STC12926-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12926-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01868-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de septiembre de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Humberto Monsalve Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y a la libertad individual, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicita, entonces, que se ordene \u00absuspend[er] el proceso penal (\u2026) como tutela directa, como medida provisional o como mecanismo transitorio\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del juicio penal seguido en contra del accionante por el presunto delito de Omisi\u00f3n de Agente Retenedor en Concurso Homog\u00e9neo y Sucesivo, radicado 050016000248201407887, en la audiencia preparatoria de 26 de abril de 2021 el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 el incidente para suspender el proceso, pedido con fundamento en el inicio de tr\u00e1mite de insolvencia econ\u00f3mica de persona natural no comerciante, decisi\u00f3n contra la cual se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, y que fue confirmada el 25 de junio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, por lo cual el estrado de conocimiento program\u00f3 fecha para la audiencia preparatoria. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 el accionante que pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la norma de integraci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que permitir\u00eda la detenci\u00f3n de su proceso por prejudicialidad civil, conforme a lo dispuesto en el C\u00f3digo General del Proceso, el cual establece en su art\u00edculo 1\u00ba que aplica a cualquier jurisdicci\u00f3n y especialidad, de manera que, si bien es cierto que el procedimiento penal no establece la causal de suspensi\u00f3n invocada, ello no implica que no se pueda acudir a la que la especialidad civil tiene establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 545 de su estatuto adjetivo, toda vez que, sostiene, para el delito que es procesado, si se extingue la obligaci\u00f3n tributaria, puede hacerse acreedor a la resoluci\u00f3n inhibitoria, preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n o cesaci\u00f3n del procedimiento, situaci\u00f3n que en criterio del actor amerita la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez constitucional. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 50 Seccional de Unidad de Aduanas e Impuestos Nacionales de Medell\u00edn manifest\u00f3 compartir la decisi\u00f3n tomada en ambas instancias, de negar la suspensi\u00f3n del proceso penal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del juicio cuestionado y resalt\u00f3 que all\u00ed no se vulneraron los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de la misma urbe indic\u00f3 que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n que el gestor interpuso contra el prove\u00eddo de 26 de abril de 2021, con que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, decisi\u00f3n que su superior funcional confirm\u00f3 el 17 de junio siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, al observar que el proceso reprochado no ha concluido, de manera que el accionante puede solicitar en su alegato de cierre la nulidad de lo actuado desde la audiencia preparatoria, cuando le fue negada la suspensi\u00f3n pretendida; del mismo modo, si la sentencia resulta adversa a los intereses del actor, \u00e9ste podr\u00e1 apelarla e incluso eventualmente interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor haciendo \u00e9nfasis en que nada se dijo frente a la procedencia del amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, para que se conceda la protecci\u00f3n mientras culmina el proceso de insolvencia, ya que el hecho podr\u00eda conducir a precluir la actuaci\u00f3n, sin que la posibilidad de alegar la situaci\u00f3n en el proceso penal garantice la protecci\u00f3n de sus derechos, porque si no se accedi\u00f3 al incidente, menos a\u00fan a una nulidad en el alegato de conclusi\u00f3n, fundada en los mismos supuestos, y del mismo modo, tampoco protege sus derechos la posibilidad de apelar el eventual fallo adverso o de acudir al recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo el tr\u00e1mite se encuentra en audiencia preparatoria; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular aquella ante el fallador natural. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
3. Lo anterior bajo el entendido que no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n de car\u00e1cter transitorio, pues, no solo la urgencia del amparo es fundamentada por el accionante en la suposici\u00f3n de que las herramientas con que cuenta dentro del proceso penal ser\u00e1n despachadas desfavorablemente a sus intereses, sino adem\u00e1s, porque no est\u00e1 demostrado que la sola continuaci\u00f3n del proceso penal genere un detrimento que amerite la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Al respecto mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida de la tutela como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
4. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en la secretar\u00eda de esta Sala Especializada el 2 de septiembre de 2022. <\/p>\n
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