STC12879-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12879-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00359-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Ram\u00f3n Oswaldo Ping y Sandra Adelina Quiroga Pi\u00f1ero frente a la sentencia de 11 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que instauraron al Juzgado Civil del Circuito de Funza, la Inspecci\u00f3n Urbana Segunda de Polic\u00eda de Madrid y el Personero del citado municipio, extensiva a las partes y a los intervinientes en el proceso de entrega del tradente al adquiriente con rad. 2019-00960-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas pretenden a trav\u00e9s del presente mecanismo, que se deje sin valor ni efecto la diligencia practicada el 22 de julio pasado y que, como consecuencia de ello, por una parte, se disponga \u00abrestituir (\u2026) la posesi\u00f3n (\u2026) y la tenencia (\u2026) [del bien] hasta tanto (\u2026) se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n concedido\u00bb y por otra \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado por el comisionado\u00bb. <\/p>\n
En sustento, indicaron en lo que interesa, que en el asunto objeto de escrutinio que Liliana Isabel Camargo Fl\u00f3rez promovi\u00f3 contra Ricardo Camargo Fl\u00f3rez1, a pesar que no se les comunic\u00f3 la fecha de la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega en su calidad de \u00abocupantes\u00bb, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda comisionada para tal efecto, el 16 de junio de 2022, no solo, no concedi\u00f3 la palabra para solicitar pruebas, sino que, sin establecer si la oposici\u00f3n era sobre todo el predio o una parte, neg\u00f3 de plano la misma. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que aunque apelaron esa decisi\u00f3n y se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n al Juzgado de origen, la autoridad policial, \u00abpese a que ya no ten\u00eda competencia\u00bb convoc\u00f3 para el 22 de julio siguiente la continuaci\u00f3n de la mentada actuaci\u00f3n, calenda en que procedi\u00f3 al desalojo de sus pertenencias junto con los enseres y mercanc\u00eda del restaurante El Gran Chaparral que funciona en el predio; los actores aseguran que el memorado tr\u00e1mite tuvo serias irregularidades pues, por un lado, no se acompas\u00f3 con lo dispuesto en el art\u00edculo 309 del C.G. del P., y por la otra, habida cuenta que tienen 64 y 68 a\u00f1os de edad respectivamente, no se tomaron las medidas necesarias para su atenci\u00f3n y reubicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado involucrado precis\u00f3 que la diligencia comisionada se encuentra a\u00fan en tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual la salvaguarda no es procedente; el Inspector aludido puntualiz\u00f3 que dio cabal cumplimiento a la comisi\u00f3n que le fue asignada. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar que se incumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad pues, por una parte, se promovi\u00f3 sin que se hubiese resuelto el mecanismo vertical que los aqu\u00ed actores formularon contra el auto que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, y por la otra, que aun cuando consideraron que el Inspector perdi\u00f3 competencia para conocer del asunto, estos guardaron silencio. <\/p>\n
4. Los gestores impugnaron la anterior decisi\u00f3n y se\u00f1alaron similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela, en relaci\u00f3n con el desconocimiento su condici\u00f3n de adultos de la tercera edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La decisi\u00f3n opugnada ser\u00e1 ratificada toda vez que la tutela es prematura, raz\u00f3n por la cual el presente mecanismo es improcedente. Y se arriba a la anterior conclusi\u00f3n pues se advierte que el amparo rogado resulta anticipado para estudiar las quejas endilgadas, por una parte, al prove\u00eddo del 14 de julio pasado, por medio del cual el Inspector Segundo de Polic\u00eda de Madrid rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que formul\u00f3 el aqu\u00ed actor a la diligencia de entrega del inmueble en el que reside, y por la otra, las irregularidades que aseveran ocurrieron en la citada actuaci\u00f3n procesal que tuvo inicio el 12 de mayo anterior, toda vez que para la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n (1\u00ba de agosto de 2022), se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelaci\u00f3n que aquel interpuso, precisamente contra la decisi\u00f3n criticada, que inclusive fue complementado con los mismo argumentos aqu\u00ed expuestos. De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas de los gestores, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (STC487-2022). <\/p>\n
De otra parte, si los actores consideraban que la autoridad comisionada perdi\u00f3 competencia para continuar con la aludida actuaci\u00f3n en raz\u00f3n del mecanismo vertical que se interpuso, se advierte que la salvaguarda reclamada, igualmente, incumple con el requisito de procedencia de la subsidiariedad, comoquiera que los gestores en un acto constitutivo de incuria no alegaron la nulidad de lo actuado en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 40 y 133 del C\u00f3digo General del Proceso; medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos aqu\u00ed expuestos. En este punto debe memorarse que esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC7730-2020 reiterada en STC15544-2021). <\/p>\n
Ahora, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (STC10528-2021). <\/p>\n
Y tampoco es posible entrar a abordar el fondo de la tem\u00e1tica propuesta por los actores, en raz\u00f3n de la condici\u00f3n de personas de la tercera edad, pues no solo, no est\u00e1 acreditado en este escenario el citado perjuicio, sino que, dicha circunstancia per se, no implica la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o irreparable, en la medida que, tal y como lo ha indicado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC4541-2021). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aseveran que las partes en contienda son hermanos y el demandado con antelaci\u00f3n adelant\u00f3 el proceso reivindicatorio Rad. 2011-00695-00. <\/p>\n
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