STC12915-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12915-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01417-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de julio de 2021, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Javier Velandia Cristian contra el Juzgado Sexto Penal Municipal de conocimiento de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior, a los Juzgados Sexto Penal del Circuito y Primero Penal Municipal de control de garant\u00edas de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2011-01348. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, el Juzgado atacado conoce del proceso penal 2010-04225-02, promovido en contra de Wilson Yecid Bernal y Otoniel Cely Salamanca, por el delito de invasi\u00f3n de tierras o edificaciones, el cual se encuentra en fase de incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
2.1. En dicho tr\u00e1mite, el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas vinculado, decret\u00f3 medida cautelar de acuerdo a la anotaci\u00f3n No 26 de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-22358, inmueble del que el quejoso manifiesta ser tercero de buena fe en su condici\u00f3n de titular del derecho de dominio seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n del bien. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, ante el mencionado Juzgado, el actor solicit\u00f3 el levantamiento de la medida adoptada, el cual -con auto del 11 de agosto de 2020-, tras declararse incompetente, remiti\u00f3 el asunto a los Juzgados del Circuito. <\/p>\n
2.3. Por ello, con prove\u00eddo del 2 de diciembre de 2020, el Juzgado Sexto Penal del Circuito asign\u00f3 el conocimiento de la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de embargo y secuestro al Juzgado Sexto Penal Municipal accionado que tramitaba el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
2.4. El mencionado incidente fue resuelto con fallo del 12 de febrero de 2021, en el cual se resolvi\u00f3 condenar a Wilson Yecid Cely Bernal y Otoniel Cely Salamanca, por los delitos mencionados inicialmente. Adem\u00e1s, al pago de perjuicios materiales y morales en favor de la se\u00f1ora Dora Mercedes Orteg\u00f3n. Apelada la decisi\u00f3n, el Tribunal vinculado -con providencia del 7 de julio del mismo a\u00f1o- decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia que resolvi\u00f3 la reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado que cumpla con las \u00abordenes suministradas por sus superiores jer\u00e1rquicos, y se sirva fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de cancelaci\u00f3n de la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta1, indic\u00f3 que efectivamente resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n de competencia el 2 de diciembre de 2020, relacionada con la solicitud de levantamiento de medida cautelar de embargo y secuestro de un bien inmueble, decretada por el Juzgado Primero Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, de acuerdo con la manifestaci\u00f3n de incompetencia de la titular de ese Despacho. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00absi se est\u00e1 adelantando el incidente de reparaci\u00f3n integral, quien tiene la competencia para ordenar el levantamiento de la medida, es el juez de conocimiento, Juez Sexto Penal Municipal de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta2, narr\u00f3 sus actuaciones y expres\u00f3 que \u00abmediante providencia del 07 de julio de 2021, aprobada con Acta No. 315, dentro del rad. 54001-60-01131-2010-04225- 02, resolvi\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado, a partir de la sentencia de incidente de reparaci\u00f3n integral del 12 de febrero de 2021, con el fin de que el JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE C\u00daCUTA, se pronunciara en cuanto a las pretensiones invocadas en el procedimiento incidental, y respecto a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo. Para ello, concluy\u00f3 que \u00abno ha existido pasividad por parte de los funcionarios que han conocido del asunto censurado por la parte actora, adem\u00e1s, la soluci\u00f3n a su requerimiento se encuentra en curso, pues una vez emitida la decisi\u00f3n de fondo por parte del juzgado de primera instancia \u2013 como lo dispuso el Tribunal demandado-, aquella es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n, en caso de ser desfavorable a los intereses del demandante, lo que demuestra que aquel cuenta con los mecanismo id\u00f3neos para debatir sus reproches\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. Agreg\u00f3 que \u00abpor lealtad procesal debo informar que el accionado el 13 de agosto de 2021, a las 10 y 30 a.m, llev\u00f3 a cabo la audiencia negando caprichosamente el levantamiento del embargo penal, sin exponer y controvertir motivadamente cada uno de los fundamentos de hecho y derecho expuestos por el suscrito a trav\u00e9s de apoderado, torn\u00e1ndose en un fallo burdo y grosero\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del tutelante, al incurrir en presunta mora judicial por no dar respuesta a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar elevada. <\/p>\n
2. Sobre el particular y escrutado el material probatorio obrante en el expediente, concluye esta Sala que la solicitud de amparo constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el motivo de descontento expresado por el gestor ya fue superado. En efecto, lo que pretend\u00eda el quejoso con la acci\u00f3n constitucional, era que el accionado fijara \u00ab\u2026fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de cancelaci\u00f3n de la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, observa la Sala que la c\u00e9lula Judicial enjuiciada, el 13 de agosto de 2021, llev\u00f3 a cabo la audiencia en la cual se resolvi\u00f3 la solicitud de cancelaci\u00f3n del embargo penal que recae sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-22358 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta. Y determin\u00f3 que: <\/p>\n
El peticionario solicita el levantamiento de las medidas cautelares, no por alguna de las causales anteriores sino por un presunto prevaricato y violaci\u00f3n del debido proceso, pero no allega la sentencia condenatoria en contra del Juez Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y, adem\u00e1s, encuentra este operador judicial que la imposici\u00f3n de las medidas cautelares se profirieron conforme al art\u00edculo 92 de la Ley 906 de 2004 y no se vislumbra violaci\u00f3n al debido proceso, por lo cual se niega el levantamiento de los embargos impuestos sobre los inmuebles de matr\u00edculas inmobiliarias 260-22358 y 260-27919. <\/p>\n
3. De lo anterior se constata que la reclamaci\u00f3n que enfila el suplicante ya fue atendida, lo cual denota que la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. Ciertamente, en lo tocante con la figura que viene de memorarse, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela debilita su fuerza \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb (CSJ STC 21 jun. 2012, rad. 00121-01; citada en CSJ STC2539-2016, 2 mar. 2016, rad. 2016-00355-00; reiterada en CSJ STC8051-2020, 1\u00ba oct, rad 2020-02516-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso en concreto, al haberse corroborado que la pretensi\u00f3n invocada en el escrito tutelar se atendi\u00f3 estando en curso esta instancia, no habr\u00eda ninguna orden que impartir porque la misma ya fue superada. <\/p>\n
4. Finalmente, respecto a los reparos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, la Sala advierte que son planteamientos nuevos, lo cual impide que se emita un pronunciamiento sobre el particular. Ello en aras de preservar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de las partes. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab\u2026es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800)\u00bb (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. En una palabra, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2. Anexo OFICIO RESPUESTA TUTELA CORTE SUPREMA caso DEFINICION DE COMPETENCIA Dr. CHIPAGRA.pdf. Subcarpeta JUZGADO. Carpeta 118112 <\/p>\n
2\u0002 Folio 1. Anexo Respuesta tutela con rad. 118112_.pdf. Subcarpeta TRIBUNAL CUCUTA. Carpeta 118112. <\/p>\n
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