STC12914-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12914-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03244-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene \u00abrevoc[ar] la sentencia de [la] acci\u00f3n popular y se ordene amparar [su] pretensi\u00f3n, ordenando la construcci\u00f3n de la rampa pedida y as\u00ed garantizar [la] Ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario\u00bb adem\u00e1s \u00abse ordene conceder las agencias en derecho en ambas instancias a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de Susuerte S.A. cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Anserma, radicado No. 17042-31-12-001-2022-00063-01, con el prop\u00f3sito de que se instalara una rampa de acceso para personas en condici\u00f3n de discapacidad, en uno de los establecimientos de comercio de dicha sociedad, pedimento negado el 15 de julio de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 aquel y fue confirmada el 2 de septiembre siguiente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
2.2. El promotor cuestiona que la precitada decisi\u00f3n se haya fundado en que existen otros dos inmuebles en la localidad que prestan el mismo servicio, que cuentan con el acceso para personas en silla de ruedas, lo cual no considera un motivo v\u00e1lido para negar sus pedimentos, pues as\u00ed no se ha decidido cuando ha promovido acciones populares similares, pero contra entidades financieras, oportunidades en la cuales \u00abnunca se dijo que con una sola sede o con un solo banco amparado era suficiente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Insiste en que el demandado dentro del proceso est\u00e1 obligado a garantizar el acceso a las personas en comento, por tener un establecimiento abierto al p\u00fablico, tal cual se ha determinado en varias decisiones judiciales, incluida la sentencia \u00ab2004-92201 de 12 de junio 2008\u00bb del Consejo de Estado, donde el hecho de que la persona pudiera acceder a cajeros electr\u00f3nicos de otros bancos y tuviera acceso a canales transaccionales en l\u00ednea, no exoner\u00f3 a la entidad de cumplir con la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente del proceso cuestionado y defendi\u00f3 la legalidad del fallo que emiti\u00f3 dentro del mismo. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, porque en el fallo criticado se expuso una \u00abposici\u00f3n jur\u00eddica aut\u00f3noma\u00bb, la cual no puede ser discutida a trav\u00e9s de esta v\u00eda, como si una instancia se tratara. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas del accionante fueron abordadas en sentencia de 2 de septiembre de 2022 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 15 de julio anterior del Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, de negar las pretensiones, tras \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de \u201ccarencia de objeto\u201d y con ella probada la inexistencia de la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales colectivos\u00bb, dentro de la acci\u00f3n popular que Mario Restrepo promovi\u00f3 contra Susuerte S.A., respecto del establecimiento de comercio \u00abSusuerte S.A. 166\u00bb. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada memor\u00f3 que \u00abla defensa de la demandada se finc\u00f3 en que, en resumen, cuenta con tres locales en Anserma, dos de ellos ubicados en la carrera 4 N\u00b0 16-39 y carrera 4 N\u00b0 12-10, respectivamente, que est\u00e1n acondicionados para atenci\u00f3n preferencial para \u201cdiscapacitados, los ancianos y las embarazadas\u201d, pues su acceso est\u00e1 a nivel de la v\u00eda p\u00fablica y carece de barreras para personas con limitaciones; el tercero, ubicado en la carrera 4 N\u00b0 8-23, tiene mesones de atenci\u00f3n cercanos a la puerta y las vendedoras se acercan a la salida sin necesidad que dichas personas ingresen, aunque aclar\u00f3 que los usuarios siempre tienen la opci\u00f3n de acudir a los dos primeros sitios\u00bb, ante lo cual, se\u00f1al\u00f3, \u00abla Juzgadora de primer grado apreci\u00f3 que la demandada no vulneraba los derechos colectivos invocados, al encontrar que el comerciante est\u00e1 garantizando la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n vulnerable con las medidas adoptadas en el local ubicado en la misma carrera 4, en el cual se prioriza la atenci\u00f3n a las personas con necesidades especiales, cumpliendo con la finalidad de las normas tuitivas\u00bb. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 el objeto social de la demandada, y observ\u00f3 que \u00aben visita t\u00e9cnica realizada por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas del municipio de Anserma, se determin\u00f3 que en el establecimiento de la Sociedad ubicado en la carrera 4 # 8- 23, no se cuenta con rampas de acceso para personas que se desplacen en silla de ruedas, existiendo barreras que impiden su ingreso. De manera ulterior, se realiz\u00f3 visita al establecimiento respectivo ubicado en la carrera 4 # 16-39 y se determin\u00f3 que, aunque no tiene rampa de acceso, no existen barreras que impidan el ingreso de personas que se desplacen en silla de ruedas, debido a que el piso del local converge con el mismo nivel del and\u00e9n en uno de los accesos, \u201ccumpliendo con el objetivo\u201d. <\/p>\n
A su turno, de las fotograf\u00edas allegadas se logra establecer que en el punto de Susuerte ubicado en la carrera 4 # 16-39, as\u00ed como en la carrera 4 # 12-10, el piso del establecimiento se encuentra al mismo nivel del and\u00e9n, por lo que es evidente no existen all\u00ed restricciones para el ingreso de personas que transiten en silla de ruedas; no obstante, no puede predicarse lo mismo del local de la carrera 4 N\u00ba 8-23. De lo anterior, deviene claro para esta Sala que si bien uno de los bienes inmuebles en los que tiene lugar uno de los establecimientos de la accionada no cuenta con rampa de acceso, lo cierto del caso es que no es el local, como mal pretende verlo el actor, la persona jur\u00eddica como tal responsable, si se pondera que \u201cel local\u201d no tiene por s\u00ed solo capacidad para ser parte; la persona jur\u00eddica, que tiene un determinado objeto social, para su desarrollo, cuenta con varios locales, tres en el municipio de Anserma y por lo menos en dos de ellos garantiza el acceso a las personas con limitaciones en su movilidad; situaci\u00f3n que confluye en la falta de da\u00f1o en esta caso, merced a que las personas en tal situaci\u00f3n tienen sin lugar a dudas la posibilidad de acceder a cualquiera de los otros dos locales de Susuerte que prestan id\u00e9nticos servicios\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 los fundamentos legales y jurisprudenciales que estim\u00f3 aplicables al caso, y precis\u00f3 que, \u00abse aprecia una situaci\u00f3n particular, consistente en que en este caso la demandada es una persona jur\u00eddica, quien cuenta con varios locales en el municipio de Anserma en los que presta id\u00e9nticos servicios y por lo menos en dos de los tres que asegur\u00f3 tener, se encuentra acreditado cumplen con las normas respectivas para asegurar el acceso a personas que se movilicen en silla de ruedas; esto es, aplicable mutatis mutandis, consuma que \u201cal menos uno de los accesos al interior de la edificaci\u00f3n, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con alg\u00fan tipo de movilidad reducida y deber\u00e1 contar con un ancho m\u00ednimo que garantice la libre circulaci\u00f3n de una persona en silla de ruedas\u201d. Luego entonces, v\u00e1lido es decir que, a lo sumo, dos de los tres locales de Susuerte en Anserma, permiten el ingreso sin barreras a personas con limitaciones en su movilidad, sin que nada imposibilite a quien se encuentra en esas condiciones, acudir a los que le resulten adecuados para el ingreso al inmueble con el fin de obtener los servicios ofrecidos. Caso distinto ser\u00eda que los tres locales a los que hizo referencia la accionada pertenecieran a establecimientos dis\u00edmiles, pero no, corresponden todos a la misma persona jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 apartes de la sentencia C-293 de 2010, donde se hizo control de constitucionalidad a la Ley 1346 de 2009 \u00abpor medio de la cual se aprueba la Convenci\u00f3n sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006\u00bb, del cual extrajo que, \u00absopesando las sentencias de constitucionalidad referenciadas, ha de memorarse que el Juez constitucional eventualmente, dependiendo del caso, \u201cdebe ponderar entre el grado de satisfacci\u00f3n del derecho -ya sea el nivel de satisfacci\u00f3n pretendido y otro distinto-; respecto de la afectaci\u00f3n que le causar\u00eda al obligado a satisfacer el derecho en ese nivel determinado\u201d, conforme el juicio de proporcionalidad empleado por la jurisprudencia constitucional. En ese camino debe observarse la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas afirmativas implementadas por Susuerte S.A. frente al ajuste que el accionante considera necesario para acceder a sus servicios y as\u00ed garantizar el nivel de satisfacci\u00f3n pretendido del derecho colectivo invocado. De tal forma, estima este Tribunal que aunque el ideal ser\u00eda que cada local contara con un acceso adecuado para personas con movilidad reducida, lo cierto del caso es que la persona jur\u00eddica como tal posee los materiales apropiados para salvaguardar las garant\u00edas de los individuos que cuenten con la condici\u00f3n especial, en la medida que, como se ha dicho, tiene dos locales adicionales a los que puede acudir cualquier persona que se desplace en silla en ruedas, a quien, en cualquiera de aquellos,se le van a prestar id\u00e9nticos servicios. Por si fuera poco, y no de poca monta, cuenta la entidad con una pol\u00edtica de atenci\u00f3n prioritaria para clientes en \u201csituaci\u00f3n de vulnerabilidad\u201d. En otras palabras, se aprecia que las acciones afirmativas en salvaguarda de los derechos de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, no pueden implicar, per se, una carga desproporcional en detrimento de quien se halle en la responsabilidad de satisfacer de cierto modo la pretensi\u00f3n elevada, menos as\u00ed procurar endilgarle una carga tan exagerada cuando la persona con limitaciones f\u00edsicas puede en realidad acceder al mismo servicio en otro lugar de la misma empresa destinado para los mismos efectos; servicio id\u00e9ntico, no sobra resaltar porque resulta cardinal el punto para la resoluci\u00f3n de esta litis, al prestado en cualquiera de los tres locales. No se trata de empresas o comerciantes diferentes en quienes la carga se distribuir\u00eda, se trata de exactamente la misma prestaci\u00f3n en uno y otro sitio ofrecida por la misma persona jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Total, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, \u00abno existe m\u00e9rito para acceder a los pedimentos de la parte activa, en tanto, conforme el test de proporcionalidad y las atenciones brindadas en dos de tres locales del ente jur\u00eddico demandado, no se halla probada la violaci\u00f3n a los derechos colectivos endilgada por la parte accionante. En consecuencia, la decisi\u00f3n de primer grado debe ser confirmada\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3 que \u00abrefuta el censor la falta de condena en costasagencias en derecho en su favor. De este modo conviene memorar que las costas procesales equivalen a la suma tasada por el operador judicial en favor de la parte vencedora y a cargo de la vencida, conforme a lo desarrollado en la controversia judicial, a partir de la defensa t\u00e9cnica ejecutada en concreto. En ese orden, el canon 365 del Estatuto General del Proceso instituye que en \u201clos procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas\u201d se sujetar\u00e1 a ciertas reglas; verbi gratia a la parte que ha sido vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto; eso s\u00ed, bajo el imperativo de que en el cartulario se hallen probadas. <\/p>\n
En consonancia y sin necesidad de mayores elucubraciones frente al tema, es claro que no se cumplen en este evento los presupuestos para imponer la condena en favor del actor, ante la falta prosperidad de sus pretensiones. Por lo dem\u00e1s, tampoco habr\u00e1 lugar a condena en costas por ninguna de las instancias al no concurrir el supuesto del art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, es decir, al no evidenciarse temeridad o mala fe atribuible al actor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis del acontecer procesal, las normas que rigen el caso y pronunciamientos jurisprudenciales emitidos sobre el particular, que la decisi\u00f3n de primera instancia, con que se negaron las pretensiones, merec\u00eda ser confirmada, tras encontrar que no resultaba razonable ordenar a la persona jur\u00eddica accionada adaptar el establecimiento comercial para el acceso de personas en silla de ruedas, porque encontr\u00f3 probado que la misma sociedad ten\u00eda ubicados cerca otros dos establecimientos que prestaban exactamente los mismos servicios, y que no presentaban limitaciones de acceso para las personas en condici\u00f3n de discapacidad f\u00edsica, de ah\u00ed que, imponerle la acci\u00f3n afirmativa de adecuar el tercer inmueble ser\u00eda una exigencia desproporcionada, de cara a la garant\u00eda de derechos que ya brindaban los otros dos establecimientos, de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a condena en costas en ninguna de las instancias. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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