STC12880-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12880-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01712-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 24 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que la Organizaci\u00f3n Sindical Sindicato de Trabajadores de Mercader\u00eda SAS Justo y Bueno – Sintramer J & B formul\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades , Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, Mercader\u00eda SAS en liquidaci\u00f3n, el Ministerio de Trabajo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas y citadas las partes e interesados en el proceso de intervenci\u00f3n de dicha sociedad, radicado bajo el n\u00famero 86143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La Organizaci\u00f3n Sindical invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, suyos, as\u00ed como de \u00absus agremiados\u00bb, presuntamente vulnerados por las accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el 18 de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades accedi\u00f3 a efectuar un plan de reorganizaci\u00f3n empresarial sobre la sociedad Mercader\u00eda SAS Justo y Bueno – Sintramer J & B, por lo que, el 12 de mayo siguiente, llev\u00f3 a cabo la audiencia en la que se decret\u00f3 la apertura de su liquidaci\u00f3n judicial, sin embargo, por solicitud de dos representantes de varios de los acreedores, dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 560 de 2020 \u00aby se suspendieron los efectos de la liquidaci\u00f3n, a excepci\u00f3n del nombramiento del liquidador, la cesaci\u00f3n de los \u00f3rganos sociales y administradores, y la vigencia de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Con el fin de evaluar la viabilidad de las propuestas realizadas por aqu\u00e9llos, se cit\u00f3 a una segunda audiencia que tuvo lugar el 4 de agosto de 2022, \u00aben la cual los proponentes formalizaron que prescind\u00edan de presentar propuestas, y se tramitaron varias etapas procesales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que solicit\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades adicionar la providencia que orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n, para \u00abaclarar si los contratos de trabajo iban a ser cesados inmediatamente, previa solicitud de prorrogar el proceso por 30 d\u00edas, y seguidamente (\u2026) solicit\u00f3 adici\u00f3n de la providencia con medidas protectoras de los derechos de los trabajadores\u00bb, de esa manera, la Superintendencia aclar\u00f3 \u00abque la fecha de terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo era por Ministerio de la Ley\u00bb y, frente a la adici\u00f3n, mencion\u00f3 que \u00aben auto del 12 de mayo [se hab\u00eda se\u00f1alado] la especial consideraci\u00f3n que se deb\u00eda tener con los trabajadores beneficiados con estabilidad laboral reforzada (\u2026) sin se\u00f1alar medida especifica alguna, dejando todo en los meros t\u00e9rminos legales\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que, de acuerdo con las cifras referidas por el liquidador, exist\u00edan 3255 trabajadores, \u00abde los cuales 319 tienen protecciones constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que recurri\u00f3 la providencia referida, \u00abintentando dentro de la argumentaci\u00f3n [\u2026] presentar la propuesta que serv\u00eda de fundamento para el salvamento de la empresa, sin que ello se permitiera por parte del juez\u00bb, por tanto, no accedi\u00f3 a la impugnaci\u00f3n, \u00abcon el cual se ped\u00eda prorrogar por 30 d\u00edas los efectos de la providencia que hab\u00eda suspendido la liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3, que \u00abal medio de un receso de la audiencia, alrededor de las 5:03 p.m., el liquidador, Dr. Dario Laguado, se dirig[i\u00f3] a quienes estaban presentes en el auditorio de la Superintendencia de Sociedades (\u2026) y anunci\u00f3 que la sociedad [ten\u00eda] un activo en dineros para pagar acreencias de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000), de los cuales preten[d\u00eda] utilizar ($120.000.000) en [la] entrega de unos inmuebles\u00bb, esto, a pesar de que Mercader\u00eda SAS contaba con un pasivo de $1.700\u2019000.000, a la vez que las acreencias laborales, \u00abcalculadas s\u00f3lo desde enero de 2022 [\u2026] supera[ban] los [\u2026] (36.000.000.000)\u00bb. <\/p>\n
Acentu\u00f3, que a pesar de la protecci\u00f3n legal y constitucional que merec\u00edan los trabajadores \u00abel liquidador inform\u00f3 all\u00ed mismo [\u2026] que pretend[\u00eda] salt\u00e1ndose por completo la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, pagar a unas personas ajenas al proceso, para que entreg[aran] los locales de los arrendatarios quienes no est[aban] en la primera clase de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, pretermitiendo expresamente la norma que otorga preferencia a los trabajadores. Dicha manifestaci\u00f3n se hizo s\u00f3lo frente a algunos acreedores sin que estuviese [su] representada, anunciando un gasto de $120 millones de pesos de los $160\u00bb. (sic) <\/p>\n
Por otra parte, manifest\u00f3 que, a prop\u00f3sito de lo dispuesto en la Ley 1116 \u00abla competencia, especialmente del Ministerio de Trabajo, en procesos concursales de liquidaci\u00f3n, consiste en velar por los derechos de los trabajadores y las obligaciones en su favor, al igual que permanentemente lo es la de la Procuradur\u00eda en funci\u00f3n del respeto al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
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2. Conforme a lo narrado, solicit\u00f3 ordenar, <\/p>\n
(i) \u00abal liquidador en el marco de sus competencias atender rigurosamente el orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos tanto en el pago mismo de aquellos, como en los gastos administrativos en que se incurra para satisfacerlos, priorizando los gastos administrativos en el mismo orden, so pena de desacato, y sin perjuicio de hacer efectiva la p\u00f3liza que garantiza el ejercicio de sus funciones ante el proceso concursal\u00bb, <\/p>\n
(ii) \u00abal Ministerio de Trabajo [y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n como Ministerio P\u00fablico] ejercer en el marco de sus competencias, supervigilancia para garantizar los derechos laborales, particularmente los relativos a las protecciones constitucionales y legales de los trabajadores, y la prelaci\u00f3n del pago de las obligaciones laborales en el marco de sus competencias.\u00bb y; <\/p>\n
(iii) \u00abal Juez del concurso asumir la revisi\u00f3n dentro del marco de sus facultades permanentes, de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n constitucionales y legales.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que, aunque \u00abhace intervenci\u00f3n en el proceso cuando observa la necesidad, no podr\u00eda eventualmente garantizar que todas las obligaciones laborales en el proceso concursal van a ser pagadas porque esto no depende de la misma, sino de los activos que tenga el deudor y del cumplimiento de las etapas legales\u00bb. <\/p>\n
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2. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia en la Superintendencia de Sociedades puso de presente el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, por cuanto \u00ablas solicitudes realizadas (\u2026) est\u00e1n dirigidas al cumplimiento de actuaciones por parte del liquidador, el Ministerio de Trabajo, el Juez del Concurso y la Procuradur\u00eda, sin que se [acreditara que estas hubieren] sido en primera medida presentadas ante [esas] entidades o incumplidas por \u00e9stas\u00bb. <\/p>\n
Sobre las s\u00faplicas atinentes al papel del juez del concurso, afirm\u00f3 que a la fecha no ha llegado a la etapa de adjudicaci\u00f3n de bienes, \u00abpara poder determinar si pudiese llegar a existir una posible violaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n legal de cr\u00e9ditos en el pago\u00bb; as\u00ed, estim\u00f3 que \u00abel tutelante busca la protecci\u00f3n constitucional de un hecho que ni siquiera ha acaecido en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3, que \u00abel tutelante busca que [el Juez] cumpla con sus funciones (\u2026) sin se\u00f1alar de manera clara, en qu[\u00e9] actuar se ha incurrido que haya generado la violaci\u00f3n de un derecho de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, m\u00e1xime si se toma en cuenta, no solo que no es necesario recurrir al amparo invocado para que el funcionario tenga claras sus labores, sino que \u00abentiende que en los t\u00e9rminos del numeral 11 del art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006 y, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 42 y 43 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juez tiene la atribuci\u00f3n de dirigir y lograr que se cumplan las finalidades del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Ministerio del Trabajo, con ocasi\u00f3n de la solicitud de apoyo t\u00e9cnico a prop\u00f3sito del despido colectivo, sostuvo que de conformidad con el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 50 de la Ley 1116 de 2006, de la apertura del proceso liquidatorio se debe dar traslado al Ministerio del Trabajo, para velar por el cumplimiento de obligaciones laborales, por lo que ha asistido a varias reuniones, la \u00faltima de ellas del 4 de agosto del a\u00f1o en curso, \u00abpara definir con el juez del concurso (\u2026) el proceso de liquidaci\u00f3n y el destino de la empresa.\u00bb. <\/p>\n
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4. La Superintendencia Financiera, manifest\u00f3 que \u00abno encontr\u00f3 queja o reclamaci\u00f3n alguna presentada por la parte accionante o su apoderado que verse sobre hechos similares a los narrados en el libelo introductorio\u00bb, y refiri\u00f3 que en el caso no tiene relaci\u00f3n alguna con los intereses que se discuten o con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
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5. La Superintendencia Solidaria resalt\u00f3 que existe falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues no es la encargada de ejercer funciones de inspecci\u00f3n y vigilancia sobre la sociedad Mercader\u00eda SAS. <\/p>\n
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6. El liquidador de la sociedad Mercader\u00eda SAS en Liquidaci\u00f3n Judicial indic\u00f3 \u00abtemeraria [la] tutela\u00bb, y afirm\u00f3 que \u00abno existe prueba de lesi\u00f3n de derechos fundamentales o puesta en riesgo de tales, y m\u00e1s bien lo que se encuentra demostrado es la falta de t\u00e9cnica, pruebas y dem\u00e1s elementos que dan por sentado una ineptitud del amparo elevado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que lo que quiere el actor es exigir a los involucrados que sigan cumpliendo con sus obligaciones, deberes y funciones, ya que lo pretendido es \u00ababstracto y gen\u00e9rico, porque no indica en qu\u00e9 se basa para indicar que existe alg\u00fan riesgo latente o si se ha generado alg\u00fan perjuicio o lesi\u00f3n a alg\u00fan derecho fundamental y si exige que se cumpla la norma como lo han venido haciendo tanto este liquidador como las dem\u00e1s entidades involucradas\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, frente al pago de gastos administrativos, que \u00abla indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa se pagar\u00e1 como gasto de administraci\u00f3n que tiene preferencia y prelaci\u00f3n al pago de los dem\u00e1s cr\u00e9ditos del concursado (\u2026) como se indic\u00f3 en la r\u00e9plica de los hechos, no existe procedencia inconstitucional, comoquiera que se respetar\u00e1 la preferencia y prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y que no es dable retener bienes de terceros, los cuales deben ser entregados a sus leg\u00edtimos arrendadores\u00bb. <\/p>\n
7. La sociedad Comercializadora Matisa SAS, acreedora dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, puntualiz\u00f3 que la decisi\u00f3n de restituir los locales genera como efecto inmediato \u00aby preocupante, la desintegraci\u00f3n, desprotecci\u00f3n y perdida de los activos m\u00e1s valiosos con que cuenta la liquidaci\u00f3n que son los Establecimientos de Comercio de su propiedad\u00bb, bienes que son conocidos y reconocidos por el juez del concurso como por el liquidador. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absiendo el deber del liquidador proteger los activos de la liquidada, proceder a su inventario, valoraci\u00f3n, y venta prefiriendo la venta en bloque, todo con el objetivo de obtener la mayor cantidad de recursos dinerarios que permitan atender de conformidad con la graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, los pasivos a cargo de la liquidada, en efecto con la decisi\u00f3n adoptada por la Superintendencia en este caso, no solo se distraen dineros que deber\u00edan ser utilizados en respeto a los \u00f3rdenes de prelaci\u00f3n y preferencia para atender las obligaciones laborales, sino que adem\u00e1s se destruye la \u00fanica posibilidad que tienen todos los acreedores de recibir el pago de lo que se les qued\u00f3 adeudando (\u2026) si no se protege el derecho de los empleados y de todos los acreedores en este momento hist\u00f3rico, exigiendo se d\u00e9 cumplimiento al procedimiento y se revoquen las decisiones que desintegran los activos de la sociedad, cuando llegue la oportunidad legal para defender tales activos los mismos ya no existir\u00e1n, de lo que se desprende una p\u00e9rdida gigantesca para cientos y cientos de empleados y acreedores\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, \u00abcoadyuv[\u00f3] la tutela [\u2026] y solicit[\u00f3] sean protegidos los derechos a la vida, salud, m\u00ednimo vital, trabajo y debido proceso de los empleados, y que como consecuencia de ello se ordene al Juez de la Liquidaci\u00f3n, proceder a suspender y\/o revocar las decisiones adoptadas con respecto a los contratos de arrendamiento, en tanto se surte el procedimiento que corresponde, se estudian las mejores alternativas para la protecci\u00f3n y venta en bloque de los activos de la compa\u00f1\u00eda en liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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8. Danna Judith Garc\u00eda Castiblanco refiri\u00f3 que \u00abel da\u00f1o que [le] ha causado el no pago de [sus] acreencias ha afectado [su] m\u00ednimo vital en el pago de arriendo, servicios p\u00fablicos y mercado\u00bb, adem\u00e1s, \u00aben pausar el proceso de [su] apartamento ya que no cont[\u00f3] con el pago de [sus] cesant\u00edas ni sueldo\u00bb. <\/p>\n
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9. Ang\u00e9lica Cecilia Hamburger Sotelo, obrando en nombre propio, \u00abtrabajadora con estabilidad laboral reforzada, toda vez que pade[ce] las enfermedades laborales que adquir[ri\u00f3] justamente con [su] empleador Mercaderias S.A.S.\u00bb, solicit\u00f3 conceder la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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10. Teresa de Jes\u00fas L\u00f3pez G\u00f3mez pidi\u00f3 conceder el amparo, pues es madre cabeza de hogar con dos hijos a cargo, \u00ablos cuales se encuentran en tratamientos con otorrino [y] urolog\u00eda, los cuales se encuentran suspendidos por que (sic) no [cuenta] con las seguridades sociales, adicionalmente no [tiene] la capacidad econ\u00f3mica de costear dichos tratamientos\u00bb. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que pertenece al sindicato accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo por carencia actual del objeto tutelar, en la modalidad de da\u00f1o consumado, toda vez que \u00abes de p\u00fablico conocimiento que Mercader\u00eda S.A.S. por intermedio de su liquidador, estableci\u00f3 la entrega de los locales en los que desarrollaba su objeto social, que valga recordarlo, no son un activo de la empresa, pues los recibi\u00f3 en tenencia por arrendamiento. As\u00ed pues, revisada la respectiva programaci\u00f3n [advirti\u00f3] que dicha actividad comenz\u00f3 el pasado 9 de agosto, con fecha de finalizaci\u00f3n el 27 de agosto siguiente [por lo que] es claro que para la data en que se [profiri\u00f3 el] fallo se configur[\u00f3] una carencia actual de objeto por da\u00f1o consumado, frente a la entrega de los locales que se verifi[c\u00f3] entre el 9 y 24 de agosto del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la viabilidad de una propuesta para \u00absalvar la empresa\u00bb y contener la entrega de los locales restantes, advirti\u00f3 la negativa del amparo, habida cuenta que las decisiones pronunciadas por la Superintendencia no resultaron arbitrarias o caprichosas, en el entendido que estaban encaminadas a una finalidad legal, cu\u00e1l es la liquidaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica, estando \u00abvedada la posibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto, a\u00fan si la conclusi\u00f3n se acoja o no, pues no se detecta un yerro superlativo que lo amerite\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre la ejecuci\u00f3n de recursos \u00abpara atender obligaciones no priorizadas en las prelaciones legales, y que la pretensi\u00f3n de tutela est\u00e1 dirigida a que adopten medidas preventivas y disuasorias\u00bb, le bast\u00f3 se\u00f1alar, que, esa cuesti\u00f3n debe ponerse de presente ante el juez del concurso y el liquidador de la persona jur\u00eddica. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en parte de sus pretensiones, y reiterar que, \u00abno s\u00f3lo [\u2026] atacaba la orden del Juez del concurso, sino la forma de su ejecuci\u00f3n por parte del liquidador\u00bb, as\u00ed, destac\u00f3 que tambi\u00e9n solicit\u00f3 varias medidas de verificaci\u00f3n sobre las protecciones constitucionales de los trabajadores, especialmente, porque varios de ellos ten\u00edan fuero de estabilidad por razones de salud y maternidad, que depend\u00edan para su garant\u00eda del pago de seguridad social. <\/p>\n
No obstante, el Despacho de primer grado \u00abdeneg\u00f3 las medidas previas solicitadas [con las que] se aseguraba el dinero para pagar la seguridad social como parte de las obligaciones laborales que adem\u00e1s sustentan la salud y maternidad de las personas que no pueden quedar desprotegidas. Obviamente ello incluye a sus hijos menores reci\u00e9n nacidos como sujetos de protecci\u00f3n reforzada.\u00bb <\/p>\n
Dijo que tales medidas \u00abhubieran evitado el perjuicio\u00bb, y que el a quo \u00abpudo proteger a los trabajadores antes de causarse un gasto con el \u00fanico dinero disponible para pagar la seguridad social, pero no lo hizo; y adem\u00e1s de permitir el da\u00f1o, lo utiliz\u00f3 como hecho consumado y por tanto pretexto para denegar el amparo.\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que, al menos dos trabajadoras que se enteraron del proceso se pronunciaron de manera general sobre sus propias dificultades pidiendo se concediera el amparo, y que aunque ya no est\u00e1n disponibles los dineros para pagar la seguridad social ni las acreencias laborales, \u00abpor cuanto la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no impidi\u00f3 que se dilapidaran en prop\u00f3sito diferente a los derechos fundamentales, ello no elimina la desprotecci\u00f3n de los trabajadores con condiciones especiales de salud ni la urgencia de proteger a las madres gestantes y lactantes.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. De igual forma, puntualiza que los poderes que para el efecto se presenten se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos, as\u00ed como que tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de estos no se encuentre en condiciones de promover su propia defensa, escenario para el cual, cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse as\u00ed en la respectiva solicitud. <\/p>\n
De esa manera, la norma referida hace referencia al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, como el legitimado primario para interponer la acci\u00f3n. Sin embargo, la ley y la jurisprudencia tambi\u00e9n han considerado v\u00e1lidas tres (3) v\u00edas procesales adicionales, a saber: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso. (Ver CSJ. STC1148-2021, STC11332-2021 y STC1176-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Ahora bien, cuando se dice actuar en favor de personas que, por sus especiales condiciones, no pueden acudir directamente a la tutela, resulta imperioso que el respectivo accionante manifieste que lo hace en calidad de \u00abagente oficioso\u00bb, y no solo esto, sino, adem\u00e1s, acreditar, en la medida en la que sea posible, la verdadera situaci\u00f3n que le impide al agenciado concurrir directamente a defenderse de la presunta transgresi\u00f3n, o como m\u00ednimo, tal escenario debe desprenderse, razonablemente, del expediente de que se trate. <\/p>\n
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2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Organizaci\u00f3n Sindical Sindicato de Trabajadores de Mercader\u00eda SAS Justo y Bueno – Sintramer J & B acudi\u00f3 inconforme con la sociedad Mercader\u00eda SAS en liquidaci\u00f3n, la Superintendencia de Sociedades (Delegatura para Procedimientos de Insolvencia) el Ministerio de Trabajo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por una de las decisiones adoptadas por la Superintendencia en audiencia de 4 de agosto de 2022, celebrada en el proceso de intervenci\u00f3n de dicha sociedad, radicado bajo el n\u00famero 86143, as\u00ed como con las actuaciones que, al respecto, asumi\u00f3 el liquidador designado y, finalmente, con la supuesta inacci\u00f3n de los ministerios convocados, todo lo cual va en detrimento tanto de sus derechos fundamentales, como los de \u00absus agremiados\u00bb. <\/p>\n
2.1 En relaci\u00f3n con lo anterior, lo primero que debi\u00f3 estudiarse -y que no se hizo- es la legitimaci\u00f3n en la causa del sindicato accionante para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos individuales de los trabajadores de Mercader\u00eda SAS en liquidaci\u00f3n, en su calidad de \u00abagremiados\u00bb del sindicato, para lo cual ha de recordarse que, conforme a la jurisprudencia constitucional, dichas organizaciones solo est\u00e1n facultadas para tales eventualidades, cuando se trate de la transgresi\u00f3n de sus propias prerrogativas o a la limitaci\u00f3n del ejercicio sindical tanto de esta como de sus afiliados. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema que nos ocupa, en sentencia STC3517-2020, esta Sala se\u00f1alo, <\/p>\n
En ese sentido, tiene establecido la jurisprudencia Constitucional que para el caso de los sindicatos de trabajadores, \u00abdichas personas jur\u00eddicas tienen legitimidad para presentar la acci\u00f3n de tutela en dos eventos: \u201ci) cuando ejercen la defensa de sus propios derechos fundamentales, o (ii) cuando buscan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados\u201d. En la primera situaci\u00f3n, el sindicato solicita directamente la protecci\u00f3n de sus derechos, como en el caso de vulneraci\u00f3n del debido proceso. En la segunda hip\u00f3tesis, la citada persona jur\u00eddica act\u00faa para salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos que la conforman, verbigracia, los derechos a la igualdad o de asociaci\u00f3n sindical. <\/p>\n
De acuerdo a las particularidades de los casos sometidos a revisi\u00f3n, la Sala se detendr\u00e1 en el segundo escenario. A trav\u00e9s de su representante, el sindicato podr\u00e1 representar los intereses de sus asociados cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales supere la \u00f3rbita individual del trabajador y se inscriba en un \u00e1mbito colectivo que tenga la finalidad de proteger a la asociaci\u00f3n. Tal consideraci\u00f3n no desconoce que la actuaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica tenga incidencia en el plano particular del trabajador; empero, ese efecto es consecuencia de la salvaguarda colectiva. En contraste, la organizaci\u00f3n de trabajadores no podr\u00e1 representar en principio a los empleados, en el evento en que aboga por intereses individuales que no afectan a la persona moral, pues se persigue la satisfacci\u00f3n de beneficios particulares que no involucran al sindicato\u00bb (T-069-2015). (Se destaca) <\/p>\n
Sintramer J & B (Organizaci\u00f3n accionante) no acredit\u00f3 en estas diligencias ser apoderado judicial de ninguno de los 3255 trabajadores que refiri\u00f3 en los hechos de su escrito de tutela, tampoco manifest\u00f3 actuar en calidad de \u00abagente oficioso\u00bb de alguno de aqu\u00e9llos, y, del expediente remitido, no se logra extraer de manera clara y razonable, la existencia de una o varias de esas personas que, por sus especiales condiciones, no pudiesen acudir, directamente, ante el juez constitucional, a ejercer la defensa de sus propios derechos fundamentales vr. gr. por tratarse de sujetos de especial protecci\u00f3n del Estado. Mucho menos adujo o sugiri\u00f3 la eventual afectaci\u00f3n de sus facultades para asociarse o ejercer su potestad sindical, as\u00ed, no cabe duda para la Sala que aqu\u00e9lla carece de legitimaci\u00f3n en la causa para acudir a esta herramienta constitucional, bajo el entendido que su reclamo no trasciende la \u00f3rbita individual de sus asociados, y por ende, no afecta en modo alguno a la organizaci\u00f3n sindical o el derecho fundamental a conformar la misma, lo que de tajo volv\u00eda improcedente el amparo solicitado en tal sentido y ratifica en esta instancia su fracaso. <\/p>\n
2.2 Aclarado lo anterior, solo quedar\u00eda por dilucidar si al sindicato accionante -directamente- se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, para lo cual basta observar el expediente aportado para decidir el asunto, en el que se echa de menos alguna situaci\u00f3n o decisi\u00f3n judicial que hubiese desconocido el ordenamiento procesal, concretamente, la Ley 1116 de 2006 o las dem\u00e1s complementarias que imperan en el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n analizado, lo que a su vez descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Debe recordarse, que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas).<\/p>\n
4. La Organizaci\u00f3n sindical accionante, manifest\u00f3 su descontento con la providencia a trav\u00e9s de la cual la Superintendencia decret\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad intervenida, sin embargo, no puntualiz\u00f3, concretamente, en d\u00f3nde se encuentra el yerro superlativo que origin\u00f3 la supuesta afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, n\u00f3tese, adem\u00e1s, que indic\u00f3 que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la providencia que orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n, y que la entidad accedi\u00f3 a las mismas, solo que el resultado no fue de su agrado, pues no se se\u00f1al\u00f3 una \u00abmedida especifica alguna, dejando todo en los meros t\u00e9rminos legales\u00bb, no se tuvo en cuenta la propuesta que realiz\u00f3 para salvar la empresa, e impidi\u00f3 prorrogar por 30 d\u00edas m\u00e1s la suspensi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, lo anterior no pod\u00eda facultar a la accionante para acudir a esta tutela para debatir los argumentos que ya fueron debidamente atendidos por el juzgador de instancia, en la medida en que \u00e9sta no fue instituida por el Legislador para tales fines. En ese sentido, el amparo carece de demostraci\u00f3n suficiente para establecer la presunta vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En cuanto al tema de la entrega de los locales arrendados a la empresa en liquidaci\u00f3n, v\u00e9ase que tal situaci\u00f3n, se materializ\u00f3 con anterioridad a la sentencia de primera instancia, lo que imped\u00eda cualquier pronunciamiento por parte del juez constitucional, por la evidente carencia de objeto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
No obstante, t\u00e9ngase en cuenta, a su vez, que tanto la Supersociedades, como el liquidador, manifestaron que en dicho asunto a\u00fan no se ha arribado a la etapa de graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, por lo que a la postre no es posible, establecer, de ninguna manera, si estos desconocieron la respectiva prelaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Ahora bien, lo que pretend\u00eda la organizaci\u00f3n sindical promotora del amparo con su tutela, y que reiter\u00f3 en el escrito de impugnaci\u00f3n, se circunscribi\u00f3 a \u00f3rdenes dirigidas a que el Liquidador designado, el Ministerio del Trabajo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el juez del concurso, atendieran rigurosamente el orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos a graduar dentro del proceso de liquidaci\u00f3n, as\u00ed como que ejercieran \u00absupervigilancia para garantizar los derechos laborales\u00bb de los trabajadores involucrados. <\/p>\n
Sobre dichas tem\u00e1ticas en particular, el sindicato actor no acredit\u00f3 que hubiese solicitado -directamente- ante las aludidas autoridades, la aplicaci\u00f3n de tales acciones para que se garantice en el proceso la protecci\u00f3n de los derechos mencionados, lo que para esta tutela se traduce en la falta de agotamiento de los requisitos ordinarios existentes en la ley para resolver ante la autoridad natural, la supuesta situaci\u00f3n que origin\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, sobre el tema la Sala ha explicado, \u00abSi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (Ver CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones indefinidas sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso ordinario de que se trate. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, aunque en los t\u00e9rminos aqu\u00ed descritos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC12880-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12880-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01712-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67419","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67419"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67419\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}