STC12910-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12910-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00310-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 2 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Gloria Gisela Cruz contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de El Guamo y Primero Promiscuo Municipal de Salda\u00f1a, en el tr\u00e1mite de radicaci\u00f3n n\u00famero 73671-40-89-001-2022-00001-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifesto que el 24 de marzo de 2022, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales, en las que cit\u00f3 al futuro demandado Jorge Roberto Ortiz Reyes, con la finalidad de practicar inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito e interrogatorio de parte, tr\u00e1mite que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Salda\u00f1a y en providencia de 3 de junio de 2022, rechaz\u00f3 esa solicitud. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Guamo, en auto de 27 de julio de 2022, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y por exceso ritual manifiesto, cometi\u00f3 defecto procedimental, derivado de la indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 237 del C\u00f3digo General del Proceso que se aplica es a la inspecci\u00f3n judicial practicada dentro de un proceso y no de manera extraprocesal, regla que tampoco obliga a hacer menci\u00f3n a las pretensiones respecto del inmueble a inspeccionar. <\/p>\n
De otro lado, refiri\u00f3 que el art\u00edculo 236 de la misma Codificaci\u00f3n, alude es a la inspecci\u00f3n judicial no a la prueba extraprocesal, y si bien el juzgador quiere tener claridad sobre los hechos, pretensiones y relaci\u00f3n jur\u00eddica del demandado con el inmueble, es al Juez de conocimiento a quien corresponde hacer todas las valoraciones en derecho, a la luz del art\u00edculo 174 del mismo Estatuto. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en la solicitud de pruebas determin\u00f3 de manera clara el objeto del interrogatorio de parte, y la inspecci\u00f3n judicial extraprocesal y por tanto, cumple con los requisitos de forma, adem\u00e1s se aclar\u00f3 que se necesitaba acompa\u00f1amiento de la polic\u00eda. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 revocar las providencias proferidas por los Juzgados accionados, y se ordene al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Salda\u00f1a que, sin m\u00e1s formalismos, profiera auto fijando fecha y hora para la pr\u00e1ctica de las pruebas extraprocesales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo Tolima, remiti\u00f3 enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada, y para el efecto sostuvo, que revisada la providencia que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, no observ\u00f3 las inconsistencias atribuidas, puesto que se pronunci\u00f3 respecto de cada uno de los reproches efectuados, motiv\u00f3 la determinaci\u00f3n de conformidad con la normativa que rige el asunto, y las circunstancias del caso examinado en contraste con la demanda, y profiri\u00f3 la decisi\u00f3n en el marco de la autonom\u00eda judicial, un vez valor\u00f3 las pruebas allegadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con fundamento en que no es cierto que la postura del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Salda\u00f1a al negar la pr\u00e1ctica de pruebas anticipadas solicitadas obedece a la autonom\u00eda judicial, porque est\u00e1 en contrav\u00eda de lo previsto en la sentencia C-830-2022 y C793-2003, con respecto a las pruebas anticipadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud de pruebas que present\u00f3 se encuentra acorde con lo dispuesto en los art\u00edculos 183, 184 y 236 del C\u00f3digo General del Proceso, y la petici\u00f3n guarda estrecha relaci\u00f3n con los hechos que ser\u00e1n objeto de prueba, y no deb\u00eda indicarse de manera pormenorizada lo que se pretende probar, sino que basta con que se enuncie de manera concreta el objeto de la prueba, adem\u00e1s que, no se tuvo en cuenta la regla que consagra que las pruebas extraprocesales pueden ser practicadas con o sin intervenci\u00f3n de la futura contraparte, y no se pod\u00eda exigir la manifestaci\u00f3n de las pretensiones materia del asunto como se pidi\u00f3 en segunda instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Recuerda la Sala que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados a este tr\u00e1mite, se impone confirmar la sentencia impugnada, como se explica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Se traza como punto de partida que la se\u00f1ora Gloria Gisela Cruz, insiste en esta acci\u00f3n en que la solicitud de pruebas extraprocesales que present\u00f3 se ajust\u00f3 a los requisitos legales, alegaci\u00f3n que impone tener presente el contenido de esa petici\u00f3n y examinar los argumentos que cimentaron la negaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, para determinar si encajan en una interpretaci\u00f3n plausible de las reglas que gobiernan el caso. <\/p>\n
2.1 En ese orden, se tiene que la actora solicit\u00f3 practicar inspecci\u00f3n judicial a un inmueble con intervenci\u00f3n de perito e interrogatorio de parte con citaci\u00f3n del futuro convocado se\u00f1or Jorge Roberto Ortiz Reyes, y sostuvo que la finalidad era constituir prueba para sustentar \u00abel futuro proceso declarativo verbal\u00bb, adem\u00e1s obtener la confesi\u00f3n \u00abrespecto de su relaci\u00f3n jur\u00eddica con el inmueble denominado MUMU, situado en tal parte\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 en relaci\u00f3n con la inspecci\u00f3n judicial que \u00abse pretende establecer, verificar y determinar los linderos del predio rural MUMU; la extensi\u00f3n superficiaria del lote ya mencionado; las mejoras existentes, su antig\u00fcedad, y conservaci\u00f3n del inmueble para que as\u00ed de manera regular y adecuada pueda tener toda la informaci\u00f3n id\u00f3nea para sustentar el dictamen pericial\u00bb, adem\u00e1s se dijo que, como no era permitido el ingreso al inmueble no pod\u00eda aportar el dictamen con la demanda, y en lo relativo al interrogatorio de parte, solicit\u00f3 fijar fecha y hora para su pr\u00e1ctica \u00abconforme al cuestionario que formular\u00e1 el suscrito dentro de la oportunidad procesal\u00bb. <\/p>\n
2.2 El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Salda\u00f1a, rechaz\u00f3 de plano la anterior solicitud en providencia 6 de junio de 2022 por las siguientes razones, i) la inspecci\u00f3n judicial es residual, no puede ordenarse cuando existan otros medios de prueba que permitan establecer los correspondientes hechos, como sucede en este caso, ii) la propietaria del inmueble es Mar\u00eda Elena Rey Aguilar, contra quien deber\u00eda estar dirigida la demanda, y no el se\u00f1or Jorge Roberto Ortiz Reyes, quien es simplemente tenedor del predio, iii) la petici\u00f3n de interrogatorio de parte no podr\u00e1 ser adelantada, atendiendo que el solicitado no puede hacer parte del proceso que se pretende iniciar en un futuro y, iv) el poder aportado no cumple los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, y en el art\u00edculo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020, porque no se aprecia que haya sido conferido a trav\u00e9s de mensaje de datos. <\/p>\n
2.3 Esa determinaci\u00f3n fue apelada por la aqu\u00ed accionante, quien la sustent\u00f3 en los siguientes puntos, i) no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso, en la medida que no es el juez que adelanta la pr\u00e1ctica de la prueba anticipada a quien corresponde valorarla. ii) no se pod\u00eda determinar contra quien deb\u00eda dirigirse la solicitud de prueba extraprocesal, toda vez que pueden ser practicadas con o sin citaci\u00f3n de la contraparte, iii) la petici\u00f3n presentada re\u00fane los requisitos de forma y, iv) se adjunt\u00f3 captura de pantalla del correo enviado por la poderdante junto con el poder. <\/p>\n
2.4. La segunda instancia la defini\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Guamo en la providencia de 27 de julio de 2022, que es sobre la cual se pronunciara esta instancia, atendiendo que fue la que resolvi\u00f3 ese tr\u00e1mite de manera definitiva. <\/p>\n
En esa decisi\u00f3n se confirm\u00f3 el auto apelado con argumentos que desde ya se advierte que son razonables y que reflejan un entendimiento plausible de las normas que rigen el caso y permiten concluir que la solicitud de pruebas extraprocesales, no se ajust\u00f3 a los requisitos legales. <\/p>\n
Sostuvo el Juzgado de segunda instancia, que las pruebas extraprocesales deben practicarse no solo atendiendo las reglas contenidas en el cap\u00edtulo que las gobierna, sino tambi\u00e9n las que consagra el Estatuto Procesal para cada medio probatorio, conclusi\u00f3n que se puede desprender de lo dispuesto en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone: \u00abpodr\u00e1n practicarse pruebas extraprocesales con observancia de las reglas sobre citaci\u00f3n y pr\u00e1ctica establecidas en este c\u00f3digo\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la tesis anterior, esta Sala ha sostenido, \u00abatendiendo al canon 183 del mismo compendio normativo, los medios probatorios extraprocesales deber\u00e1n tramitarse con observancia de las reglas sobre citaci\u00f3n y pr\u00e1ctica establecidas en el mismo estatuto adjetivo, lo cual convalida una hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica de los referidos preceptos en armon\u00eda con las disposiciones concordantes contenidas en \u00e9ste\u00bb (Ver CSJ. STC21002-2017) <\/p>\n
Ahora, en cuanto al interrogatorio de parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Guamo afirm\u00f3 que, si bien se se\u00f1al\u00f3 al se\u00f1or Jorge Roberto Ortiz Reyes como futuro demandado y que el objeto de esa prueba era establecer la relaci\u00f3n jur\u00eddica del mismo con el bien inmueble descrito en la solicitud, atendiendo que no se indicaron las pretensiones del futuro proceso, no era posible entender concretamente el objeto de ese medio de convicci\u00f3n. <\/p>\n
T\u00e9ngase presente que la b\u00fasqueda de la concreci\u00f3n del hecho a probar la impone el mismo art\u00edculo 184 del C\u00f3digo General del Proceso que rige el interrogatorio de parte extraprocesal, en estos t\u00e9rminos, \u00abquien pretenda demandar o tema que se le demande podr\u00e1 pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud indicar\u00e1 concretamente lo que pretenda probar y podr\u00e1 anexar el cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Esa delimitaci\u00f3n echada de menos no se advierte caprichosa, si se tiene en cuenta que no solo cumple una funci\u00f3n meramente informativa, sino que es necesaria para cumplir las siguientes finalidades, i) establecer la idoneidad del interrogatorio para acreditar el hecho y, ii) poner en conocimiento del juez el supuesto f\u00e1ctico concreto para que este pueda cumplir con la inmediaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica del interrogatorio. <\/p>\n
La idoneidad de la prueba para demostrar un hecho no puede ser ajena al juez a quien se pide su pr\u00e1ctica extraprocesal, v\u00e9ase c\u00f3mo, el art\u00edculo 168 del C\u00f3digo General del Proceso imperiosamente ordena rechazar mediante providencia motivada, \u00ablas pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb. En particular, existen actos o hechos que no pueden acreditarse a trav\u00e9s de declaraciones como es el caso de la propiedad, cuya demostraci\u00f3n requiere de la existencia de los denominados documentos ad sustantiam actus que de conformidad con el art\u00edculo 256 del C\u00f3digo General del Proceso, su ausencia no puede \u00absuplirse por otra prueba\u00bb. <\/p>\n
La necesidad de que el juez conozca con precisi\u00f3n y detalle lo que se va a demostrar a trav\u00e9s del interrogatorio, tambi\u00e9n pude respaldarse en que es la base para cumplir con la inmediaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica de ese medio de convicci\u00f3n, actividad que no puede adelantarse con manifestaciones gen\u00e9ricas en punto a lo que se pretende acreditar. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, el art\u00edculo 202 del Estatuto Procesal, impone, \u00abel juez excluir\u00e1 las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, las inconducentes y las manifiestamente superfluas\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
De esa manera, como en la solicitud de interrogatorio de parte, solo se indic\u00f3 de manera gen\u00e9rica que se pretend\u00eda acreditar la relaci\u00f3n jur\u00eddica que ten\u00eda el futuro demandado con un inmueble, y no un v\u00ednculo en concreto que permitiera al juez entre otras, examinar la conducencia del medio de prueba para su acreditaci\u00f3n o conocer un hecho puntual a demostrar para cumplir a cabalidad con la inmediaci\u00f3n al momento de su pr\u00e1ctica, no resulta caprichoso o arbitrario la negativa de practicar ese medio de prueba, puesto que corresponde al efecto acatar las instrucciones contenidas en el art\u00edculo 184 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ahora bien, ciertamente la inspecci\u00f3n judicial puede practicarse con o sin citaci\u00f3n de la contraparte, salvo cuando verse sobre libros y papeles de comercio, para llegar a esta conclusi\u00f3n basta leer el art\u00edculo 189 del Estatuto Procedimental citado, para ver esa razonabilidad. <\/p>\n
Por otra parte, es el art\u00edculo 236 del Estatuto Adjetivo, el que establece que la inspecci\u00f3n judicial solo se ordenar\u00e1 cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbaci\u00f3n, fotograf\u00edas u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba, y, como en este caso, se pidi\u00f3 esa prueba con la sola manifestaci\u00f3n de la solicitante de que el futuro demandado no permit\u00eda el ingreso al inmueble, en verdad se hac\u00eda factible concluir que \u00e9sta no era una raz\u00f3n suficiente para decretar esa prueba y negar su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
En ese sentido se recuerda que el C\u00f3digo General del Proceso, establece el camino a seguir en esos casos, v\u00e9ase c\u00f3mo en su art\u00edculo 227 prev\u00e9 que cuando el t\u00e9rmino previsto para aportar un dictamen pericial sea insuficiente \u00abla parte interesada podr\u00e1 anunciarlo en el escrito respectivo y deber\u00e1 aportarlo dentro del t\u00e9rmino que el juez conceda, que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a diez (10) d\u00edas. En este evento el juez har\u00e1 los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la pr\u00e1ctica de la prueba\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 237 ejusdem, ordena que quien pida la inspecci\u00f3n deber\u00e1 expresar con claridad y precisi\u00f3n los hechos que se pretenden probar, exigencia que concluy\u00f3 el juzgador ad quem no se cumple en este caso, porque solo se dijo que su prop\u00f3sito era verificar linderos y mejoras existentes en el predio, sin indicar la finalidad del futuro litigio, razonamiento que tampoco desborda las reglas aplicables al caso. <\/p>\n
Para ese efecto, es suficiente indicar que el citado art\u00edculo 168 \u00eddem, impone al juez verificar la pertinencia de los medios de convicci\u00f3n solicitados, y si no se tiene conocimiento del objeto concreto del futuro litigio, no hay manera de saber a ciencia cierta, si el hecho que se pretende demostrar tiene relaci\u00f3n l\u00f3gica con la materia en controversia, y sobre todo que esa prueba sirva para determinar la decisi\u00f3n perseguida. <\/p>\n
Igualmente ocurre al momento de verificar la utilidad de esa prueba, recu\u00e9rdese, que este requisito significa que \u00e9sta debe ser \u00fatil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar alg\u00fan servicio, ser necesaria o, por lo menos \u00abayudar a obtener la convicci\u00f3n del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensi\u00f3n contenciosa (\u2026), esto es que no sea completamente in\u00fatil\u00bb1. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, ninguna irregularidad se extrae de la decisi\u00f3n rese\u00f1ada, en tanto que el an\u00e1lisis efectuado permite corroborar que a la luz de la interpretaci\u00f3n del Juzgador ad quem, la solicitud no se ajust\u00f3 a los requisitos que se deb\u00edan satisfacer para abrir paso al decreto y pr\u00e1ctica de los medios de convicci\u00f3n solicitados. Cabe se\u00f1alar que lo anterior no implica que con esa verificaci\u00f3n se hubiese incursionando en determinar la validez y eficacia de las pruebas pedidas, tampoco en desconocer la finalidad de las pruebas anticipadas, sino el resultado de obedecer una interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de lo dispuesto en el art\u00edculo 189 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la providencia de segunda instancia controvertida se encuentra motivada y no luce arbitraria, de ella no emerge v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela, en la medida que contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque la accionante no comparta las razones expuestas en esa decisi\u00f3n, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, dado que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (Ver CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Teor\u00eda General de la Prueba Judicial. Quinta Edici\u00f3n. Tomo Primero. Bogot\u00e1. Temis. 2006.g P\u00e1g. 331. <\/p>\n
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