STC12908-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12908-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00819-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 30 de agosto de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Nayibe Katherine Ducuara Rodr\u00edguez y Mario Alfonso Cabrales L\u00f3pez instauraron en contra del Juzgado Veintiocho de Familia de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00293. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, exigieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abvivienda digna\u00bb, para que se ordenara al estrado querellado dejar sin efectos el prove\u00eddo de 3 de agosto de 2022 y, en su lugar, emita uno en el que \u00abatienda exclusivamente la realidad de la inexistencia de perjuicio sufrido por el acreedor \u00c1lvaro Enrique Madero J\u00e1come que se derive de la constituci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar (\u2026) lo cual hace inaplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 4, numeral 7, de la Ley 258 de 1996\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que el Juzgado Veintiocho de Familia de esta urbe acogi\u00f3 las pretensiones del juicio que el acreedor \u00c1lvaro Enrique Madero J\u00e1come inco\u00f3 en su contra y, en consecuencia, dispuso el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituida a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica n\u00b0 552 del 29 de mayo de 2020, sobre el \u201capartamento 601 ubicado en la cra 1era #72\u00aa \u2013 37\u201d identificado con M.I. 50C-1435899, tras encontrar acreditado el perjuicio ocasionado al demandante, de conformidad con el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996 (3 ag. 2022). <\/p>\n
Acusaron de irregular dicha determinaci\u00f3n y al despacho acusado de incurrir en \u201cdefecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria\u201d por las siguientes razones: <\/p>\n
(i) \u00danicamente se fundament\u00f3 en un contrato mutuo suscrito el 20 de noviembre de 2018 por \u00c1lvaro Enrique y Mario Alfonso, \u201ccuyo texto b\u00e1sico no es suficiente para determinar la existencia de un perjuicio que pudiese sufrir\u201d. <\/p>\n
(ii) Desconoci\u00f3 lo manifestado en la demanda (numerales 1, 2, 3 y 6), donde \u00c1lvaro Enrique confes\u00f3 que lograr\u00eda la cancelaci\u00f3n del cr\u00e9dito, con el dinero obtenido producto de la venta del predio involucrado, que pertenece solo el 50% al deudor Mario Alfonso. <\/p>\n
(iv) No tuvo en cuenta los registros civiles de nacimiento de sus hijos menores de edad, \u201comisi\u00f3n probatoria que viola en forma directa, grave e inexplicable la realidad\u201d, ya que fueron anexados cuando contestaron y presentaron las excepciones. <\/p>\n
(v) No estim\u00f3 el certificado expedido por la administradora del conjunto, en el que consta la destinaci\u00f3n del fundo. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el negocio celebrado entre Mario Alfonso y \u00c1lvaro Enrique ten\u00eda como plazo m\u00e1ximo el 20 de mayo de 2020 y el gravamen lo realizaron el 29 de mayo de 2020, esto es, cuando estaban en vigencia \u201clas medidas de aislamiento y restricciones de movilidad general\u201d por la pandemia. <\/p>\n
Agregaron que Mario Alfonso \u201cacosado por la situaci\u00f3n de falta de ingresos y el crecimiento de sus deudas para sobrevivir (\u2026), se acoge a la protecci\u00f3n legal de (\u2026) insolvencia, en su calidad de persona natural no comerciante que cursa en la Notar\u00eda 19 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u201d; de manera que, no tiene libertad para manejar su peculio, incluida la heredad objeto de la causa combatida. <\/p>\n
Refirieron que el tr\u00e1mite de insolvencia puede culminar con la venta forzosa del inmueble y, por tanto, \u00c1lvaro Enrique \u201cqueda sometido al orden que le corresponde en la graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de su cr\u00e9dito quirografario, que es el riesgo que asume todo acreedor frente a la prenda general\u201d. <\/p>\n
2.- EL Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 dijo que se \u201catiene exclusivamente a lo que result\u00f3 efectivamente probado dentro del proceso (\u2026) y a las razones de hecho y de derecho en que se fundament\u00f3 para proferir la sentencia\u201d. <\/p>\n
La Superintendencia de Notariado y Registro destac\u00f3 que \u201cel registrador proceder\u00e1 a cancelar una inscripci\u00f3n cuando se le presente prueba (\u2026) del respectivo t\u00edtulo o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido, as\u00ed como tambi\u00e9n, cuando el interesado realice el pago de los derechos establecidos en la resoluci\u00f3n 2170 de 2022 de tarifas por concepto del ejercicio de la funci\u00f3n registral\u201d. <\/p>\n
\u00c1lvaro Enrique Madero J\u00e1come enunci\u00f3 que los actores plantean situaciones que no exhibieron en la contienda, por ende, intentar incluirlas a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional \u201cdesdibuja el fin para el cual est\u00e1 instituida esta acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el ruego, tras colegir que: <\/p>\n
el derecho fundamental del debido proceso de los accionantes, se encuentra vulnerado (\u2026) por cuanto estudiada la providencia (\u2026), se observa que, en efecto el funcionario accionado si bien realiz\u00f3 una adecuada interpretaci\u00f3n relacionada con los presupuestos para acceder a la acci\u00f3n deprecada, pues encontr\u00f3 probado conforme a lo estipulado en el art. 4 numeral 7 la ley 258 1996 que el actor como tercero hab\u00eda sido perjudicado y defraudado con el proceder de la parte pasiva, quien requiere del levantamiento de esta afectaci\u00f3n para satisfacer sus \u201cobligaciones\u201d (sic); sin embargo, incurri\u00f3 en una inadecuada apreciaci\u00f3n de los medios probatorios recaudados en el tr\u00e1mite que se adelant\u00f3 dentro del proceso arriba aludido, pues omiti\u00f3 valorar en su conjunto la totalidad de los elementos materiales probatorios, como lo exige el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por tanto, atendiendo que la queja constitucional, tiene su origen, en que existi\u00f3 una indebida apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n aportados al plenario y en especial las manifestaciones efectuadas por la parte pasiva en la contestaci\u00f3n de la demanda relacionada con la existencia de dos menores de edad M.P.C. y M.C. que habitan la vivienda objeto del proceso y que sobre el asunto se prob\u00f3 con copia de sus registros civiles de nacimiento (fol. 42 y 44 de la contestaci\u00f3n de la demanda), encuentra la Sala que, estos aspectos, no merecieron evaluaci\u00f3n alguna por parte del fallador censurado, pues contrario se dijo en el fallo que no se hab\u00eda acreditado la existencia de ni\u00f1os menores de edad, por lo que concluye esta Corporaci\u00f3n que, es necesario que el juzgador valore la totalidad y en su conjunto los elementos materiales de prueba aportados al proceso y d\u00e9 el valor probatorio que corresponda a los mismos\u00bb. <\/p>\n
Con ese derrotero orden\u00f3: <\/p>\n
\u00abdejar sin valor y efecto la sentencia calendada el tres (3) de agosto del a\u00f1o 2022 y toda la actuaci\u00f3n que de ella dependa, dictada por el citado Juzgado, y en su lugar, se ordena al titular del Juzgado Veintiocho (28) de Familia de Bogot\u00e1 D.C., que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dictar la sentencia en el sentido que considere fallar, con base en la valoraci\u00f3n conjunta de todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por los quejosos, recalcando que si bien el veredicto del a quo constitucional \u00aborden\u00f3 tutelar el debido proceso (\u2026) la parte considerativa resulta desfavorable\u00bb, al afirmar que Madero J\u00e1come \u00abfue perjudicado y defraudado con el proceder de la parte pasiva\u00bb, es decir que aval\u00f3 el raciocinio del despacho confutado respecto a ese punto de disenso que expusieron en el libelo inaugural y esa postura, insistieron, es \u00abantojadiza, arbitraria, carente de sustento probatorio ya que omiti\u00f3 valorar las pruebas que obraban en el expediente al momento de emitir la sentencia\u00bb, lo que permite deducir que, <\/p>\n
(\u2026) se legitimar\u00eda con este fallo al juez tutelado a mantener el defecto f\u00e1ctico de tener por probados los presupuestos normativos del art\u00edculo 7, numeral 4 de la Ley 258 de 1996, que en este caso son inexistentes, para aplicar en forma arbitraria y caprichosa la consecuencia de esa norma inaplicable, por no cumplirse la prueba del hecho que configure su presupuesto normativo de defraudaci\u00f3n ni perjuicio sufrido por tercero alguno que se derive de la afectaci\u00f3n a vivienda familia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los argumentos que sirvieron de sustento a la impugnaci\u00f3n de los tutelantes, quienes resultaron beneficiados con el mandato superlativo de primer grado, se concluye que lo opugnado ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
En efecto, observa esta Corporaci\u00f3n que el \u00fanico motivo de desacuerdo de los accionantes, es que el Tribunal de Bogot\u00e1 tuviera como razonable la decisi\u00f3n reprochada, expedida por el Juzgado Veintiocho de Familia de esta ciudad (3 ag. 2022), consistente en que el acreedor \u00c1lvaro Enrique seg\u00fan el numeral 7 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996 prob\u00f3 que \u00abfue perjudicado y defraudado con el proceder de la parte pasiva\u00bb, ello, porque, en su criterio, esa apreciaci\u00f3n luce \u00abantojadiza, arbitraria, carente de sustento probatorio ya que omiti\u00f3 valorar las pruebas que obraban en el expediente al momento de emitir la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el debate planteado no tiene la entidad suficiente para modificar el pronunciamiento recurrido pues, en estrictez, corresponde al juez cognoscente zanjar con base en los lineamientos dados, la Litis que tiene a su cargo, con la valoraci\u00f3n del material suasorio que reposa en el infolio y adoptar nuevamente la resoluci\u00f3n definitoria que concierne en el asunto, en cumplimiento a la pauta supralegal. <\/p>\n
Resta advertir que dicha Magistratura otorg\u00f3 la salvaguarda a los promotores estudiando suficientemente todas sus censuras, raz\u00f3n por la cual lo refutado por esta v\u00eda no tiene asidero, m\u00e1xime cuando no fue formulado por el accionado o vinculados y tampoco se observa una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n que imponga alterar o cambiar la directiva apelada. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, la Sala en un caso similar, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[D]e la simple lectura del escrito que (\u2026) contiene [la impugnaci\u00f3n] no se infiere un motivo claro de inconformidad, por lo que resulta aparente tal manifestaci\u00f3n, dado que las aspiraciones del reclamante fueron acogidas en su integridad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 al proteger los derechos invocados y dejar sin efecto el pronunciamiento atacado por esta senda (\u2026). <\/p>\n
Asimismo, n\u00f3tese, la providencia de primer grado en este tr\u00e1mite constitucional no fue objeto de reproche por parte del accionado ni los vinculados, siendo el actor el impugnante \u00fanico, pero lo hizo sin especificar las razones que lo llevaron a proponer dicho recurso, pese a que la decisi\u00f3n fue enteramente favorable a sus intereses. <\/p>\n
En suma, por lo resaltado, es que se torna improcedente la objeci\u00f3n contra lo adoptado por el a quo, al no evidenciarse una situaci\u00f3n de amenaza o peligro actual que amerite dictar una orden distinta a la emitida, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (sentencia de 5 de junio de 2002, exp. N\u00b0 2002-0037-01, citada el 1\u00b0 de noviembre de 2012, exp. 2011-02244-01)\u00bb. (negrilla del texto), reiterada en, CSJ, STC9835-2019, STC12308-2019, STC917-2022). <\/p>\n
2.- Ergo, se respalda el veredicto recurrido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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