STC12941-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12941-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhony Alberto S\u00e1nchez Arena, quien dice actuar en calidad de apoderado de Sor Adriana Fl\u00f3rez \u00c1lvarez, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de la prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado accionado se declare \u00abla nulidad de este litigio por violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, \u00abpor indebida notificaci\u00f3n\u00bb y \u00abpor haber incurrido en varias irregularidades procesales..\u00bb; se les permita la \u00abimpugnaci\u00f3n de todas las actuaciones procesales llevadas a cabo de manera unilateral\u00bb; que a manera preventiva se \u00abdeten[ga] el remate del bien inmueble hasta que se resuelva la tutela\u2026\u00bb; que se \u00abconden[e] en costos y costas a la parte demandante por usar y malversar la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb; y se \u00abrecha[ce] y opo[nga] de esta demanda presentada por la parte demandante\u2026\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Herman Belalc\u00e1zar Ordo\u00f1ez promovi\u00f3 proceso divisorio contra Sor Adriana Fl\u00f3rez \u00c1lvarez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, el que admiti\u00f3 la demanda el 3 de noviembre de 2021; y en auto de 29 de junio de 2022 se reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado de la demandada y se tuvo por contestado el libelo. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que a finales de mayo su poderdante Sor Adriana Fl\u00f3rez \u00c1lvarez recibi\u00f3 de parte de una tercera persona un aviso en el que observ\u00f3 los nombres y apellidos de su exc\u00f3nyuge, pero como no sab\u00eda si estaba involucrada se comunic\u00f3 con el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira para conocer si exist\u00eda demanda en su contra. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que dicho estrado le solicit\u00f3 el radicado completo, empero, le comunic\u00f3 que lo desconoc\u00eda, que el nombre no aparec\u00eda y que llevaba muchos a\u00f1os de divorciada del demandante; que le lleg\u00f3 un correo en agosto, en donde se indic\u00f3 que se notific\u00f3 a la demandada en su correo personal, direcci\u00f3n electr\u00f3nica que no le pertenec\u00eda; y que el demandante solicit\u00f3 su emplazamiento. <\/p>\n
2.4. Adujo que en junio de 2022 se le inform\u00f3 que su poderdante s\u00ed era demandada, pero no se le entreg\u00f3 documentaci\u00f3n alguna; que el link que les enviaron estaba vac\u00edo, por lo que se remiti\u00f3 un correo con el poder conferido y deprecando copia de la actuaci\u00f3n, sin que a la fecha le hubiesen remitido lo solicitado. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que no hab\u00eda tenido la opci\u00f3n de defenderse, controvertir, presentar pruebas ni refutarlas; que previamente el demandante ya hab\u00eda presentado direcciones erradas; y que desconoc\u00edan la demanda, por lo que deprec\u00f3 nulidad por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el despacho afirm\u00f3 que el apoderado no hab\u00eda contestado la demanda ni se hab\u00eda opuesto y que le pod\u00eda abrir un disciplinario; que en el sistema aparec\u00eda como reservado el juicio; que colegas suyos se hab\u00edan mostrado asombrados con lo acontecido; y que se enteraron que se iba a rematar el bien, pese a que se encontraba afectado a vivienda familiar. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que como apoderado pretend\u00eda la nulidad del litigio por violaci\u00f3n al debido proceso e indebida notificaci\u00f3n; que se deb\u00eda detener el remate, pues se cometi\u00f3 un yerro; que se incurri\u00f3 en distintas irregularidades procesales; y que se le deneg\u00f3 a su representada la leg\u00edtima defensa. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones e indic\u00f3 que la notificaci\u00f3n de la demandada se surti\u00f3 conforme con el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020; que no fue posible efectuar el enteramiento a la direcci\u00f3n informada por el demandante ni tampoco se surti\u00f3 en su totalidad el emplazamiento, pues el abogado accionante present\u00f3 poder para actuar y contest\u00f3 la demanda; que dicho apoderado no aleg\u00f3 pacto de indivisi\u00f3n, no propuso excepciones de fondo ni formul\u00f3 una nulidad, por lo que el 11 de junio de los corrientes orden\u00f3 la divisi\u00f3n ad-valorem, decisi\u00f3n que no fue recurrida; que la demanda fue notificada personalmente; que desde el 3 de junio anterior se le hab\u00edan remitido los traslados y el link de acceso al expediente; que el promotor present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n, evidenci\u00e1ndose que era una reposici\u00f3n, aunque no se pudiera determinar cual era la decisi\u00f3n frente a la que disent\u00eda; que la tutela era residual; que no se encontraba acreditado un perjuicio irremediable; que el abogado no hab\u00eda estado atento a las distintas providencias emitidas; que se interpuso la tutela sin poder especial, por lo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n activa; y que no se conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
2. Herman Belalc\u00e1zar Ordo\u00f1ez se\u00f1al\u00f3 que el accionante hab\u00eda actuado en el proceso; que en la contestaci\u00f3n de la demanda no se present\u00f3 oposici\u00f3n alguna, como el pacto de indivisi\u00f3n; y que solicitaba se denegaran las pretensiones y se pudiera continuar con el proceso. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n, pues el accionante no era parte del proceso, no contaba con poder especial, ni manifest\u00f3 hip\u00f3tesis que lo autorizara para actuar como agente oficioso; y que no eran sus propios derechos los involucrados, por lo que deb\u00eda acudir con poder especial, sin que atendiera el requerimiento efectuado para el efecto por el Tribunal, \u00absellando la suerte adversa del petitum\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que se vulner\u00f3 su derecho de defensa; y que solicitaba se le remitieran los pantallazos en donde el Tribunal Constitucional le pidi\u00f3 poder especial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante Jhony Alberto S\u00e1nchez Arena carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
En efecto, el promotor no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, sin que el hecho de que sea el apoderado de la demandada en el juicio divisorio criticado, lo habilite para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas, m\u00e1xime cuando ni siquiera en la impugnaci\u00f3n alleg\u00f3 el referido poder especial. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa\u2026 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01). <\/p>\n
Y ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2018La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2019. (CSJ STC, 25 abr. 2013 rad. No. 00819-00, reiterada en la STC 10 abr. 2014, rad. 00093-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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