STC12954-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12954-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 22 de agosto de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo invocado por Diltrudes Esther Borja Ternera contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2015-00223. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay se adelant\u00f3 el proceso ejecutivo 2015-00223, promovido por Mirella Plata Lozada contra la tutelante. <\/p>\n
2.2. El estrado judicial -con prove\u00eddo del 20 de marzo de 2018- resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Luego, en auto del 11 de diciembre de 20191, fij\u00f3 fecha para llevar a cabo el remate del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 222-7046, a pesar de que no se hab\u00eda liquidado el cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.3. Inconforme con lo anterior, el apoderado de la se\u00f1ora Borja Ternera present\u00f3 incidente de nulidad, el cual fue resuelto de forma negativa el 27 de octubre de 20202. Tal determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay -con providencia del 8 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, la promotora adujo que el despacho atacado incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y f\u00e1ctico, por cuanto dej\u00f3 inc\u00f3lume el auto que estableci\u00f3 la data en la que se realizar\u00eda almoneda del predio embargado sin que estuviera aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo cual va en contrav\u00eda de lo estipulado por el art\u00edculo 448 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene al juzgado accionado que deje sin efectos el auto del 9 de febrero de 2022 y, en su lugar, se profiera uno nuevo teniendo en cuenta el art\u00edculo 448 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay3 solicit\u00f3 que fuera denegado el resguardo, comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la gestora. <\/p>\n
2. El Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay4 hizo un recuento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaecida en la causa. Luego, afirm\u00f3 que no existe irregularidad alguna cuando se realiza la diligencia de remate sin que exista liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Como sustento de lo anterior, trajo a colaci\u00f3n la sentencia C-175\/96 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo rogado, debido a que la determinaci\u00f3n rebatida no carece de fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica. En esa l\u00ednea, manifest\u00f3 que el simple hecho que la decisi\u00f3n haya sido adversa para la accionante no es suficiente para que se le conceda lo pretendido. <\/p>\n
Para arribar a la anterior conclusi\u00f3n, trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 448 del estatuto procesal. Y concluy\u00f3 que \u00abla normatividad procesal permite que estando ejecutoriada la providencia (auto o sentencia) que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el bien embargado, secuestrado y debidamente avaluado, como sucedi\u00f3 en el caso particular, pueda llevarse a cabo el remate a\u00fan sin estar en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026)\u00bb. Por esa raz\u00f3n, \u00abera inviable la nulidad pretendida por el extremo pasivo de la demanda m\u00e1xime cuando lo alegado por \u00e9sta no constituye ninguna de las causales estipuladas taxativamente en el art\u00edculo 133 del precitado c\u00f3digo, ni la que decanta el 29 constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Indic\u00f3 que el juez constitucional incurri\u00f3 en defecto sustantivo, debido a que para resolver el caso en cuesti\u00f3n aplic\u00f3 el art\u00edculo 523 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual se encuentra derogado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales de la actora, con ocasi\u00f3n de los presuntos defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto en que incurri\u00f3 el despacho atacado, al no declarar la nulidad del auto que estableci\u00f3 la fecha para llevar a cabo la almoneda sin que estuviera en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, la Sala observa que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay -con providencia del 9 de febrero de 2022- confirm\u00f3 el prove\u00eddo del 27 de octubre de 2020, el cual neg\u00f3 el incidente de nulidad promovido dentro de la causa. <\/p>\n
2.1. Para ello, en primer lugar, comenz\u00f3 por delimitar el problema jur\u00eddico a resolver, se\u00f1alando que consist\u00eda en la \u00abprocedencia de la diligencia de remate estando pendiente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y si esta circunstancia puede dar lugar a la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad contemplada en el numeral quinto del art\u00edculo 133 del CGP, al contemplarse que esa sea una prueba de las que divulga el art\u00edculo 165 de la misma obra procesal\u00bb5. <\/p>\n
2.2. De cara a la figura de la nulidad procesal realiz\u00f3 una extensa disertaci\u00f3n, haciendo \u00e9nfasis en que \u00ab(\u2026) al reglamentar la materia de las nulidades procesales el C\u00f3digo General del Proceso consagr\u00f3 el principio de la especificidad o taxatividad, seg\u00fan el cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad de la naturaleza comentada sin ley que la establezca expresamente, lo cual se traduce en que el juez no puede concurrir a la analog\u00eda para establecer vicios de nulidad ni extender esta a efectos diferentes6. <\/p>\n
2.3. Ulteriormente, entrando al caso en concreto, record\u00f3 que la causal invocada se fundament\u00f3 en que \u00abse program\u00f3 la diligencia de remate sin estar en firme, ni aprobada por el despacho, ninguna liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que haya sido por cualquiera de las partes involucradas en el proceso\u00bb.7 No obstante, trat\u00e1ndose de este m\u00f3vil en espec\u00edfico, iter\u00f3 que: <\/p>\n
En este caso en particular, los motivos que le inducen al libelista a plantear no est\u00e1n establecido como tal para efecto de su declaratoria. De acuerdo al escrito de la doctrina y la jurisprudencia patria, se incurre en esta causal cuando por ejemplo citado y vinculado un litisconsorcio necesario al proceso no se le brinda la oportunidad para que solicite pruebas prevista en el art\u00edculo 165 del CGP o pese a haber decretado una prueba y no habiendo fenecido el periodo probatorio, el juzgado decide no practicarla y seguir adelante con el proceso, o cuando por ejemplo el juzgado sencillamente decide dar por terminada la fase probatoria pese a que el t\u00e9rmino legalmente establecido no se ha cumplido o no se han recaudado todas las probanzas decretadas existiendo oportunidad para ello. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en estos casos se cercena la posibilidad de pedir prueba o se desconoce la oportunidad para la pr\u00e1ctica de las que ya est\u00e1n decretadas, esta explicaci\u00f3n resulta forzosa hacerla porque es dable confundir, como en el caso que nos ocupa, una etapa del proceso, etapa de pruebas, con algunos requisitos o condiciones para el cumplimiento de determinados actos procesales o lo que es lo mismo, considerar que cada actuaci\u00f3n en el proceso lleve impl\u00edcita una etapa probatoria independiente8. <\/p>\n
2.4. Corolario de lo discurrido, concluy\u00f3 que <\/p>\n
No puede entonces deducirse nulidad si el legislador expresamente no lo ha consagrado, la ley es clara al preceptuar las clases de nulidades existentes. Si bien la parte final del art\u00edculo 448 del CGP establece que en firme la liquidaci\u00f3n cualquiera de las partes podr\u00e1 pedir el remate de los bienes, el sentido que debe d\u00e1rsele a esta disposici\u00f3n es que la firmeza de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito solo rige para un acto determinado como lo es la programaci\u00f3n de una diligencia de remate cuando esta sea pedida por cualquiera de las partes y no es aplicable un periodo como tal. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n pudiera advertirse la existencia de alguna irregularidad que pueda dar prosperidad a la intenci\u00f3n nulitante, no menos cierto es que trat\u00e1ndose de este proceso ejecutivo en donde ya se celebr\u00f3 la diligencia de remate, y tal como lo establece el art\u00edculo 455 del CGP esta solicitud no podr\u00eda ser atendida dado que se postul\u00f3 como extempor\u00e1nea por cuanto las irregularidades que pueden afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n del bien, y es un hecho que dicho acto se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 30 de enero de 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no queda otro camino a este servidor que confirmar lo resuelto (\u2026) en providencia de fecha 27 de octubre de 20209. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable10. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en un caso de similares contornos, la Corte Constitucional ilustr\u00f3 que: <\/p>\n
Hay que se\u00f1alar que el llevar a cabo el remate sin que est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, solamente podr\u00eda traer como consecuencia el que el ejecutante no pudiera rematar por cuenta de su cr\u00e9dito. Esto, por ignorarse a cu\u00e1nto asciende exactamente tal cr\u00e9dito. Pero, si de todas maneras se hace el remate, una vez en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, se ver\u00e1 si con el producto de aqu\u00e9l puede cancelarse \u00e9ste, o si la ejecuci\u00f3n debe continuar por un saldo insoluto. (\u2026) <\/p>\n
Todo el art\u00edculo 523 est\u00e1 fundado en la finalidad de impedir las maniobras dilatorias en el proceso de ejecuci\u00f3n. La posibilidad que el mismo C\u00f3digo de Procedimiento da al ejecutado para pagar antes que est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n, muestra a las claras que no se quebrantan las posibilidades de defensa del ejecutado. Defensa, adem\u00e1s, que no consiste s\u00f3lo en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino, principalmente, en la posibilidad de controvertir la pretensi\u00f3n misma, por medio de las excepciones. (Corte Constitucional C-175\/96) <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Por lo ilustrado, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, archivo \u201c4-ANEXOS CONTESTACION TUTELA TRIBUNAL RADICADO 2022-0231\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 16-18. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1, archivo \u201c11-RESPUESTA – INFORME DE TUTELA 2022-00321- DILTRUDES ESTHER BORJA TERNERA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c13-RESPUESTA A TUTELA DEL TRIBUNAL RADICADO N\u00b0 2022- 00231\u201d del expediente digital <\/p>\n
5\u0002 (9:50-10:10), archivo \u201cvideo1616523517\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 (13:51-14:22). <\/p>\n
7\u0002 (14:46-15:07). <\/p>\n
8\u0002 (15:08 – 16:44). <\/p>\n
10\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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