STC12871-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12871-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00432-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Camilo Andr\u00e9s Mayorga Villareal le instaur\u00f3 a los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma sede y Primero Civil Municipal de Floridablanca, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 68276 4003 004 2019 00057 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, por medio de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara \u00abdeclar[ar] sin ning\u00fan valor, ni efecto\u00bb los veredictos dictados en el litigio de la referencia y, en consecuencia, se emita \u00abnueva sentencia en la cual se realice la valoraci\u00f3n conjunta del acervo probatorio oportuna y v\u00e1lidamente allegado al proceso\u00bb. <\/p>\n
De lo acreditado en el infolio y lo narrado en el escrito genitor se colige que Camilo Andr\u00e9s Mayorga Villareal demand\u00f3 a Yolima Aldana Altamirano y Eliecer G\u00f3mez Su\u00e1rez para que se declarara que gan\u00f3 mediante prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del \u00abAPTO # 5-02 BLOQUE 11-17 Conjunto Multifamiliar Bucarica Sector X\u00bb, con folio de matr\u00edcula n.\u00b0 300-62446 y se dispusiera la respectiva inscripci\u00f3n inmobiliaria. Ello, en virtud a que desde el \u00aba\u00f1o 2000\u00bb ven\u00eda poseyendo el bien en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad, con \u00e1nimo de \u00abse\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
El curador ad l\u00edtem de los enjuiciados se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abFalta de los requisitos sustanciales exigidos por la ley para acceder a la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb, basada en que el \u00abusucapiente\u00bb carec\u00eda de \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb, pues en el umbral de la supuesta \u00abposesi\u00f3n\u00bb contaba con \u00abcatorce a\u00f1os de edad\u00bb y de la documental aportada se infer\u00eda que el se\u00f1or\u00edo del terru\u00f1o lo ten\u00eda otra persona. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca no accedi\u00f3 a las s\u00faplicas (23 nov. 2021), determinaci\u00f3n que ratific\u00f3 el S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga (28 jun. 2022). <\/p>\n
En sentir del gestor, tales decisiones conculcaron los privilegios implorados, habida cuenta que efectuaron una \u00abdeficiente valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, al examinar de manera parcial los \u00abrecibos de pago del cr\u00e9dito hipotecario, impuesto predial y valorizaci\u00f3n que datan del a\u00f1o 2003\u00bb, los cuales demostraban que ejerci\u00f3 la \u00abusucapi\u00f3n\u00bb por un espacio superior al exigido por la ley; y aunque, gran parte de los mentados \u00abrecibos de pago\u00bb estaban a nombre de su progenitora Libia Villareal Camargo, se debi\u00f3 realizar un an\u00e1lisis panor\u00e1mico del restante material suasorio, como el \u00abacuerdo de pago del impuesto predial para sanear el inmueble de la deuda del proceso coactivo, los recibos de servicios p\u00fablicos de varios a\u00f1os\u00bb y los testimonios, probanzas que daban cuenta de la ejecuci\u00f3n de actos que solo permite el \u00abderecho de propiedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Los estrados convocados defendieron su proceder, pues las resoluciones combatidas se ajustaron al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que los iudex acusados hicieron un juicioso examen de todos los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el paginario rebatido, al punto de concluir que \u00ablos recibos de pago del cr\u00e9dito hipotecario que respalda el mismo dan cuenta que las cuotas fueron cubiertas en su mayor\u00eda, entre el 2008 y el 2014, por la progenitora del accionante, y aunque entre el 2003 y el 2005 algunos de los pagos del se\u00f1alado cr\u00e9dito fueron cancelados por el aqu\u00ed promotor, tambi\u00e9n existen otros que fueron efectuados por terceros; adem\u00e1s, el pago de impuestos tampoco dice mucho, en la medida en que el se\u00f1or CAMILO s\u00f3lo se hizo cargo de tal rubro a partir del a\u00f1o 2013\u00bb, de ah\u00ed que las aspiraciones del \u00abusucapiente\u00bb estaban destinadas al fracaso. <\/p>\n
4.- Camilo Andr\u00e9s Mayorga Villareal impugn\u00f3 con argumentos similares a los planteados en el pliego inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, el promotor critica la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb desplegada en las sentencias de 23 de noviembre de 2021 y 28 de junio de 2022, por medio de las cuales se desestimaron las \u00abpretensiones\u00bb del proceso de \u00abpertenencia\u00bb que interpuso contra Yolima Aldana Altamirano y Eliecer G\u00f3mez Su\u00e1rez. <\/p>\n
2.- No obstante, se anticipa la negativa del resguardo, porque ninguna conducta desmesurada o arbitraria puede endilgarse a tales prove\u00eddos, de manera que la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb se encuentra vedada. <\/p>\n
Es bien sabido que el juez de \u00abtutela\u00bb tiene una facultad limitada a la hora de poner en tela de juicio la \u00abevaluaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n\u00bb de los falladores naturales, porque, en verdad, en esa delicada funci\u00f3n gozan de una discreta autonom\u00eda, avalada por la propia norma fundamental. <\/p>\n
Y aunque excepcionalmente se permite que por este sendero se corrijan yerros protuberantes y manifiestos cometidos por los sentenciadores naturales, dicha hip\u00f3tesis no es predicable en el sub-examine, en la medida que el entendimiento que dieron al resolver el asunto combatido, denota una labor ecu\u00e1nime. <\/p>\n
2.1. En el \u00faltimo de los pronunciamientos reprochados, que fue el que defini\u00f3 el asunto, luego de resumir el marco legal en torno a los \u00abpresupuestos\u00bb para el \u00e9xito de la adquisici\u00f3n de las cosas por prescripci\u00f3n extraordinaria, el ad quem se dedic\u00f3 al estudio de la prueba que, despu\u00e9s de pormenorizar, lo condujo a establecer que en efecto, los testimonios de testigos V\u00edctor Julio Soto Aparicio, Mar\u00eda Luc\u00eda Blanco Romero y Lucila Aparicio Serrano evidenciaban la \u00abposesi\u00f3n\u00bb alegada por Mayorga Villareal, cuando tomaron en arriendo el inmueble, reconoci\u00e9ndolo \u00abcomo due\u00f1o y arrendador del mismo durante el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2015 \u2013 2018\u00bb. <\/p>\n
A vuelta de lo dicho, trajo a colaci\u00f3n las consignaciones bancarias adosadas por Mayorga Villareal, con las cuales, pretend\u00eda acreditar que durante los a\u00f1os 2000 a 2013 cancel\u00f3 las cuotas del cr\u00e9dito respaldado con hipoteca sobre el fundo, despu\u00e9s, reprodujo un segmento del interrogatorio de \u00e9ste, piezas de donde infiri\u00f3 que respecto de la heredad se hizo una compraventa \u00abverbal\u00bb entre Libia Villareal Camargo -compradora y madre del prescribiente- y Yolima Alnada Altamirano y Eliecer G\u00f3mez Su\u00e1rez-vendedores y demandados-. Que Libia Villareal empez\u00f3 a ocupar el \u00abinmueble\u00bb entre \u00abel a\u00f1o 1998 y el a\u00f1o 2000\u00bb junto con su hijo, quien para ese entonces era menor de edad. Que si bien \u00abel demandante manifiesta que su se\u00f1ora madre no tuvo nada que ver en el negocio, la prueba documental muestra lo contrario, pues prueba de ello son los recibos allegados por la misma apoderada de la parte demandante al momento de descorrer el traslado de la contestaci\u00f3n de demanda, y el certificado de Bancolombia, que da cuenta de los d\u00e9bitos autom\u00e1ticos por cr\u00e9dito hipotecario\u00bb provenientes de una cuenta de ahorros \u00abcuyo titular es la se\u00f1ora LIBIA VILLAREAL CAMARGO, es decir quien continu\u00f3 realizando el pago de las cuotas mensuales de hipoteca al Banco CONAVI inicialmente y luego a Bancolombia, teniendo la ultima el d\u00eda 2 de diciembre de 2013 por valor de $150.000\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que: <\/p>\n
si bien existen unas consignaciones realizadas por el se\u00f1or Camilo en los a\u00f1os 2003, 2004 y 2005, luego de esa fecha no existen pruebas de consignaciones realizadas por el demandante, pues todas las posteriores est\u00e1n a nombre de su se\u00f1ora madre LIBIA VILLAREAL CAMARGO y otras a nombres de terceros como ANA EDILIA la realizada el d\u00eda 7\/04\/2003 y 5\/05\/2003, CLARA TELLEZ el 23 de noviembre de 2004, CRISTIAN VEGA EL 26\/01\/2005, es decir con estos recibos se prueba el pago del cr\u00e9dito hipotecario, mas no la posesi\u00f3n que dice el demandante ejerce desde el a\u00f1o 2000, de acuerdo a la prueba recaudada la posesi\u00f3n ejercida del apartamento objeto de Litis, la tuvo la se\u00f1ora LIBIA VILLAREAL CAMARGO desde el momento del negocio verbal que se describe en los fundamentos facticos de la demanda, quien viv\u00eda junto a su hijo CAMILO ANDR\u00c9S MAYORGA VILLAREAL, si bien la se\u00f1ora LIBIA ya no ocupa el apartamento porque se radico en Espa\u00f1a seg\u00fan el interrogatorio del se\u00f1or CAMILO, no existe prueba en el proceso a partir de cu\u00e1ndo dejo de ocupar el predio, pues el \u00faltimo recibo de consignaci\u00f3n por ella realizada es de fecha 2 de diciembre de 2013. <\/p>\n
2.2.- Al cierre, hablando de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb aducida por Camilo Andr\u00e9s, concluy\u00f3 que \u00e9ste \u00abla ha venido ejerciendo a partir del a\u00f1o 2015, fecha en la cual dio en arrendamiento el predio al se\u00f1or VICTOR JULIO SOTO, ahora si se tuviera en cuenta la posesi\u00f3n del se\u00f1or CAMILO a partir del \u00faltimo recibo de pago de la se\u00f1ora LIBIA VILLAREAL CAMARGO el 2\/12\/2013 a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda 8 de febrero de 2019, tampoco se cumple con el termino de 10 a\u00f1os de que trata la Ley 791 de 2002 para obtener por usucapi\u00f3n el inmueble objeto de la presente demanda, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de confirmarse la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3.- Como se observa, para ratificar la denegaci\u00f3n de los anhelos del \u00abprescribiente\u00bb, el Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga bas\u00f3 su postura en las narraciones de los testigos, los folios allegados al paginario y la \u00abdeclaraci\u00f3n de parte\u00bb del \u00abdemandante\u00bb, de cuya \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb extrajo que la \u00abposesi\u00f3n\u00bb solicitada estuvo en cabeza del \u00abaccionante\u00bb solamente a partir del a\u00f1o 2015 hasta el 2018, pero en el periodo anterior, se tuvo noticia de que fue su progenitora quien, ante el fracaso de la negociaci\u00f3n para adquirirlo por compraventa, comenz\u00f3 a ocupar el \u00abpredio\u00bb y a sufragar los instalamentos del cr\u00e9dito hipotecario sobre dicho fundo, por lo menos hasta el a\u00f1o 2013, con lo cual, Mayorga Villareal no pudo demostrar la satisfacci\u00f3n de las exigencias legales para \u00abusucapir\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, no hay duda de que en el sub examine se \u00abefectu\u00f3\u00bb una cuidadosa apreciaci\u00f3n del material suasorio para arribar a las \u00abdecisiones debatidas\u00bb, de ah\u00ed que, sea del caso alejar de plano cualquier posibilidad de realizar un nuevo examen de la controversia en sede \u00abconstitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando lo que se otea es una simple diferencia de opini\u00f3n del impulsor frente a un resultado que le fue adverso, lo cual, tambi\u00e9n descalifica de entrada su s\u00faplica, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la entidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC1608-2022). <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, se impone el acompa\u00f1amiento del \u00abpronunciamiento\u00bb opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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