STC12905-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12905-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00329-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 6 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Samuel Cuellar Quevedo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Secretar\u00eda de Hacienda de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2005-00028 y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad en cita. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la negativa del fallador accionado a rematar los derechos de cuota que la demandada del proceso ejecutivo por \u00e9l promovido en el a\u00f1o 2005, tiene sobre un inmueble ubicado en Cartagena; esto, so pretexto de la prevalencia de un embargo que respecto del mismo predio ya hab\u00eda decretado con anterioridad la Secretar\u00eda de Hacienda en un cobro coactivo iniciado en el a\u00f1o 2009 y que hasta la fecha permanece indefinido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Alcald\u00eda Mayor de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. Manifest\u00f3 que oportunamente ha respondido todas las solicitudes que le ha formulado el aqu\u00ed accionante y recalc\u00f3 que el coactivo que all\u00ed se adelanta y que guarda relaci\u00f3n con este tr\u00e1mite, no se encuentra todav\u00eda en etapa de remate, por lo que el fallador convocado bien puede adelantar dicha diligencia, garantizando que se respeten los derechos econ\u00f3micos del municipio y la prelaci\u00f3n que les corresponde. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo y, en consecuencia, orden\u00f3 al juzgador querellado que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, declare sin valor ni efecto el auto de 15 de noviembre de 2018, dentro del proceso ejecutivo con radicado 2005-028 y, en su lugar, d\u00e9 continuidad a dicho proceso hasta su remate, con acatamiento de todos los requisitos de ley y con aplicaci\u00f3n de lo preceptuado en el art\u00edculo 465 del CGP\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Mar\u00eda Elena Succar Chediac (ejecutada en el juicio civil materia de las pretensiones), quien insisti\u00f3 en que, ante la prexistencia de un embargo dispuesto por la jurisdicci\u00f3n coactiva, no era viable registrar la medida cautelar decretada posteriormente por el juez civil, a lo que agreg\u00f3 que el 3 de octubre de 2019, ella \u00abexpuso esta irregularidad a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, en virtud de lo cual se inici\u00f3 actuaci\u00f3n administrativa para establecer la real situaci\u00f3n jur\u00eddica del folio de matr\u00edcula No. 060-150317, la cual a la fecha no se ha resuelto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos expuestos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n a lo resuelto por el juez constitucional de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, para la Corte es importante advertir preliminarmente que no es indiferente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relatada en el escrito de tutela, ni a las demoras que, ciertamente, se han presentado en las tramitaciones coactivas (civil y administrativas) adelantadas respecto del inmueble que tiene incidencia en este asunto, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que se mantiene vigente el embargo que el fallador accionado decret\u00f3 sobre dicho predio en el coercitivo civil (iniciado en el a\u00f1o 2005), lo cual en principio debi\u00f3 ser suficiente en su momento para que dicho juzgador llevara a t\u00e9rmino la diligencia de remate del fundo, y con el producto de la venta garantizara la satisfacci\u00f3n de las deudas a cargo de la convocada, en el orden que legalmente correspondiere. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte estima inviable ratificar la concesi\u00f3n del amparo en los t\u00e9rminos en que lo dispuso el tribunal, puesto que seg\u00fan lo acredit\u00f3 la impugnante con su memorial de censura, actualmente se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n un tr\u00e1mite administrativo que ella inici\u00f3 justamente para que se deje sin efecto el registro de la medida cautelar decretada en la ejecuci\u00f3n civil (por ser posterior al embargo dispuesto por la jurisdicci\u00f3n coactiva); actuaci\u00f3n esta cuyas resultas pueden impactar seriamente la viabilidad del remate que se le orden\u00f3 llevar a cabo al juzgador convocado, en el evento en que el registro de la medida cautelar por \u00e9l decretada quedara sin efecto. <\/p>\n
Por tal motivo, y en atenci\u00f3n a que la tramitaci\u00f3n administrativa en cita fue promovida el 7 de octubre de 2019, sin que nada en la foliatura justifique el evidente retardo de la entidad registral en su resoluci\u00f3n, la Corte modificar\u00e1 la orden impartida como consecuencia del \u00e9xito de la demanda de tutela, en el sentido de que no se tendr\u00e1 como destinatario el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, sino puntualmente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa misma ciudad, quien deber\u00e1 acometer las gestiones que resulten necesarias para emitir un pronunciamiento de fondo y definitivo frente a la \u00absolicitud de revocatoria de anotaci\u00f3n\u00bb que le formul\u00f3 la se\u00f1ora Succar Chediac, en un t\u00e9rmino no mayor a 10 d\u00edas, contados desde la notificaci\u00f3n de esta providencia. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia de las injustificadas demoras de las autoridades judiciales y administrativas en el cumplimiento de sus deberes, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n tiene dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. (\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se modificar\u00e1n los t\u00e9rminos de la concesi\u00f3n del amparo, para disponer que ser\u00e1 la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena quien deba prestar, primero, sus buenos oficios para superar el estancamiento judicial que actualmente se presenta en el compulsivo promovido por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la orden impuesta en el fallo de primera instancia y, en su lugar, ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva de fondo y de manera definitiva, e informe lo decidido al juzgador convocado, la \u00absolicitud de revocatoria de anotaci\u00f3n\u00bb que Mar\u00eda Elena Succar Chediac le formul\u00f3 el 7 de octubre de 2019, con relaci\u00f3n al inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 060-150317. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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