STC12923-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12923-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 76001-22-03-000-2022-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que neg\u00f3 el amparo reclamado por la sociedad Fragancias y Sabores S.A. contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yumbo y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2021-00632-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La sociedad Ingenier\u00eda Metalmec\u00e1nica S.A.S., con el prop\u00f3sito de cobrar las obligaciones insolutas contenidas en la factura de venta 0149 de 5 de agosto de 2021, promovi\u00f3 un proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda contra la compa\u00f1\u00eda Fragancias y Sabores S.A.1. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yumbo, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 26 de noviembre de 20212; determinaci\u00f3n frente a la cual la tutelante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, con sustento en que no se integr\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo complejo, dado que \u00abla factura cambiaria que se anex\u00f3 tiene g\u00e9nesis en un negocio causal denominado Contrato FP-002, del cual se deriv\u00f3 una factura distinguida con el consecutivo 103 y [de la que], supuestamente, se desprende un saldo a favor del ejecutante\u00bb, de manera que \u00abcon la simple factura anexada no hay m\u00e9rito ejecutivo\u00bb ni se cumple con \u00ablos requisitos de la factura de venta\u00bb3. <\/p>\n
2.3. El 11 de marzo de 2022, la autoridad judicial de conocimiento repuso la orden de apremio y, en su lugar, concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas a la ejecutante para que subsanara los defectos de la demanda, anexando los documentos necesarios, \u00abpor tratarse dicha ejecuci\u00f3n de un t\u00edtulo complejo\u00bb4. <\/p>\n
2.4. Inconforme con lo anterior, la ejecutante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. Al desatar la alzada, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali revoc\u00f3 los numerales primero y segundo de la providencia censurada y mantuvo inc\u00f3lume el mandamiento de pago proferido el 26 de noviembre de 20215. <\/p>\n
2.5. La tutelante censura al estrado del circuito accionado, por incurrir en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, toda vez que: i) hizo una interpretaci\u00f3n irrazonable sobre las diferencias y similitudes entre t\u00edtulo valor y el t\u00edtulo ejecutivo; (ii) err\u00f3 al considerar que la complejidad de los t\u00edtulos no era predicable a los t\u00edtulos valores; y (iii) desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales que avalan la integraci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo complejo cuando la obligaci\u00f3n est\u00e1 contenida en una factura cambiaria. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efecto el auto proferido 7 de julio de 2022 y que se ordene al accionado resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el prove\u00eddo de 11 de marzo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali dijo que se sujetaba a los fundamentos planteados en la providencia censurada. <\/p>\n
2. El Despacho Segundo Civil Municipal de Yumbo afirm\u00f3 que revoc\u00f3 el mandamiento de pago, con sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que las facturas pueden ser consideradas como t\u00edtulos valores complejos \u00absi para poder ejecutar, se necesitan otros documentos, que los complementen\u00bb; de modo que no transgredi\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la promotora. <\/p>\n
3. Quien dijo actuar como apoderada judicial de la sociedad Ingenier\u00eda Metalmec\u00e1nica S.A.S. argument\u00f3 que el estrado accionado \u00abrespet\u00f3 todas las garant\u00edas de las partes y fall\u00f3 con estricta sujeci\u00f3n a toda la normatividad mercantil que rige el asunto\u00bb; adem\u00e1s, destac\u00f3 que la tutelante \u00abha ejercido el derecho de defensa y contradicci\u00f3n a lo largo del proceso\u00bb ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto la decisi\u00f3n reprochada se motiv\u00f3 razonadamente en las disposiciones pertinentes del C\u00f3digo de Comercio y en el hecho de que el proceso ejecutivo se sustenta en una factura cambiaria, \u00abt\u00edtulo valor (\u2026) que tiene como caracter\u00edstica el principio de literalidad que impide que el mismo sea considerado como t\u00edtulo complejo\u00bb. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que la gestora puede debatir el requisito de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, \u00abque es el que se reprocha\u00bb, a trav\u00e9s de las excepciones que establece el art\u00edculo 784 ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial y precis\u00f3 que: i) la interpretaci\u00f3n efectuada por el Juzgado querellado es contraria a lo dispuesto en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso; y ii) el a quo constitucional no analiz\u00f3 el t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n, no se pronunci\u00f3 sobre el precedente jurisprudencial aplicable y tampoco consider\u00f3 que acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela porque las formulaci\u00f3n de las excepciones consagradas en el art\u00edculo 784 ibidem \u00abno permiten evitar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que estima vulnerados con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo proferido el 7 de julio de 2022 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito accionado, en tanto dej\u00f3 en firme el mandamiento de pago librado el 26 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2. Frente al tema censurado, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, en torno al tema debatido, se observa que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar el mandamiento de pago dictado el 26 de noviembre de 2021 por el a quo. <\/p>\n
Para el efecto, hizo referencia los art\u00edculos 619 y 626 del C\u00f3digo de Comercio, relativos a los t\u00edtulos valores, as\u00ed como a la literalidad, como elemento esencial de \u00e9stos. A su vez, resalt\u00f3 el contenido de los art\u00edculos 772, 773 y 774 ibidem, en tanto contemplan que la factura cambiaria es un t\u00edtulo valor y establecen los requisitos que debe contener. <\/p>\n
En concreto, sobre la factura de venta allegada como base de recaudo, afirm\u00f3 que su ejecuci\u00f3n \u00abno admite la consideraci\u00f3n de t\u00edtulo complejo\u00bb, dado que se trata de un documento simple \u00abpor la naturaleza especial que [la] regula y literaliza, no permiti\u00e9ndose su confecci\u00f3n en diferentes instrumentos\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que consider\u00f3 que, en virtud de las exigencias generales consagrados en el art\u00edculo 621 y las espec\u00edficas reguladas en el 774 del estatuto mercantil, no es necesario el \u00abacopio de anexos adicionales\u00bb, habida cuenta de que los requisitos del t\u00edtulo valor y su \u00abvocaci\u00f3n de ejecutividad\u00bb deben constatarse en el \u00abcuerpo\u00bb de la factura misma; pues, de lo contrario, aquella resultar\u00eda \u00abineficaz\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 620 ibidem. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que el mandamiento de pago encontraba \u00absu fundamento en un t\u00edtulo valor y no en un t\u00edtulo ejecutivo, como err\u00f3neamente lo apreci\u00f3 el a quo, sin tener en consideraci\u00f3n las caracter\u00edsticas propias de los t\u00edtulos valores, en especial, el principio de literalidad, que impide, que el mismo sea considerado como t\u00edtulo complejo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que lo decidido no imped\u00eda que la interesada formulara oposici\u00f3n, a trav\u00e9s de \u00ablas excepciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 784 del C. de Comercio, entre las cuales se incluyen, por supuesto, las que se deriven del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada y en los que se insiste en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado convocado encontr\u00f3 que la factura cambiaria objeto del cobro compulsivo no constituye un t\u00edtulo complejo, porque no requiere de otros documentos para hacer exigible la obligaci\u00f3n que en ella se incorpora, por tratarse en s\u00ed misma de un t\u00edtulo valor. Lo expuesto, al margen de las circunstancias del negocio jur\u00eddico primigenio del cual emana, en atenci\u00f3n al principio de autonom\u00eda de los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al respecto, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[l]os t\u00edtulos valores se definen como bienes mercantiles al tenor del art\u00edculo 619 del C\u00f3digo de Comercio. Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que all\u00ed se incorpora y por ello habilitan al tenedor, conforme a la ley de circulaci\u00f3n del respectivo instrumento, para perseguir su cobro compulsivo a trav\u00e9s de la acci\u00f3n cambiaria, sin ser oponible, para los endosatarios, el negocio causal origen del mismo, salvo casos especiales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme lo ha precisado la Corte, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la regla general de la negociabilidad o circulaci\u00f3n de los cartulares seg\u00fan sea al portador, a la orden o nominativo y la presunci\u00f3n de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (art\u00edculo 793 ejusdem) y constatar que se rige por un r\u00e9gimen normativo especial que no se aplica a los dem\u00e1s t\u00edtulos ejecutivos (\u2026)\u201d\u2026 <\/p>\n
En el caso de la factura cambiaria, se itera, el acreedor es el emisor y el obligado el aceptante, quien es el comprador o beneficiario del servicio. Estos elementos esenciales, se encuentran descritos en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio (CSJ STC290-2021). <\/p>\n
(\u2026) las facturas exigidas por Aser Ingenier\u00eda Ltda. no requieren de otro documento para hacer valer el derecho que en ellas se incorpor\u00f3 por ser t\u00edtulos valores. <\/p>\n
Sobre el particular el art\u00edculo 619 del C\u00f3digo Comercio prev\u00e9 que dichos instrumentos \u201cson documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos incorpora\u201d y el canon 625 del mismo estatuto consagra que \u201ctoda obligaci\u00f3n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un t\u00edtulo valor y de su entrega con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci\u00f3n\u201d, sumado a que el inciso primero del art\u00edculo 772 de esa obra se\u00f1ala que la \u201c[f]actura es un t\u00edtulo valor que el vendedor o prestador del servicio podr\u00e1 librar y entregar o remitir al comprador o beneficio del servicio\u201d. <\/p>\n
Significa que los cartulares de que se viene hablando no requieren m\u00e1s requisitos que los contemplados en la ley para su existencia y validez, momento en el cual prestan m\u00e9rito ejecutivo por ellos mismos sin que se requiera de otros documentos para reflejar una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
Ello no var\u00eda por el hecho de que las facturas provengan de un contrato estatal, pues en virtud del principio de autonom\u00eda que caracteriza a dichos instrumentos se desprenden del negocio que les dio origen y, por tanto, valen por s\u00ed mismos. Es decir, son independientes de \u00e9l, de suerte que, si de verificar sus requisitos se trata, debe acudirse a las pautas que lo rigen, que no son otras que las del estatuto mercantil. <\/p>\n
De suerte que el origen de los documentos base del cobro no despoja a los t\u00edtulos valores de su naturaleza cambiaria. <\/p>\n
Luego, como Aser Ingenier\u00eda Ltda. no deb\u00eda conformar un t\u00edtulo complejo para hacer valer las facturas de venta que adujo, el juez plural de Valledupar se equivoc\u00f3 al respaldar la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia del t\u00edtulo complejo (CSJ STC2429-2021). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb6. <\/p>\n
5. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados, con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados; m\u00e1xime que la tutelante est\u00e1 vinculada al juicio ejecutivo, de manera que puede ejercer su derecho de defensa, en las oportunidades respectivas, a trav\u00e9s de los instrumentos id\u00f3neos, esto es, proponiendo las excepciones que estime pertinentes y, de ser el caso, apelando la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, razones por las cuales no se vislumbra la vulneraci\u00f3n inminente de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c04Demanda-MedidasCautelares\u201d. Carpeta \u201cExp.768924003002-2021-00623-00\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c06Auto de Mandamiento De Pago\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c26 RECURSO DE REPOSICION\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c44REvocaAutos\u201d. En concreto, el contrato de obra FP 02, el contrato de obra civil para el suministro transporte e instalaci\u00f3n de estructura met\u00e1lica, los documentos mencionados en la cl\u00e1usula sexta y s\u00e9ptima del contrato FP02 y la factura 103 del 26 de diciembre de 2019. <\/p>\n
5\u0002 Anexo \u201c48NoReponeryConcedeApelacion\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12923-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12923-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 76001-22-03-000-2022-00232-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67462\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}