STC12955-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12955-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ivon Stefani Abril Gil, en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso e igualdad de los ni\u00f1os representados en este tr\u00e1mite, que dice vulneradas por el estrado acusado, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse revoque la providencia de\u2026 11 de julio de 2022\u2026, por medio de la cual [se] decret\u00f3 el embargo del 50% del salario de\u2026 Felipe Andr\u00e9s Orjuela Cipamocha\u00bb y, en su lugar, se le ordene a la sede judicial acusada \u00abmodificar la providencia mediante la cual establezca un porcentaje de embargo equilibrado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Yissell Lorena Cruz N\u00edtola, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva de alimentos contra Felipe Andr\u00e9s Orjuela Cipamocha, libr\u00e1ndose orden de pago el 3 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.2. Notificado el demandado del mandamiento de pago, quien permaneci\u00f3 silente, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, a trav\u00e9s de providencia del 22 de enero de 2021. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, mediante auto del 19 de octubre de 2021, el juzgado accionado orden\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n del 50% del salario mensual que devengue el demandado\u2026\u00bb, cautela que reiter\u00f3 con prove\u00eddo del primero de julio de estas calendas. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Tunja 2, \u00abactuando en garant\u00eda de los derechos\u00bb de los hijos menores de edad de Ivon Stefani Abril Gil y Felipe Andr\u00e9s Orjuela Cipamocha, solicit\u00f3 a la sede judicial acusada \u00abse regule el embargo dictado dentro del proceso ejecutivo\u2026 con el fin de no afectar el derecho fundamental de alimentos de los NNA\u00bb, petici\u00f3n que, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, acogi\u00f3 el juzgado convocado, por lo que con auto del 12 de agosto de 2022, redujo el embargo \u00abal 30% los descuentos que deben efectuarse por n\u00f3mina del salario mensual del ejecutado\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que celebr\u00f3 conciliaci\u00f3n con Felipe Andr\u00e9s Orjuela Cipamocha, el 22 de mayo de 2019, en la que se acord\u00f3 que el progenitor de sus hijos \u00abse [compromet\u00eda] a cancelar como obligaci\u00f3n alimentaria mensual la suma de doscientos sesenta mil pesos\u00bb; y que \u00abla providencia\u2026 de [primero] de julio de 2022\u2026 por medio del cual [se] decret\u00f3 el embargo del 50% del salario de\u2026 Felipe Andr\u00e9s Orjuela Cipamocha, \u2026 [vulnera] los derechos fundamentales\u2026 de [sus] hijos\u00bb, comoquiera que \u00ab\u2026se desconoci\u00f3 el contenido de los compromisos impl\u00edcitos y adquiridos por los progenitores en\u2026 conciliaci\u00f3n\u2026 del 22 de mayo de 2019\u2026 para el sostenimiento [y] alimentaci\u00f3n de [sus] hijos\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que ha adelantado en procura de los derechos de los ni\u00f1os representados en el tr\u00e1mite y precis\u00f3 que \u00abpor petici\u00f3n de\u2026 Ivon Stefani Abril Gil la suscrita est\u00e1 elaborando demanda ejecutiva en cumplimiento de la solicitud SIM 1763 201914, la cual solo tiene pendiente la revisi\u00f3n y firma por parte de\u2026 Abril Gil\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres con funciones en Tunja esgrimi\u00f3 que \u00abno se cumple el requisito de subsidiaridad\u00bb, toda vez que \u00abtodos los aspectos tra\u00eddos a colaci\u00f3n en la solicitud de amparo\u2026 se han debido plantear\u2026 ante el\u2026 juez de la ejecuci\u00f3n, en orden a que una vez enterado de la existencia de otros menores de edad beneficiarios de cuota alimentaria a cargo del [ejecutado], procediera a examinar la posibilidad de regular la medida cautelar\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La estudiante de derecho Leidy Ximena Herrera Quintero, quien dijo fungir \u00aben calidad de apoderada de\u2026 Yisell Lorena Cruz Nitola\u2026, dentro del dentro del proceso ejecutivo de alimentos\u00bb, pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abes el demandado en el proceso ejecutivo por alimentos, quien debe acudir al juez de conocimiento y all\u00ed exponer la situaci\u00f3n referente a la coexistencia de diferentes deberes de cumplimiento y pago de cuotas alimentarias, para con varios hijo\u00bb; adem\u00e1s, porque \u00abes al interior del proceso [cuestionado]\u2026 a donde debe expon\u00e9rsele al juez de conocimiento, y acreditarse la coexistencia de cuotas a alimentarias, para solicitarle se regule en proporci\u00f3n al n\u00famero de hijos, de tal manera que cada uno de los alimentarios reciba trato igualitario\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que, con posterioridad a la presentaci\u00f3n del resguardo, el juzgado accionado redujo \u00abal 30% los descuentos que deben efectuarse por n\u00f3mina del salario del ejecutado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora esgrimi\u00f3 que \u00abel amparo constitucional es un mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y que con la decisi\u00f3n proferida\u2026 el 16 de agosto de 2022 por parte del juzgado [accionado] y avalada por el Tribunal en el fallo de tutela, se encuentra vulnerando los derechos fundamentales\u2026 de [sus] hijos\u00bb, pues \u00abpese a que redujo el porcentaje de embargo de la cuota de alimentos del ejecutado, a\u00fan contin\u00faa siendo desproporcional respecto a las obligaciones que debe atender\u2026 Felipe Orjuela respecto a [sus] dos hijos\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00abno es proporcional y justa al otorgar el 30% de descuentos, que deben efectuarse por n\u00f3mina el salario mensual del ejecutado, para una sola persona dentro del proceso [atacado], pues el ejecutado tambi\u00e9n debe responder por la obligaci\u00f3n alimentaria de dos personas m\u00e1s que son sus hijos\u00bb; que \u00abconlleva a que de manera desigualitaria e injusta tan solo le corresponda para [sus] dos hijos un 19% de los descuentos que deben efectuarse por n\u00f3mina el salario mensual del ejecutado\u00bb; y que \u00ablo proporcional por parte del juzgado accionado dentro del proceso ejecutivo de alimentos es haber decidido el 20% de descuentos que deben efectuarse por n\u00f3mina del salario mensual del ejecutado\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, reclam\u00f3 \u00abmodificar la providencia notificada por estado en fecha del (16) de agosto de 2022 por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Tunja\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela, advierte la Corte que la queja que formul\u00f3 la quejosa se circunscrib\u00eda a cuestionar el prove\u00eddo de primero de junio de julio de 2022, que decret\u00f3 \u00abel embargo del 50% del salario mensual del demandado Felipe Andr\u00e9s Orjuela Cipamocha quien labora en la empresa URBASER SA ESP de esta ciudad\u00bb, al punto que su pretensi\u00f3n era que se revocara la citada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo tal \u00f3ptica, en lo que ata\u00f1e a los reclamos que elev\u00f3 el impugnante, enfilados a criticar la legalidad del auto de 12 de agosto de 2022, que redujo la prenotada cautela \u00abal 30% los descuentos que deben efectuarse por n\u00f3mina del salario mensual del ejecutado\u00bb, se advierte que dichos aspectos constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por la sede judicial enjuiciada, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a \u00e9stos implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los aqu\u00ed accionados. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se precisa que no desconoce la Sala que la gestora, previamente al proferimiento del fallo impugnado, cuestion\u00f3 la prenotada reducci\u00f3n. Sin embargo, se reitera, esos hechos no fueron objeto de la demanda g\u00e9nesis de este asunto, lo que impidi\u00f3 que el estrado accionado pudiese ejercer su derecho de defensa, respecto de estas nuevas reclamaciones. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre tales reproches, al constituir, se reitera, hechos nuevos, que no fueron enrostrados al despacho judicial convocado. <\/p>\n
3. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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