STC12940-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12940-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01849-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lisimaco Medina Romero, en nombre propio y de sus dos hijos menores, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abdejar sin efecto las sentencias SL1105-2021\u2026 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb y la \u00abproferida por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal\u2026\u00bb; que se disponga que Colpensiones \u00abproceda a reconocer y pagar a [su] favor la pensi\u00f3n de sobrevivientes en su calidad de compa\u00f1ero e hijos menores de [su] compa\u00f1era permanente\u2026 en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, a partir\u2026 de fallecimiento de la causante\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Lisimaco Medina Romero, en nombre propio y de sus dos hijos menores, promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con miras a que se les reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su compa\u00f1era permanente Elvia M\u00e9ndez V\u00e9lez desde el 7 de junio de 2014, junto con los intereses moratorios o indexaci\u00f3n, lo probado ultra o extrapetita y costas. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 23 de agosto de 2016, conden\u00f3 a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en 50% a favor del demandante y en un 16.66% para cada uno de sus hijos, adem\u00e1s del retroactivo, intereses y costas. <\/p>\n
2.3. El 6 de diciembre de 2016 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a Colpensiones. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n dicha providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 16 de marzo de 2021 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que se desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional y de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en donde se ha se\u00f1alado que para el reconocimiento de las prestaciones de sobrevivientes e invalidez era posible dar aplicaci\u00f3n a la norma inmediatamente anterior, en el caso el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por la Ley 797 de 2003, si el afiliado realiz\u00f3 las cotizaciones en vigencia de la misma. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no se ten\u00eda en cuenta el principio de favorabilidad; que se efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n restrictiva del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; y que se desconoci\u00f3 el car\u00e1cter de irrenunciable de la pensi\u00f3n al que tienen derecho. <\/p>\n
2.6. Adujo que se present\u00f3 el defecto de violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n, en tanto que se deb\u00eda aplicar la norma m\u00e1s ben\u00e9fica en cuya vigencia se hubiesen realizado cotizaciones; y que era de la tercera edad y no ten\u00eda como mantener a sus menores, pues carec\u00edan de pensiones, bienes o rentas que les permitieran subsistir. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que la denegaci\u00f3n de la pensi\u00f3n fue por la deficiencia de dos semanas, las que la causante intent\u00f3 completar, pero por su enfermedad no le fue posible; que agotaron todos los mecanismos con los que contaban; y cumplieron con los requisitos de procedibilidad. <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que en la providencia que emiti\u00f3 el 16 de marzo de 2021 se consignaron los motivos de la decisi\u00f3n, as\u00ed como los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que la soportaban, a los que se remit\u00eda; que no se incurri\u00f3 en desacierto alguno al denegar la pensi\u00f3n, pues en virtud de la norma aplicable, los accionantes no ten\u00edan derecho a la prestaci\u00f3n, en tanto que la causante no dej\u00f3 cotizadas las semanas requeridas por dicha norma, esto es, 50 semanas en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores la muerte; que el deceso de la afiliada acaeci\u00f3 en junio de 2014, es decir, fuera de la temporalidad establecida por la jurisprudencia, en tanto que solo era posible diferir los efectos de la Ley 797 de 2003 hasta el 29 de enero de 2006; que la causante cotiz\u00f3 tan solo 406,76 semanas en toda su vida laboral, por lo que no complet\u00f3 las 1.275 que exige la normativa; que tampoco se pod\u00eda remitir al Acuerdo 049 de 1990, pues no era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n ni contaba con las semanas all\u00ed exigidas; que se resolvi\u00f3 el asunto de acuerdo a los precedentes; que no exist\u00eda v\u00eda de hecho ni vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que la tutela no era una instancia adicional. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no hizo parte ni fue vinculado al proceso criticado; y que lo debatido en el proceso era un asunto que le correspond\u00eda a Colpensiones. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al estimar que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues las consideraciones esbozadas estaban debidamente sustentadas en la ley aplicable y en la jurisprudencia vinculante; que era razonable la determinaci\u00f3n emitida; que se estudiaron los argumentos expuestos por el gestor, concluyendo que en virtud del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa era posible aplicar la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003; que lo alegado ya fue expuesto ante los jueces; que se pretend\u00edan revivir etapas fenecidas; que la tutela no era una instancia paralela o adicional; y que no se transgredi\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que s\u00ed se presentaba un defecto sustancial y la violaci\u00f3n al precedente de la Corte Constitucional sobre la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues en dicha jurisprudencia no se estableci\u00f3 una limitaci\u00f3n temporal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues tras hacer referencia a la contabilizaci\u00f3n de las semanas cotizadas, puntualiz\u00f3 sobre el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que: <\/p>\n
\u2026Lo primero que hay que traer a colaci\u00f3n es que, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, la Corte extendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a situaciones consolidadas en vigencia de las Leyes 797 de 2003 para pensi\u00f3n de sobrevivientes y 860 de 2003 para pensi\u00f3n de invalidez, pues hasta ese momento operaba \u00fanicamente frente al tr\u00e1nsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, al sostener que\u2026 <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha explicado que el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en trat\u00e1ndose de pensiones de sobrevivientes causadas en vigencia de la Ley 797 de 2003, s\u00ed resulta aplicable, no porque esta normativa sea regresiva al incrementar el requisito de semanas de cotizaci\u00f3n, pues, de hecho, aqu\u00e9lla se ha considerado como una norma progresiva, sino que se ha optado por su operatividad por respeto a las expectativas leg\u00edtimas de las personas que ten\u00edan una situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica concreta, y para quienes no existen reg\u00edmenes de transici\u00f3n como s\u00ed sucede con las pensiones de vejez. En la CSJ SL4650-2017, rad. 45262, la Sala explic\u00f3\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, a trav\u00e9s de la aludida decisi\u00f3n CSJ SL4650-2017 y de la CSJ SL2358-2017, la Sala ampli\u00f3 el anterior criterio, en el sentido de que el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa s\u00ed opera para las pensiones de invalidez y sobrevivientes causadas en vigencia de las Leyes 860 y 797 de 2003, respectivamente, pero con la precisi\u00f3n de que ello no puede hacerse de forma autom\u00e1tica ni ser in eternum, para lo cual se estableci\u00f3, entre algunas otras reglas tendientes a verificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica del afiliado, una limitaci\u00f3n temporal, consistente, en trat\u00e1ndose de pensi\u00f3n de sobrevivientes, en que la norma anterior a la Ley 797 de 2003 puede aplicarse, siempre y cuando el deceso del causante ocurra dentro de los tres (3) a\u00f1os posteriores a la entrada en vigencia de dicha ley, esto es, hasta el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
En la CSJ SL4650-2017, rad. 45262, esta corporaci\u00f3n sobre la temporalidad de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, explic\u00f3\u2026 <\/p>\n
En efecto, en la providencia referida se determin\u00f3 que solo es posible diferir los efectos de la Ley 797 de 2003 hasta el 29 de enero de 2006, es decir, por tres a\u00f1os; t\u00e9rmino que estim\u00f3 razonable, proporcional y favorable para aquellas personas que ten\u00edan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo y, por ende, deb\u00eda protegerse. <\/p>\n
Tal circunstancia no opera de manera caprichosa, pues la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no puede tener una permanencia indefinida e ilimitada en el tiempo porque ello generar\u00eda que el cambio dispuesto por el legislador resultara vano o in\u00fatil, lo que adem\u00e1s implicar\u00eda el desconocimiento de la obligatoriedad del ciudadano de pertenecer al sistema y cumplir con las cotizaciones establecidas o requeridas en la ley vigente. <\/p>\n
Lo anterior significa que, en aras de no obstaculizar los cambios normativos ni pretender adecuar los preceptos legales a cada situaci\u00f3n, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe ser de aplicaci\u00f3n restringida y excepcional, por lo que, para la Sala, la protecci\u00f3n se aplica respecto de los afiliados fallecidos hasta el 29 de enero de 2006, para que sea posible aplicar las disposiciones de la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
En consecuencia, en el sub examine no resulta procedente aplicar la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, esto es, el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, tal y como lo sugiere la censura, puesto que el deceso de la causante acaeci\u00f3 el 7 de junio de 2014, esto es, por fuera de la temporalidad m\u00e1xima establecida en la jurisprudencia anteriormente citada para que pueda operar dicho principio. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, la pensi\u00f3n de sobrevivientes aqu\u00ed solicitada se rige en su totalidad por la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no fueron satisfechos por la afiliada, pues qued\u00f3 establecido en la segunda instancia y no fue controvertido por la censura, la causante no cotiz\u00f3 las 50 semanas en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a su fallecimiento, sino 48,30 y, siendo ello as\u00ed, no le asiste el derecho pensional al promotor del proceso, en calidad de compa\u00f1ero sup\u00e9rstite y en representaci\u00f3n de sus hijos menores. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es preciso aclarar que los demandantes tampoco pueden acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, con base en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en raz\u00f3n a que qued\u00f3 por fuera de discusi\u00f3n que la afiliada fallecida cotiz\u00f3 tan solo 406,76 semanas en toda su vida laboral, esto es, no complet\u00f3 las 1.275 que exige la aludida normativa aplicable para el riesgo de vejez. No sobra agregar que no podr\u00eda la Sala remitirse a los requisitos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, como quiera que la afiliada fallecida no era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n por no tener 35 a\u00f1os de edad o m\u00e1s al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que naci\u00f3 el 17 de junio de 1970 (f.\u00b0 17) y, en todo caso, tampoco contaba con el m\u00ednimo de semanas exigido por dicha normativa para la prestaci\u00f3n de vejez, pues no alcanz\u00f3 a cotizar 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores al deceso ni 1.000 semanas en cualquier tiempo. <\/p>\n
En consecuencia, al no haberse demostrado el desacierto jur\u00eddico que se le atribuye al fallador de segundo grado, el cargo no prospera\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 1\u00ba de septiembre de 2022. <\/p>\n
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