STC12868-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000- 2022-00148-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC12868-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Sandra Milena Camargo Camargo interpuso contra el fallo emitido el 19 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le promovi\u00f3 al Centro de Conciliaci\u00f3n Juan Pablo II y a los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, todos de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el coercitivo n\u00b0 15001-40-53-002-2021-00186 y en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante No. 49 de 2020. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- La accionante, en calidad de demandada en el ejecutivo con garant\u00eda real que le adelanta el Banco de Bogot\u00e1 S.A., solicit\u00f3 revocar la providencia emitida el pasado 9 de junio por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, a trav\u00e9s de la cual ratific\u00f3 la negativa a levantar las cautelas que pesan sobre el inmueble de su propiedad. Para que, en su lugar, se extingan, y as\u00ed pueda cumplir con los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de pago celebrado en el procedimiento de insolvencia de persona natural comerciante que impuls\u00f3. <\/p>\n
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En su defecto, pidi\u00f3 que se adopten las medidas necesarias para proteger sus derechos fundamentales a la igualdad, vivienda digna, debido proceso y presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n
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Para soportar sus reclamos, relat\u00f3 que con ocasi\u00f3n de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 553 del estatuto adjetivo, rog\u00f3 al Conciliador que tramitaba su insolvencia la cancelaci\u00f3n del embargo y secuestro que afectan el predio de su dominio. No obstante, dicho funcionario le advirti\u00f3 que deb\u00eda acudir al juez que tramitaba la ejecuci\u00f3n. Aunque as\u00ed procedi\u00f3, el despacho civil municipal querellado desestim\u00f3 su rogativa, al igual que el superior, desconociendo as\u00ed, que de la liberaci\u00f3n del bien depende que pueda cumplir lo convenido con sus acreedores. En ese sentido, destac\u00f3 que puede irse a vivir all\u00ed con su familia y, por tanto, destinar lo que paga por concepto de arriendo para cubrir las obligaciones adeudadas. <\/p>\n
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2.- Las autoridades judiciales denunciadas defendieron sus determinaciones. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Procuradur\u00eda 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la ciudad de Tunja, quien fue vinculada. Por su parte, una funcionaria del Centro del Conciliaci\u00f3n Juan Pablo II de Tunja destac\u00f3 que la competencia para extinguir las cautelas es el juez que adelanta el ejecutivo, as\u00ed como la importancia de que la actora pueda disponer del inmueble, a efectos de obtener flujo de caja. No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
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3.- El a quo neg\u00f3 el amparo porque consider\u00f3 que la determinaci\u00f3n reprochada es razonable. La actora, inconforme con lo decidido, impugn\u00f3, insistiendo en las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El veredicto opugnado se ratificar\u00e1, pues, en efecto, la negativa a levantar las cautelas practicadas en el proceso acusado no es arbitraria ni caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
1.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, quien defini\u00f3 la suerte de la petici\u00f3n de la quejosa, estim\u00f3 que era inviable terminar con el embargo y secuestro decretados en el ejecutivo 2017-00176-00, pese al acuerdo de pago celebrado en la insolvencia de la gestora, porque consider\u00f3 que esa posibilidad estaba restringida a que se hubiese pactado en el respectivo convenio, la enajenaci\u00f3n de los bienes cautelados con miras a pagar las obligaciones de los acreedores, lo que extra\u00f1\u00f3 en el suscrito por ella. <\/p>\n
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As\u00ed lo dedujo del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 553 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abel acuerdo de pago estar\u00e1 sujeto a las siguiente reglas (\u2026): [p]odr\u00e1 disponer la enajenaci\u00f3n de los bienes del deudor que estuvieren embargados en los procesos ejecutivos suspendidos, para lo cual el deudor solicitar\u00e1 el levantamiento de la medida cautelar, allegando el acta que lo contenga\u00bb, as\u00ed como del \u00abacta de negociaci\u00f3n de deudas de deudas de la insolvencia econ\u00f3mica\u00bb, en la que constat\u00f3 que \u00abno se contempl\u00f3 la enajenaci\u00f3n del bien a efectos de pagar las acreencias\u00bb. <\/p>\n
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A su vez, resalt\u00f3 que la destinaci\u00f3n que la recurrente le iba a dar al inmueble -vivienda- no se ajustaba a la finalidad del precepto, argumentando que \u00aben el caso particular, si bien la demandada, menciona en los recursos presentados, a trav\u00e9s de apoderada, que va a vender el bien para saldar la deuda, previamente, ha mencionado directamente la deudora, que es su prop\u00f3sito regresar a la vivienda para poder vivir en ella y no tener que pagar arriendo\u00bb. <\/p>\n
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Asimismo, resalt\u00f3 que, aunque en el acta se consign\u00f3 que \u00ab[e]n virtud a la solitud realizada por el apoderado de los deudores de conformidad al Art 553 numeral sexto del C\u00f3digo general del Proceso, \u00e9ste deber\u00e1 solicitar el levantamiento de la medida cautelar allegando la presente acta al juzgado de conocimiento\u00bb, ello no habilitaba la cancelaci\u00f3n reclamada, por cuanto la misma estaba supeditada a la satisfacci\u00f3n de los lineamientos legales. <\/p>\n
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Entonces, si lo decidido en el asunto examinado se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n plausible de las reglas aplicables al caso, e igualmente del acta que contiene el acuerdo de pago, mal puede afirmarse que dicha actuaci\u00f3n quebrante los derechos de la precursora. Cosa distinta es que discrepe de la hermen\u00e9utica analizada, lo que no habilita la injerencia constitucional, pues, como lo ha dicho la Sala, \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb (STC9694-2022, entre otras). <\/p>\n
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Mucho menos puede calificarse de caprichoso lo dilucidado, cuando en el referido documento se plasm\u00f3 que el \u00abproceso ejecutivo con garant\u00eda real en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja con radicado No. 15001405300220170018600 (\u2026) deber\u00e1 continuar suspendido hasta tanto se verifique el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo\u00bb, por cuanto dicho mandato se traduce en la vigencia de las cautelas que est\u00e1n asegurando el pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria a favor del Banco de Bogot\u00e1. De suerte que si en la referida acta no se dispuso de manera clara y precisa otra suerte para tales medidas, han de seguir a \u00f3rdenes de aquel litigio. <\/p>\n
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2.- Ahora, no es cierto, como lo afirma la promotora, que la determinaci\u00f3n objetada redunde en perjuicio del cumplimiento de los pagos convenidos en el acuerdo o desconozca su derecho a la vivienda digna o la de su descendencia. <\/p>\n
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Lo primero, porque si a su juicio la liberaci\u00f3n del inmueble es fundamental para satisfacer el acuerdo de pago, puede pedir su \u00abreforma\u00bb ante el centro de conciliaci\u00f3n que conoci\u00f3 del procedimiento inicial, conforme a lo prescrito en el art\u00edculo 556 del estatuto adjetivo, a cuyas voces \u00abel acuerdo podr\u00e1 ser objeto de reformas posteriores a solicitud del deudor o de un grupo de acreedores que represente por los menos una cuarta parte de los cr\u00e9ditos insolutos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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Lo segundo, porque, de un lado, la directriz controvertida no la ha despojado de su vivienda. Como se evidencia del expediente criticado, la actora no reside en el predio al menos desde el 9 de octubre de 2019, si en cuenta se tiene que la diligencia de secuestro, que se llev\u00f3 a cabo d\u00eda, fue atendida por Roizon Ar\u00e9valo Hurtado, quien dijo ser el arrendatario del inmueble [pdf. Acta de diligencia de secuestro, fl. 125-126]. Por otra parte, si lo que la promotora quiere es habitar el bien de su propiedad y con eso evitar los gastos en que pueda incurrir al residir en otro lugar, nada obsta para que intente obtener una soluci\u00f3n a su problem\u00e1tica con intervenci\u00f3n del acreedor, el secuestre y el juez de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
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3.- En conclusi\u00f3n, como la negativa a levantar las cautelas practicadas en el ejecutivo que tramita el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja no revela arbitrariedad alguna que deba ser conjurada por este camino, se avalar\u00e1 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
3 <\/p>\n
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