STC12961-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12961-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02663-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n constitucional promovida por Samuel Mej\u00eda Mej\u00eda en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Alcald\u00eda de Cali, el Departamento del Valle del Cauca, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, el Consejo Nacional de Personas Mayores y dem\u00e1s intervinientes del proceso 2011-01174. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, vida digna, m\u00ednimo vital y seguridad social. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante indic\u00f3 que naci\u00f3 el 1 de septiembre de 1950 y que, mediante dictamen m\u00e9dico laboral 4769 de 5 de noviembre de 2009, fue calificado con una p\u00e9rdida de su capacidad laboral del 51.78%, estructurada el 18 de marzo de 2009; no obstante, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en Resoluci\u00f3n 2016 de 2011, le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, al estimar que no cumpl\u00eda con el requisito de las \u00ab50 semanas cotizadas dentro de los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 01 de la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por esa raz\u00f3n present\u00f3 demanda ordinaria laboral, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Segundo Laboral de Descongesti\u00f3n de Cali neg\u00f3 sus pretensiones el 31 de mayo de 2013. <\/p>\n
2.3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 el pronunciamiento del a quo, decisi\u00f3n que fue ratificada, en sede de casaci\u00f3n, el 16 de febrero de 2021, por la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3. En criterio del actor, en su caso, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y en desconocimiento de los precedentes constitucionales, en especial, de las sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019, al inaplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez y el test de procedencia, aunado a que no tuvo en cuenta que es una persona de la tercera edad, inv\u00e1lida, que sufre de \u00abenfermedades coronarias de multivasos y vascular oclusiva\u00bb, todo lo cual le imposibilita \u00abconseguir un trabajo que le permita sufragar su m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se revoquen las sentencias de instancia y que se le conceda la pensi\u00f3n de invalidez reclamada. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada pidi\u00f3 negar la salvaguarda pretendida, toda vez que la providencia emitida de 16 de febrero de 2021 no fue caprichosa y porque la tutela no satisface el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
3. Colpensiones inst\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, dado que con las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales de conocimiento no se materializ\u00f3 vicio, defecto o vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales -en liquidaci\u00f3n- solicit\u00f3 que se le desvinculara de la presente acci\u00f3n constitucional, habida cuenta que es Colpensiones la encargada de resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales del r\u00e9gimen de prima media. <\/p>\n
5. La Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Alcald\u00eda de Cali, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la salvaguarda reclamada no reun\u00eda el requisito de la inmediatez, porque la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el asunto se emiti\u00f3 el 16 de febrero de 2021 y la tutela se radic\u00f3 pasados 10 meses, sumado a que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la apoderada del gestor, indicando que s\u00ed se acredit\u00f3 el perjuicio irremediable, por ser una persona de 71 a\u00f1os, en estado de invalidez y sin fuente de ingresos, aunado a que, trat\u00e1ndose de un derecho imprescriptible, no es posible declarar la inmediatez. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que se protejan los derechos fundamentales invocados que considera vulnerados con las sentencias que negaron la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
De otro lado, se aclara que, en criterio de esta Sala, trat\u00e1ndose de derechos pensionales, dado su car\u00e1cter imprescriptible, no es viable negar la salvaguarda constitucional por no cumplir con el presupuesto de inmediatez y, en consecuencia, se analizar\u00e1 el fondo del asunto. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL515-2021 del 16 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes t\u00f3picos: i) el demandante fue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 51.78%; ii) la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez se produjo el 18 de marzo del 2009; iii) el actor acredit\u00f3 601,71 semanas de cotizaci\u00f3n en el transcurso de toda su vida laboral; iv) a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 2016 del 2011, el ISS le neg\u00f3 la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica reclamada; y v) la \u00faltima cotizaci\u00f3n se hizo el 5 de agosto de 1994. <\/p>\n
3.1. En torno a los aspectos cuestionados se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez deb\u00eda ser dirimido bajo la \u00e9gida de la normatividad vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez y, en esa medida, la disposici\u00f3n que deb\u00eda aplicarse en el caso concreto era el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, pues la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez fue el 18 de marzo de 2009, deduciendo, de ese dato, que \u00abcomo el accionante no cotiz\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a [esa] data (\u2026), no hab\u00eda lugar al reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada, como acertadamente lo concluy\u00f3 el fallador de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3.2. Tomando en consideraci\u00f3n que \u00abla pretensi\u00f3n del recurrente se centra[ba] en que la pensi\u00f3n de invalidez se le recono[ciere] en los t\u00e9rminos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad\u00bb, pas\u00f3 a analizar lo referente a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en materia de seguridad social, para concluir, apoyada en un precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente (CSJ SL, 15 de feb. de 2011, rad. 40662), que <\/p>\n
3.3. Frente al postulado de progresividad y no regresividad de la ley en temas pensionales, el Colegiado querellado, luego de precisar que en virtud de \u00e9l se impon\u00eda al legislador \u00abla prohibici\u00f3n (\u2026) de adoptar medidas que constituy[eren] un retroceso en el nivel de protecci\u00f3n y de beneficios (\u2026) sin que existi[eren] razones suficientes y constitucionalmente v\u00e1lidas para hacerlo\u00bb y de memorar que la Corte Constitucional hall\u00f3 exequible y ajustado a la Carta el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 20031 en tanto no lesionaba dicho principio, sostuvo: <\/p>\n
Conforme a lo anterior y como quiera que la reforma a los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez a la luz del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, tal como lo consider\u00f3 la Corte Constitucional, mostr\u00f3 \u00abmatices de progresividad a pesar del aumento en el n\u00famero de semanas requeridas\u00bb, es claro que no existe sustento alguno para inaplicarlo como lo pretende la censura, y mucho menos para llamar a operar el art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990 a su situaci\u00f3n pensional, en consideraci\u00f3n a que el legislador no est\u00e1 obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las leyes vigentes en un momento determinado, dada la prevalencia de su potestad configurativa, la cual lo faculta para darle prioridad a los intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. (CSJ SL1673-2020). <\/p>\n
Con fundamento en lo precedente, concluy\u00f3: <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos fluye de lo razonado que el sentenciador de segundo grado no incurri\u00f3 en desatino jur\u00eddico alguno, pues el criterio expuesto en la sentencia fustigada, se ajusta a la l\u00ednea de pensamiento de esta corporaci\u00f3n en torno a que la disposici\u00f3n que debe tenerse en cuenta para resolver la solicitud de pensi\u00f3n de invalidez, es la vigente para el momento de la estructuraci\u00f3n de ese estado, y de igual forma resulta clara la improcedencia, para este caso en particular, de hacer uso del principio de favorabilidad, as\u00ed como el principio de progresividad y no regresividad de la ley en materia de seguridad social. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba una pensi\u00f3n de invalidez y en el cual la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pretendida, en raz\u00f3n a que la norma aplicable era la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de aquella -Ley 860 de 2003-, sin que fuera posible considerar, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que de la salvaguarda no era procedente, dado que la providencia atacada se sustent\u00f3 razonadamente, \u00abadvirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, frente a la determinaci\u00f3n censurada se presenta una disparidad de criterios entre lo planteado por el solicitante y lo considerado por la Sala accionada, en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, as\u00ed como en el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha considerado3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb4. <\/p>\n
4.3. Finalmente, frente a lo indicado por el actor sobre su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y su calidad de sujeto de especial protecci\u00f3n, debe precisarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar la salvaguarda en la forma pretendida, toda vez que la Sala ha considerado que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegales las decisiones judiciales recriminadas (CSJ STC247-2022). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02663-01 <\/p>\n
Con el respeto de siempre a la Sala mayoritaria, me permito disentir de lo resuelto en la tutela de la referencia que neg\u00f3 el amparo solicitado por Samuel Mej\u00eda Mej\u00eda, por las razones que expongo a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque la providencia cuestionada -que le neg\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n- no luce irrazonable ni caprichosa, dado que lo resuelto en ella se ajusta completamente a los textos legales, no puede desconocerse que es una persona de 71 a\u00f1os; en situaci\u00f3n de discapacidad, que cotiz\u00f3 al sistema de seguridad social 601.71 semanas a pesar de lo cual no alcanz\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, por la imposibilidad f\u00edsica para laborar estructurada el 18 de marzo de 2009 y no cuenta con ning\u00fan ingreso econ\u00f3mico, todo lo cual lo pone en especial situaci\u00f3n de vulnerabilidad; ello deber\u00eda merecer una m\u00ednima reflexi\u00f3n sobre la suerte que le espera, a \u00e9l y a quienes en su situaci\u00f3n se encuentren, en cuanto el sistema le niega la posibilidad de una vida digna y lo obliga a sobrevivir del fruto imposible de sus manos, que ya no pueden laborar, pues sin pensi\u00f3n y sin ninguna renta que la reemplace su destino est\u00e1 marcado. <\/p>\n
Se precisa entonces acudir a los principios constitucionales, dentro de los cuales destaca el de solidaridad, previsto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional, que tambi\u00e9n fue instituido como deber de todos los ciudadanos (art\u00edculo 95 ib\u00eddem); derecho-deber a partir del cual es inadmisible, en una sociedad pacifica, igualitaria y sostenible, que las garant\u00edas \u00fanicamente protejan a quienes se mantienen en la productividad, con exclusi\u00f3n de los que superaron esa etapa y ven mermada su fuerza laboral en virtud de la vejez o la discapacidad. <\/p>\n
Si esta consideraci\u00f3n no fuera suficiente, que lo es, deber\u00eda mirarse la convencionalidad admitida por Colombia en torno de los derechos humanos de los adultos mayores y personas en situaci\u00f3n de discapacidad, que establecen el compromiso estatal de \u00abgarantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas, en igualdad de condiciones con otros sectores de la poblaci\u00f3n\u00bb seg\u00fan ense\u00f1a el art\u00edculo 6\u00ba de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por Colombia mediante la ley 2055 de 2020, lo que se acopla con su art\u00edculo 17 seg\u00fan el cual, los Estados \u00ab(\u2026) promover\u00e1n progresivamente, (\u2026), que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna (\u2026)\u00bb, as\u00ed como lo muestra la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 1346 de 2009, en cuyo art\u00edculo 28 las partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protecci\u00f3n social, con tal de \u00abAsegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilaci\u00f3n\u00bb, entre otras muchas prerrogativas destinadas a evitar la discriminaci\u00f3n y la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, con la participaci\u00f3n del Estado Colombiano5 aprob\u00f3 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,6 la cual comprende 17 objetivos fijados para que los Estados encaminen sus esfuerzos a mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atr\u00e1s, entre los cuales se halla el n\u00famero 10, indicativo de la necesidad de \u00abReducir la desigualdad en y entre los pa\u00edses\u00bb, cuyas metas incluyen \u00abpromover la inclusi\u00f3n social, econ\u00f3mica y pol\u00edtica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religi\u00f3n o situaci\u00f3n econ\u00f3mica u otra condici\u00f3n\u00bb y \u00abgarantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, pol\u00edticas y pr\u00e1cticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, pol\u00edticas y medidas adecuadas\u00bb7, de donde emana que no constituye un mero capricho de alguien, sino que esa igualdad real se erige en un destino natural de la regi\u00f3n a la que Colombia pertenece y de todo el orbe representado por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas. <\/p>\n
Esto es, no deben desconocerse las obligaciones adquiridas por el pa\u00eds encaminadas a garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y los adultos mayores, lo cual incluye el deber de garantizarles ingresos econ\u00f3micos que les permitan gozar de una vida digna y hacer parte del sistema de seguridad social integral, no solo en el \u00e1mbito estrictamente constitucional vern\u00e1culo, sino tambi\u00e9n en el de la Convencionalidad de derechos humanos y en el de la globalidad a que pertenece. <\/p>\n
En el mismo sentido, la dignidad tambi\u00e9n es un principio rector del Estado Social de Derecho (art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional), el cual impone a la sociedad, al Estado y a la familia el deber de garantir, entre otros, a las personas de la tercera edad y adultos mayores una vida digna. De ah\u00ed, que el art\u00edculo 46 de la Constituci\u00f3n Nacional consagre: <\/p>\n
El Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para la protecci\u00f3n y la asistencia de las personas de la tercera edad y promover\u00e1n su integraci\u00f3n a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizar\u00e1 los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. <\/p>\n
En esa l\u00ednea y atendiendo las especiales circunstancias del accionante, tambi\u00e9n resultaba relevante reflexionar respecto a que la vida no se subsume solamente en la existencia biol\u00f3gica, sino que abarca condiciones de dignidad, que implica unos m\u00ednimos vitales, inherentes a la condici\u00f3n del ser humano8, protecci\u00f3n enmarcada en el derecho constitucional a la seguridad social, a trav\u00e9s del cual, se protege a las personas el ejercicio de los derechos fundamentales en los eventos en los que, por la afectaci\u00f3n a su estado de salud, calidad de vida y capacidad econ\u00f3mica, se les dificulte la normal consecuci\u00f3n de sus medios m\u00ednimos de subsistencia a trav\u00e9s del trabajo9. <\/p>\n
Luego, a la luz de los valores y principios constitucionales, de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia y de la Agenda 2030 aprobada por la ONU, el actor requiere un trato diferencial encaminado a que las autoridades valoren la imposibilidad de permanecer en el mercado laboral debido a su edad y a su discapacidad, y la necesidad de vida digna a trav\u00e9s de un ingreso permanente y vitalicio, diferente a la pensi\u00f3n a la que es claro que no tiene derecho por disposici\u00f3n de normas legales. <\/p>\n
Creo pues que la sociedad y el Estado deben, por solidaridad m\u00ednima y obediencia a la Carta, a las convenciones internacionales y a la Agenda 2030 aprobada por la ONU, proveer a los adultos mayores en situaci\u00f3n de discapacidad y carentes de pensi\u00f3n, la vida m\u00e1s digna posible a trav\u00e9s de una renta b\u00e1sica suficiente, permanente y vitalicia. Pensar diferente es, en mi criterio, admitir que esa sociedad y ese Estado abandonan a sus m\u00e1s d\u00e9biles al hambre, la enfermedad, la humillaci\u00f3n y la muerte cuando ya sus manos no pueden sostenerlos, en un claro y reprochable utilitarismo ilimite. <\/p>\n
Estimo, con el mayor de los respetos, que la Sala pudo en esta oportunidad, tras reconocer la legalidad de la negativa a la pensi\u00f3n, conceder, en claro ejercicio de justicia y con sustentos supralegales como los mencionados, el derecho a una asignaci\u00f3n a cargo del Estado para que Samuel tuviera una vejez digna. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Esto, en la sentencia C-428 de 2009. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC14818-2021, CSJ STC15447-2021, CSJ STC16333-2021, CSJ STC805-2022. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
4\u0002 La postura citada de las sentencias de 2008 y 2012 ha sido reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC2462-2021 y CSJ STC2658-2022. <\/p>\n