STC12872-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12872-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00311-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 31 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar de Jes\u00fas Cardona Corrales contra los Juzgados Once Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2014-00376. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de debido proceso, igualdad y \u00abACCESO A LA JUSTICIA pronta, oportuna y eficaz\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial denunciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se desprende que Luis Fernando Calder\u00f3n Perdomo y \u00c1lvaro Murillo Casta\u00f1eda instauraron juicio de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea contra la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda., en procura de que se declarara \u00abla nulidad absoluta de las decisiones (\u2026) consignadas en el acta No. 75 (\u2026) inscrita en la C\u00e1mara de Comercio de Ibagu\u00e9 el d\u00eda 20 de mayo de 2014\u00bb; asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Once Civil Municipal de esa urbe, qui\u00e9n, mediante sentencia de 3 de octubre de 2016 desestim\u00f3 las pretensiones; decisi\u00f3n confirmada el 9 de marzo de 2017, en segunda instancia, por el hom\u00f3logo Tercero Civil del Circuito de esa poblaci\u00f3n. <\/p>\n
En criterio del quejoso: (i) es \u00abdirectivo y asociado\u00bb de la precitada compa\u00f1\u00eda; y (ii) los despachos confutados profirieron las referidas determinaciones \u00abSIN TENER COMPETENCIA (\u2026) generando (\u2026) [un] defecto org\u00e1nico\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se invaliden los mencionados fallos y, por consiguiente, \u00abse remita a la oficina de reparto judicial la demanda (\u2026) para que se le imprima el tr\u00e1mite legal que corresponda y sea repartido entre los jueces del circuito de Ibagu\u00e9 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez porque la salvaguarda \u00abno fue invocada dentro de un periodo prudente para ello\u00bb, adem\u00e1s de que \u00abno se comprueba (\u2026) la existencia de una justificaci\u00f3n plausible [de] la inactividad de la parte accionante, pues en el escrito no se hizo referencia a causas fortuitas que expliquen dicha omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Once Civil Municipal de esa urbe se\u00f1al\u00f3 que \u00abal contestarse la demanda [en el litigio cuestionado] la parte [convocada] (\u2026) ten\u00eda a su alcance (\u2026) [la posibilidad de] proponer [la] excepci\u00f3n previa (\u2026) de falta de jurisdicci\u00f3n y\/o competencia (\u2026), pero no se observa que la propusieran (sic)\u00bb. Asimismo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abuna vez pronunciada la sentencia de segunda instancia (\u2026), era el momento para haber interpuesto la acci\u00f3n de tutela, dentro del t\u00e9rmino razonable que nos dice la Honorable Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. La Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. precis\u00f3 que el actor \u00abno es directivo ni es asociado\u00bb de esa entidad, \u00abtoda vez que dicha calidad la perdi\u00f3 por decisi\u00f3n del (\u2026) Consejo de Administraci\u00f3n\u00bb; as\u00ed las cosas, se presenta en este asunto \u00abuna FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N (\u2026) por ausencia de inter\u00e9s jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
4. La C\u00e1mara de Comercio de la aludida poblaci\u00f3n asever\u00f3 que la precitada sociedad \u00abdesign\u00f3 como uno de los integrantes del Consejo de Administraci\u00f3n a Edgar de Jes\u00fas Cardona Corrales\u00bb; no obstante, \u00abno le consta la calidad de [a]sociado de [esa] persona [a dicha empresa]\u00bb. Finalmente, adujo que no tiene inter\u00e9s directo o indirecto en las resultas del auxilio, por lo que se acoger\u00e1 a lo decidido en esta sede. <\/p>\n
5. Eduardo Caballero Ladino y Lizardo Triana Barrero, quienes manifestaron que detentaban la calidad de asociados de la cooperativa en el proceso cuestionado, refirieron que act\u00faan como coadyuvantes y se \u00aballan[an] a todos los hechos y peticiones del accionante (\u2026) en la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional en contra del ACTUAR ILEGAL de los [falladores denunciados]\u00bb. Igualmente, puntualizaron que, a su juicio, el incumpliendo del requisito de la inmediatez resulta irrelevante para este caso, puesto que los supuestos yerros cometidos por los estrados son insaneables. <\/p>\n
6. El curador ad-litem de Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez Ramos, Hernando Ortiz Clavijo, Jes\u00fas Alberto Cortez Forero y Jairo Quimbayo S\u00e1nchez \u2013quienes expusieron en el proceso cuestionado que hab\u00edan sido miembros de la mencionada compa\u00f1\u00eda\u2013, refiri\u00f3 que la \u00abacci\u00f3n de tutela tiene signado, jurisprudencialmente, un lapso para ejercerla frente a las decisiones judiciales, en l[\u00ed]nea de principio 6 meses desde su proferimiento, y del relato hecho en la demanda (\u2026) se advierte que se pretende sacar del universo jur\u00eddico providencias dictadas (\u2026) en los a\u00f1os 2016 y 2017\u00bb. <\/p>\n
7. El aqu\u00ed libelista, mediante escrito posterior, aclar\u00f3 que \u00abpodr\u00eda pensarse en la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional porque \u2018supuestamente\u2019 NO se cumple el principio de inmediatez (\u2026), sin embargo, (\u2026) la presente [salvaguarda] es con ocasi\u00f3n (\u2026) de [la declaratoria de] ineficacia del acta 78 (\u2026), causal por la cual, en junio 21 de 2022 (\u2026) cobr[\u00f3] vigencia el ACTA #75, por tanto, dentro del t\u00e9rmino de dos (2) meses posterior a la entrada en vigencia del acta 75, se present\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que \u00ablos fallos cuestionados datan del 3 de octubre de 2016 y (\u2026) 9 de marzo de 2017. En esas providencias no s\u00f3lo se defini\u00f3 el fondo del conflicto planteado, sino que tambi\u00e9n se acept\u00f3 t\u00e1citamente por los estrados judiciales involucrados que eran los competentes para conocer del mismo (\u2026). Entonces, si la acci\u00f3n de tutela fue interpuesta hasta el 22 de agosto pasado, se aprecia que transcurrieron largamente los seis meses que la jurisprudencia nacional ha considerado como plazo razonable para la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos y pedimentos aducidos en el escrito inicial, adem\u00e1s recalc\u00f3 que \u00abla inmediatez se sujeta al concepto de un HECHO NUEVO y el hecho nuevo en el caso concreto se da cuando el ACTA 75 del a\u00f1o 2014, en el a\u00f1o 2022 \u2013 OCHO (8) A\u00d1OS DESPU[\u00c9]S \u2013 entr[\u00f3] en vigencia por el cumplimiento de (\u2026) [la] sentencia de ineficacia del acta 78 (\u2026)\u00bb. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel perjuicio est[\u00e1] consumado desde marzo 17 de 2017, fecha en que se ejecutori[\u00f3] la [providencia] de segunda instancia [por lo que] desde esa [data] se insert\u00f3 en el tr\u00e1fico jur\u00eddico el consejo de administraci\u00f3n elegido en el ACTA #75\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el auxilio satisface el requisito de inmediatez; y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el gestor, al confirmar, en sede de apelaci\u00f3n, la determinaci\u00f3n proferida por el estrado Once Civil Municipal de esa urbe, en el mentado juicio de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea. <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
2.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a la decisi\u00f3n de 9 de marzo de 2017, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el fallo emitido en el referido pleito de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 22 de agosto de 2022, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el interesado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, toda vez que, el hecho de que se haya proferido \u00abla sentencia [que declar\u00f3 la] ineficacia del acta 78 (\u2026), causal por la cual, en junio 21 de 2022 (\u2026) cobr[\u00f3] vigencia el ACTA #75\u00bb, no se muestra como justificante de la tardanza, m\u00e1xime que esa resoluci\u00f3n se dict\u00f3 en un proceso diferente al aqu\u00ed cuestionado, como acertadamente anot\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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