STC12964-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12964-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01588-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 18 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Universidad de Antioquia contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Quinto Laboral de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La universidad accionante reclam\u00f3 el amparo de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto la sentencia SL1597-2022 emanada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013 Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia; lo que implica que consecuentemente quede inc\u00f3lume la sentencia dictada en sede de segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 17 de octubre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Herlinda Arboleda Cossio promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Universidad de Antioquia, a fin de que le se reajustara su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en forma anual, a partir del a\u00f1o 2000, con un porcentaje del 15% sobre el valor de la mesada pensional del a\u00f1o anterior y sucesivamente a\u00f1o por a\u00f1o, conforme lo dispone el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976, pues con resoluci\u00f3n n\u00b0 13304 de 22 de octubre de 1996 le fue reconocida la pensi\u00f3n convencional colectiva de trabajo 1976-1977 suscrita entre el ente educativo y el sindicato de trabajadores oficiales; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 18 de abril de 2018, el estrado judicial neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada el 17 de octubre de siguiente, en grado de consulta, por la Sala Laboral del Tribunal de Medell\u00edn, al considerar que dicho beneficio no ten\u00eda una permanencia m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de la Ley, por lo que no podr\u00eda entender que la jubilaci\u00f3n reconocida pod\u00eda ser reajustada con una f\u00f3rmula distinta a la que el sistema general de pensiones tiene establecido desde el a\u00f1o 1993, con base en una norma que se encuentra derogada. <\/p>\n
2.3. Sostiene la tutelante que la demandante acudi\u00f3 en casaci\u00f3n y esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del a quem, seg\u00fan sentencia de 26 abril de 2022 (SL1597-2022), determinaci\u00f3n con la que, en su sentir, se vulneraron sus prerrogativas esenciales invocadas, toda vez que hubo una impropia interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 15 de la convenci\u00f3n colectiva 1976-1977 y no pod\u00eda entenderse incorporada a la ley 4\u00aa de 1976, por lo que, a su parecer, \u00abhizo una interpretaci\u00f3n que se aleja del margen de interpretaci\u00f3n razonable y la aplicaci\u00f3n final de la regla es inaceptable por ser perjudicial para los intereses leg\u00edtimos de\u2026 la Universidad\u2026 desconoci[endo] el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 que debe ser aplicado imperativamente en lo que respecta a los reajustes pensionales\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que el fallo criticado desconoci\u00f3 \u00abel precedente establecido en torno a los reajustes pensionales, fijados incluso en sentencia de constitucionalidad cuyos efectos son erga omnes, el cual consiste en que tales reajustes de las pensiones, incluso las concedidas en virtud de la Ley 4 de 1976, deben hacerse con base en el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que \u00abla norma convencional no establece de manera expresa, en favor de los pensionados, que se les reconozcan todos los derechos contemplados en la Ley 4\u00aa de 1976, dentro de los cuales se entienden contenidos el reajuste pensional del 15% de la Ley 4\u00aa de 1976, para con ello determinar que a pesar de que esta Ley haya sido derogada, sigue si\u00e9ndoles aplicable. Por el contrario, si esa hubiera sido la intenci\u00f3n de las partes, as\u00ed debi\u00f3 pactarse, lo que no aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que contrario a lo dicho por el colegiado censurado, la norma actual que regula el reajuste pensional es el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, el IPC del a\u00f1o anterior; sumado a que, la cl\u00e1usula convencional no regula lo concerniente a los reajustes pensionales, sino a las prestaciones extralegales para los pensionados. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el fallo criticado va contra la sostenibilidad financiera del sistema pensional; adem\u00e1s que, el acto legislativo 01 de 2005 refiere que las convenciones colectivas no pueden producir efectos m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que lo relativo al reajuste pensional de Mar\u00eda Herlinda, culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n n\u00b0 35013 de 9 de julio de 2012 \u00abpor lo que en virtud de la prescripci\u00f3n no habr\u00eda reajustes susceptibles del reconocimiento con anterioridad al 31 de julio de 2010, momento de p\u00e9rdida de vigencia de las condiciones pensionales m\u00e1s favorables contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3 que revisado el sistema de gesti\u00f3n judicial, tras citar sentencia en esa instancia, remiti\u00f3 el expediente al superior y, posteriormente, remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para surtir el remedio extraordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradora Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal refiri\u00f3 que conforme las probanzas allegadas al plenario, el fallador constitucional debe adoptar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria pues el reajuste de la pensi\u00f3n es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ah\u00ed se\u00f1aladas que, para el caso concreto, qued\u00f3 demostrado que el incremento no inferior al 15% sobre aquellas pensiones que no excedieran los 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, de conformidad con la convenci\u00f3n colectiva de trabajo que rigi\u00f3 para los a\u00f1os 1976-1977, se encontraba acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020; remiti\u00f3 copia del fallo censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Gloria Cecilia Gallego, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Mar\u00eda Herlinda Arboleda Cossio, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la determinaci\u00f3n reprochada no luce arbitraria, pues fue el resultado del an\u00e1lisis de los medios suasorios allegados al plenario, as\u00ed como de la normatividad y jurisprudencia decantada sobre la materia, concluyendo que los incrementos pretendidos por la recurrente constitu\u00edan derechos adquiridos, sin que tales garant\u00edas puedan ser desconocidas con el t\u00e9rmino de vigencia contenido en el acto legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, insistiendo en la inadecuada interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 15 de la convenci\u00f3n colectiva 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores Oficiales, as\u00ed como en el supuesto desconocimiento del precedente en punto a que los reajustes pensionales deben efectuarse conforme el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que el fallo criticado va en contra de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sumado a que, las convenciones colectivas no pueden producir efectos m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, comoquiera que la actora dirige su descontento contra la decisi\u00f3n proferida el 26 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de esta Colegiatura (SL1597-2022), que cas\u00f3 el fallo emitido el 17 de octubre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, pues, en su sentir, vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado, tras acceder a la pretensi\u00f3n de reajuste de pensi\u00f3n de Mar\u00eda Hermelinda Arboleda Cossio, conforme con lo previsto en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el colegiado de casaci\u00f3n, tras citar los art\u00edculos 14 y 15 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1976-1977 y la incorporaci\u00f3n del sistema de reajuste pensional de que trata la Ley 4\u00aa de 1976, consign\u00f3 que: <\/p>\n
En tal sentido, a juicio de la Sala, la lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cl\u00e1usula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, porque guarda correspondencia con la teleolog\u00eda de la negociaci\u00f3n colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, al permitir que los pensionados de la Universidad as\u00ed como quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4\u00aa de 1976, de la que no se puede inferir la intenci\u00f3n de los suscribientes en supeditar el disfrute de esos beneficios, mientras estuviera vigente, pues incorporaron de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convenci\u00f3n, para darles una connotaci\u00f3n de derecho extralegal nuevo y aut\u00f3nomo frente a las normas legales. <\/p>\n
En efecto, para la Sala, resulta evidente la finalidad que reside en la remisi\u00f3n a la Ley 4\u00aa de 1976 en el acuerdo colectivo laboral como en identificar la garant\u00eda legal, pero para efectos de incorporarla a este, que en igual sentido se evidencia de los dem\u00e1s derechos que all\u00ed se enlistan conforme la denominaci\u00f3n dada por el legislador, m\u00e1xime que no puede perderse de vista que \u00abla certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal\u00bb, como lo dictara esta Sala en la sentencia SL1052-2021. <\/p>\n
Por otra parte, dentro de los derechos consagrados en la Ley 4\u00aa de 1976 se encuentra, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una normativa legal que conservar\u00e1 vigencia como precepto convencional, as\u00ed aquella sea posteriormente derogada, por cuanto que desde que se pact\u00f3, entr\u00f3 a formar parte de los contratos de trabajo de las personas que se benefician de la convenci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo en el precedente jurisprudencial SL5108-2020 en cuanto a los derechos consagrados en el Ley 4\u00aa de 1976, precis\u00f3 que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es manifiestamente desacertado el entendimiento que el Tribunal le otorg\u00f3 a la cl\u00e1usula convencional cuestionada, en el sentido de no aplicar a la demandante, en su calidad de pensionada, el reajuste anual contemplado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1976. <\/p>\n
Adem\u00e1s no se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste all\u00ed previsto o que la norma extralegal \u00fanicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribuci\u00f3n de remanentes (cap\u00edtulo 5\u00ba del Acuerdo de 1975), servicio m\u00e9dico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, \u00fatiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, tambi\u00e9n se encuentran regulados en la Ley 4\u00aa de 1976, en sus art\u00edculos 6\u00ba, 7\u00ba y 9\u00ba. N\u00f3tese, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableci\u00f3 que: \u00abIgualmente la Universidad dar\u00e1 cumplimiento a la Ley 4\u00aa de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilaci\u00f3n\u00bb, con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contrataci\u00f3n laboral, v\u00e1lidamente pactaron que los pensionados fueran beneficiarios, del reajuste pensional peticionado. <\/p>\n
En esas condiciones, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cl\u00e1usula no se hiciera alusi\u00f3n sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna pod\u00eda concluir que aquella estuviera ligada a la derogatoria, subrogatoria o dem\u00e1s situaciones que afectan la vigencia de la Ley 4\u00aa de 1976 en el tiempo, porque incorporada la norma legal al texto convencional, esta queda sujeta a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma extralegal propia de sus relaciones contractuales de trabajo. <\/p>\n
Por tanto, acoger por v\u00eda convencional un reajuste no inferior al 15 %, conforme lo establecido en la referida normativa, producto de su autonom\u00eda de la voluntad contractual de las partes, frente a la cual no le es dable a la Sala entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia CSJ SL3820-2020, <\/p>\n
[\u2026] en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean l\u00edcitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos m\u00ednimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesi\u00f3n a la Constituci\u00f3n o la ley. <\/p>\n
Cumple acotar que los incrementos pretendidos por la recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquella se encuentra pensionada desde el a\u00f1o 1996, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 13304 del 22 de octubre de esa anualidad, con fundamento en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976 \u2013 1977 y, como qued\u00f3 visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4\u00aa de 1976, lo cierto es que esta sigui\u00f3 rigiendo dichos beneficios por virtud de lo establecido en el plurimencionado acuerdo colectivo. <\/p>\n
Y, sobre la vigencia de los efectos de las convenciones colectivas, dijo que: <\/p>\n
\u2026sobre la vigencia de las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas que ven\u00edan en curso al momento de la expedici\u00f3n de la reforma constitucional, debe decirse que en las providencias CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2798-2020 la Corte concluy\u00f3 que tales estipulaciones se manten\u00edan hasta el 31 de julio de 2010, sin que ello comporte el desconocimiento de derechos adquiridos, como el de la reclamante, o expectativas leg\u00edtimas, ni mucho menos la vulneraci\u00f3n del derecho de negociaci\u00f3n colectiva o de la aplicaci\u00f3n de los convenios internacionales del trabajo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, especialmente de la convenci\u00f3n colectiva cuya aplicaci\u00f3n reclam\u00f3 Mar\u00eda Herlinda, concluyendo que el reajuste pensional del 15% anual que dispone la Ley 4\u00aa de 1976 le era favorable, en la medida en que es un derecho adquirido, comoquiera que, dicha normatividad fue incorporada al texto de la convenci\u00f3n, por lo que, al margen de que dicha ley hubiese sido derogada con posterioridad, la misma ya era parte del acuerdo colectivo, relievando, por dem\u00e1s, que lo pactado no perdi\u00f3 vigor con el l\u00edmite temporal dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005, pues, se insiste era un derecho adquirido. <\/p>\n
Ahora, tampoco se evidencia el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales, comoquiera que, tal como qued\u00f3 visto, dicha determinaci\u00f3n atendi\u00f3 los precedentes de la Sala Permanente SL5108-2020; SL3820-2020; SL2543-2020; SL2798-2020 en punto a los pactos colectivos, de cara al caso concreto, as\u00ed como sobre las vigencias de las reglas pensionales all\u00ed contenidas; de ah\u00ed que, se insiste, la determinaci\u00f3n censurada tuvo apego a la l\u00ednea de interpretaci\u00f3n sentada sobre la expiraci\u00f3n de la reglas pensionales convencionales. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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