STC12960-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12960-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00217-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el ocho de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luz Marina Guevara Ni\u00f1o contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad y Humberto Pertuz Tinoco, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas de petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por los querellados, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la autoridad judicial accionada \u00abdar contestaci\u00f3n a los diferentes impulsos procesales que se le ha presentado\u00bb y a Humberto Pertuz Tinoco \u00abdar cumplimiento al fallo judicial de fecha 10 de agosto del a\u00f1o 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Humberto Pertuz Tinoco promovi\u00f3 acci\u00f3n de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso contra Luz Marina Guevara Su\u00e1rez, que culmin\u00f3 con providencia del 10 de agosto de 2021, que aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio al que llegaron los contendientes. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abHumberto Pertuz Tinoco no ha querido darle cumplimiento al fallo judicial, a pesar de haberlo requerido en varias ocasiones para que [lo haga]\u2026\u00bb, espec\u00edficamente, \u00abha incumplido en los referentes a los alimentos causados en junio y julio de 2021, en donde se compromete a cancelarlos tan pronto cuente con los dineros producto del cr\u00e9dito al que acceder\u00e1\u2026, a pesar que ya recibe dinero del magisterio como docente, y sus prestaciones sociales\u00bb; y que \u00abal juzgado [accionado] se la han presentado m\u00e1s de tres impulsos procesales para que ordene a\u2026 Humberto Pertuz Tinoco\u2026 darle cumplimiento al fallo\u2026 de\u2026 10 de agosto de 2021 y el despacho judicial no les da los tr\u00e1mites pertinentes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta inform\u00f3 que con prove\u00eddo del 28 de julio pasado resolvi\u00f3 los requerimientos que elev\u00f3 la quejosa, por lo que \u00abla inconformidad del accionante en este momento se encuentra subsanada al darle tr\u00e1mite a sus solicitudes, por lo que en esta instancia existe un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. Humberto Pertuz Tinoco rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abse halla configurada la carencia actual de objeto por hecho superado en la medida que, durante el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n, el despacho acusado atendi\u00f3 el pedimento de la promotora, a trav\u00e9s del prove\u00eddo notificado el [primero] de agosto de la anualidad que avanza\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que la accionante se dol\u00eda de (i) la falta de pronunciamiento del juzgado accionado, respecto de los memoriales que present\u00f3 al fallador de primera instancia, a trav\u00e9s de los que puso en conocimiento el incumplimiento de la conciliaci\u00f3n por parte del demandado; y (ii) que su antagonista en el juicio criticado ha desconocido lo que acordaron en el prenotado pacto. <\/p>\n
3. Bajo tal \u00f3ptica, en lo que ata\u00f1e a los reclamos que elev\u00f3 el impugnante, enfilados a criticar el prove\u00eddo de 28 de julio pasado, que resolvi\u00f3 los pedimentos que pregonaba desatendidos, se advierte que dichos aspectos constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por el juzgado enjuiciado, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a \u00e9stos implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los aqu\u00ed accionados. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Entonces, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre tales reproches, al constituir, se reitera, hechos nuevos, que no fueron enrostrados a la sede judicial convocada. <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las quejas de la actora, circunscritas al supuesto desconocimiento de las obligaciones contenidas en la conciliaci\u00f3n que celebr\u00f3 con Humberto Pertuz Tinoco, considera la Corte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, al momento de impulsarse el presente tr\u00e1mite, la gestora no ha promovido el proceso ejecutivo correspondiente, con miras a obtener el cumplimiento forzado de los compromisos contenidos en dicho t\u00edtulo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. En este punto, cabe a\u00f1adir que, si la accionante carece de los recursos econ\u00f3micos necesarios para sufragar un abogado que la represente en el litigio acusado, as\u00ed como tambi\u00e9n para cubrir los dem\u00e1s gastos del proceso, bien puede solicitarle al estrado acusado la concesi\u00f3n de amparo de pobreza, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, figura en virtud de la cual se le podr\u00e1 designar un profesional del derecho que la asesore. <\/p>\n
6. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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