STC12896-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12896-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03186-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enlace Lab S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta capital y los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2014-00316. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, conform\u00f3 junto a la sociedad \u00abSolumek S.A.\u00bb (participaci\u00f3n de Solumek: 97% – Enlace Lab S.A.S.: 3%) la uni\u00f3n temporal denominada \u00abInnovalab\u00bb, la cual, realiz\u00f3 diversos negocios jur\u00eddicos con la sociedad \u00abLabserving S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Relata que, para garantizar las obligaciones surgidas de dichos \u00abnegocios subyacentes\u00bb, la uni\u00f3n temporal suscribi\u00f3 un pagar\u00e9 en favor de Labserving S.A.S., el mismo que sirvi\u00f3 a esta \u00faltima para promover ejecutivo en su contra, pretendiendo el cobro de la suma de \u00ab$1.161\u2019338.318.\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, la demanda la conoci\u00f3 en primera instancia el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, el 30 de septiembre de 2020, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n propuesta con fundamento en el numeral 12 del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, y la absolvi\u00f3 del pago tras considerar que no exist\u00eda \u00abclaridad de las obligaciones que han dado origen al diligenciamiento del pagar\u00e9 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, destaca, el 19 de mayo de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al desatar la alzada formulada por la demandante, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, para en su lugar ordenar continuar con la ejecuci\u00f3n, aunque descontando un pago parcial reconocido (por \u00ab$1.044\u2019338.124\u00bb) pues, encontr\u00f3 \u00abclaridad y expresividad en el t\u00edtulo\u00bb (la sentencia conden\u00f3 al pago de $117\u2019.000.194) <\/p>\n
Se\u00f1ala que, impetr\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n del fallo de segundo grado, pero el 11 de agosto pasado la colegiatura accionada la desestim\u00f3. <\/p>\n
Cuestiona la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia por el tribunal accionado, y la se\u00f1ala de constituir v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, principalmente, porque valor\u00f3 \u00aberradamente\u00bb el t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n. Aduce que al proceso se allegaron pruebas suficientes en relaci\u00f3n con el cumplimiento y pago de los \u00abnegocios subyacentes\u00bb; as\u00ed mismo, indica que \u00abel pagar\u00e9 se diligenci\u00f3 con cifras que no corresponden a la realidad [\u2026] por tanto no pod\u00eda deducirse claridad ni expresividad del documento base de la ejecuci\u00f3n [\u2026] Enlace Lab S.A.S. cumpli\u00f3 con la carga de probar la excepci\u00f3n derivada del negocio jur\u00eddico causal\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo finalmente que, \u00abel pago de la condena derivada de un t\u00edtulo valor sin el lleno de los requisitos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso derivar\u00eda en la insolvencia de Enlace Lab S.A.S., lo cual llevar\u00eda a la p\u00e9rdida de puestos de trabajo de los empleados [\u2026] toda vez que permitirse que prospere la ilegalidad del t\u00edtulo valor, colapsar\u00e1 definitivamente la empresa por el dr\u00e1stico efecto negativo que conllevar\u00eda el pago de la sentencia\u00bb <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se revoque \u00ab(\u2026) la sentencia en segunda instancia, de fecha 19 de mayo de 2022, proferida por el tribunal dentro del proceso identificado con el n\u00famero de radicaci\u00f3n [2014 00316 07], promovido por Servicios de Ingenier\u00eda Para Laboratorio S.A.S. -Labserving S.A.S. en contra de la Uni\u00f3n Temporal Innovalab, conformada por las sociedades Soluciones Mec\u00e1nicas Globales S.A. -Solumek S.A.- (antes Soluciones Mec\u00e1nicas Automotrices S.A.) y Enlace Lab SAS. (\u2026) ordenar que se expida una sentencia de reemplazo que se adec\u00fae a las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia recriminada, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 sin pronunciarse en concreto sobre las pretensiones de la demanda tutelar, relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio coercitivo en cuesti\u00f3n y aport\u00f3 el link para acceder al expediente digital del mismo. <\/p>\n
2. El Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta capital describi\u00f3 las incidencias del tr\u00e1mite procesal en discusi\u00f3n en el que profiri\u00f3 sentencia de primer grado que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia del t\u00edtulo ejecutivo por falta de claridad en la obligaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el tribunal, frente a lo cual, el 19 de septiembre de este a\u00f1o, emiti\u00f3 auto ordenando obedecer lo resuelto por el superior. Sostuvo que no se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental durante dicho juicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad querellante dentro del compulsivo (rad. 2014-00316-07) promovido por \u00abLabserving S.A.S.\u00bb contra la Uni\u00f3n Temporal \u00abInnovalab\u00bb (conformada por \u00abSolumek S.A.\u00bb, y \u00abEnlace Lab S.A.S.\u00bb) con la sentencia que profiri\u00f3 en segunda instancia el 19 de mayo de 2022, revocando la del a quo (que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo por falta de claridad de la obligaci\u00f3n) para en su lugar, ordenar proseguir el cobro, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al valorar de forma errada el t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 razonabilidad del fallo cuestionado. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la colegiatura convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
En efecto, en la providencia atacada, preliminarmente, en relaci\u00f3n con el t\u00edtulo y la carta de instrucciones para su diligenciamiento, el tribunal aclar\u00f3 que conten\u00eda una obligaci\u00f3n por la suma de $1.161\u2019338.318, por lo tanto, puntualiz\u00f3 que si exist\u00eda \u00ab(\u2026) una suma expresa y bastante clara; pues, ninguna duda existe sobre la cantidad ni la clase de derecho incorporado en \u00e9l. No es necesario hacer interpretaciones, divagaciones, inferencias ni operaciones diferentes a la simple y llana lectura del texto para entender lo que se acaba de indicar\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto a la controversia surgida frente a la carta de instrucciones para llenar el pagar\u00e9 dijo que, \u00ab(\u2026) no se cuestiona el hecho de haber sido creado el aludido instrumento cambiario con espacios en blanco; la controversia est\u00e1 centrada es en la desatenci\u00f3n de la carta de instrucciones, que afirma la parte ejecutada. Por tanto, es carga probatoria suya demostrar que hubo tal desobediencia o apartamiento\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, seguidamente especific\u00f3 que, aunque la uni\u00f3n temporal ejecutada aleg\u00f3 que otorg\u00f3 el pagar\u00e9 \u00fanicamente para garantizar el pago de $200.000.000., que recibi\u00f3 a t\u00edtulo de mutuo con intereses, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aparece desvirtuada en el proceso con la misma carta de instrucciones. En efecto, en su texto literal aparece que se autoriz\u00f3 as\u00ed: \u201cCUANT\u00cdA: El monto ser\u00e1 igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a nuestro cargo y a favor de LABSERVING SAS (sigla) existan al momento de ser llenados los espacios, incluidos pero no limitados valor del principal pago de los intereses de mora, si a ello hubiere lugar, liquidados a la tasa m\u00e1xima legal permitida, los costos legales para el cobro de dichos instrumentos, as\u00ed como de cualquier otra suma que este llegare a adeudar a Servicios de Ingenier\u00eda para Laboratorio SAS, LABSERVING SAS.\u201d15. Si \u00fanicamente hubiera otorgado ese instrumento cambiario para garantizar el pago de la suma que afirma el ejecutado, no se logra comprender por qu\u00e9 dar\u00eda una instrucci\u00f3n m\u00e1s amplia y general como la que se viene de reproducir. Esa es cuesti\u00f3n que aquel deb\u00eda explicar con fundamentos serios, y no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) Por otro lado, aleg\u00f3 que la comentada obligaci\u00f3n por la suma de $200.000.000 fue pagada en su totalidad; pero ese tambi\u00e9n es un hecho positivo concreto, cuya carga probatoria se radica en quien lo afirma: eso tampoco fue demostrado en este juicio por la parte ejecutada. Es absoluta la falta de medios de convicci\u00f3n de tal evento\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, describi\u00f3 los denominados \u00abnegocios subyacentes\u00bb derivados del contrato de apoyo tecnol\u00f3gico, el objeto y los montos en que consisti\u00f3 cada uno de ellos e indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con los pagos rese\u00f1ados en precedencia, ocurridos todos en el a\u00f1o 2014, s\u00ed se alcanz\u00f3 a satisfacer esa deuda del saldo establecido entre la UT la ejecutante, as\u00ed como parte de la obligaci\u00f3n cambiaria; pues, como se vio, el total pagado asciende a $1.044.338.124,oo; y el pagar\u00e9 se llen\u00f3 por un valor de $1.161.338.318. As\u00ed que la cantidad insoluta es apenas de $117.000.194,oo\u00bb. <\/p>\n
Luego, abord\u00f3 cada una de las excepciones propuestas por la ejecutada; en primer lugar, resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la parte demandante dio explicaci\u00f3n del monto debido con soporte20 documental, demostrando que s\u00ed existi\u00f3 la pregonada serie de negocios subyacentes entre las partes, en virtud de los cuales nacieron un conjunto de obligaciones cuyas cuant\u00edas fueron variando a medida que hac\u00edan acuerdos nuevos o modificaban los anteriores. Eso s\u00ed, es verdad que la secuencia negocial es abstrusa; pero no se puede confundir la falta de claridad de los montos resultantes de los negocios subyacentes, con la claridad de la obligaci\u00f3n incorporada en el pagar\u00e9. Sin embargo, como se viene de ver, s\u00ed es posible identificar las obligaciones que surgieron para cada uno de los litigantes en esa serie de negocios que sostuvieron y que dieron lugar a las deudas conjuntadas de las cuales result\u00f3 el monto del cr\u00e9dito incorporado en el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n. Ahora, demostrada la existencia de las obligaciones, queda probado que la carta de instrucciones fue atendida; pues, la parte convocada no logr\u00f3 probar claramente un monto distinto al fijado en el t\u00edtulo-valor\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a que la carta de instrucciones fue adulterada, sostuvo el tribunal que dicha aseveraci\u00f3n \u00abqued\u00f3 hu\u00e9rfana de prueba\u00bb pues no se demostr\u00f3 la falsedad alegada en modo alguno, as\u00ed como tampoco fue aportada al plenario la carta original que tendr\u00eda diferente contenido; y apunt\u00f3 que, aunque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) parte del documento haya sido llenado a mano es comprensible si se advierte que se trata de un formato que fue previamente impreso y que lo suscribi\u00f3 el representante legal de la otorgante del pagar\u00e9; luego, es preciso asumir que ya estaba llenado cuando lo firm\u00f3. En caso contrario, es carga probatoria suya demostrar que lo hizo en blanco y que no pod\u00eda ser llenado con el contenido que tiene. (d) Incluir el nombre del autorizado para llenar el t\u00edtulo firmado en blanco no es instrucci\u00f3n indispensable; pues, de acuerdo con lo previsto con el canon 622 del C\u00f3digo de Comercio, puede ser completado por \u201cel tenedor\u201d. Y tampoco es necesario indicar el nombre del beneficiario; pues, bien puede ser al portador\u00bb. <\/p>\n
Por similares razones, esto es, por falta de soporte probatorio, descart\u00f3 las dem\u00e1s excepciones formuladas, entre ellas las denominadas \u00abindebida utilizaci\u00f3n del pagar\u00e9 base de la acci\u00f3n; no exigibilidad de parte de la uni\u00f3n temporal las obligaciones contenidas en el documento otros\u00ed 01, por cuanto esta entidad no particip\u00f3 en ese negocio jur\u00eddico de cesi\u00f3n de derechos; ineptitud de demanda por falta de requisitos formales y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, mala fe y cobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a la \u00faltima de las defensas mencionadas, es decir, el cobro de lo no debido, recalc\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) del extenso examen que se viene de hacer deja en evidencia que s\u00ed se ha configurado, pero en forma parcial; pues, aunque le asist\u00eda raz\u00f3n a la tenedora del pagar\u00e9 para llenarlo por el monto debido en el momento en que lo hizo, ya se vio que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda el monto realmente adeudado era s\u00f3lo de $315.643.887,oo. Eso no tiene aqu\u00ed ninguna explicaci\u00f3n, y la misma prueba presentada por la ejecutante, conforme se vio, demuestra lo que aqu\u00ed se ha concluido. Adem\u00e1s, ya se dej\u00f3 explicado, el 15 de mayo \u2013 al otro d\u00eda de haber sido radicada la demanda, se hizo un abono por $198.643.693,oo, que tampoco fue informado al juzgado, con lo cual el saldo final debido era de $117.000.194,oo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto a los obligados a pagar, y del reproche frente a que, se estar\u00eda obligando \u00fanicamente a Enlace Lab S.A.S., pese a que dicha empresa solo tiene un 3% de la participaci\u00f3n en la uni\u00f3n temporal, explic\u00f3 la colegiatura tutelada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ya se dej\u00f3 dicho que, por la calidad con la que actu\u00f3 Daniel Enrique Dur\u00e1n Cifuentes al otorgar el pagar\u00e9, comprometi\u00f3 la responsabilidad cambiaria de la Uni\u00f3n Temporal Innovalab y de sus integrantes, las empresas Enlace Lab Ltda. y Solumek S.A. \u2013 antes, Soluciones Mec\u00e1nicas Automotrices S. A. \u2013; pero, como \u00e9sta \u00faltima fue admitida a proceso de reorganizaci\u00f3n regulado en la Ley 1116 de 2006, la ejecuci\u00f3n debe proseguir contra la ejecutada Enlace Lab Limitada; pues, aquella otra queda excluida de este juicio por mandato legal, y as\u00ed se pronunci\u00f3 el juzgado de conocimiento en auto emitido el 29 de noviembre de 2017. No est\u00e1 dem\u00e1s agregar que, al constituirse la UT, se dej\u00f3 expresamente dicho en el numeral 3, literal a. de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima que el representante legal de aquella ten\u00eda la funci\u00f3n de [r]epresentar a la Uni\u00f3n Temporal ante sus miembros, ante la Empresa Social del Estado Hospital Pedro Le\u00f3n \u00c1lvarez D\u00edaz de la Mesa, ante terceros y ante toda clase de autoridades.\u201d; y en esa calidad fue que otorg\u00f3 el pagar\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Con todo, concluy\u00f3 que, resultaba imperativo revocar la sentencia apelada para, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ordenar la prosecuci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, para el pago del cr\u00e9dito incorporado en el pagar\u00e9 que sirve de base a este juicio, descontando el pago parcial que aqu\u00ed se reconoce por la suma de un mil cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y ocho mil ciento veinticuatro pesos ($1.044.338.124), cuya imputaci\u00f3n se har\u00e1 en la forma que ordena el 1653 del C\u00f3digo Civil. Para tal efecto se habr\u00e1 de tener en cuenta lo explicado sobre la causaci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n de intereses\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n que coincida plenamente con el de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la magistratura tutelada apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, distinto a lo alegado por la demandada, aqu\u00ed accionante, en lo fundamental, el t\u00edtulo valor reun\u00eda los requisitos legales para perseguir su cobro judicial por la v\u00eda ejecutiva y que no exist\u00eda duda frente a la suma adeudada ni el derecho en \u00e9l contenido. <\/p>\n
De manera que, se advierte que la pretensi\u00f3n de la sociedad gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
Y, en ese mismo sentido, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, en principio, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la magistratura tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12896-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12896-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03186-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enlace Lab S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67435","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67435","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67435"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67435\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67435"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67435"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67435"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}