STC12878-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12878-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01636-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Luz Fela Manchola Cu\u00e9llar contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, la Unidad de Prestaci\u00f3n de Servicios de la Direcci\u00f3n de Sanidad Policial, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, Colpensiones SA y dem\u00e1s intervinientes en el amparo constitucional con radicado 2022-00143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Como sustento de su queja, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional con el fin de que le fuera garantizada la atenci\u00f3n m\u00e9dica requerida para la enfermedad que padece (c\u00e1ncer de mama). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, en sentencia de 3 de junio de 2022 concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la accionada que, a trav\u00e9s de la dependencia competente, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas procediera a afiliarla nuevamente al subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional para que continuara recibiendo la atenci\u00f3n y servicios en salud necesarios para tratar su condici\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 9 de junio de 2022 se dirigi\u00f3 a la Unidad de Prestaci\u00f3n de Servicios de la Direcci\u00f3n de Sanidad Policial -UPRES- con el fin de indagar sobre el cumplimiento del fallo, y le fue informado que el juzgado deb\u00eda realizar la respectiva notificaci\u00f3n al correo de esa Unidad o no acatar\u00edan la decisi\u00f3n hasta tanto no se les comunicara directamente el pronunciamiento, situaci\u00f3n que inform\u00f3 al Juzgado cognoscente para que remitiera la decisi\u00f3n judicial al correo de la entidad. <\/p>\n
Sostuvo que el 24 de julio de 2022, recibi\u00f3 en su direcci\u00f3n electr\u00f3nica la sentencia de 21 de julio de 2022 a trav\u00e9s de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3: <\/p>\n
Modificar el fallo impugnado, en el sentido de conceder de manera transitoria el amparo del derecho a la salud y vida de la accionante LUZ MANCHOLA, orden\u00e1ndole a la accionada DISAN o quien haga sus veces, que por 2 meses adicionales a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9ste fallo, contin\u00fae con la garant\u00eda y prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos integrales que la paciente requiera respecto a cada una de las patolog\u00edas que la aquejan y que se desprenden de su historia cl\u00ednica, incluyendo, medicamentos, procedimientos, tratamientos y ex\u00e1menes. <\/p>\n
A la accionante se le ordenar\u00e1 que, dentro de los 2 meses siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, adelante de manera mancomunada con COLPENSIONES, cada una en sus competencias, su tr\u00e1mite de afiliaci\u00f3n a la EPS que, en virtud al principio de libre escogencia, prefiera, para que se genere su portabilidad y pueda continuar su tratamiento por las enfermedades que padece en la EPS que libremente escoja. Solamente se desentender\u00e1 la DISAN de la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico de la paciente en caso de que aquella no cumpla con lo que aqu\u00ed se le ordena y pasados los 60 d\u00edas no haya sido afiliada a ninguna EPS. De superarse los 60 d\u00edas y la accionante por razones ajenas a ella, no estuviere activa en la EPS que escogi\u00f3, la DISAN deber\u00e1 continuar la prestaci\u00f3n de sus servicios m\u00e9dicos integrales hasta tanto la EPS a la que se traslad\u00f3 la accionante la reconozca como activa en su sistema y no haya traba administrativa para la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico en aquella. <\/p>\n
En su sentir, esa determinaci\u00f3n vulnera sus garant\u00edas fundamentales, ya que la afiliaci\u00f3n a otra EPS generar\u00eda un retraso en la continuidad de su tratamiento, pues la nueva entidad promotora de salud deber\u00eda iniciar de cero los procedimientos, evaluar los tratamientos recibidos hasta la fecha, vi\u00e9ndose as\u00ed interrumpido el que ha venido recibiendo por parte de la accionada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Colpensiones viene realizando los aportes a salud del 4% de su mesada pensional, y env\u00eda esos dineros a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013ADRES- para que esta entidad dentro de su funci\u00f3n realice la gesti\u00f3n y proteja el adecuado uso de los dineros que soportan la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, a las EPS incluyendo los reg\u00edmenes especiales. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n desconoci\u00f3 su derecho al debido proceso, habida cuenta que la Direcci\u00f3n accionada fue notificada del fallo de primera instancia el 7 de junio de 2022, no obstante, present\u00f3 la impugnaci\u00f3n hasta el 13 de junio siguiente, excediendo los plazos establecidos en la norma. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 decretar la nulidad de la sentencia de tutela proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y \u00abcontinuar con la afiliaci\u00f3n para el tratamiento de la enfermedad catastr\u00f3fica que pade[ce] y que este tratamiento no sea interrumpido por parte de la entidad accionada Direcci\u00f3n de Sanidad Polic\u00eda Nacional en cuanto al manejo de [su] enfermedad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de la misma ciudad el 3 de junio de 2022 ampar\u00f3 lo derechos a la vida y salud de la accionante, decisi\u00f3n impugnada el 13 de junio del mismo a\u00f1o por la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u2013DISAN-. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que mediante sentencia de 21 de julio de 2022, resolvi\u00f3 modificar la de primera instancia, en el sentido de conceder de manera transitoria el amparo ordenando a la accionada por 2 meses adicionales a partir de la notificaci\u00f3n de ese fallo, para que continuara con la garant\u00eda y prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos integrales que la paciente requiriera respecto de las patolog\u00edas que la aquejan, lapso en el cual la solicitante deb\u00eda gestionar con el acompa\u00f1amiento de Colpensiones su afiliaci\u00f3n a la ESP que escogiera para que se generara su portabilidad y pudiera continuar su tratamiento en la Entidad promotora elegida. <\/p>\n
2. La Subdirecci\u00f3n de Defensa Jur\u00eddica de la Superintendencia Nacional de Salud solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n toda vez que la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales recamados no proviene de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esa entidad. <\/p>\n
3. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n y exonerar a ese organismo de cualquier responsabilidad, puesto que no es la entidad encargada de realizar las actuaciones administrativas ni judiciales tendientes a resolver las pretensiones de la actora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al determinar que no se encontraba cumplido el requisito de la subsidiariedad, como quiera que en el fallo de tutela de segunda instancia proferido el 21 de julio de 2022 se dispuso remitir la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que la accionante debe agotar ese mecanismo solicitando la revisi\u00f3n ante la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional conforme a lo establecido en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial, y en adici\u00f3n manifest\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la sentencia de primera instancia \u00abresolvi\u00f3 negar el amparo solicitado por la accionante por verificar un hecho superado, toda vez que la entidad accionada respondi\u00f3 dentro del t\u00e9rmino\u00bb, situaci\u00f3n que pretende poner a consideraci\u00f3n de esta Sala en el sentido de que la accionada vulnera el derecho fundamental al debido proceso, debida notificaci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (Ver CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (Ver CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
Al respecto se advierte que la accionante no puede controvertir las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje, m\u00e1xime, cuando no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, esto es, que la sentencia proferida por los funcionarios cuestionados hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
4. Con todo, se advierte que la demandante tiene a su alcance la revisi\u00f3n del fallo de tutela cuestionado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios eficaces para controvertir los argumentos expuestos por la autoridad accionada, teniendo en cuenta que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, hall\u00e1ndose a\u00fan pendiente la decisi\u00f3n sobre la elecci\u00f3n del mismo en esa Corporaci\u00f3n tal y como se pudo constatar en el sistema de consulta donde se evidenci\u00f3 como fecha de radicaci\u00f3n 16 septiembre de 2022. (exp. T8962240). <\/p>\n
5. Ahora bien, resulta necesario se\u00f1alar que si bien, en el escrito de impugnaci\u00f3n la accionante afirm\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal como juez constitucional de primera instancia en el presente tr\u00e1mite, resolvi\u00f3 negar el amparo al verificar un hecho superado, tal situaci\u00f3n que dista de la realidad, pues tal y como se puede evidenciar en el fallo STP10996-2022 de 23 de agosto de 2022, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional fue declarada improcedente ante el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. En ese orden, carecen de fundamento los reproches formulados al respecto. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12878-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12878-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01636-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67417","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67417","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67417"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67417\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}