STC12853-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12853-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01313-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Genaro Alonso Hoyos Duque y Martha Ligia Quintero de Hoyos instauraron en contra de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo debatido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los querellantes, actuando en nombre propio, exigieron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abvida digna, salud, propiedad, debido proceso, defensa, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, i) Se declare que las sentencias dictadas por los accionados de 30 de junio de 2020 y 10 de mayo de 2021, incurrieron en v\u00edas de hecho. ii) Ordenar la revisi\u00f3n y eventual revocatoria de las sentencias dictadas por los accionados, dada la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1alaron que la Magistratura accionada ratific\u00f3 el veredicto emitido el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, que resolvi\u00f3 \u00abextinguir el dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-109231\u00bb, al estimar que \u00ablos propietarios actuaron de manera negligente y desinteresada frente al uso que se le daba al inmueble, incumpliendo los deberes de vigilancia y cuidado que les fueron encomendados constitucionalmente, dada su condici\u00f3n de titulares del derecho de dominio, en desmedro de la funci\u00f3n social que le es inherente a la propiedad\u00bb (10 may. 2021). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, con tales prove\u00eddos se lesionaron sus garant\u00edas supralegales, en tanto \u00abadolecen de los defectos f\u00e1ctico y sustantivo porque no se analiz\u00f3 debidamente que no tuvieron participaci\u00f3n en la actividad delictiva que dio lugar a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y desconoc\u00edan la destinaci\u00f3n il\u00edcita de la bodega al tratarse de personas de la tercera edad; no estaban facultados para ejercer vigilancia y control sobre la destinaci\u00f3n del bien, a no ser infringiendo la ley por entrometimiento arbitrario, enga\u00f1oso o clandestino en habitaci\u00f3n ajena y para la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento medi\u00f3 la confianza leg\u00edtima depositada en el cu\u00f1ado del arrendador, quien recomend\u00f3 al arrendatario, por lo que no era razonable desconfiar de las sugerencias dadas por un miembro de la familia\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali se opuso al resguardo, porque \u00abno constan pruebas de vulneraci\u00f3n a los derechos, con la cual logren demostrar razonablemente, la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 60 Judicial Penal II de esa localidad, expres\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional y la sentencia de segunda instancia contiene argumentos razonables para extinguir el derecho de dominio del bien afectado\u00bb. <\/p>\n
El Ministerio de Justicia y del Derecho pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el auxilio por desconocimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que \u00abel prove\u00eddo que se censura se profiri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o sin que durante dicho lapso los accionantes hayan procurado la protecci\u00f3n de sus derechos, sin que existan razones admisibles que justifiquen tal tardanza\u00bb, aunado a que lo decidido no se aprecia irrazonable, dado que est\u00e1 soportado en el an\u00e1lisis de las pruebas aportadas y la normativa que rige la materia. <\/p>\n
2.- Recurrieron los precursores reiterando sus planteamientos inaugurales, agregando que \u00abdada la condici\u00f3n de personas de la tercera edad, se debe otorgar especial protecci\u00f3n y respeto a los principios de solidaridad y dignidad humana por encontrarse en situaci\u00f3n de vulnerabilidad mayor\u00bb y que \u00abfueron ajenos a los hechos delictivos que a sus espaldas se protagonizaron en la bodega, por lo que la extinci\u00f3n del inmueble genera un choque traum\u00e1tico que desconoce la buena fe y la presunci\u00f3n de inocencia y ocasiona un perjuicio irremediable en la medida que, con la renta del bien, adquir\u00edan los recursos para atender sus necesidades\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De los elementos de convicci\u00f3n incorporados, muy pronto se anuncia el decaimiento del socorro y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que, entre la fecha de la \u00faltima sentencia cuestionada (10 may. 2021) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (29 jun. 2022), transcurri\u00f3 un (1) a\u00f1o, un (1) mes y diecinueve (19) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio, no siendo aceptable el argumento de los sedicentes en torno a que \u00abaunque la jurisprudencia hace menci\u00f3n de un plazo razonable y proporcionado, debe entenderse lo dif\u00edcil que ha resultado la locomoci\u00f3n o desplazamiento para otorgar poder dada la edad\u00bb, por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales\u00bb no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente ya que ello sacrificar\u00eda \u00ablos principios de cosa juzgada y de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026) STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015 y STC10045-2022. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si los quejosos se demoraron en interponer la acci\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las dependencias convocadas y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, los gestores, se limitaron a mostrar inconformidad con esas disposiciones y a expresar que \u00abno pod\u00edan interponer de manera inmediata la acci\u00f3n de tutela, por ser personas mayores con enfermedades\u00bb, exculpaciones que no son de recibo, ya que si estimaban lesionadas sus garant\u00edas con dichas \u00abprovidencias\u00bb debieron acudir oportunamente a este especial\u00edsimo sendero. <\/p>\n
3.- Finalmente, resulta necesario enfatizar que, no pueden los impulsores, como sugieren, pretender salir victoriosos en las actuaciones judiciales anteponiendo su condici\u00f3n de \u00abpersonas de la tercera edad\u00bb a las exigencias propias de la naturaleza de cada litigio porque, aunque es sabido que, si bien son \u00absujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, esa circunstancia per se no es liberatoria de aquellas formalidades. <\/p>\n
4.- Corolario de lo expuesto, se impone la convalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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