STC12951-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12951-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Oscar Javier Rico, quien dijo actuar \u00abcomo agente oficioso y representante legal de [dos de sus hijos] menores [de edad]\u00bb, frente al fallo proferido el 5 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado de Familia de Soacha, la Comisar\u00eda Tercera de Familia de ese lugar y Adriana Paola Mu\u00f1oz Guti\u00e9rrez, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00abde los menores\u00bb y la \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente conculcados por los convocados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a los accionados \u00abentregar[,] para que [la] habiten\u2026 junto con su padre[,] la vivienda ubicada en la carrera 15 D No. 18 A – 77 Sur Barrio Villa Luz Soacha Compartir (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, pretendiendo se le entregue el referido predio para habitarlo junto con sus dos hijos, el accionante indic\u00f3 que Mu\u00f1oz Guti\u00e9rrez actualmente no lo ocupa y lo ha colocado en riesgo porque se est\u00e1 deteriorando, sumado a que no paga los servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00e9l actualmente paga arriendo en la vivienda donde habita con sus ni\u00f1os y la abuela de \u00e9stos, incurriendo en \u00abun gasto innecesario, que afecta el m\u00ednimo vital de [sus] hijos, ya [que] este dinero lo podr\u00eda invertir en\u2026 vestuario, recreaci\u00f3n de los menores, para que su vida sea digna y una relaci\u00f3n digna acorde a sus edades (sic)\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Adriana Paola Mu\u00f1oz Guti\u00e9rrez, quien sostuvo que s\u00ed est\u00e1 \u00abviviendo en el bien inmueble que es propiedad de las partes hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb, se opuso a la prosperidad del resguardo al considerarlo \u00abimprocedente y carente de legitimidad\u00bb, comoquiera que, sostuvo, \u00abel cumplimiento del pago de una cuota de alimentos no es de car\u00e1cter constitucional\u00bb sino \u00abde la competencia de otra autoridad…, por lo que existe otro escenario para velar por la protecci\u00f3n de los derechos de los menores y en ese\u2026 orden de ideas existe otro mecanismo al cual debe acudir la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia de Soacha histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite fustigado e indic\u00f3 que adelant\u00f3 \u00ablas acciones necesarias para que[,] en derecho, se diera el tr\u00e1mite correspondiente al recurso de apelaci\u00f3n promovido por\u2026 Mu\u00f1oz Guti\u00e9rrez en contra de la medida de protecci\u00f3n dictada por parte de la Comisar\u00eda\u2026 y, si se han generado nuevos hechos o situaciones, el se\u00f1or\u2026 Rico cuenta con otra serie de mecanismos de defensa judicial para la garant\u00eda o protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y los de sus hijos, diferentes a la acci\u00f3n de tutela, la cual vale la pena recordar, es residual y no puede remplazar los tr\u00e1mites ordinarios judiciales, administrativos o policivos\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisar\u00eda Tercera de Familia de Soacha se opuso al ruego supralegal y solicit\u00f3 declararlo \u00abimprocedente por inexistencia de violaci\u00f3n al derecho pedido\u00bb, en tanto que \u00abno existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n [suya a la]\u2026 que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u2026, toda vez que [ha]\u2026 dado cabal cumplimiento a la normatividad en materia de violencia intrafamiliar, y el actor puede ejercer las acciones pertinentes en aras de obtener soluci\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque, como lo pretendido por el quejoso es que se le entregue el referido inmueble, \u00abla tutela no resulta id\u00f3nea para disponer al respecto\u00bb, comoquiera que \u00abexistiendo unos precisos causes para discutir sobre ese particular en el proceso, es claro que antes de acudir a la acci\u00f3n de amparo\u2026 debe ponerlas de presente ante las autoridades accionadas, a fin de que ellas, dentro de sus competencias, resuelvan sobre aquello, por supuesto que no existiendo motivo para que intente sustraer el asunto de ese entorno para que los jueces constitucionales lo analicen, muy dif\u00edcil es pretender que la tutela sea de buen recibo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n el Juzgado atacado \u00abfij\u00f3 una cuota de $300.000 a cargo de la progenitora de los ni\u00f1os, teniendo en cuenta que el quejoso \u201cno est\u00e1 residiendo en la casa con sus [dos] menores hijos\u2026\u201d, raz\u00f3n por la que aquella deb\u00eda \u201cprestarle una ayuda econ\u00f3mica\u2026 para el pago del arrendamiento de la vivienda de los menores\u201d, lo cual estableci\u00f3 \u201cmientras se liquida la sociedad conyugal y se hace la repartici\u00f3n de las utilidades o se divide el bien inmueble en dos partes iguales\u201d\u2026, lo cual se corrobora en el audio de la audiencia, donde el director del despacho anot\u00f3 que \u201cen la actualidad Oscar Javier Rico les ofrece una vivienda digna\u2026\u201d, a pesar de que \u201cno es una vivienda propia, s\u00ed es una vivienda donde gozan de las comodidades propias de una familia\u201d\u2026, por modo que si as\u00ed se encuentran definidas judicialmente las cosas, lo propio es que, considerando que \u00e9stas han variado, le plantee a la comisar\u00eda esa opci\u00f3n que tiene a fin de conjurar esos riesgos que afectan el inmueble\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abnada en la tutela acusa el quebrantamiento de los derechos constitucionales fundamentales de los menores, por supuesto que, en tales condiciones, es imposible pretender que la tutela salga avante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, advierte la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la forzosa confirmaci\u00f3n del fallo emitido por el a-quo constitucional, comoquiera que, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, lo cierto es que no ha agotado ante las autoridades encausadas, inicialmente frente a la Comisar\u00eda convocada, la discusi\u00f3n que inviablemente pretende aqu\u00ed se asuma, de primera mano, por parte del fallador constitucional, lo cual configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
3. Dejando claro que la ausencia de ese presupuesto impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, pertinente es agregar que aunque el impugnante adujo promover la salvaguarda en favor de los derechos esenciales de dos de sus tres hijos menores de edad, lo cierto es que en el caso concreto solamente se cuenta con su dicho, sin que acreditara ninguna circunstancia excepcional que impusiera al juzgador constitucional una ponderaci\u00f3n especial de cara a adoptar medidas urgentes en pro de las garant\u00edas de aqu\u00e9llos, pasando por alto el prenotado requisito de procedibilidad. <\/p>\n
4. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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