STC12922-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00335-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Tur\u00edstico Hacienda La Vega de Ostos II contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada, en el marco del proceso verbal que promovi\u00f3 contra Julio Eduardo Vargas Ceballos. <\/p>\n
Aunque no lo indica de forma expresa, del an\u00e1lisis del escrito inicial se infiere que lo pretendido por la accionante es que se ordene dejar sin valor ni efecto la sentencia emitida el 23 de marzo de 2022 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de negar las pretensiones, en el marco del precitado juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El referido decurso fue promovido por la actora para el cobro de cuotas de administraci\u00f3n al demandado, luego de que prescribiera la acci\u00f3n ejecutiva sobre varias de ellas, actuaci\u00f3n que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasug\u00e1. <\/p>\n
2.2. En la demanda con que se inici\u00f3 el precitado juicio se expuso que, luego del sometimiento a r\u00e9gimen de propiedad horizontal de un lote con 82 unidades privadas, con v\u00edas de acceso, zonas comunes y caminos peatonales, los fundadores del proyecto, Leticia Ceballos de Vargas y Jos\u00e9 Miguel Vargas, constituyeron la propiedad horizontal Conjunto Tur\u00edstico La Vega de Ostos II, de la cual Leticia Ceballos de Vargas fue administradora de 1998 al 2000, y aunque todos los copropietarios pagaban su cuota de administraci\u00f3n, la prenombrada se exoner\u00f3 de la misma desde el a\u00f1o 1992 cuando naci\u00f3 el proyecto, beneficio que transfiri\u00f3 a sus hijos, entre ellos el demandado Julio Eduardo Vargas Ceballos, cuando le don\u00f3 varios predios, empero, la cl\u00e1usula qued\u00f3 derogada con la entrada en vigencia de la Ley 675 de 2001, sin que desde entonces el prenombrado pagara completas las cuotas de administraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En la demanda inicial se acumularon pretensiones de responsabilidad civil contractual con extracontractual, pero para evitar confusi\u00f3n se desisti\u00f3 de los pedimentos del segundo grupo, no obstante, el 27 de abril de 2021 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 dict\u00f3 sentencia con que neg\u00f3 las pretensiones, tras analizar el asunto bajo los requisitos de la responsabilidad aquiliana, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la aqu\u00ed accionante alegando que se hab\u00eda malinterpretado el escrito inicial, porque se reclam\u00f3 la responsabilidad contractual, de la cual se cumpl\u00edan los requisitos axiol\u00f3gicos y exist\u00eda precedente judicial aplicable al caso concreto. <\/p>\n
2.4. El 23 de marzo de 2022 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 dict\u00f3 sentencia con que confirm\u00f3 la de primer grado, que seg\u00fan la gestora, result\u00f3 incongruente con lo pretendido, pues el an\u00e1lisis no se enmarc\u00f3 en los reparos concretos, se malinterpret\u00f3 la demanda y el prove\u00eddo se edific\u00f3 sobre premisas erradas, al punto de sugerir que el reclamo debi\u00f3 elevarse mediante acci\u00f3n por enriquecimiento sin causa, lo que implic\u00f3 ignorar completamente lo solicitado y debatido dentro del proceso. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 precis\u00f3 que el reparo elevado ante el juzgador de primera instancia consisti\u00f3 en que s\u00ed estaban probados los perjuicios causados por el demandado, pero en el escrito de sustentaci\u00f3n la aqu\u00ed inconforme aleg\u00f3 que se hab\u00eda malinterpretado la demanda porque se pidi\u00f3 declarar una responsabilidad contractual y no extracontractual, empero, como las \u00faltimas inconformidades fueron oportunamente expuestas, se opt\u00f3 por admitir el recurso y emitir fallo de segunda instancia abordando todos los reparos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en la precitada decisi\u00f3n se observ\u00f3 el contenido de la demanda, la contestaci\u00f3n a la misma, la sentencia apelada y ciertamente la inconformidad expuesta en la apelaci\u00f3n, para concluir que no concurr\u00edan los presupuestos de la responsabilidad reclamada, ya fuera contractual o extracontractual, sin que, en todo caso, se hubiera allegado la prueba para demostrar el da\u00f1o infligido, que el demandante anunci\u00f3 en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca neg\u00f3 el resguardo tras hacer un recuento del fundamento esencial de la decisi\u00f3n emitida por el ad quem accionado, encontrar all\u00ed que s\u00ed se abord\u00f3 la inconformidad de la gestora, con planteamientos razonables que apuntaron a resolver el litigio, a lo cual agreg\u00f3 que \u00e9sta no hab\u00eda cumplido con la carga de demostrar los da\u00f1os que supuestamente se le hab\u00edan causado, como se hab\u00eda comprometido al apelar, lo que en suma imped\u00eda la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante insistiendo en similares argumentos a los que expuso en el escrito inicial, con \u00e9nfasis en que la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada emergi\u00f3 incongruente, con defecto procedimental absoluto, violaci\u00f3n del principio de preclusi\u00f3n, defecto material en la valoraci\u00f3n de la demanda, violaci\u00f3n del derecho de contradicci\u00f3n y defensa, y, fundado en premisas falsas, adem\u00e1s de que no era cierto lo afirmado sobre la intrascendencia de distinguir entre responsabilidad civil contractual y extracontractual, conforme coligi\u00f3 de una investigaci\u00f3n jurisprudencial, y, de otro lado, que cuando se reclama el pago de sumas de dinero no es necesario acreditar el da\u00f1o mediante peritaje. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, el Conjunto Tur\u00edstico Hacienda La Vega de Ostos II se duele de la sentencia de 23 de marzo de 2022 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 27 de abril de 2021 del Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, de negar las pretensiones, dentro del proceso verbal que aquella promovi\u00f3 contra Julio Eduardo Vargas Ceballos, pues, en sentir de la actora, lo decidido emergi\u00f3 incongruente con la demanda y lo actuado dentro del proceso, a partir de premisas err\u00f3neas y con desconocimiento de las normas y los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n de segunda instancia, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 el debate tra\u00eddo a este escenario, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En dicha decisi\u00f3n, el ad quem cuestionado plasm\u00f3 los antecedentes procesales, el compendio de la decisi\u00f3n apelada y de los motivos de inconformidad expuestos contra la misma en la apelaci\u00f3n, para en seguida resaltar el deber que le asiste al juez de interpretar la demanda, aserto que sustent\u00f3 en un precedente jurisprudencial, lo que le permiti\u00f3 puntualizar que \u00abno resulta cierto que la a quo, sin fundamento, se hubiera apartado del querer de la demandante, porque no habiendo oscuridad en ella, no ten\u00eda motivo para escindir la responsabilidad reclamada; antes bien, estando claro que las pretensiones hac\u00edan pie en \u201cla responsabilidad extracontractual que se imputa a los accionados derivada de los anteriores hechos contentivo de una prestaci\u00f3n que a voces del art\u00edculo 1518 del C.C era \u201cf\u00edsica y moralmente posible\u201d por lo que ha de quedar claro que la imputaci\u00f3n en cuanto a la atribuci\u00f3n de responsabilidad extracontractual y en cuanto al reproche se abre paso en contra de los accionados.\u201d (folio 40, C.1; se subraya) y, sobre todo, viendo que en los hechos someramente se menciona el reglamento de la propiedad horizontal, la comprensi\u00f3n l\u00f3gica de ese libelo descarta cualquier alusi\u00f3n a una responsabilidad contractual\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura la respald\u00f3 al considerar que \u00abObviamente, el juzgador entendi\u00f3 que la alusi\u00f3n a la ley de propiedad horizontal ubicaba el asunto en el sendero de la responsabilidad contractual, persuadida quiz\u00e1 de que el petitum ten\u00eda hontanar en las previsiones del reglamento de copropiedad, al cual catalog\u00f3 de contrato. <\/p>\n
La cuesti\u00f3n es que la demanda jam\u00e1s denunci\u00f3 la infracci\u00f3n del reglamento de copropiedad, por lo que, es obvio, el a quo estudi\u00f3 el asunto desde una perspectiva no propuesta por la actora. Ello, muy al margen de cualquier discusi\u00f3n doctrinaria en torno a la naturaleza del reglamento, pues aunque muchos no podr\u00edan ver en \u00e9l un libre ajuste de voluntades como el que se espera de los contratos, y no faltar\u00eda quien recordase que la comunidad es un cuasicontrato, otros dir\u00edan que convenios hay en que una parte pliega su querer a las condiciones que le impone la otra y ver\u00edan, precisamente en la adopci\u00f3n del reglamento, algo extra en la propiedad horizontal de lo que la comunidad carece\u00bb. <\/p>\n
En seguida anot\u00f3 que \u00abcon todo, por m\u00e1s \u00e9nfasis que se ponga en el tipo de responsabilidad que generar\u00eda la obligaci\u00f3n reparatoria, el asunto carece de la trascendencia que en \u00e9l ve la demandante, pues la doctrina moderna, a la cual se pliega la jurisprudencia nacional, viene sosteniendo que esa clasificaci\u00f3n no est\u00e1 al comp\u00e1s de lo que realmente representa la responsabilidad civil. Ciertamente, aunque esa diferenciaci\u00f3n otrora defini\u00f3 la suerte de innumerables procesos, actualmente viene desti\u00f1\u00e9ndose\u00bb, postura en la que ahond\u00f3 citando un concepto doctrinario y sendos pronunciamientos jurisprudenciales. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, memor\u00f3 que \u00abla apelaci\u00f3n emplaza la sentencia \u201cpor interpretar erradamente las pretensiones de la demanda sobre que existe una responsabilidad extracontractual\u201d, con las miras puestas en sostener que los da\u00f1os son frente al reglamento de la copropiedad pues para el efecto se\u00f1ala que no se pudieron cumplir con las obligaciones que tiene la Ley 675 de 2001 en su Art\u00edculo 37 y, por ende, se refiri\u00f3 a una responsabilidad contractual. Al amparo de esa misma premisa \u2013 la infracci\u00f3n al Art\u00edculo 3 de la Ley 675 de 2001, afianza el nexo causal entre el da\u00f1o y la conducta de no pago del demandado, pues se trata del hecho y, en todo caso, las sentencias que sirven como precedente para contener las pretensiones de la demanda, en tanto el demandado estaba obligado por la ley y el reglamento a pagar la expensas por ello est\u00e1 obligado a reparar el da\u00f1o causado a la copropiedad\u00bb. <\/p>\n
De cara a la inconformidad se\u00f1al\u00f3 que \u00abcomo en el trasfondo del reclamo est\u00e1 la idea de cobrar unas cuotas de administraci\u00f3n que fueron declaradas prescritas en sendas sentencias que trae la accionante como prueba en esta demanda tendientes a demostrar el dolo del demandado y el da\u00f1o causado a la copropiedad, es importante auscultar el origen de los da\u00f1os; h\u00e1blese de la relaci\u00f3n de causalidad. Bajo ninguna \u00f3ptica la pesquisa es sencilla\u00bb \u00faltima aseveraci\u00f3n que soport\u00f3 en varios pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios para puntualizar que \u00abla evidencia latente en el proceso apunta a que los hechos da\u00f1inos empezaron antes del a\u00f1o 2011. Prime facie, esta circunstancia llevar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que los da\u00f1os tienen su g\u00e9nesis en que el demandado dej\u00f3 de cancelar las expensas de administraci\u00f3n, lo que conllev\u00f3 a que se impetraran demandas de ejecuci\u00f3n, en las cuales declararon la prescripci\u00f3n de algunas cuotas demandadas y, por contera, su resarcimiento estar\u00eda a cargo del demandado\u00bb. <\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n expuesta, el juez razon\u00f3 sobre el alcance de las repercusiones directas o indirectas de un hecho da\u00f1oso y coligi\u00f3 que \u00abno se advierte como lo se\u00f1al\u00f3 la a quo, a la existencia de una responsabilidad civil, ni contractual, ni extracontractual, pues si bien hay una fuente de obligaciones derivada de la declaratoria de prescripci\u00f3n y gastos y costas generados con ocasi\u00f3n de las demandas de ejecuci\u00f3n y de impugnaci\u00f3n de asambleas, la demandante, ha debido irse por la v\u00eda de la demanda de enriquecimiento sin justa causa, en tanto, se advierte de los hechos de la demanda que existe un enriquecimiento sin justificaci\u00f3n a cargo del demandado y un detrimento patrimonial encabeza del Conjunto que, ocasion\u00f3 el cumplimiento parcial de sus obligaciones de mantenimiento y seguridad de la copropiedad y por ende, se habilita la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa, por las cuotas de administraci\u00f3n que fueron declaradas prescritas en sentencia, concibi\u00e9ndose como una obligaci\u00f3n dejada de pagar por cuenta del deudor\u00bb\u00b8 aserto al que hil\u00f3 los requisitos a probarse para la prosperidad de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa. <\/p>\n
Por la misma senda agreg\u00f3 que, \u00abaunque la demandante pretend\u00eda que por v\u00eda de sentencia se condenara al demandado a pagar aquellas expensas cuya declaratoria fue de prescripci\u00f3n, as\u00ed como los dem\u00e1s gastos procesales erogados antes y despu\u00e9s del 2011, no hubiere utilizado la Administraci\u00f3n de justicia, persiguiendo la declaratoria de una responsabilidad bien contractual o extracontractual, cuando como lo se\u00f1ala la demandante los jueces de los procesos ejecutivos le hab\u00edan dado la raz\u00f3n, pero prescribieron algunas de esas obligaciones por el paso del tiempo\u00bb. <\/p>\n
De otro lado observ\u00f3 que \u00ablo que no puede pasar por el alto este funcionario, es que la copropiedad omiti\u00f3, por una parte, ejercer r\u00e1pidamente la acci\u00f3n correcta, y por otra, emplear los mecanismos necesarios para que, si a ello hab\u00eda lugar, el demandado respondiera por las cuotas prescritas y las dem\u00e1s erogaciones que se pretend\u00edan reclamar como perjuicios. La verdad no se entiende c\u00f3mo es que la copropiedad se qued\u00f3 imp\u00e1vida ante el pago de las expensas, por ende, su incuria pesa sobre ella, por lo que deber\u00e1 soportar la responsabilidad por el detrimento patrimonial cuya exigencia deb\u00eda realizarse y no lo hizo ni exigi\u00f3 adecuada y oportunamente\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, razon\u00f3 que, \u00abfrente a los da\u00f1os que endilga la demandante como ocasionados por el no pago oportuno de las cuotas de administraci\u00f3n por parte del demandado, cumple determinar, entonces, a cargo de qui\u00e9n corre la responsabilidad por los da\u00f1os que se\u00f1ala la actora. Al respecto obra una norma general, prescrita en el art\u00edculo 2350 del C\u00f3digo Civil, por la cual el due\u00f1o de un edificio es responsable de los da\u00f1os ocasionados al \u201chaber omitido las reparaciones necesarias, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia\u201d (art\u00edculo 2350). Empero, aqu\u00ed surge otra cuesti\u00f3n importante. Trat\u00e1ndose de una propiedad horizontal \u00bfqui\u00e9n es ese due\u00f1o que responde por el deterioro de la copropiedad? <\/p>\n
A voces del Art\u00edculo 3 de las Ley 675 de 2001 la responsabilidad por la falta de reparaciones del conjunto en tanto el bien sea com\u00fan su reparaci\u00f3n corresponde a la comunidad, si es privado, a su correspondiente propietario. <\/p>\n
El anterior preludio permite esclarecer una cosa: por m\u00e1s que las cuotas dejadas de cancelar por el demandado, influ\u00edan en el flujo de caja del conjunto, pod\u00eda la administraci\u00f3n hacerse cargo de las zonas comunes y la vigilancia, con las expensas de los dem\u00e1s copropietarios y ejercer la actividad judicial pertinente para obtener el pago de aquellas que por la reiterada impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, fue de dif\u00edcil recaudo, conllevando a la prescripci\u00f3n deprecada por el demandado en los juicios de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 concluir que \u00abla sentencia ser\u00e1 confirmada por las razones aqu\u00ed expuestas, en tanto como lo se\u00f1al\u00f3 la A-quo, no se demostr\u00f3 la responsabilidad endilgada al demandado ni el nexo causal, ni tampoco, se acredit\u00f3 el da\u00f1o en debida forma, en tanto correspond\u00eda, desde luego, demostrar la responsabilidad en los da\u00f1os y habida cuenta que la demandante utiliz\u00f3 la demanda de responsabilidad cuando debi\u00f3 acudir a la de enriquecimiento sin causa. Como ello no fue as\u00ed, se impone la absoluci\u00f3n del demandado\u00bb <\/p>\n
A lo finiquitado a\u00f1adi\u00f3 que \u00abcon independencia de disertado en esta sentencia, la realidad es que, en el proceso, no hay ninguna evidencia de que, los da\u00f1os reclamados -el deterioro de la copropiedad y los hurtos en raz\u00f3n de la ausencia de vigilancia-, se hubieran presentado, sin que este despacho ponga en duda este hecho, pero, que no fue acreditado en la demanda. <\/p>\n
En este aspecto la jurisprudencia ha sido clara: \u201cquien pretenda el resarcimiento de un da\u00f1o deber\u00e1, entonces, aportar al proceso los elementos de prueba suficientes que permitan al juez ponderarlo, medir su magnitud, y apreciar sus consecuencias y manifestaciones; de suerte que en el arbitrio del sentenciador se asiente la convicci\u00f3n de que, de no haber mediado el da\u00f1o, la v\u00edctima se habr\u00eda hallado en una mejor situaci\u00f3n. En caso contrario, la incertidumbre del da\u00f1o ser\u00e1 un obst\u00e1culo insalvable para que el juez logre considerarlo como tangible y, por ende, para que realice una condena en tal sentido, pues \u201cun da\u00f1o incierto no resulta indemnizable, porque el derecho no indemniza ilusiones sino realidades\u201d (Cas. Civ. Sent. de 9 de julio de 2012; exp. 2002-00101-01). <\/p>\n
Pues bien, al efecto, en el tr\u00e1mite de las instancias, no se advirti\u00f3 experticias con el fin de avaluar, los da\u00f1os sufridos en el conjunto, raz\u00f3n suficiente para que la a quo no encontrara la prueba del monto de los susodichos perjuicios y, por tanto, al no acreditarse el da\u00f1o deneg\u00f3 las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, la queja constitucional radica en no compartir los argumentos a que acudi\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 para arribar a la decisi\u00f3n antes citada, en la cual consider\u00f3 que, si bien es cierto el juzgado de primera instancia abord\u00f3 el problema jur\u00eddico desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual, lo hizo a partir de la interpretaci\u00f3n de la demanda, en la cual observ\u00f3 que ni si quiera se denunci\u00f3 el incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, asumi\u00e9ndolo en gracia de discusi\u00f3n como un acuerdo de voluntades incumplido, con todo, agreg\u00f3 que al margen del tipo de responsabilidad que fundamentara el reclamo judicial, era necesario encontrar el nexo causal entre los hechos y el da\u00f1o, ejercicio del cual concluy\u00f3 que el hecho de que se declarara prescrita la acci\u00f3n de cobro de varias cuotas de administraci\u00f3n, no era claramente atribuible al demandado, pues fue el demandante quien tard\u00f3 en iniciar las acciones respectivas, a lo que agreg\u00f3 que en todo caso no hab\u00eda prueba de la ocurrencia del da\u00f1o ni de su cuant\u00eda, lo que no permit\u00eda estructurar responsabilidad alguna, de ah\u00ed que, sugiri\u00f3 dicha autoridad, lo pertinente habr\u00eda sido iniciar una acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa. <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC12922-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00335-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67461","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67461","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67461"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67461\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67461"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67461"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}