STC12947-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12947-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 66001-22-13-000-2022-00245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 24 de agosto de 2022, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Nilton Ruge Nieto contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, la Alcald\u00eda Municipal y la Personer\u00eda de esa ciudad, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00553-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n popular mencionada y que el estrado censurado ha incumplido los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 20 de la Ley 472 de 1998, porque a\u00fan no profiere auto sobre la admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n de la demanda, a pesar de contar con 3 d\u00edas para el efecto. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado cuestionado cumplir con los t\u00e9rminos perentorios que consagra la Ley 472 de 1998 e informar \u00abcu\u00e1ntas acciones de tutela en acciones populares se han presentado contra la tutelada desde el a\u00f1o 2015\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que, mediante auto de 17 de agosto pasado, inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00553-00, que el accionante promovi\u00f3 contra Davivienda S.A. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado tiene una \u00abvasta carga laboral\u00bb, pue en lo que va corrido del a\u00f1o le han asignado 341 acciones populares, sumado a los procesos de car\u00e1cter civil y dem\u00e1s mecanismos de naturaleza constitucional que tambi\u00e9n debe tramitar, de ah\u00ed que no fue posible resolver sobre la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular en el t\u00e9rmino establecido. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, pues constat\u00f3 que la tardanza se produjo como consecuencia de \u00abla alta congesti\u00f3n de los juzgados civiles del circuito\u00bb pertenecientes a ese distrito judicial, al igual que del \u00abexcesivo n\u00famero de acciones populares\u00bb que all\u00ed se adelantan, sumado a que se profiri\u00f3 el auto que se echaba de menos. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien solicit\u00f3 acreditar que el estrado accionado tramita el n\u00famero de acciones populares enunciadas en su respuesta y requiri\u00f3 que se demuestre que la mora es justificada. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor cuestiona la mora judicial en la que ha incurrido el Juzgado accionado, por no proferir auto de admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00553-00, en el t\u00e9rmino previsto en la ley. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n allegados, esta Sala concluye que la solicitud de amparo constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que se configur\u00f3 una carencia actual de objeto. <\/p>\n
En efecto, se evidencia que la autoridad convocada resolvi\u00f3 lo relativo a la admisibilidad de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00553-00, toda vez que, mediante auto de 17 de agosto de 20221, la inadmiti\u00f3 y concedi\u00f3 3 d\u00edas, para que se subsanara; sin embargo, ante el silencio del promotor, el juzgado rechaz\u00f3 la demanda el pasado 5 de septiembre de 20222, determinaci\u00f3n frente a la cual aqu\u00e9l no present\u00f3 reparo alguno. <\/p>\n
De lo anterior, se constata, de un lado, que la reclamaci\u00f3n del suplicante fue atendida por la autoridad querellada, de manera que se super\u00f3 el hecho que gener\u00f3 la tutela; y, por el otro, que por esa circunstancia y en raz\u00f3n a que la demanda se rechaz\u00f3 carece de objeto realizar pronunciamiento alguno en torno al asunto rebatido, pues se dispuso la finalizaci\u00f3n del proceso. Al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(…) el hecho superado es el evento en el cual han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que torna improcedente la decisi\u00f3n del juez constitucional […] por lo que en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales (resaltado fuera del texto) (CSJ STC, 14 oct. 2007, Rad. 00244-01; CSJ STC, 18 dic. 2012, Rad. 00222-02; y CSJ STC, 27 febr. 2013, Rad. 00024-01, reiterado en STC265-2021, entre otras). <\/p>\n
Asimismo, la Sala ha considerado que, cuando se pierde el motivo del amparo constitucional, como en este caso, en tanto se rechaz\u00f3 la demanda del proceso censurado, \u00abno tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb CSJ STC8051-2020. <\/p>\n
3. Finalmente, respecto del ruego alusivo a la informaci\u00f3n relacionada con el n\u00famero de tutelas que se han incoado en los tr\u00e1mites de acciones populares que adelanta el estrado fustigado desde el a\u00f1o 2015, el amparo tampoco sale avante, pues esa solicitud debe invocarse y resolverse por el competente. <\/p>\n
4. Por las razones aqu\u00ed expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c005AutoInadmiteDemanda.pdf\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular 2022-00553-00. Decisi\u00f3n notificada por estado 062 del 18 de agosto de 2022, folio 2 del mismo archivo. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c011AutoRechazaDemanda.pdf\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular 2022-00553-00. Notificado mediante estado electr\u00f3nico 067 de 06 de septiembre de 2022, folio 2 del mismo archivo. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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