STC12935-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12935-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01392-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 9 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro Cardona Londo\u00f1o contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tramite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal 2016-00276. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, igualdad ante la ley, libertad, redenci\u00f3n de pena computada anticipadamente cuando no hay condena ejecutoriada\u00bb, que considera lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Dice que se encuentra recluido en el EPMSC de Pereira, purgando una sanci\u00f3n de 128 meses de prisi\u00f3n que, por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y otros, le impuso el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa ciudad en sentencia de 14 de julio de 2020. <\/p>\n
Aduce que dicha determinaci\u00f3n no ha alcanzado firmeza en la medida que fue apelada, sin que a la fecha la Sala Penal del Tribunal Superior de dicho distrito judicial haya emitido pronunciamiento. <\/p>\n
Refiere que, mediante auto del pasado 19 de mayo, la c\u00e9lula judicial falladora le reconoci\u00f3 74 d\u00edas de redenci\u00f3n punitiva por concepto de ense\u00f1anza; sin embargo, se abstuvo de abonar dicho tiempo al que actualmente ha descontado f\u00edsicamente, adici\u00f3n que le permitir\u00eda acceder al mecanismo sustitutivo consagrado en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, dice, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero de forma desfavorable a sus intereses, en prove\u00eddo de 8 de junio anterior; la alzada, afirma, a\u00fan no ha sido desatada. <\/p>\n
3. El actor extiende su reclamo a dos situaciones puntuales: <\/p>\n
En primer lugar, estima que la providencia del juzgado cognoscente del 19 de mayo de 2022, es constitutiva de v\u00eda de hecho en la medida que, de forma arbitraria, \u00abse reh\u00fasa a reconocer en forma real [sus] redenciones\u00bb y, de contera, le impide acceder al subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, reprocha la tardanza del Tribunal Superior de Pereira para emitir pronunciamiento en torno a los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos contra el fallo condenatorio y la decisi\u00f3n interlocutoria mencionada en el p\u00e1rrafo precedente. <\/p>\n
4. Debido a lo anterior solicita \u00abse ordene a quien corresponda computar como tiempo de reclusi\u00f3n todas [sus] redenciones de pena sin distinci\u00f3n de si son por estudio, trabajo o ense\u00f1anza y resolver las apelaciones pendientes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado a quien le correspondi\u00f3 la ponencia de los asuntos cuestionados resalt\u00f3 que fue designado como titular del despacho 003 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira el 18 de febrero de 2021 y tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el 9 de abril siguiente, recibiendo una elevada carga laboral representada en \u00abaproximadamente 335\u00bb procesos penales, \u00abas\u00ed como un gran n\u00famero de acciones constitucionales vencidas y sin proyectar -aproximadamente 120\u00bb lo que, \u00absumado al reparto que normalmente se recibe tanto de procesos penales como de acciones constitucionales\u00bb, le ha impedido desatar oportunamente las apelaciones formuladas contra la sentencia condenatoria y el auto interlocutorio que resolvi\u00f3 redenci\u00f3n de pena a favor del quejoso. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, junto con su equipo de trabajo, est\u00e1 comprometido \u00aben la tarea de poner al d\u00eda [el] despacho\u00bb pero que dicha labor no resulta f\u00e1cil en tanto \u00abimplica la revisi\u00f3n de m\u00e1s de 400 procesos que se encuentran actualmente en el despacho\u00bb, circunstancia que \u00absobrepasa [la] capacidad humana\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello indic\u00f3 que dio prelaci\u00f3n al proceso sobre el que recae el presente resguardo, asign\u00e1ndole \u00abturno dentro del grupo de proyectos a resolver entre el tercer y cuarto trimestre del 2022\u00bb por lo que solicit\u00f3 \u00abdenegar el amparo\u00bb habida consideraci\u00f3n que la tardanza en resolver no obedece a desidia de su parte, sino al fen\u00f3meno de la congesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. La Juez S\u00e9ptima Penal del Circuito de Pereira, luego de realizar un recuento de las principales actuaciones surtidas, afirm\u00f3 que \u00abno ha violado derecho constitucional alguno al se\u00f1or Alejandro Cardona Londo\u00f1o\u00bb dado que \u00abtodo el tr\u00e1mite procesal se ha agotado con respeto al principio de legalidad y dem\u00e1s garant\u00edas propias de nuestro sistema normativo\u00bb. <\/p>\n
3. Una abogada que dijo ser \u00abapoderada de v\u00edctimas (municipio de Pereira)\u00bb1 pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto \u00abexisten otros mecanismos diferentes a la acci\u00f3n de tutela para dirimir los conflictos del accionante y los accionados y vinculados\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00ablos funcionarios que tienen conocimiento del caso han dado aplicaci\u00f3n estricta a las normas vigentes y aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada, de un lado, por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que, para cuestionar la decisi\u00f3n del juzgado cognoscente acerca de la redenci\u00f3n punitiva, el actor interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, cuya resoluci\u00f3n se encuentra pendiente por parte del Tribunal Superior de Pereira, por lo que su examen, en principio, escapa de la \u00f3rbita de competencia del juez de tutela. <\/p>\n
Por otra parte, frente a la mora judicial atribuida advirti\u00f3 que, aun cuando la corporaci\u00f3n querellada \u00abobjetivamente viene incumpliendo los t\u00e9rminos legales\u2026 para pronunciarse sobre los recursos de apelaci\u00f3n\u2026 esa tardanza\u2026 no puede calificarse de injustificada, por cuanto radica en la excesiva carga laboral que aqueja al magistrado ponente\u2026 que le ha impedido atender oportunamente los casos asignados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n exclusivamente frente a la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En apoyo de su censura manifest\u00f3 que \u00abla Corte no verific\u00f3\u2026 que en otros procesos penales los jueces de conocimiento han computado en forma anticipada y sin estar ejecutoriada la condena, las redenciones de pena concedidas y por derecho de igualdad debi\u00f3 entonces computarse mis redenciones a\u00fan sin que mi condena hubiera cobrado ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, manifest\u00f3 que \u00abtampoco tuvo en cuenta la Corte que prescribi\u00f3 la acci\u00f3n penal para uno de los delitos que me imputaron\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Circunscrita al motivo de disenso presentado por el promotor, la Corte examinar\u00e1 si en el presente asunto se desconocieron las prerrogativas fundamentales invocadas por Alejandro Cardona Londo\u00f1o dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, con la emisi\u00f3n del auto del pasado 19 de mayo, por medio del cual el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Pereira reconoci\u00f3 74 d\u00edas de redenci\u00f3n punitiva por ense\u00f1anza, pero difiri\u00f3 su abono al tiempo f\u00edsico cumplido, hasta tanto la sentencia condenatoria no cobre firmeza. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede constitucional, ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el censor teniendo en cuenta que la causa judicial recriminada se encuentra en curso pues, seg\u00fan da cuenta el material probatorio recopilado, est\u00e1 pendiente de resolverse el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Cardona Londo\u00f1o contra la providencia en la que el juzgado cognoscente resolvi\u00f3 acerca de la redenci\u00f3n punitiva; impugnaci\u00f3n que, debe resaltarse, se sustent\u00f3 en alegaciones similares a las consignadas en este amparo y que en la actualidad no ha sido decidida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta inviable el resguardo porque por medio de este tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en las instancias oportunas, pues la acci\u00f3n supralegal no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir a la autoridad accionada, de all\u00ed que no pueda acudirse al auxilio constitucional mientras el juicio controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n paralelo, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, habida cuenta que el solicitante tiene a su alcance instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos dentro de la actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, de los cuales hizo uso, al haber interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia por medio de la cual el juzgado cognoscente resolvi\u00f3 acerca de la redenci\u00f3n punitiva. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, en lo que fue objeto de censura. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No adjunt\u00f3 poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, conferido por el ente territorial que dice representar <\/p>\n
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