STC12912-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12912-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01283-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 5 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rosmidian Caro Lozano, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, Colpensiones y las partes e intervinientes en el proceso con radicado No. 47001310500420180016501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, con la finalidad de que se le reconociera pensi\u00f3n de sobreviviente con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Cuatro Laboral del Circuito de Santa Marta, en la sentencia orden\u00f3 el reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de sobreviviente, intereses moratorios, costas y agencias en derecho, decisi\u00f3n que apelada revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad el 16 de octubre de 2019 y las neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Inconforme present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n y en sentencia SL2429-2021 de 2 de junio de 2021 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 no casar la sentencia de segunda instancia, desconociendo la sentencia SU-005\/2018 que desarroll\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, no obstante que ella cumple con los requisitos consagrados en el Acuerdo 049 para ser beneficiaria de la misma, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 ser reconocida en su favor. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abaplicar la Sentencia de Unificaci\u00f3n 005 del 2018 (\u2026) teniendo en cuenta el derecho fundamental a la igualdad, el cual es vulnerado por parte de las accionadas al momento de proferir la decisi\u00f3n de fondo dentro del proceso bajo radicaci\u00f3n 47-001-31-05-004-2048-00165-01, por encuadrar su situaci\u00f3n pensional dentro de los apartes f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la se\u00f1alada sentencia de unificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, refri\u00f3 que adem\u00e1s que la queja constitucional no cumple con el requisito de inmediatez, la providencia censurada fue proferida \u00abcon estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley, la jurisprudencia y los elementos probatorios acopiados\u00bb, no resulta arbitraria ni tampoco desconoce derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Santa Marta, manifest\u00f3 que las razones por las cuales se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n en el sentido en que se hizo, aparecen expuestas en la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, asever\u00f3 que, en audiencia de 13 de diciembre de 2018, profiri\u00f3 decisi\u00f3n condenatoria en contra de Colpensiones, ordenando reconocer y pagar pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de la demandante. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, refiri\u00f3 carecer de facultad jur\u00eddica para pronunciarse. <\/p>\n
5. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, inform\u00f3 que en este asunto no se satisface el requisito de inmediatez, y en la decisi\u00f3n atacada se aplicaron las normas y jurisprudencia sobre la materia, y debe ser declarado improcedente ante la existencia de cosa juzgada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal Justicia, neg\u00f3 el amparo al concluir que en la sentencia acusada no se incurri\u00f3 en el defecto constitutivo de v\u00eda de hecho atribuido, porque la Sala de Casaci\u00f3n Laboral cumpli\u00f3 con los presupuestos que exige la propia Corte Constitucional para separarse del precedente, de manera que descansa en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, que haya vulnerado los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se demanda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para apartarse del precedente no cumpli\u00f3 con los requisitos establecidos en la C-621\/2015, \u00abpues someramente se limita en manifestar que el juez no puede realizar en un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular y que la aplicaci\u00f3n absoluta de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa impone reglas diferentes a las legales las cuales no pueden ser introducidas\u00bb, cuando fue el legislador el que no estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y dej\u00f3 un vac\u00edo que fue cubierto por la SU005-2018, y, la justificaci\u00f3n que sostuvo para apartarse del precedente \u00abno es la m\u00e1s adecuada, pues no contempla nuevos argumentos y adem\u00e1s que si se tiene en cuenta su argumentaci\u00f3n estar\u00edamos incurriendo en una v\u00eda de hecho por cuanto la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en estas situaciones se otorga en atenci\u00f3n a un error del legislador y que la Corte Constitucional en aras de Salvaguardar los derechos Constitucionales y fundamentales de los actores profiri\u00f3 dicha sentencia de unificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a que no es posible aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de manera absoluta porque afecta la normativa vigente, este argumento vulnera los derechos pensionales porque ante la omisi\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con que la aplicaci\u00f3n ultractiva de normas derogadas afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, no se dio mayor argumento, adem\u00e1s este fue afectado por el legislador por omitir el mentado r\u00e9gimen. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la censura de la se\u00f1ora Rosmidian Caro Lozano, radica, seg\u00fan expone, en la falta de aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia SU005 de 2018 y considera que en su caso era procedente realizar el estudio de su solicitud. <\/p>\n
3. De entrada se advierte que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada transcurrido un a\u00f1o despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que exhiben el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual (CSJ STC6492-2021). <\/p>\n
Igualmente se hace \u00e9nfasis, en que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la sentencia SL2429-2021 de 2 de junio de 2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, porque con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente, mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
4. Ahora bien, examinada la providencia aludida, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, puesto que, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, infundada o contraria a los preceptos que rigen la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
4.1 En esa providencia, se decidi\u00f3 no casar la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 16 de octubre de 2019, mediante la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, y en su lugar neg\u00f3 las pretensiones enfiladas a obtener el reconocimiento de pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
Para esa finalidad se sostuvo que \u00abdada la fecha de fallecimiento del causante -20 de julio de 2013-, la norma aplicable al caso es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 que exige \u00abcincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento\u00bb, condici\u00f3n que el afiliado no acredit\u00f3, pues, como qued\u00f3 visto, su \u00faltima cotizaci\u00f3n data del 30 de junio de 2002\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Enseguida, destac\u00f3 que, seg\u00fan lo establecido por esa Sala de Casaci\u00f3n, por regla general, la norma llamada a regular la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente a la fecha de fallecimiento del afiliado o pensionado, y explic\u00f3, que en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no era posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes anteriores con el fin de conseguir la que se mejor se ajuste a las circunstancias personales de cada asegurado, y en ese sentido expuso, <\/p>\n
(\u2026) bien hizo el Tribunal al considerar que no era posible acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, con el fin de remitirse a los art\u00edculos 6\u00ba y 25 del Acuerdo 049 de 1990, pues, se insiste, no es la vigente a la fecha de fallecimiento del afiliado y tal postulado se predica en relaci\u00f3n con los cambios normativos anteriores y siempre que comporten sustituciones en los reg\u00edmenes o trasformaciones en los esquemas que las soportan. Dicho en otras palabras, en virtud de este, se itera, no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes anteriores con el prop\u00f3sito de identificar la que m\u00e1s se acomode a la situaci\u00f3n de la demandante. <\/p>\n
A manera de s\u00edntesis, reiter\u00f3 la improcedencia de reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada por no haberse causado ese derecho, y se dijo, \u00abEn conclusi\u00f3n, el Tribunal no cometi\u00f3 los yerros que se le endilgan, como quiera que Daniel Vicente Meneses Avenda\u00f1o no dej\u00f3 causado el derecho en cuanto, se insiste, no aport\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su muerte, tal como lo exige la Ley 797 de 2003\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Inclusive, con la misma finalidad verific\u00f3 si se hab\u00eda generado el derecho a la prestaci\u00f3n de vejez conforme a la regla contenida en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que dispone: \u00ab[c]uando un afiliado haya cotizado el n\u00famero de semanas m\u00ednimo requerido en el r\u00e9gimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez o la devoluci\u00f3n de saldos de que trata el art\u00edculo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este art\u00edculo tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en los t\u00e9rminos de esta ley\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En esa providencia adem\u00e1s, se explicitaron las razones por las que se consider\u00f3 que no era viable hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores, a fin de determinar cu\u00e1l se ajustaba a las condiciones particulares del de cujus o cu\u00e1l resultaba ser m\u00e1s favorable a la interesada, n\u00f3tese, desde un inici\u00f3 se plante\u00f3 como uno de los problemas jur\u00eddicos a resolver \u00absi en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es jur\u00eddicamente posible aplicar ultra activamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes al beneficiario de un afiliado que falleci\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Se record\u00f3 que \u00ab[e]n el caso de la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, la instituci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa protege las expectativas leg\u00edtimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, pero cuyo hecho generador -la muerte- ocurre en vigencia de la normativa posterior\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, se memor\u00f3 que, frente a la aplicaci\u00f3n de dicho principio, esa Sala tiene sentado que \u00abno es viable acudir a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del de cujus o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro\u201d. <\/p>\n
Ese argumento se respald\u00f3 en que esa postura se ha sostenido en varias providencias recientes, entre otras las siguientes \u00abCSJ SL17768-2016, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL 1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL4020-2019, CSJ SL409-2020 y CSJ SL184-2021\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior concluy\u00f3 que \u00abno es dable acceder a las s\u00faplicas que elev\u00f3 la recurrente relativas a otorgar la prestaci\u00f3n pretendida con fundamento en los requisitos dispuestos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990, pues ello no tiene cabida ni siquiera bajo el supuesto de acudir al principio de favorabilidad que contempla el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente se sostuvo que \u00abestos saltos hacia el pasado, en b\u00fasqueda de una norma que se amolde a las circunstancias individuales de los afiliados o beneficiarios, (\u2026) ponen en vilo el principio de sostenibilidad financiera del sistema, al conceder pensiones por el fallecimiento de personas que no cotizaron por m\u00e1s de una d\u00e9cada o que no realizaron un esfuerzo sostenido en la construcci\u00f3n de una pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, se puso de manifiesto que de aceptarse la tesis contraria \u00abse entrar\u00eda en profunda contradicci\u00f3n con los ajustes que hizo el legislador en las pol\u00edticas laborales, sociales y econ\u00f3micas para cumplir con el principio de sostenibilidad financiera (art\u00edculo 48 Superior), que permite que m\u00e1s personas puedan acceder pr\u00f3ximamente a una prestaci\u00f3n a t\u00edtulo de pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se indic\u00f3 adem\u00e1s que \u00abla aplicaci\u00f3n de las mencionadas reglas puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de protecci\u00f3n social, y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, la concesi\u00f3n de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, explic\u00f3 que \u00abde manera reiterada y pac\u00edfica esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular\u00bb. <\/p>\n
4.2 Igualmente la accionante reprocha que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no cumpli\u00f3 con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para apartarse del precedente, \u00abpues someramente se limita en manifestar que el juez no puede realizar en un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular y que la aplicaci\u00f3n absoluta de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa impone reglas diferentes a las legales las cuales no pueden ser introducidas\u00bb, cuando fue el legislador el que no estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n en estos casos y por tanto, dej\u00f3 un vac\u00edo que fue cubierto por la SU-005\/2018. <\/p>\n
No obstante, examinada la sentencia atacada se advierte que, contrario a lo que entiende la accionante, en esa providencia se tuvieron en cuenta las reglas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha fijado para apartarse del precedente. Recu\u00e9rdese en sentencia C-621\/2015, la Alta Corporaci\u00f3n explic\u00f3: <\/p>\n
Seg\u00fan lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal, una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial s\u00f3lo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra-argumentaci\u00f3n que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad f\u00e1ctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisi\u00f3n precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la l\u00ednea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer t\u00e9rmino, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitaci\u00f3n de las razones de su desconsideraci\u00f3n en el caso que se juzga (negrita fuera de texto). <\/p>\n
Las anteriores premisas permiten afirmar que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en la sentencia censurada cumpli\u00f3 en primer lugar, con el deber de reconocer el precedente de la Corte Constitucional, sobre el tema en cuesti\u00f3n -condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el reconocimiento de pensi\u00f3n de sobreviviente-, y, por tanto, no fue un tema ajeno a su determinaci\u00f3n. N\u00f3tese que dijo, <\/p>\n
En cuanto a la solicitud de la actora dirigida a la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la sentencia CC SU-005-2018, se advierte que dicha Corporaci\u00f3n ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se analizar\u00e1 que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia. <\/p>\n
Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensi\u00f3n a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jur\u00eddica; adem\u00e1s, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, debido proceso y confianza leg\u00edtima (C-539-2011). <\/p>\n
Seguidamente record\u00f3 la diferencia entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad, conformada por los fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior, y el precedente en vigor, nacido este de las providencias en acciones de tutela. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el primero tiene fuerza vinculante especial y obligatoria, en atenci\u00f3n a sus efectos erga omnes, mientras que \u00abel segundo, aunque tambi\u00e9n tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017)\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, sostuvo que como los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional para no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores, \u00abesta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que expone a continuaci\u00f3n -deber de argumentaci\u00f3n suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017)\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
De igual modo, en la sentencia reprochada ante la discrepancia con el contenido de sentencia SU-005\/2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, secundariamente cumpli\u00f3 con el deber de \u00abexplicitaci\u00f3n de las razones de su desconsideraci\u00f3n en el caso que se juzga\u00bb. <\/p>\n
Para esa finalidad, hizo memoria de la postura de la Corte Constitucional en punto a la aplicaci\u00f3n de la denominada condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y refiri\u00f3, <\/p>\n
En esa providencia, la Corte Constitucional estableci\u00f3 que es posible la aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, (iii) pero s\u00ed re\u00fane el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas exigidas en el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
Igualmente, asent\u00f3 que es procedente la acci\u00f3n de tutela para reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectaci\u00f3n directa de la satisfacci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital; (iii) depender econ\u00f3micamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestaci\u00f3n. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a explicar las razones por las cuales esa Sala discrepa de la postura de la Corte Constitucional, y refiri\u00f3, <\/p>\n
A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultractiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n vigente, en la medida que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible, tal como lo ha adoctrinado entre otras, en sentencias CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL1592-2020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020, CSJ SL1938-2020, CSJ SL2547-2020, CSJ SL3314-2020 y CSJ SL184-2021. <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o potenciar algunos de ellos, por ejemplo, darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
Record\u00f3 que esa Sala ha adoctrinado que \u00abla aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene, las siguientes particularidades: (i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de cambio normativo, y (iii) permite acudir a la disposici\u00f3n inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aport\u00f3 la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional\u00bb <\/p>\n
Todas esas aseveraciones de igual modo se respaldaron en las siguientes providencias, \u00abCSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas en la CSJ SL2547-2020\u00bb y para lo que importa a esta decisi\u00f3n, se memora de estas los motivos en que sustentaron la delimitaci\u00f3n para aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y que igualmente, sirvieron de base para alejarse del precedente, <\/p>\n
[E]l delimitar la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios prop\u00f3sitos: <\/p>\n
(i) Si la potestad de configuraci\u00f3n de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello har\u00eda nugatorios todos los prop\u00f3sitos econ\u00f3micos y sociales que pretenden lograrse con una reforma. <\/p>\n
(ii) Si los reg\u00edmenes de transici\u00f3n, en esencia, siempre son temporales, no hay raz\u00f3n alguna que justifique que la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, as\u00ed bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende. <\/p>\n
(iii) Tal restricci\u00f3n contribuye a la preservaci\u00f3n de otro valor fundamental: la seguridad jur\u00eddica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jur\u00eddicas que emplear\u00e1n los jueces en la soluci\u00f3n de las controversias que se sometan a su consideraci\u00f3n, sin que les sea posible acudir a una b\u00fasqueda hist\u00f3rica para determinar la norma que m\u00e1s convenga a una situaci\u00f3n particular; la aplicaci\u00f3n del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional. <\/p>\n
A manera de conclusi\u00f3n explic\u00f3, \u00abno se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales\u00bb. <\/p>\n
El anterior recuento, impone concluir que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una interpretaci\u00f3n plausible que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, en particular porque se cumplieron los requisitos fijados por la jurisprudencia para apartarse del precedente, puesto que se manifestaron las razones de la discrepancia, se acat\u00f3 el deber de su reconocimiento y se explicaron los motivos de su desconsideraci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, la parte recurrente insiste en esta instancia en que no se explic\u00f3 suficientemente sobre la afectaci\u00f3n a la seguridad jur\u00eddica, no se tuvo en cuenta que no siempre hay lugar a reconocer la prestaci\u00f3n, la justificaci\u00f3n no fue la m\u00e1s adecuada, se debi\u00f3 fue hacer ver que el precedente no era v\u00e1lido, correcto o suficiente, y que en ese caso era factible otorgar la pensi\u00f3n a una viuda que depend\u00eda de su esposo, quien al momento de fallecer ten\u00eda suficientes semanas para proceder en ese sentido. <\/p>\n
De esas manifestaciones surge que la accionante, no comparte todos los argumentos sostenidos en esa providencia para apartarse del precedente, y v\u00eda impugnaci\u00f3n pretende que se acojan sus criterios, echando de menos que este tr\u00e1mite no corresponde a un recurso adicional, sino un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. STC18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
5. Ha de tenerse en cuenta que, cuando se trata del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, esta Sala ha considerado, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Ver CSJ. STC1161-2021, STC13815-2021 y STC7174-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
6. De otro lado, es importante recordar que el tema que nos ocupa no ha sido ajeno a esta Sala. En oportunidad anterior, tampoco se encontr\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales como consecuencia de que la Sala Laboral de la Corte Suprema se apartara del precedente contenido en la SU005-2018 y, en consecuencia, prescindiera de acudir al Acuerdo 049 de 1990, por virtud de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
En ese momento esta Sala en STC9159-2022, concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
De lo expuesto, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Hom\u00f3loga Laboral desech\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sub lite, en los t\u00e9rminos pretendidos, por cuanto si el fallecimiento ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003 no es posible acudir al Acuerdo 049 de 1990, en forma irrestricta y absoluta, aunado a que el causante no dej\u00f3 causada la prestaci\u00f3n en los t\u00e9rminos contemplados en dicha normativa, enfatizando su criterio, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. A su vez, advirti\u00f3 que, si bien la actora era un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, ello no pod\u00eda ser suficiente para otorgar una pensi\u00f3n, cuyos requisitos no hab\u00edan sido obtenidos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que el cuestionamiento esgrimido por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, t\u00e9ngase presente, que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes CSJ STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y STC3514-2022, entre muchos. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12912-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12912-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01283-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67451","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67451\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}