STC12942-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12942-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Dacia Luc\u00eda Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, Juzgado Octavo Civil Municipal y al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito, todos de Cartagena y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2003-23890. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La Corporaci\u00f3n Nacional de Ahorro y Vivienda -Conavi- promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Rosiris del Rosario Ruiz Vergara, pretendiendo el cobro del pagar\u00e9 7388, por valor de 181.851.2456 Unidades de Valor Real (UVR) equivalentes a $19.000.000 para el 23 de febrero del a\u00f1o 2000, momento de la suscripci\u00f3n del t\u00edtulo valor1. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 14 de febrero de 20032 y, mediante auto del 8 de abril siguiente3, orden\u00f3 la venta del inmueble objeto de hipoteca en p\u00fablica subasta, porque la convocada no propuso excepciones, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 555 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.3. La ejecutada formul\u00f3 incidente de nulidad de todo lo actuado con sustento, entre otros, en la \u00abnulidad del negocio jur\u00eddico\u00bb, en atenci\u00f3n a lo previsto en la Ley 546 de 1999, lo cual fue negado en prove\u00eddo del 5 de junio de 2006, confirmado por el superior el 19 de septiembre de 20114. <\/p>\n
2.4. El asunto fue remitido al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, para continuar su tr\u00e1mite5, instancia en la cual el extremo pasivo formul\u00f3 nuevamente incidente de nulidad de todo lo actuado, por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, petici\u00f3n que fue negada el 23 de marzo de 20176. <\/p>\n
2.5. El 28 de noviembre de 2019, el estrado judicial de ejecuci\u00f3n aprob\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito en favor de la tutelante, Dacia Luc\u00eda Guti\u00e9rrez Guzm\u00e1n, y dispuso tenerla como cesionaria de la parte demandante en la causa coercitiva7. <\/p>\n
2.6. En audiencia celebrada el 29 de junio de 2021, en ejercicio del control de legalidad, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, al no encontrar satisfecho el requisito de la de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de que trata el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y el desglose de la escritura p\u00fablica. En sustento, adujo que: <\/p>\n
La escritura p\u00fablica fue suscrita para antes de 31 [de diciembre] de 1999 y el pagar\u00e9 si bien fue suscrito el 23 de febrero del 2000, y el despacho en anterior oportunidad hab\u00eda manifestado que en el asunto no se observaba que el pagar\u00e9 se traba para la adquisici\u00f3n de vivienda, toca modificar, cambiar esa decisi\u00f3n; por cuanto, revisado detalladamente el pagar\u00e9, ser advierte sin lugar a dudas, que s\u00ed emana de la escritura p\u00fablica suscrita para la adquisici\u00f3n del cr\u00e9dito de vivienda (\u2026) las documentales allegadas a este tr\u00e1mite dan cuenta que la obligaci\u00f3n exigida por el banco ejecutante, fue adquirida por los deudores para antes de diciembre de 1999 a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica n.\u00ba 2269 del 8 de septiembre de 1999 y fue suscrita en UPAC; si bien [en] el pagar\u00e9 se informa que fue suscrito con posterioridad, del mismo se extrae que deriva, que emana de la escritura p\u00fablica suscrita para adquirir un cr\u00e9dito de adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, pues el valor que se indic\u00f3 en el pagar\u00e9 resulta ser el mismo que est\u00e1 en la escritura p\u00fablica pero redenominado a UVR, sin que se advierta la existencia de la tan mencionada reestructuraci\u00f3n (\u2026) que ha dicho la Corte y la ley que se tiene que realizar por parte del acreedor (\u2026) comoquiera que no fue allegada al expediente esa prueba y que es requisito para continuar con la ejecuci\u00f3n de acuerdo con lo se\u00f1ado en la sentencia de la Corte, el despacho decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n del proceso por mandato expreso del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 42 Ley 546 de 19998. <\/p>\n
2.7. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada el 23 de noviembre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Cartagena. <\/p>\n
2.8. Respecto de la determinaci\u00f3n referida, la tutelante aduce que incurri\u00f3 en defecto sustantivo y factico, toda vez que la Ley 546 de 1999 era inaplicable al caso concreto, dado que, aunque la escritura p\u00fablica 2269 se otorg\u00f3 el 8 de septiembre de 1999 y se inscribi\u00f3 el 12 de enero de 2000, lo cierto era que la obligaci\u00f3n hipotecaria realmente \u00ab[naci\u00f3] a la vida jur\u00eddica\u00bb el 23 de febrero de 2000, cuando se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 7388 objeto de recaudo y se efectu\u00f3 el desembolso del dinero adeudado, de manera que no se evalu\u00f3 en debida forma el material probatorio allegado, que evidencia que el cr\u00e9dito fue posterior a la precitada ley. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el instrumento caratular se suscribi\u00f3 en Unidades de Valor Real -181.851.2456 UVR equivalentes a de $19.000.000 para esa \u00e9poca-, lo cual, de conformidad con el precedente jurisprudencial, constituye \u00abun consentimiento expreso sobre la forma como se reliquid\u00f3 y redenomin\u00f3 la deuda\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, solicit\u00f3 que se revoque el auto proferido por el Juzgado convocado el 23 de noviembre de 2021 y que se ordene a esa autoridad judicial resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra del prove\u00eddo de 29 de junio de 2021. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena argument\u00f3 que el cr\u00e9dito de vivienda rebatido fue otorgado el 8 de septiembre de 1999 y, por tanto, estaba sujeto a las previsiones de la Ley 546, aunque el pagar\u00e9 se hubiera suscrito en fecha posterior y en UVR. Igualmente, destac\u00f3 que el control de legalidad realizado por la juzgadora de ejecuci\u00f3n ten\u00eda sustento en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena arguy\u00f3 que la decisi\u00f3n el 29 de junio de 2021 se fund\u00f3 en las pruebas allegadas y en los precedentes jurisprudenciales relacionados. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque desde el 3 de octubre de 2014 remiti\u00f3 las diligencias al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de esa ciudad. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto el prove\u00eddo reprochado se motiv\u00f3 razonadamente en la l\u00ednea jurisprudencial definida por las altas cortes y teniendo en cuenta que la obligaci\u00f3n ejecutada se origin\u00f3 en un \u00abcr\u00e9dito de vivienda, otorgado en septiembre de 1999, con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, no encontr\u00e1ndose probada la exigencia establecida en el art\u00edculo 42 de la Ley de Vivienda\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estableci\u00f3 que, con independencia de la fecha en la que se constituy\u00f3 la garant\u00eda real -escritura p\u00fablica de 8 de septiembre de 1999- y de la calenda en que se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 y se realiz\u00f3 el desembolso del dinero -23 de febrero de 2000-, \u00abla reestructuraci\u00f3n es aplicable a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien reiter\u00f3 los argumentos esbozados en el escrito inicial y precis\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, para que proceda la reestructuraci\u00f3n se requiere que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado antes del 31 de diciembre de 1999, cuesti\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este caso, porque el desembolso \u00abde las sumas de dinero\u00bb se realiz\u00f3 el 23 de febrero de 2000, momento en el cual naci\u00f3 efectivamente \u00aba la vida jur\u00eddica la obligaci\u00f3n Hipotecaria\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales que considera vulnerados, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo proferido el 23 de noviembre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito accionado, que confirm\u00f3 el auto emitido el 29 de junio de 2021, mediante el cual se dio por terminado el proceso ejecutivo de radicado 2003-23890. <\/p>\n
2. Frente al tema censurado, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se advierte que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, expuso los motivos por los cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar confirmar el auto dictado por el a quo el 29 de junio de 2021, en tanto decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio compulsivo censurado. <\/p>\n
Para el efecto, estableci\u00f3 que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n del proceso estaba constituido por el pagar\u00e9 allegado con la demanda y la escritura p\u00fablica 2269 del 8 de septiembre de 1999, los cuales, \u00aben conjunto\u00bb, contienen la \u00abobligaci\u00f3n a cargo de la demandada, que se consideran id\u00f3neos para librar la orden de pago, al cumplir con las exigencias del art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dichos documentos, advirti\u00f3 que como el cr\u00e9dito \u00abque nos ocupa\u00bb es de vivienda y fue otorgado en UPAC, tal y como se puede constatar en la escritura p\u00fablica 2269 de 1999 en la Notar\u00eda Primera de Cartagena9, para que el t\u00edtulo sea exigible mediante el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria debe cumplir, adem\u00e1s, con los requisitos establecidos en los art\u00edculos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, relativos al deber de las entidades financieras de efectuar \u00abla reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la aplicaci\u00f3n del alivio y [la] reestructuraci\u00f3n\u00bb de los cr\u00e9ditos de vivienda \u00abanteriores al a\u00f1o 1999\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente cit\u00f3 la normativa aplicable, as\u00ed como m\u00faltiples pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n10 y de la Corte Constitucional11, relacionados con el cumplimiento del requisito de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos otorgados antes de 31 de diciembre 1999, para que la obligaci\u00f3n sea exigible. <\/p>\n
A su vez, precis\u00f3 que, aunque el pagar\u00e9 fue librado en UVR y expedido despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 546 de 1999, lo cierto era que se sustentaba en un cr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC el 8 de septiembre de 1999, como lo indica la escritura p\u00fablica 2269 y \u00abcomo advirti\u00f3 el juez de ejecuci\u00f3n, [en tanto] son coincidentes en cuanto al monto del capital exigido por esa v\u00eda ejecutiva, esto es la suma de $19.000.000, por lo que se colige que se trata del mismo cr\u00e9dito que se ejecuta\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior y dado que no se alleg\u00f3 \u00abdocumento alguno que pruebe que se haya realizado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito con posterioridad a la reliquidaci\u00f3n -la cual tampoco se encuentra anexada a la demanda-\u00bb, no estaba demostrado \u00abel cumplimiento del requisito de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n demandada, a que se refiere el art\u00edculo 41 de Ley 546 de 1999\u00bb, de manera que la acci\u00f3n ejecutiva era improcedente, por la \u00abausencia de [la] exigibilidad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que los reproches esbozados por el censor en el remedio de alzada no lograron prosperar: <\/p>\n
como quiera que [aquel] no logr\u00f3 acreditar que el banco que inici\u00f3 la demanda hubiese satisfecho el requisito de reestructuraci\u00f3n antes de instaurar la Litis\u2026, tampoco logr\u00f3 refutar con suficiencia, que no se trata de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, pues contrario a ello, se encuentra demostrado que si se trataba de un cr\u00e9dito destinado a tal prop\u00f3sito, y por \u00faltimo, la labor oficiosa emprendida por la juez de ejecuci\u00f3n, en torno a la revisi\u00f3n de los requisitos del t\u00edtulo , tambi\u00e9n encuentra sustento legal en el art 132 del CGP (\u2026). <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada y en los que se insiste en sede de tutela. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Juzgado convocado, al auscultar el material probatorio que obra en el expediente, encontr\u00f3 que la obligaci\u00f3n que demandaba la ejecutante se origin\u00f3 en un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, contra\u00eddo mediante la escritura p\u00fablica 2269 otorgada el 8 de septiembre de 1999, bajo el sistema de Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), lo cual se corrobora con lo dicho en la demanda ejecutiva, en el sentido que \u00abLos inmuebles sobre los cuales se constituy\u00f3 el gravamen hipotecario para garant\u00eda del cr\u00e9dito, corresponden a cr\u00e9ditos otorgados para la adquisici\u00f3n de vivienda\u00bb, obligaci\u00f3n que se pact\u00f3 en UPAC en dicho instrumento y que estaba vigente al momento de expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Con base en ello concluy\u00f3 que, para hacer exigible la obligaci\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n cambiaria, era necesario agotar la reestructuraci\u00f3n el cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, sin que se evidenciara en el plenario elemento demostrativo que diera cuenta del cumplimiento de dicho presupuesto, pues, aunque el pagar\u00e9 se otorg\u00f3 con posterioridad y se liquid\u00f3 en UVR, esa sola circunstancia no acreditaba que se hubiera surtido la fase de la reestructuraci\u00f3n requerida frente al cr\u00e9dito amparado, el cual, se itera, fue otorgado antes de la vigencia de dicha norma. <\/p>\n
4.2. En este sentido, es menester recordar lo que esta Corte ha precisado en materia de reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda a la luz de lo contemplado en la Ley 546 de 1999, as\u00ed: <\/p>\n
[Del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42\u2026 <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes\u2026 <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. (CSJ STC331-2019 y CSJ STC5462-2020). <\/p>\n
De modo que, es deber de los jueces revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo el ejecutante ados\u00f3 los soportes para acreditar eficazmente la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n adquirida en UPAC, esto es, antes de la Ley 546 de 1999, como ocurri\u00f3 en este caso, independientemente de la fecha posterior en que se suscribi\u00f3 el t\u00edtulo valor, dado que, para el efecto, el t\u00edtulo ejecutivo es complejo. <\/p>\n
En efecto, insistentemente se ha decantado que esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC5462-2020), de manera que \u00abno es exigible el t\u00edtulo valor trat\u00e1ndose de procesos coercitivos hipotecarios que versen sobre cr\u00e9ditos pactados en UPAC, o que a\u00fan pactados en pesos lleven impl\u00edcito el componente DTF, cuando no se acredita la reestructuraci\u00f3n plurimencionada\u00bb (ver en CSJ STC17824-2017). <\/p>\n
En ese sentido, debe precisarse que la ejecutante estaba en la obligaci\u00f3n de proceder a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos de la memorada Ley de Vivienda, con independencia de que el cr\u00e9dito hipotecario se haya otorgado 8 de septiembre de 1999 bajo el sistema Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y el pagar\u00e9 objeto de recaudo se haya suscrito por las partes el 23 de febrero de 2000 en Unidades de Valor Real (UVR), es decir, con posterioridad la fecha de la adquisici\u00f3n de la obligaci\u00f3n exigida por la demandante y que se haya expresado en una unidad de actualizaci\u00f3n de cr\u00e9ditos a largo plazo diferente de la primera, por cuanto este hecho solo daba cuenta de la redenominaci\u00f3n del cr\u00e9dito, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 3812 de la Ley 546 de 1999, m\u00e1s no de un \u00abconsentimiento expreso sobre la forma como se reliquid\u00f3\u00bb la deuda. Al respecto, un caso con contornos similares, la Corte dijo: <\/p>\n
Cotejadas las anteriores premisas con los argumentos expuestos por la mentada funcionaria en la providencia transcrita l\u00edneas atr\u00e1s, refulge evidente la vulneraci\u00f3n alegada por los gestores, si se tiene en cuenta que las autoridades convocadas al resolver sobre la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso elevadas por \u00e9stos, se apart\u00f3 de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de reestructurar el cr\u00e9dito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo, en raz\u00f3n a que las documentales allegadas a este tr\u00e1mite dan cuenta de que la obligaci\u00f3n exigida por el banco ejecutante fue adquirida por los deudores en diciembre de 1996 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), y de manera alguna los pagar\u00e9 t\u00edtulo de recaudo pueden evidenciar que esta fuera reestructurada, pues, si bien la juzgadora censurada adujo que dicha operaci\u00f3n s\u00ed tuvo ocurrencia, ya que los t\u00edtulos valores objeto de recaudo fueron suscritos por las partes el 12 de septiembre de 2001 y 16 de diciembre de 2003, en unidades de UVR, tales aspectos no demuestran per se que se haya realizado dicha actuaci\u00f3n, pues ello m\u00e1s bien corresponde a una redenominaci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos consignados en el art\u00edculo 38 de la memorada ley de vivienda, y no a la implementaci\u00f3n de la rese\u00f1ada figura. (Se subraya. CSJ STC10546-2020). <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb13. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Folio 83. Archivo \u201c01Demandaytramiteshasta20210618\u201d. Ibidem.. <\/p>\n
3\u0002 Folios 101 a 105. Archivo \u201c01Demandaytramiteshasta20210618. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 147 a 157, Archivo \u201c04Demandaytramiteshasta20210618\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1, Archivo \u201c04Demandaytramiteshasta20210618\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 105 a 107, Archivo \u201c04Demandaytramiteshasta20210618\u201d. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 315, Archivo \u201c04Demandaytramiteshasta20210618\u201d. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Minuto 3:40 a 10:52, Archivo \u201c06AudienciaTerminacion2021062902\u201d. Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Por cuanto, en el ac\u00e1pite denominado \u00abSEGUNDA PARTE- HIPOTECA EN PRIMER GRADO, CLAUSULA QUINTA \u2013 PAR\u00c1GRAFO 2\u00bb se estableci\u00f3 que \u00abEl cr\u00e9dito inicial aprobado por LA CORPORACI\u00d3N a favor de LA DEUDORA asciende a la cantidad de UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS UNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE COMO QUINIENTES SETENTA Y DOS NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL\u00c9SIMAS PARTES DE UNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE\u2026\u00bb (Subrayas propias). <\/p>\n
10\u0002 Sentencias: CSJ STC3865-2015, CSJ STC2747-2015, CSJ sentencia de 5 dic. 2014 rad. 2014-2750, CSJ STC16450-2017, entre otras. <\/p>\n
11\u0002 Sentencias: SU-813 de 2007; SU-787 de 2012; T-1240 de 2008; T-881 de 2013; T-701 de 2004, entre otras. <\/p>\n
12\u0002 El cual establece que: \u201cDentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresar\u00e1n en UVR, seg\u00fan la equivalencia que determine el Gobierno Nacional. Vencido este t\u00e9rmino sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales obligaciones, \u00e9stas se entender\u00e1n expresadas en UVR, por ministerio de la presente ley. PARAGRAFO. Las entidades financieras quedan facultadas para redimir en forma anticipada los t\u00edtulos valores denominados en UPAC\u201d. <\/p>\n
13\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12942-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12942-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00225-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}