STC12898-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12898-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01643-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por la Asociaci\u00f3n de Copropietarios de la Plaza de las Flores -ACOPLAF- en contra de los Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito y Ochenta y Cuatro Civil Municipal -ahora Juzgado Sesenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el proceso verbal posesorio con radicado 11001400308420180076801. <\/p>\n
El 22 de septiembre de 2017, el se\u00f1or Mora Bonilla, administrador de ACOPLAF, lo despoj\u00f3 de la posesi\u00f3n, pues, en horas de la noche, ingres\u00f3 con otras personas al inmueble y retir\u00f3 vitrinas y mercanc\u00edas, dej\u00e1ndolo bloqueado con vallas e impidiendo que su arrendataria hiciera uso del bien. <\/p>\n
El 21 de agosto de 2020 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y, mediante sentencia del 4 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado Ochenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 amparar la posesi\u00f3n material que el demandante \u00abejerce sobre una franja del terreno que se encuentra al interior del bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-40343754\u00bb y, por tanto, orden\u00f3 a la accionada su restituci\u00f3n y el pago de $5.832.810, por los perjuicios materiales causados a Edilberto Daza Guerrero, con ocasi\u00f3n del \u00abdespojo injusto de la posesi\u00f3n\u00bb, al tiempo que le orden\u00f3 abstenerse de incurrir en actos de perturbaci\u00f3n ilegal. <\/p>\n
Apelada aquella decisi\u00f3n por la demandada -aqu\u00ed tutelante-, el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 el 7 de julio de 2022. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que: i) el demandante es propietario com\u00fan y proindiviso de los locales F2-008, F2-104, F2-108 y F2-115 y socio de ACOPLAF, de modo que no estaba legitimado para reclamar la posesi\u00f3n, adem\u00e1s, deb\u00eda someterse al reglamento sobre el respeto de las \u00e1reas comunes; ii) si bien el se\u00f1or Daza Guerrero realiz\u00f3 mejoras en el inmueble que dice poseer, por medio de comunicaci\u00f3n de 12 de mayo de 2017 acept\u00f3 que es un \u00e1rea com\u00fan; iii) el demandante y otros copropietarios iniciaron un proceso de pertenencia ante el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, radicado 2004-00368, en el que fueron negadas las pretensiones en las dos instancias, por no haberse demostrado la posesi\u00f3n de los usucapientes, raz\u00f3n por la cual no es posible que lleve m\u00e1s de 35 a\u00f1os ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el bien; iv) los juzgados accionados desconocieron el reglamento interno que, en su cap\u00edtulo I, art\u00edculos 8 y 9, determina y define los bienes comunes y la prohibici\u00f3n de realizar en estos actividades, as\u00ed como los estatutos de ACOPLAF que, en su art\u00edculo 10, se\u00f1alan que el administrador est\u00e1 obligado a evitar la ocupaci\u00f3n arbitraria de las \u00e1reas comunes, el interior y los andenes y, en acatamiento de ello, el administrador procedi\u00f3; v) los juzgados no tuvieron en cuenta que el dictamen pericial no se\u00f1ala debidamente el \u00e1rea ni los linderos del inmueble, experticia que fue objetada y se contradijo en las medidas; vi) no se estudi\u00f3 que la acci\u00f3n posesoria s\u00f3lo se puede ejercer sobre cosas susceptibles de obtener por prescripci\u00f3n adquisitiva, requisito que no cumple el predio objeto de la litis, toda vez que es un bien com\u00fan. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al accionado \u00abdictar la decisi\u00f3n o sentencia que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que, en la sentencia cuestionada, se estudiaron los requisitos para la procedencia de las acciones posesorias y, por tanto, se convalid\u00f3 la determinaci\u00f3n de proteger la posesi\u00f3n del se\u00f1or Edilberto Daza Guerrero. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Ochenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 -ahora Juzgado Sesenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- solicit\u00f3 denegar las pretensiones, pues su decisi\u00f3n fue el resultado de una adecuada aplicaci\u00f3n de la normatividad civil y valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Quien adujo ser apoderado de Edilberto Daza Guerrero manifest\u00f3 que la accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia, toda vez que reitera los argumentos de la apelaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que el juez de segundo grado, con fundamento en el caudal probatorio aportado, encontr\u00f3 acreditado que el all\u00e1 demandante ejerci\u00f3 actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el inmueble objeto de controversia, el cual no se demostr\u00f3 que fuera de uso com\u00fan. Advirti\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada no era caprichosa ni antojadiza y que la opini\u00f3n divergente de la actora no hac\u00eda viable la tutela. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con la sentencia del 7 de julio de 2022, emitida por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por la cual confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, que ampar\u00f3 a favor del se\u00f1or Edilberto Daza Guerrero la posesi\u00f3n material sobre un inmueble ubicado en la Plaza de las Flores -ACOPLAF-, pues, en su criterio, no se despleg\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. En la mencionada sentencia que clausur\u00f3 el asunto, la autoridad judicial se\u00f1al\u00f3, inicialmente, que las acciones posesorias son medios defensas del poseedor contra actos de desapoderamiento o de mera turbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n (art\u00edculo 972 del CGP). Seguidamente, el Juzgado cit\u00f3 la sentencia C-750 de 2015 de la Corte Constitucional, que se refiere a la posesi\u00f3n como una situaci\u00f3n de hecho de la que surgen consecuencias jur\u00eddicas, para significar que, en este tipo de acciones, \u00abno se discute el dominio que requiere de un prolijo examen, el que no se aviene con la especialidad de la acci\u00f3n\u00bb, idea que se refuerza con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 979 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El Juzgado continu\u00f3 con el estudio de los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n recuperatoria de la posesi\u00f3n, contenidos en los art\u00edculos 972, 974, 979 a 983 del C\u00f3digo Civil, esto es, que el demandante sea poseedor con animus domini sobre un bien espec\u00edficamente delimitado, durante un a\u00f1o completo anterior al acto de perturbaci\u00f3n o despojo, ejercido en forma pac\u00edfica, sin violencia o clandestinidad y de forma ininterrumpida en forma natural o civil. <\/p>\n
Al descender al caso concreto, el Juzgado accionado encontr\u00f3 que, respecto de los actos de se\u00f1or y due\u00f1o desplegados por el demandante, se aportaron el contrato de arrendamiento celebrado por este y Leidi Johana Pineda Numpaque el 1 de agosto de 2016 y las comunicaciones dirigidas y recibidas por la Asociaci\u00f3n demandada, que establecieron que Edilberto Daza Guerrero ejerc\u00eda la posesi\u00f3n \u00abpor lo menos desde el a\u00f1o 2008, fecha desde la cual manifest\u00f3 haber arrendado el local 005B de la entrada 11 de la Plaza de Las Flores, ubicada en la Diagonal 38 Sur N\u00b0 80 H \u2013 12 de esta ciudad, seg\u00fan lo informado en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb que promovi\u00f3 contra Alexander Le\u00f3n, en el que el Juzgado Setenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n
Asever\u00f3 que los testimonios recibidos1 indicaron que reconoc\u00edan al demandante como propietario del inmueble objeto de la litis, pues \u00aball\u00ed almacenaba sus cubetas de huevos, canastillas, daba \u00f3rdenes y le hizo arreglos al piso, le hizo adecuaciones para arrendarlo, lo cual hizo en varias oportunidades\u00bb, circunstancia que no desvirtuaron los testimonios tra\u00eddos por la demandada. <\/p>\n
As\u00ed, el Juzgado consider\u00f3 demostrada la posesi\u00f3n \u00absobre el espacio que solicit\u00f3 se conceda el amparo a la posesi\u00f3n\u00bb, durante un lapso superior a un a\u00f1o como exige la norma, \u00absin reconocer dominio en cabeza de otro y de cuyo predio fue despojado injustamente, con lo que de paso se encuentra demostrada la legitimaci\u00f3n en la causa por activa para solicitar el amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la ubicaci\u00f3n del local en \u00abuna zona com\u00fan como lo afirm\u00f3 la parte demandada en las excepciones propuestas y en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb, sostuvo que no se logr\u00f3 demostrar dicha circunstancia y, por el contrario, \u00aben el documento fechado 12 de mayo de 2017, se indic\u00f3 que el citado local no se encuentra en un \u00e1rea com\u00fan y tal afirmaci\u00f3n no fue controvertida en esa oportunidad por la parte demandada\u00bb, aunado a que tampoco exist\u00eda documento alguno que advirtiera que esa \u00e1rea comprendiera una zona com\u00fan, y \u00aben el certificado de tradici\u00f3n aportado no se observa que en ninguna de las 335 anotaciones se registre escritura, sentencia u otro documento que decrete la existencia de zonas comunes en dicho inmueble\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo establecido en el art\u00edculo 10 de los estatutos de la Asociaci\u00f3n de Copropietarios de la Plaza de Mercado de las Flores, el Juzgado destac\u00f3 que esa disposici\u00f3n impone la obligaci\u00f3n al administrador de evitar la ocupaci\u00f3n de las \u00e1reas comunes, \u00abpero no a motu propio, o fuera del marco de la legalidad, sino adelantando las acciones que permitan la restituci\u00f3n de dichos espacios, lo que no ocurri\u00f3 en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
De manera que confirm\u00f3 la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2020 por el a quo. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas consideradas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron razonablemente los argumentos reiterados en sede de tutela, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Tal valoraci\u00f3n razonada condujo a que los accionados encontraran probados los presupuestos que posibilitaron que la acci\u00f3n posesoria saliera avante, esto es, la posesi\u00f3n material, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, que el demandante detent\u00f3 por m\u00e1s de un a\u00f1o sobre el inmueble objeto de la litis, las circunstancias que configuraron su despojo ilegal por parte de la demandada y el hecho de que el bien era de aquellos susceptibles de ser adquiridos por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…). (CSJ STC 25 ene. de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 de 11 sept. 2020). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Testimonios de Orlando D\u00edez Quesada, Orlando C\u00e1rdenas Le\u00f3n, Luis Fernando Agudelo Mu\u00f1oz y Edwin Daza. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12898-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12898-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01643-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67437","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67437"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67437\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}