STC12888-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12888-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01040-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Alexander Rojas Sierra contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Penal del Circuito de Ubat\u00e9 y el de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1, y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2019-00122. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Penal del Circuito de Ubat\u00e9 lo conden\u00f3 a 144 meses de prisi\u00f3n por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, en virtud del allanamiento a cargos que realiz\u00f3, sin obtener rebaja por expresa prohibici\u00f3n contendida en el art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que solicit\u00f3 al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 la redosificaci\u00f3n de la pena, petici\u00f3n que se neg\u00f3 el 6 de julio de 2020 y confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el 16 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Sostuvo que posteriormente, a trav\u00e9s de defensor p\u00fablico y conforme a lo sugerido por esa misma Corporaci\u00f3n en la providencia aludida, present\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca con fundamento en la causal 7 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004 con el fin de que se procediera a la redosificaci\u00f3n punitiva, invocando el criterio jurisprudencial que establece la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, que se declar\u00f3 infundada el 12 de mayo de 2022, presentando una posici\u00f3n contradictoria el Tribunal. <\/p>\n
Explic\u00f3 que igualmente se desconoci\u00f3 el derecho a la igualdad, pues existen pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el 2395-2017 radicado 47143 relacionado con el secuestro de un menor de edad, donde se hace menci\u00f3n al mismo art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 y se expone que \u00abcuando no se conceden descuentos punitivos por dicha prohibici\u00f3n no hay lugar al aumento general de las penas en atenci\u00f3n al art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004 pues no existe justificaci\u00f3n alguna para tal aumento\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que existi\u00f3 un desconocimiento de las leyes a trav\u00e9s del tiempo, habida cuenta que la Ley 890 es de 2004 y la Ley 1236 es de 2008, por tanto, se debi\u00f3 acceder a declarar fundada la causal invocada en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, pues la ley vigente al momento de la comisi\u00f3n del delito consagrado era la 890 de 2004. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que se infringi\u00f3 su derecho a la doble instancia, al no permitirle a su defensor interponer recursos contra la decisi\u00f3n del Tribunal, para que fuera revisada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca que declar\u00f3 infundada la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y, en su lugar, se acceda a lo all\u00ed solicitado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca inform\u00f3 que al definir la acci\u00f3n de revisi\u00f3n se expusieron las razones por las cuales el cambio jurisprudencial alegado por el demandante no se ajustaba al caso estudiado. <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3 que aunque el sentenciado se allan\u00f3 a cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, por hechos ocurridos el 15 de octubre de 2019 y, fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Ubat\u00e9, sin obtener rebaja alguna, la pena le fue impuesta con base en el art\u00edculo 208 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1236 del 23 de julio de 2008, sin que la Ley 890 de 2004 incidiera, toda vez que, se trat\u00f3 de una subrogaci\u00f3n de normas que dej\u00f3 de lado el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, para traer consigo unos nuevos extremos punitivos que sirvieron de fundamento para el fallador. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que, en decisi\u00f3n de 6 de julio de 2020, neg\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n punitiva formulada por el actor, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Superior. En ese sentido, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, teniendo en cuenta que las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1n dirigidas al Tribunal. <\/p>\n
3. El Juzgado Penal del Circuito de Ubat\u00e9 relat\u00f3 las actuaciones adelantadas por ese despacho y puntualiz\u00f3 que las decisiones all\u00ed proferidas fueron adoptadas conforme a los lineamientos establecidos por el legislador y la jurisprudencia. <\/p>\n
4. El Defensor p\u00fablico del accionante, manifest\u00f3 que se encuentran reunidos los requisitos generales para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela y eventualmente podr\u00eda configurarse un desconocimiento del precedente, sin embargo, consider\u00f3 que no se evidenciaba una falta de motivaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, al considerar que el Tribunal Superior de Cundinamarca expuso con precisi\u00f3n los motivos por los cuales la demanda no satisfac\u00eda los requerimientos para la procedencia de la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n, cuando la casual invocada es el cambio de criterio jurisprudencial. En ese sentido, resalt\u00f3 que la hermen\u00e9utica jur\u00eddica empleada por la Sala Penal accionada estuvo soportada en argumentos razonables. <\/p>\n
De otra parte, determin\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, en raz\u00f3n a que no existe ning\u00fan tipo de identidad f\u00e1ctica ni jur\u00eddica, puesto que se trata de conductas punibles disimiles, as\u00ed el sujeto pasivo haya sido un menor de edad. <\/p>\n
Frente a la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la doble instancia, se\u00f1al\u00f3 que esa Sala de Casaci\u00f3n ha sido insistente en sostener que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n no es procedente el recurso de apelaci\u00f3n, por cuanto la actuaci\u00f3n se surte en \u00fanica instancia, conforme a su naturaleza extraordinaria y su car\u00e1cter independiente del proceso penal que la origina. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante con argumentos similares a los iniciales, a los que adicion\u00f3 que el juez constitucional no hizo referencia la posici\u00f3n contradictoria del Tribunal al sugerirle promover la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y luego negarla, pues si inicialmente se le hubiese comunicado la imposibilidad de acceder a la redosificaci\u00f3n, se hubiese evitado un desgate judicial. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad y refiri\u00f3 la sentencia SP10906 de 2017 radicado 49052 donde se resolvi\u00f3 un asunto de \u00edndole sexual cometido antes de entrar en vigencia la Ley 1236 de 2008. Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que en nada se hizo referencia al desconocimiento de leyes en el tiempo mencionado en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Alexander Rojas Sierra acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el 12 de mayo de 2022 a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 infundada la causal de revisi\u00f3n invocada. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad del actor se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por el la Sala Penal accionada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la pretensi\u00f3n del actor se fundamentaba en la causal 7 del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, seg\u00fan la cual esa acci\u00f3n procede cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte Suprema de Justicia haya variado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto de la responsabilidad como de la punibilidad, y en relaci\u00f3n con lo anterior sostuvo, <\/p>\n
En el caso analizado, se tiene que, la sentencia que fund\u00f3 la postura que el demandante solicita sea extendida a la situaci\u00f3n de su representado, data del 27 de febrero de 2013, a tono con la cual se gener\u00f3 la tesis que permit\u00eda la inaplicaci\u00f3n del incremento general de penas incorporado al ordenamiento jur\u00eddico con el art\u00edculo 14 de la Ley 890 del 2004, en aquellos asuntos en los que operaba la prohibici\u00f3n de cualquier rebaja o beneficio por mandato del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, en escenarios de aceptaci\u00f3n de cargos, v\u00eda allanamiento o preacuerdo\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por v\u00eda de acciones de la naturaleza de la que concita la atenci\u00f3n de esta Sala de Decisi\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia en los radicados Nos. 414643, 412864, 416575, 442816 y 414687, entre otros, ha sostenido de manera persistente, que la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia posterior favorable fijada en el fallo 33.254 del 27 de febrero de 2013, resulta procedente, iterando que en aquellos eventos en que el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscal\u00eda y el delito por el cual se emite condena, se encuentra inmerso en las prohibiciones del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del art\u00edculo 14 de la Ley 890 del 2004, al punto que esa tesis se extendi\u00f3 a los escenarios en los cuales se presente aceptaci\u00f3n de cargos o negociaciones entre las partes por delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa o delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que por restricci\u00f3n normativa del art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 -en igual sentido que la contenida en la Ley 1121 de 2006-, no pueden acceder a ning\u00fan beneficio o rebaja punitiva derivada de las salidas anticipadas al proceso penal. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aunque se ha admitido que se inaplique el aumento de las penas frente a los fallos condenatorios en los cuales se tuvo en cuenta el art\u00edculo 199-7 de la Ley 1098 de 2006, con la consecuente redosificaci\u00f3n de la pena por cumplir, descartando el aumento del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, dicha postura, ha operado respecto de asuntos en los cuales los hechos que revisten las caracter\u00edsticas de un delito que atente contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual son anteriores al 23 de julio de 2008, fecha a partir de la cual entr\u00f3 en vigencia la Ley 1236 de 2008 que aument\u00f3 las penas en relaci\u00f3n con dichas conductas punibles, entre ellas, el acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
Expuso que el precepto normativo vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos -15 de octubre de 2019- por los cuales se conden\u00f3 a Alexander Rojas Sierra, era el art\u00edculo 208 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1236 de 2008, por tanto, la pena a la cual qued\u00f3 sometido no se derivaba del incremento de penas de la Ley 890 de 2004, sino de otro precepto que gener\u00f3 un incremento independiente, en el cual se regul\u00f3 de manera \u00edntegra la sanci\u00f3n privativa de la libertad que el legislador estim\u00f3 adecuada para los delitos de \u00edndole sexual, aspecto que no fue considerado por el demandante, ni la Delegada de la fiscal\u00eda y el apoderado de la v\u00edctima quienes apoyaron la propuesta del defensor. En ese sentido, agreg\u00f3, <\/p>\n
\u00abEntonces, se trat\u00f3 de una subrogaci\u00f3n de normas que dej\u00f3 de lado el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, para traer consigo unos nuevos extremos punitivos bajo los que se gui\u00f3 el Juez Penal del Circuito de Ubat\u00e9 (Cundinamarca) cuando dosific\u00f3 la pena a imponer a ALEX\u00c1NDER ROJAS SIERRA, al plasmar en el fallo condenatorio lo siguiente: \u201cCon las precisiones anteriores, la pena a que se hace merecedor el encartado se debe establecer en definitiva con base en el marco punitivo previsto en el art\u00edculo 208 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1236 del 23 de julio de 2008, que para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, arroja como par\u00e1metros, pena de prisi\u00f3n de 144 a 240 meses de prisi\u00f3n\u00bb. (subrayas del texto original). <\/p>\n
Destac\u00f3 que no obstante el condenado accedi\u00f3 a uno de los mecanismos de terminaci\u00f3n anticipada del proceso y no obtuvo rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos, la pena no se individualiz\u00f3 bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, pues se efectu\u00f3 con aplicaci\u00f3n del incremento especifico estipulado en el canon 4\u00ba de la Ley 1236 de 2008 precepto vigente al 15 de octubre de 2019 cuando ocurrieron los hechos, circunstancia por la cual, la causal de revisi\u00f3n invocada no estaba llamada a prosperar, y explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abCabe precisar que, la sentencia identificada con el radicado No. 47143 del 22 de febrero de 2017, citada por la defensa t\u00e9cnica, cobij\u00f3 el an\u00e1lisis de un caso seguido por el delito de secuestro agravado, cometido contra un reci\u00e9n nacido, il\u00edcito diverso al que gener\u00f3 la condena en el asunto ahora examinado, lo cual no es un dato menor, pues tal punible, el de secuestro agravado, con posterioridad a la Ley 890 de 2004 no ha sido objeto de un nuevo aumento de penas, como s\u00ed sucede respecto del acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, en los t\u00e9rminos que antes se explic\u00f3. Siendo ello as\u00ed, tal caso no es equiparable a los rasgos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del aqu\u00ed analizado, pues en esa oportunidad la pena impuesta s\u00ed tuvo como fundamento la citada Ley 890 de 2004, lo que no aconteci\u00f3 frente a ALEX\u00c1NDER ROJAS SIERRA\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3, <\/p>\n
si bien en anterior oportunidad, el sentenciado solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la pena ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca) y, mediante auto del 06 de julio de 2020, ello le fue negado y, en sede de segunda instancia, tal determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala presidida por el Dr. Joselyn G\u00f3mez Granados, bajo el argumento relativo a que el canal procesal para discutir la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, en atenci\u00f3n a un cambio favorable de jurisprudencia, lo era la acci\u00f3n de revisi\u00f3n -no participaron en la deliberaci\u00f3n los Magistrados que hoy deciden la acci\u00f3n de revisi\u00f3n- tal argumento no incide en modo alguno en el pronunciamiento aqu\u00ed adoptado, pues tan s\u00f3lo se dej\u00f3 bien se\u00f1alado que el Juez Ejecutor no tiene en su \u00f3rbita de competencia, delimitada en el art\u00edculo 38 del C.P.P., la relacionada con revisar cambios favorables de jurisprudencia, porque ello fue previsto como una causal de revisi\u00f3n, es decir, se precis\u00f3 la v\u00eda procesal que por sus particularidades se ajustaba a la pretensi\u00f3n del petente, desde un punto de vista formal. <\/p>\n
De tal suerte que, la Sala no advierte que el criterio invocado por el accionante como favorable sea aplicable al caso concreto, lo que como se anunci\u00f3, conduce a declarar infundada la causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, resolvi\u00f3 declarar infundada la causal de revisi\u00f3n invocada por el defensor del accionante. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho y los defectos alegados por Alexander Rojas Sierra y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que la pena por la cual se conden\u00f3 al accionante se individualiz\u00f3 con aplicaci\u00f3n al incremento establecido en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1236 de 2008 vigente para la \u00e9poca de la ocurrencia de los hechos, lo que imped\u00eda la prosperidad de la causal invocada. <\/p>\n
5. Referente al derecho a la igualdad invocado por el actor para lo cual hizo referencia a la decisi\u00f3n con radicado 47143 de 2017, se advierte que la Sala Penal accionada se pronunci\u00f3 respecto de esa sentencia y se\u00f1al\u00f3 que tal asunto no era equiparable a los rasgos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del caso del aqu\u00ed accionante, comoquiera que en esa oportunidad la pena impuesta s\u00ed tuvo fundamento en la Ley 890 de 2004. <\/p>\n
6. En lo que respecta al desconocimiento de las leyes a trav\u00e9s del tiempo alegado por el reclamante se precisa que, en la decisi\u00f3n cuestionada se explic\u00f3 que la Ley vigente al momento de la comisi\u00f3n del delito era la 1236 de 2008, argumento que esta Sala encuentra razonado y ajustado a las particularidades del caso concreto. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Alexander Rojas Sierra a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en los pronunciamientos objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
8. Ahora bien, en punto a lo manifestado por el accionante en la impugnaci\u00f3n referente a la sentencia SP10906 de 2017 radicado 49052 donde se resolvi\u00f3 un asunto de \u00edndole sexual cometido antes de entrar en vigencia la Ley 1236 de 2008, cabe resaltar que tal aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por la Sala accionada, raz\u00f3n por la cual, un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa. <\/p>\n
9. De conformidad con lo considerado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12888-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12888-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01040-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67427"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67427\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}