STC12860-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12860-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00639-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 5 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cR\u201d -quien dice fungir como \u00abagente oficioso\u00bb de \u201cF\u201d-, contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 \u201c2019-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, \u00aben mi condici\u00f3n de Defensor P\u00fablico y en calidad de agente oficioso del se\u00f1or \u201cF\u201d\u00bb, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, presuntamente vulnerados por el accionado, en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que seg\u00fan \u00abel formato del Sistema de Registro de Recursos y Acciones [de la Defensor\u00eda del Pueblo]\u00bb, el 16 de junio de 2022 se produjo la recepci\u00f3n de la queja elevada por el ciudadano \u201cF\u201d, en el sentido de que \u00abla se\u00f1ora \u201cM\u201d, a trav\u00e9s de apoderado judicial, present\u00f3 demanda de privaci\u00f3n de la patria potestad de mi hija \u201cS\u201d, porque supuestamente desde que naci\u00f3 [en] el a\u00f1o 2014 y hasta el a\u00f1o 2016, hubo un supuesto abandono total y absoluto\u00bb, y que para ello procedi\u00f3 \u00abdesconociendo mi lugar de residencia que es la misma de mi madre, que la demandada conoce ampliamente y me extra\u00f1a que el proceso se haya surtido con curador ad litem porque en plena pandemia habl\u00e9 con la se\u00f1ora \u201cM\u201d, por lo que el juez toma una decisi\u00f3n enga\u00f1ado por la demandante y su apoderado, por ello creo que no me dio la oportunidad de defenderme, se viol\u00f3 mi derecho al debido proceso y el derecho de defensa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que para adelantar las gestiones jur\u00eddicas pertinentes a su favor, el usuario, \u00aben fecha 22 de julio [de 2022], env\u00edo a trav\u00e9s del correo (\u2026), documentos relacionados con el tr\u00e1mite surtido en el juzgado cuestionado\u00bb, a trav\u00e9s de los cuales el tutelante estableci\u00f3 que la referida demanda fue admitida el 6 de agosto de 2019, y que previo emplazamiento del demandado, continu\u00f3 con el tr\u00e1mite procesal sin que el se\u00f1or \u201cF\u201d pudiera desmentir los hechos y oponerse a lo pretendido, al punto que el accionado dict\u00f3 sentencia estimatoria el 29 de octubre de 2020, acotando que el afectado \u00abse enter\u00f3 en el mes de marzo [de 2022] de la existencia del proceso en su contra y la decisi\u00f3n desfavorable\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se proceda a \u00abrevocar la sentencia del 29 de octubre de 2020 [y] se restablezca la patria potestad y los derechos de la misma [en cabeza del se\u00f1or \u201cF\u201d]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al encontrar que no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00absi el accionante alega como violaci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso el hecho de no haber sido notificado en legal forma del tr\u00e1mite judicial, se aprecia que de conformidad al art\u00edculo 355 numeral 7\u00b0 del CGP, (\u2026) contaba con el recurso de revisi\u00f3n como mecanismo ordinario de protecci\u00f3n, [y como este] puede ser interpuesto dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a aquel en que se enter\u00f3 de la decisi\u00f3n que critica, conforme previene el art\u00edculo 356 del CGP, salta de bulto que a\u00fan se encuentra dentro del t\u00e9rmino procesal para su interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el Defensor P\u00fablico que impetr\u00f3 la demanda tutelar, refiriendo \u00ablas pruebas allegadas son de suficiente entidad como para haberse tomado una decisi\u00f3n favorable a mi agenciado, de tal manera que se le violan derechos fundamentales tanto a \u00e9l como a su hija\u00bb, por lo que aplicar en este caso el principio de la subsidiariedad, \u00abs\u00f3lo ampl\u00eda la violaci\u00f3n de los derechos a padre e hija y no es una soluci\u00f3n que est\u00e1 a la vista y por ello se debe invalidar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el Defensor P\u00fablico \u201cR\u201d, estaba facultado para promover la presente acci\u00f3n de tutela a nombre de \u201cF\u201d -demandado en el proceso n\u00b0 \u201c2019-00000\u201d-, y de superarse lo anterior, si en el diligenciamiento y resoluci\u00f3n de dicho asunto, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y el derecho de postulaci\u00f3n para la tutela. <\/p>\n
La Sala ha reiterado que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, respecto de lo cual el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb, precisando que \u00ab[t]ambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que \u00abla acci\u00f3n de tutela es de car\u00e1cter personal y concreto, y el titular es el agraviado o amenazado en uno de sus derechos, cada uno est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de intentar y promover su propia acci\u00f3n, salvo que se encuentre dentro de las circunstancias se\u00f1aladas por el Decreto que le permitan ejercerla a trav\u00e9s de representante, o bien por medio del Defensor del Pueblo o de un Personero Municipal\u00bb, y que para dicho prop\u00f3sito \u00abel legislador hace factible que se puedan agenciar derechos ajenos, siempre y cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. En este supuesto, deber\u00e1 manifestarse al juez en la solicitud que la persona se encuentra en dificultades para acudir directamente a demandar la protecci\u00f3n de su derecho\u00bb (CC T-044\/93). <\/p>\n
En lo atinente a la procedencia de la tutela mediante la figura jur\u00eddica de la agencia oficiosa, dijo que deb\u00edan cumplirse las siguientes exigencias: \u00ab(i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa; (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026); (iv) La ratificaci\u00f3n oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acci\u00f3n de tutela por el agente\u00bb (CC T-531\/02). Se resalta. <\/p>\n
En ese sentido esta Sala ha dicho y reiterado que \u00abuno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, legitimaci\u00f3n que corresponde a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2008, rad. 00325-01). Tambi\u00e9n, que \u00aben punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CSJ STC, 11 ago. 2011, rad. 00087 01, citada entre otras en STC17362-2021, 15 dic. 2021, rad. 00374-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero precisando que lo ser\u00e1 porque se evidencia falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en la medida en que quien pretende quebrantar las actuaciones acaecidas en el litigio, se muestra totalmente ajeno al mismo, porque no es parte ni tercero reconocido en el mismo, no funge como apoderado judicial del interesado y tampoco acredita su intervenci\u00f3n como agente oficioso de este. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional el actor censura lo actuado dentro del juicio de privaci\u00f3n de patria potestad n\u00b0 \u201c2019-00000\u201d, impetrado por \u201cM\u201d contra \u201cF\u201d, porque en su sentir, por falencias en la notificaci\u00f3n, se adelant\u00f3 sin que el demandado hubiera sido debidamente vinculado, vulnerando las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n que consolidan el debido proceso. <\/p>\n
Empero, la situaci\u00f3n descrita como vulneradora para su debate en sede de tutela, no la aleg\u00f3 el afectado \u201cF\u201d, de quien se presume su capacidad para comparecer directamente ante la justicia, ni su representante judicial constituido mediante poder especial -como lo exige tanto la ley como la jurisprudencia para que su querella sea atendida-, sino que lo hizo el abogado \u201cR\u201d, quien se presenta como \u00abDefensor P\u00fablico adscrito a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional (\u2026) y en calidad de agente oficioso [del demandado en menci\u00f3n]\u00bb, sin que esto \u00faltimo lo haya demostrado para que se habilitara accionar en causa ajena. <\/p>\n
Ello, porque para que se abra paso el estudio de la salvaguarda, en particular se echa de menos el cumplimiento de la exigencia atinente a la exposici\u00f3n o la inferencia de la circunstancia que motiva recurrir a la agencia oficiosa, como lo ser\u00eda que \u00abel titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa\u00bb, pues el solicitante se limit\u00f3 a aludir que el interesado acudi\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo para encarar la actuaci\u00f3n judicial propiciada por la madre de su hija, pero no expres\u00f3 y menos prob\u00f3, en qu\u00e9 consiste el \u00abestado de indefensi\u00f3n\u00bb que le podr\u00eda impedir interponer directamente la tutela o, en su defecto, otorgarle la respectiva representaci\u00f3n judicial al abogado. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que: \u00ab[l]a presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo a trav\u00e9s de agente oficioso tiene lugar, en principio, cuando \u00e9ste manifiesta actuar en tal sentido y cuando de los hechos y circunstancias que fundamentan la acci\u00f3n, se infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias f\u00edsicas o mentales que le impiden actuar directamente\u00bb (T-796\/09); tambi\u00e9n, que \u00absi bien la agencia oficiosa cumple el fin constitucionalmente leg\u00edtimo y necesario de posibilitar el acceso a la jurisdicci\u00f3n constitucional a aquellas personas que se encuentran en imposibilidad de asumir por su cuenta la defensa de sus derechos constitucionales, no se trata, empero, de un mecanismo que pueda ser utilizado para suplir al interesado en la adopci\u00f3n de decisiones aut\u00f3nomas sobre el ejercicio, defensa y protecci\u00f3n de los mismos\u00bb, y recalc\u00f3 que \u00abla agencia oficiosa se erigi\u00f3 como un instrumento que contribuye a la concreci\u00f3n de los derechos fundamentales y que encuentra su fundamento en la imposibilidad de la defensa de los derechos de la persona a cuyo nombre se act\u00faa\u00bb (T-301\/17). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Asimismo, es importante recordar que si bien el inciso final del precitado art\u00edculo 10 del inaugural decreto reglamentario de la acci\u00f3n de tutela, autoriza su ejercicio a trav\u00e9s del \u00abDefensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb, la m\u00e1xima autoridad en lo constitucional precis\u00f3 que \u00abel agente oficioso o el Defensor del Pueblo y sus delegados, s\u00f3lo pueden actuar dentro de los precisos l\u00edmites que la ley ha se\u00f1alado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribuci\u00f3n de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que est\u00e9 justificado plenamente el supuesto f\u00e1ctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situaci\u00f3n de desamparo e indefensi\u00f3n, o que solicite la intervenci\u00f3n de dicho defensor\u00bb (CC T-493\/93). <\/p>\n
Acerca de este \u00faltimo aspecto, n\u00f3tese que si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad de \u00ababogado titulado con poder o mandato expreso\u00bb (CC T-550\/93 y T-878\/07), por lo que se insiste en que \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras muchas en STC2000-2022, 23 feb. 2022, rad. 2021-01295-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al criterio explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 la improcedencia del auxilio, porque para reprochar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad judicial accionada, el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa al no cumplir las exigencias que demanda la agencia oficiosa invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, pero por la puntual raz\u00f3n examinada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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