STC12907-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12907-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 31 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Transportadores de Tol\u00fa contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, tr\u00e1mite al que fue vinculada Sandra Luc\u00eda Diago Del Castillo, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo a que alude este tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso ejecutivo promovido por Sandra Lucia Diago del Castillo en su contra, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira libr\u00f3 mandamiento de pago el 10 de agosto de 2009 y en raz\u00f3n de la notificaci\u00f3n del mismo, se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
Refiere que solicit\u00f3 declarar terminado ese tr\u00e1mite por estructurarse dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico, atendiendo que el mentado t\u00e9rmino volvi\u00f3 a correr nuevamente por cinco (5) a\u00f1os, y estos se cumplieron el 11 de agosto de 2014. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado de conocimiento, en auto de 29 de junio de 2022 neg\u00f3 esa solicitud, en la que insisti\u00f3 el 21 de junio siguiente y fue resuelta en el mismo sentido el 1\u00ba de agosto de 2022, desatendiendo lo dispuesto en la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que \u00abse proceda a declarar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo referenciado por estar plenamente establecida la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n ejecutiva conforme lo establece el art. 8\u00b0 de la ley 791 de 2002\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira se limit\u00f3 a remitir enlace para acceder al proceso ejecutivo. <\/p>\n
2. Sandra Lucia Diago del Castillo, solicit\u00f3 negar el amparo invocado porque ha estado en permanente actividad procesal, tales como embargar arrendamientos de la ejecutada y por tanto no se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, y sostuvo que contra la providencia de 1\u00ba de agosto de 2022, mediante la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito neg\u00f3 la solicitud elevada por la Cooperativa de Transportadores de Tol\u00fa, relativa a decretar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por haber operado el fen\u00f3meno prescriptivo, no se formul\u00f3 recurso alguno, cuando proced\u00eda por lo menos reposici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Cooperativa accionante impugn\u00f3 con fundamento en que, para erradicar el vicio de car\u00e1cter procedimental denunciado y sustantivo reclamado, fueron utilizados todos los medios ordinarios de defensa judicial sin \u00e9xito alguno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado accionado en la decisi\u00f3n reprochada, desconoci\u00f3 el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Ley 791 de 2002 y el art\u00edculo 279 del C\u00f3digo General del Proceso, y, por tanto, se trata de una determinaci\u00f3n ilegal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la queja constitucional y los soportes allegados a este tr\u00e1mite, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, como quiera que la Cooperativa de Transportadores de Tol\u00fa, aqu\u00ed accionante, no agot\u00f3 los mecanismos ordinarios dispuestos por la ley, acontecer que veda al juez de tutela para inmiscuirse en esa problem\u00e1tica, puesto que la justicia constitucional no es un remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades fenecidas. <\/p>\n
3. Observa la Sala, que, mediante memorial de 21 de junio de 2022, la Cooperativa de Transportadores de Tol\u00fa, solicit\u00f3 \u00abdeclarar la terminaci\u00f3n del proceso por darse la prescripci\u00f3n establecida en el art. 8\u00ba de la Ley 791 de 2002. Que es la prescripci\u00f3n judicial de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb (13 SolicitudPrecripci\u00f3n.pdf), petici\u00f3n que neg\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en auto de 29 de junio de 2022 (14 AutoResuelveSolicitud.pdf.), determinaci\u00f3n frente a la cual no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
Con posterioridad, el 27 de julio de 2022, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto el auto de fecha29\/06\/2022, con el cual se abstiene de darle tr\u00e1mite al escrito con el cual solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por configurarse el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb (15 SolicitudPrescripci\u00f3n.pdf-). <\/p>\n
La anterior petici\u00f3n fue resuelta en providencia de 1\u00ba de agosto de 2022, en la que el Juzgado de conocimiento dispuso, \u00abNO ATENDER la petici\u00f3n formulada por el apoderado judicial de la ejecutada COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TOLU\u00bb (16 AutoResuelve.pdf), decisi\u00f3n contra la cual tampoco se plante\u00f3 ninguna defensa. <\/p>\n
4. De lo anterior surge que la accionante no utiliz\u00f3 los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, en particular el recurso de reposici\u00f3n, y si desaprovech\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para la protecci\u00f3n de sus derechos, no puede valerse de la acci\u00f3n de tutela para resarcir su incuria, atendiendo que la oportunidad en la que deb\u00eda exponer sus argumentos era en el curso del proceso y no en el escenario constitucional, desatendiendo el car\u00e1cter residual de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Lo anterior, se traduce en la evidente ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin lo cual, el juez que la conoce no puede intervenir, dada la apat\u00eda del presunto afectado en la materia de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Debe reiterarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa judicial, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (Ver CSJ STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas entre muchas). <\/p>\n
Las circunstancias descritas ponen de manifiesto que este amparo se enmarca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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