STC12925-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12925-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03217-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Financiera Progressa -Entidad Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito-, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al no librar mandamiento de pago dentro del ejecutivo singular n\u00b0 2022-00025. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abla CORPORACI\u00d3N MI IPS NORTE DE SANTANDER se oblig\u00f3, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de un pagar\u00e9 en blanco, a cancelar la suma de $170.398.247, por concepto de los descuentos de n\u00f3mina realizados a los trabajadores de la Corporaci\u00f3n, asociados a la FINANCIERA PROGRESSA, con ocasi\u00f3n al convenio de libranza vigente\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aba ra\u00edz del incumplimiento de la [deudora], fue radicada demanda ejecutiva [pretendiendo] el pago de la suma contenida en el pagar\u00e9 y los intereses moratorios causados\u00bb, empero, con auto del 18 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, \u00abdispuso negar el mandamiento de pago en virtud de que a su arbitrio el pagar\u00e9 aportado no prestaba m\u00e9rito ejecutivo, por carecer del requisito espec\u00edfico de exigibilidad de los t\u00edtulos ejecutivos en atenci\u00f3n a que en la cl\u00e1usula segunda del documento base de la ejecuci\u00f3n, se contempla \u201cQue la CORPORACI\u00d3N MI IPS NORTE DE SANTANDER pagar\u00e1 el capital indicado en la cl\u00e1usula primera, siempre y cuando no se haya establecido acuerdo de prorroga con 5 d\u00edas de anticipaci\u00f3n, en cuyo caso el plazo se ampliar\u00e1 conforme lo acuerden las partes\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que apel\u00f3 la anterior decisi\u00f3n aduciendo que: \u00abi) lo estipulado en clausula segunda del mismo no condiciona en ninguna forma su exigibilidad, solo contempla una posibilidad de pr\u00f3rroga en un evento hipot\u00e9tico, situaci\u00f3n que no afecta su eventual vencimiento; ii) es una situaci\u00f3n que corresponde alegar al demandado a trav\u00e9s de los medios dispuestos legalmente para su defensa; iii) el C\u00f3digo de Comercio permite diferentes alternativas para el vencimiento del pagar\u00e9, siendo a este \u00faltimo aplicable lo establecido para la letra de cambio (art. 711 C. com.); iv) el establecimiento de un pr\u00f3rroga no impide que el pago se haya de realizar a d\u00eda cierto y determinado\u00bb. <\/p>\n
Que mediante providencia del 3 de agosto de 2022, el tribunal confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n \u00abpero por las razones expuestas en [esa instancia]\u00bb, incurriendo en \u00abun defecto procedimental (\u2026) por v\u00eda de omisi\u00f3n de una de las etapas sustanciales del proceso (\u2026)\u00bb, y en uno \u00absustantivo o material\u00bb, pues el pagar\u00e9 \u00abest\u00e1 dotado de todos los elementos formales y sustanciales contemplados por el C.G. del P. para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo, de igual forma acredita el lleno de requisitos generales y espec\u00edficos establecidos por el C\u00f3digo de Comercio para ser considerado un t\u00edtulo valor, situaci\u00f3n que no discute el accionado, salvo por el requisito de la fecha del vencimiento [siendo] evidente que la interpretaci\u00f3n desarrollada por la sala [enjuiciada] se presenta err\u00f3nea en lo que al principio de literalidad respecta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n del 03 de agosto de 2022, tomada por la Sala Civil del Tribunal Superior de C\u00facuta, a trav\u00e9s de la cual [resolvi\u00f3] el recurso de apelaci\u00f3n elevado en contra del auto del Juzgado 003 Civil del Circuito de [esa capital], mediante el cual se neg\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb; igualmente, \u00abdejar sin efecto el auto del 18 de marzo de 2022, tomada por el Juzgado 003 Civil del Circuito de C\u00facuta\u00bb, y que \u00abse libre mandamiento de pago en favor de la Financiera Progressa y contra la Corporaci\u00f3n Mi IPS Norte de Santander por valor de la suma contenida en el pagar\u00e9 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. La colegiatura acusada remiti\u00f3 en formato PDF la providencia criticada, as\u00ed como el link para acceder al correspondiente expediente digital. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, dijo que no se evidenciaba \u00abque exista vulneraci\u00f3n alguna por parte de esta Unidad Judicial a los derechos fundamentales esbozados por la parte accionante, m\u00e1xime cuando el tr\u00e1mite impartido al proceso se ajusta a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n Mi IPS Norte de Santander, se opuso a lo pretendido aduciendo \u00abinexistencia de violaci\u00f3n a un derecho fundamental\u00bb, pues, como \u00abexisten unos requisitos procesales para la admisi\u00f3n de la demanda, no puede pretenderse que se admita una acci\u00f3n que no supera la evaluaci\u00f3n de los [mismos]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora al ratificar la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago dentro del ejecutivo singular n\u00b0 2022-00025, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC11128-2022, 24 ago. 2022, rad. 02755-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la queja con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, la Corte establece que la acci\u00f3n incoada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para que la colegiatura enjuiciada, en sala unitaria del 3 de agosto de 2022, mantuviera el prove\u00eddo mediante el cual el juzgado a-quo se abstuvo de librar la orden de pago deprecada por la reclamante, se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En efecto, tras describir las caracter\u00edsticas de los t\u00edtulos valores sostuvo que si bien \u00ab[e]l cartular figura suscrito [por] quien en calidad de deudor declar\u00f3 pagar incondicionalmente el cr\u00e9dito cobrado (\u2026), se advierte que no re\u00fane todas las exigencias que consagra el art\u00edculo 709 [del C\u00f3digo de Comercio] por cuanto no expresa una forma vencimiento, elemento esencial y particular del pagar\u00e9, lo cual impide que el documento se convierta en t\u00edtulo valor\u00bb, en tanto: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan la cl\u00e1usula segunda, se aprecia que lo pactado por las partes sobre el plazo fue \u201cQue la CORPORACION MI IPS NORTE DE SANTANDER pagar\u00e1 el capital indicado en la cl\u00e1usula primera, siempre y cuando no se haya establecido acuerdo de pr\u00f3rroga con 5 d\u00edas de anticipaci\u00f3n, en cuyo caso el plazo se ampliar\u00e1 conforme lo acuerden las partes\u201d. <\/p>\n
Desde luego que, si en esos t\u00e9rminos se redact\u00f3 el compromiso, ce\u00f1idos al principio de literalidad que gobierna este tipo de negocios jur\u00eddicos [art\u00edculo 626 del c\u00f3digo mercantil], ha de concluirse que el pagar\u00e9 no contiene ninguna de las formas de vencimiento que la ley se\u00f1ala. Si bien en la carta de instrucciones se lee -numeral primero- que el deudor autoriz\u00f3 al acreedor para llenar los espacios dejados en blanco relativos a la cuant\u00eda, intereses y fecha de vencimiento; y seg\u00fan el numeral cuarto esta \u00faltima \u201c\u2026ser\u00e1 el d\u00eda en que se diligencie los espacios dejados en blanco\u2026\u201d, es evidente que el cuerpo del pagar\u00e9 no lleva inserta esa fecha exacta y determinada de su vencimiento o exigibilidad, que viene a indicar el momento del cobro de la obligaci\u00f3n y el momento a partir de la cual se empieza a efectuar el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos prescriptivos de la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que no puede entenderse subsanada por el hecho de que en la demanda se hubiera indicado que el deudor entr\u00f3 en mora de cumplir con la orden incondicional de pago establecida en el pagar\u00e9 el 31 octubre de 2019, porque los t\u00edtulos valores son documentos solemnes y para que produzcan los efectos en ellos previstos deben contener las menciones y llenar los requisitos que la ley se\u00f1ale, salvo que ella los presuma (Art. 620 C\u00f3digo de Comercio). Y en lo que concierne al requisito de la forma de vencimiento qued\u00f3 visto que es un elemento esencial de los t\u00edtulos valores, cuya ausencia no la suple expresamente la ley (Art. 621 C\u00f3digo de Comercio). Luego si aquella no aparece inserta en el texto del t\u00edtulo, no puede suponerse, inferirse o suplirse de alg\u00fan otro modo. <\/p>\n
Ahora, es de puntualizar que la omisi\u00f3n sobre la modalidad de vencimiento del t\u00edtulo valor no se supera considerando que ha de tenerse como aquellos pagaderos a la vista. Aunque ciertamente existe una norma que permite hacerlo as\u00ed \u2013art\u00edculo 717- t\u00e9ngase muy en cuenta que se circunscribe ella exclusivamente a los cheques, que por expreso mandato legal vencen a la presentaci\u00f3n que el tenedor legitimo haga de \u00e9l al banco. De all\u00ed que, si cualquier otra especie de t\u00edtulo se expide para ser pagadero a la vista, es menester que se inserte tal expresi\u00f3n en el texto del documento, por modo que todos los obligados cambiarios sepan de antemano que ha de ser esa su forma de vencimiento\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, asever\u00f3 que \u00abel documento bajo escrutinio no puede validarse tampoco como un t\u00edtulo ejecutivo en raz\u00f3n a que el vencimiento es la \u00e9poca o fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, requisito que consagra el art\u00edculo 422 del estatuto procesal vigente, [pues], no pactar una modalidad de vencimiento impide establecer a partir de qu\u00e9 momento ha expirado el plazo concedido al deudor o se cumpli\u00f3 la condici\u00f3n para que pueda hacerse efectivo el t\u00edtulo por el acreedor\u00bb, y por consiguiente: <\/p>\n
\u00abEn el sub judice es incuestionable que la obligaci\u00f3n existe, porque hay un t\u00edtulo ejecutivo del que impl\u00edcitamente se desprenden unas obligaciones en favor de la Financiera Progressa y a cargo de Corporaci\u00f3n MI IPS Norte de Santander, es decir, se sabe con claridad qu\u00e9 se debe, a qui\u00e9n se debe y qui\u00e9n debe. A pesar de esto, existe un vac\u00edo que hace que no sea una obligaci\u00f3n exigible, porque la demandada simple y llanamente asumi\u00f3 el compromiso de pagar la suma que llegare adeudar a su contraparte, pero sin sujetar su exigibilidad a un plazo o condici\u00f3n determinado o determinable. Es decir, lo que no se sabe es a partir de cu\u00e1ndo se debe. Y esa falencia no permite concluir, como dice la Corte Suprema de Justicia, si se encuentra \u201c\u2026en situaci\u00f3n de pago o soluci\u00f3n inmediata, por no estar sometida a plazo, condici\u00f3n o modo, esto es, por tratarse de una obligaci\u00f3n pura, simple y ya declarada\u201d [CSJ-Sala de Negocios Generales, sentencia del 31-08-1942; G.J., t. LIV, p\u00e1gina 383]. Y tambi\u00e9n, correlativamente, saber con exactitud si el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor su cumplimiento. <\/p>\n
Qued\u00f3 visto que el numeral cuarto de la carta de instrucciones indica que la fecha de vencimiento \u201c\u2026ser\u00e1 el d\u00eda en que se diligencie los espacios dejados en blanco\u2026\u201d. Pero de la redacci\u00f3n misma del t\u00edtulo ejecutivo no se desprende con exactitud en qu\u00e9 fecha fue que se hizo su diligenciamiento. Detalle que era imprescindible que se reflejara para que la exigibilidad no se tornara incierta, porque si no existe esa fecha \u00bfde d\u00f3nde se evidencia con precisi\u00f3n el acaecimiento de la exigibilidad para que opere su pago efectivo y total? <\/p>\n
Bajo tales disquisiciones, concluy\u00f3 que \u00abefectivamente no se pod\u00eda acceder a librar el mandamiento de pago mencionado en este prove\u00eddo, tal como lo concluy\u00f3 la juez a quo. Sin embargo, lo que no estuvo apropiado fue el raciocinio que en primer grado se utiliz\u00f3 para la denegaci\u00f3n, porque el juicio de procedencia no concern\u00eda a que la exigibilidad de la obligaci\u00f3n cambiaria que contiene el pagar\u00e9 allegado con la demanda depend\u00eda del cumplimiento de una condici\u00f3n, sino de la ausencia de un presupuesto sine qua non de efectividad, esto es, la forma de vencimiento. O sea que el instrumento anexo al libelo ciertamente resulta insuficiente para darle soporte a la pretensi\u00f3n de recaudo coactivo, pero por no aparecer inserto en \u00e9l lo atinente al vencimiento de la obligaci\u00f3n. Y omitir ese detalle implica, nada m\u00e1s y nada menos, que no se pueda determinar en sede judicial a partir de qu\u00e9 momento exacto es que se hizo exigible el compromiso contra\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no determinan yerro de \u00edndole alguna que sea susceptible de corregirse mediante el empleo de este excepcional mecanismo, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual no puede considerarse caprichosa o antojadiza. <\/p>\n
En las circunstancias anotadas, la actuaci\u00f3n confutada no revela arbitrariedad o desmesura, por tanto, no tiene la capacidad para desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, advirti\u00e9ndose entonces que la postura de la actora frente a lo resuelto, es solo una divergencia conceptual frente a la cual la reiterada jurisprudencia de esta Sala ha dicho que no abre paso a la protecci\u00f3n implorada, porque: <\/p>\n
\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC8546-2022, 6 jul. 2022, rad. 00479-01). <\/p>\n
En el mismo sentido ha sostenido que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, y en esas circunstancias se reitera que este instrumento jur\u00eddico \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC10044-2022, 4 ago. 2022, rad. 02395-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo precisado, se desestimar\u00e1 el auxilio solicitado, por cuanto la determinaci\u00f3n censurada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse mediante la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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