STC12918-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12918-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01146-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Justicia y del Derecho, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene en tutela por quien corresponda en derecho nombrar conjueces al despacho tutelado a fin de que se garantice un acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia en su acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo \u00abse ordene al Consejo Seccional de la Judicatura, Consejo Superior de la Judicatura, Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial Departamental de Risaralda y a Nivel Nacional, para que se manifiesten en derecho sobre el incumplimiento de t\u00e9rminos perentorios que impone el art. 12, 117, 120, art. 8, 42 CGP por el tutelado y de la soluci\u00f3n que dar\u00e1n para que se respeten y cumplan t\u00e9rminos de tiempo perentorios en su acci\u00f3n popular, tal como lo manda el CGP y la Ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mimo, \u00abse ordene a la Procuradora General de la Naci\u00f3n (\u2026) a fin que solicite se nombren jueces de descongesti\u00f3n en el despacho tutelado a fin que este cumpla t\u00e9rminos perentorios de tiempo que impone la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u00bb y se pida al Ministerio \u00abdel Interior y de Justicia\u00bb (sic) que \u00abhaga lo necesario en derecho a fin que se [l]e brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en [su] acci\u00f3n constitucional, pues no se respetan y menos [se] cumplen los t\u00e9rminos perentorios de tiempo por el tutelado, que impone y manda la Ley 472 de 1998 (\u2026) y de ser el caso por favor ordene a quien corresponda que se nombren conjueces ya que el tutelado dice en el papel tener mucho trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El accionante adelanta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira la acci\u00f3n popular identificada con el radicado No. 66001-31-03-002-2022-00322-00, dentro de la cual, dice, no se resuelven en t\u00e9rmino los recursos, situaci\u00f3n ante la cual el estrado manifest\u00f3 en prove\u00eddo emitido en otra acci\u00f3n popular, identificada con el consecutivo \u00ab2022-00370\u00bb, que la tardanza obedece a que tiene alto volumen de trabajo, pues ha proferido a \u00abde enero de 2022 a la fecha, agosto de 2022, 2400 autos, 132 sentencias, 49 sentencias de segunda instancia, ha realizado 250 audiencias, ha programado 205 audiencias, y dice que ha fallado 19 incidentes de desacato, tiene 435 acciones populares en tr\u00e1mite, 14 consultas, 2861 oficios, 122 estados, 18 reuniones de trabajo para capacitarse con duraci\u00f3n de dos horas a la semana\u00bb. <\/p>\n
2.2. El actor requiere que el mencionado juzgado demuestre la anterior informaci\u00f3n y afirma que, si \u00e9ste emite tal cantidad de estados, nunca cumplir\u00e1 con lo establecido en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 dela Ley 472 de 1998 y entonces \u00e9l se ver\u00e1 \u00abobligado a tutelarle\u00bb cada vez que ello ocurra, lo que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Esta Sala admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido en la tutela no guarda relaci\u00f3n con sus funciones y competencias, ni ha participado en los hechos fundamento de la misma, motivos por los cuales pidi\u00f3 ser excluido de la presente actuaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Regional de Instrucci\u00f3n Risaralda, pidieron ser desvinculadas del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque dentro de sus competencias no se encuentra el nombramiento de conjueces, pues ello corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
3. El Consejo Seccional de la Judicatura certific\u00f3 que en lo que va corrido del a\u00f1o no ha recibido solicitud del aqu\u00ed interesado, para vigilancia judicial administrativa sobre la acci\u00f3n popular indicada en el escrito inicial, y pidi\u00f3 se niegue el amparo por temeridad, porque en la fecha dio contestaci\u00f3n da las acci\u00f3n de tutela radicado 66001-22-13-000-2022-00281-00, acumulada a la 66001-22-13-000-2022-00282-00, donde se expusieron hechos similares a los aqu\u00ed tra\u00eddos frente a la tardanza del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira para resolver un recurso dentro la aludida acci\u00f3n popular. Agreg\u00f3 que la tardanza del precitado estrado para tramitar los procesos obedece al mismo actuar del accionante y su grupo, que ha aumentado en m\u00e1s del 50% el reparto de las acciones judiciales a los juzgados de la ciudad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que, del an\u00e1lisis del escrito inicial, sus anexos, y, las respuestas emitidas por los intervinientes, no se vislumbra que el accionante haya agotado los mecanismos de defensa con los que cuenta. <\/p>\n
Ante una solicitud similar elevada en otro expediente, la Corte fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que, <\/p>\n
\u00abno es viable mediante esta acci\u00f3n excepcional disponer la creaci\u00f3n de despachos judiciales, su traslado o cargos en su planta de personal, en tanto que tales atribuciones son de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 85 de la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 1285 de 2009, am\u00e9n que emitir una orden en tal sentido implica una afectaci\u00f3n o intromisi\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del presupuesto asignado a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de la justicia, lo que es ajeno a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En efecto, esta Sala en un asunto de similares contornos precis\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el amparo constitucional auscultado deviene improcedente y, por lo tanto, confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, habida cuenta de que lo pretendido por su gestor es que el juez de tutela invada la \u00f3rbita del Consejo Superior de la Judicatura, desconociendo que es esta autoridad la \u00fanica que puede adoptar la decisi\u00f3n correspondiente frente a la creaci\u00f3n de juzgados y cargos, una vez agotados los estudios estad\u00edsticos y presupuestales pertinentes. <\/p>\n
Frente al particular, en un asunto con alguna semejanza con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n del Corporaci\u00f3n, la Sala consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026El art\u00edculo 257-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica asigna como funci\u00f3n espec\u00edfica al Consejo Superior de la Judicatura la de: \u2018Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administraci\u00f3n de justicia\u2019 y a\u00f1ade a continuaci\u00f3n \u2018En ejercicio de esta atribuci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura no podr\u00e1 establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales\u2019. Precepto que fue desarrollado por el art\u00edculo 85-9 de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9: \u2018Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: (\u2026) Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podr\u00e1 crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y se\u00f1alar los requisitos para su desempe\u00f1o que no hayan sido fijados por la ley\u2019\u00b7 (resalta la Sala). <\/p>\n
La aludida facultad no puede ser arbitraria o caprichosa sino, debe estar precedida de un juicio de razonabilidad que lo viabilice y garantice el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; adicionalmente, tal como se anot\u00f3, debe contar con el respectivo soporte financiero en la medida en que una decisi\u00f3n de esta naturaleza compromete recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
En alusi\u00f3n a dicha norma, la Corte Constitucional expuso en sentencia T-633 de 2007 que: \u2018\u2026confiere a la Corporaci\u00f3n una atribuci\u00f3n in genere que permite la creaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de los mencionados cargos. Resulta innegable la importancia de esta facultad en la medida en que ofrece al Consejo Superior una herramienta pr\u00e1ctica de enorme valor para atender de manera satisfactoria la demanda del servicio de administraci\u00f3n de justicia. En tal sentido, atendiendo las limitaciones descritas en el texto constitucional, podr\u00e1 fundar cargos de duraci\u00f3n indefinida o de vigencia precisa para, en este \u00faltimo caso, satisfacer necesidades concretas\u2026\u2019\u2026 <\/p>\n
En un caso similar en el que se pidi\u00f3 a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que creara un cargo la Corte expuso: \u2018\u2026lo deprecado por los recurrentes, desborda el \u00e1mbito de competencia del Juez constitucional, toda vez que tal como lo anot\u00f3 el Juzgador constitucional de primer grado \u2018el acto de creaci\u00f3n de un cargo en la Rama Judicial requiere el adelantamiento de un procedimiento previamente establecido y que unos recursos econ\u00f3micos que deben encontrarse incluidos dentro del presupuesto de la Rama Judicial, pues constituye norte imperativo que la creaci\u00f3n de cargos no puede exceder el monto de los recursos econ\u00f3micos incluidos en la Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 85 de la Ley 270 de 1996\u2019 (fl. 109). Suficientes los anteriores argumentos para ratificar la providencia atacada, tal como se dispondr\u00e1 enseguida\u2019 Sentencia de 24 de noviembre de 2011, exp. 02065-01) (CSJ STC, 31 oct. 2013, rad. 2013-00400-01) (CSJ STC14603-2014, 24 oc. 2014, rad. 2014-00541-01)\u00bb (CSJ STC6609-2017) (STC11950-2020 citado recientemente en STC9649-2022). <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del actor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir o peticionar t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que el interesado, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agota, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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