, oportuna y de fondo, esto es, responda a todas y cada una de las cuestiones planteadas en la forma id\u00f3nea y con los documentos solicitados que fundamentan la respuesta, esto es, que proceda a realizar la entrega al liquidador de la ESE Hospital Departamental Juan Dom\u00ednguez Romero de Soledad en Liquidaci\u00f3n, de los t\u00edtulos judiciales constituidos con ocasi\u00f3n a las medidas cautelares decretadas y\/o consignaciones realizadas o cualquier situaci\u00f3n jur\u00eddica an\u00e1loga (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Soledad inform\u00f3 que el coercitivo 2011-00288 se encuentra terminado y archivado; sin embargo, tras realizar las verificaciones correspondientes hall\u00f3 que, ciertamente, existen varios dep\u00f3sitos consignados a favor de ese proceso pendientes de pago por un total de \u00ab$175.658.504\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, precis\u00f3 que, mediante auto del 10 de agosto de 2022, \u00abse procedi\u00f3 [\u2026] a autorizar la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales por el monto antes indicado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado acot\u00f3 que, se presentaron inconvenientes con la p\u00e1gina del Banco Agrario que \u00abimpidi\u00f3 que de manera oportuna se remitieran los dep\u00f3sitos judiciales con destino a la entidad en liquidaci\u00f3n, impase que ya fue solucionado y por ende ya fueron remitidos y autorizados para su pago (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La sociedad Negret Abogados & Consultores, adujo que existe mora judicial injustificada por parte del juzgado accionado, en cuanto a emitir un pronunciamiento frente a la solicitud de entrega de t\u00edtulos, raz\u00f3n por la cual coadyuv\u00f3 la demanda tutelar. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo invocado por carencia actual de objeto por hecho superado, en virtud de la contestaci\u00f3n dada por el juzgado accionado en la cual indic\u00f3 que, con auto del 10 de agosto de 2022, \u00abdej\u00f3 a disposici\u00f3n de la sociedad Negret Abogados & Consultores [\u2026] los t\u00edtulos judiciales por un valor total de $175.658.504 [\u2026] dicho prove\u00eddo fue debidamente notificado a trav\u00e9s de auto de c\u00famplase del 10 de agosto de 2022 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la apoderada de la entidad accionante, aleg\u00f3 que las peticiones no fueron atendidas en debida forma por el juzgado convocado por cuanto, la orden de entrega de los referidos t\u00edtulos judiciales se realiz\u00f3 a favor de la sociedad Negret Abogados & Consultores S.A.S., y no a nombre de la ESE Hospital Departamental Juan Dom\u00ednguez Romero en Liquidaci\u00f3n, ya que, \u00abno es aceptable jur\u00eddicamente que los recursos de la propiedad administrada se disponga en cuentas bancarias o en titularidad del administrador, ya que la ESE, a\u00fan durante el proceso de liquidaci\u00f3n, mantiene su capacidad jur\u00eddica para ser sujeto de derechos y obligaciones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde dilucidar si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada, por no pronunciarse frente a las peticiones elevadas por la entidad aqu\u00ed accionante el 10 de junio, 13 y 25 de julio de 2022 en las que requiri\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos judiciales pertenecientes al juicio compulsivo radicado n\u00ba 2011-00288. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no a un asunto relacionado con la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que los requerimientos en cuesti\u00f3n tienen v\u00ednculo con el ejecutivo radicado n\u00ba 2011-00288 que curs\u00f3 en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la s\u00faplica, toda vez que la entidad aqu\u00ed actora no se encontraba habilitada para pretender, mediante escrito petitorio, que la autoridad tutelada respondiera sobre un asunto propio del tr\u00e1mite judicial en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, todo lo que est\u00e9 intr\u00ednsecamente ligado a las controversias sometidas a la competencia del juez ordinario, debe resolverse a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada no puede abrir camino al amparo solicitado. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al margen de lo anterior, se tiene que tampoco podr\u00eda atribuirse violaci\u00f3n de ninguna otra prerrogativa, dado que, de acuerdo a lo informado en estas diligencias por el juzgado accionado, las solicitudes de la tutelante fueron tramitadas el 10 de agosto de 2022, fecha en la cual, dio contestaci\u00f3n al pedimento contenido en ellas y, mediante auto, se pronunci\u00f3 ordenando la entrega de los t\u00edtulos judiciales vinculados al expediente 2011-00288, es decir, antes de la presentaci\u00f3n de este amparo (24 de agosto de 2022). <\/p>\n
De lo anterior, se desprende que la reclamaci\u00f3n de la entidad aqu\u00ed querellante resulta claramente infundada, ya que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad atendi\u00f3 lo pretendido con el proferimiento de la decisi\u00f3n referida. <\/p>\n
En eventos como este, cuando del examen de la demanda constitucional se revela la ausencia de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, deviene su desestimaci\u00f3n, pues es imprescindible, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final \u2013 Subsidiariedad. <\/p>\n
No obstante lo anterior, y comoquiera que, lo que la empresa ac\u00e1 tutelante depreca (seg\u00fan lo que manifest\u00f3 en el escrito impugnatorio), es que se disponga que los t\u00edtulos judiciales en cuesti\u00f3n se entreguen a su nombre y no al de la sociedad a cargo de la liquidaci\u00f3n \u2013 Negret Abogados & Consultores S.A.S. \u2013, como lo resolvi\u00f3 el juzgado accionado en el auto de 10 de agosto de la presente anualidad, se trata de un reclamo que debi\u00f3 formularse ante esa autoridad recurriendo dicha determinaci\u00f3n, (sin perjuicio de la posibilidad que la reitere directamente y exponga las razones por las cuales la entrega de los dep\u00f3sitos deben expedirse en favor de la ESE). <\/p>\n
Es decir, frente a ese punto la salvaguarda tampoco puede salir avante, puesto que no se satisface el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, pues la interesada desperdici\u00f3 la oportunidad de refutar el prove\u00eddo rese\u00f1ado en los t\u00e9rminos que plantea a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
En ese sentido, cabe reiterar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, <\/p>\n
En definitiva, se refrendar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, pero por las puntuales razones expuestas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Por lo discurrido, se negar\u00e1 la salvaguarda porque resulta improcedente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial; no obstante, sin perjuicio de ello, conforme se constat\u00f3 en esta actuaci\u00f3n, como el despacho accionado se pronunci\u00f3 frente a las solicitudes elevadas (antes de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela), se descarta el desconocimiento de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
5.2. Por la incuria revelada, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos desperdiciados por el descuido de los interesados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12851-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12851-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00660-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67391","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67391\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}