STC12867-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12867-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-004-2022-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 18 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hermann Alfredo Riveros Riveros, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n.\u00b0 2014-00092. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el querellante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprincipio de legalidad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad denunciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
En el curso del ejecutivo con garant\u00eda real que instaur\u00f3 el gestor contra Cecilia Elena Meza Daza y Ra\u00fal Pati\u00f1o Cabrera en el 2014, se llev\u00f3 a cabo el secuestro del inmueble embargado en ese asunto y se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en el a\u00f1o 2016, no obstante, a la fecha no se ha efectuado el remate del mencionado bien. <\/p>\n
A juicio del libelista, en el aludido recaudo se ha suscitado una \u00abmora judicial injustificada\u00bb que \u00abno ha permitido (\u2026) que se materialice [la almoneda]\u00bb, puesto que, adem\u00e1s de que el demandado en esa causa presenta \u00abincidentes y memoriales que no tienen fundamento en (\u2026) norma alguna, (\u2026) el juzgado somete [el] proceso [a] t\u00e9rmino[s] excesivos para resolver\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se ordene al fallador enjuiciado fijar fecha para la subasta, a fin de que la misma se \u00abpractique antes del 19 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar pidi\u00f3 que se desestimen las pretensiones del amparo, al considerar que actu\u00f3 \u00abde conformidad a las normas sustantivas y procesales vigentes\u00bb. Finalmente, precis\u00f3 que las actuaciones desplegadas con ocasi\u00f3n del cobro se han efectuado \u00abdentro de las posibilidades log\u00edsticas y humanas del equipo de trabajo del [j]uzgado\u00bb. <\/p>\n
2. Cecilia Elena Meza Daza y Ra\u00fal Pati\u00f1o Cabrera manifestaron que: (i) no han trasgredido prerrogativa esencial alguna; y (ii) seg\u00fan lo consagrado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, el despacho convocado \u00abdeber\u00eda perder su competencia\u00bb en el referido recaudo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo concedi\u00f3 la salvaguarda, arguyendo que \u00abdesde que se profiri\u00f3 el auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n dentro del proceso ejecutivo (\u2026), esto es, 16 de diciembre de 2016 (\u2026), han transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os. Aunado a ello, como lo indica el accionante (\u2026), ha solicitado en m\u00e1s de tres oportunidades la fijaci\u00f3n de la fecha para la diligencia de remate (\u2026); que la \u00faltima [data] para [la almoneda], se encontraba prevista para el d\u00eda 14 de octubre de 2021, la cual no fue realizada, y de conformidad con lo expuesto por la parte actora en sus escritos, tampoco [se] le [inform\u00f3] sobre las razones de su aplazamiento por parte del [d]espacho accionado, evidenci\u00e1ndose as\u00ed mora judicial en el desarrollo de las etapas procesales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon Cecilia Elena Meza Daza y Ra\u00fal Pati\u00f1o Cabrera, alegando que su \u00abapoderado judicial no pudo ejercer el derecho de contradicci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, puesto que, seg\u00fan ellos, no se les corri\u00f3 traslado de la misma. Por \u00faltimo, pretendieron \u00ab[d]e manera subsidiaria que se de (sic) aplicaci\u00f3n de[l] art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos aducidos por los intervinientes en el escrito de censura ameritan una modificaci\u00f3n del resguardo que concedi\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) (\u2026) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, y con observancia en las pruebas obrantes en el plenario, la Sala ratificar\u00e1 el fallo del tribunal a-quo, comoquiera que la queja de los recurrentes \u2013quienes detentan la calidad de demandados en el ejecutivo con garant\u00eda real en comento\u2013 no tiene la entidad de variar lo all\u00ed dispuesto, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.2. Los cuestionamientos formulados por los impugnantes se circunscribieron a: (i) la presunta falta de traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; y (ii) la omisi\u00f3n de dar aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, no est\u00e1 acreditado que hayan expuesto esas peticiones particulares ante el funcionario de conocimiento, desatendi\u00e9ndose de esta manera el car\u00e1cter subsidiario y residual de la salvaguarda. <\/p>\n
En tal sentido, no es posible que los recurrentes pretendan obtener un pronunciamiento expedito por esta v\u00eda frente a sus particulares reproches, pues es al interior del respectivo proceso donde se deben ventilar tem\u00e1ticas como las que aqu\u00ed se expusieron, para que sean atendidas por quien tiene asignada la facultad de emitir una determinaci\u00f3n, contando (incluso con la posibilidad de cuestionar a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa pertinentes las decisiones que no compartan), todo lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para arrogarse atribuciones que no le corresponden al juez constitucional. <\/p>\n
3.3. Significa lo anterior que los recurrentes deber\u00e1n acudir ante el juez que adelanta la ejecuci\u00f3n y agotar todas las herramientas de defensa judicial antes de invocar sus inconformidades en el curso de este mecanismo. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada, entre otras, en STC13628 de 2021, rad 03633-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con apoyo en lo discurrido, se impone confirmar el fallo estimatorio del tribunal a quo, comoquiera que los argumentos expuestos por los recurrentes, terceros vinculados, no tienen la entidad suficiente de modificar o enervar dicha resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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