STC12966-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12966-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2022-00113-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de julio de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elia Roc\u00edo Mar\u00edn Quitian, en representaci\u00f3n de su menor hijo, contra los Juzgados Tercero de Familia de Tunja, Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de los procesos criticados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y los de los \u00abni\u00f1os y adolescentes, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abdeclare sin efecto ni valor\u2026 la resoluci\u00f3n\u2026 del 18-Feb-2022 dentro del tr\u00e1mite de vigilancia judicial en cuesti\u00f3n\u00bb y se emita una \u00abajustada a la garant\u00eda de los derechos fundamentales\u00bb; que el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia brinde \u00abpronta respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n que le fue pedida por el J3FamTun\u00bb; y que el Juzgado Tercero de Familia convocado proceda a \u00abtramitar de aqu\u00ed en adelante el proceso ejecutivo de alimentos en cuesti\u00f3n, de manera pronta y eficaz, so pena de proceder en su contra con incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso ejecutivo de alimentos adelantado por Elia Roc\u00edo Mar\u00edn Quitian, en representaci\u00f3n de su menor hijo en contra de Nelson Ricardo Carlier Ariza, el Juzgado Tercero de Familia de Tunja decret\u00f3 el embargo sobre derechos litigiosos que correspond\u00edan al ejecutado en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que conoc\u00eda el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado 16 de Familia de Bogot\u00e1, en mayo del 2013, dio apertura a liquidaci\u00f3n entre Nelson Ricardo Carlier Ariza y Ela Roc\u00edo Mar\u00edn Quitian, \u00faltima que fue emplazada y en 2014 se le design\u00f3 curador; en noviembre de 2018 se tuvo en cuenta petici\u00f3n del Juzgado Tercero de Familia referido sobre el embargo de derechos litigiosos que le pudieran corresponder a Nelson Ricardo en el liquidatorio; en julio de 2019 se design\u00f3 perito; en enero de 2020 se corri\u00f3 traslado de inventarios y aval\u00faos adicionales; y en abril de 2022 se puso en conocimiento el informe de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que su hijo ten\u00eda 15 a\u00f1os; que pidi\u00f3 vigilancia judicial sobre el proceso ejecutivo de alimentos por la demora y la indebida actuaci\u00f3n del juez, en tanto que lleva 2 a\u00f1os esperando el aval\u00fao del \u00fanico bien – embargo sobre derechos litigiosos que correspond\u00edan al ejecutado en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal-. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que fue desestimada la vigilancia propuesta bajo el argumento de que el fallador hab\u00eda actuado de forma correcta; y que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito del juicio ejecutivo de alimentos ascend\u00eda a 24 millones -hoy deb\u00eda superar los 33 millones-. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad no le brindaba la informaci\u00f3n requerida al Juzgado Tercero de Familia de Tunja sobre el embargo de los derechos litigiosos, por lo que este \u00faltimo paraliz\u00f3 el juicio ejecutivo; y que no se hab\u00eda administrado la justicia de manera oportuna. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de liquidaci\u00f3n conyugal que promovi\u00f3 Nelson Ricardo Carlier Ariza contra la ahora accionante e indic\u00f3 que si bien se hab\u00eda dispuesto el embargo de los derechos litigiosos que le pudieran corresponder al demandante, el proceso se encontraba en etapa de inventarios y aval\u00faos presentados, por lo que una vez se profiriera la sentencia, se dispondr\u00eda lo conducente respecto de lo peticionado. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare refiri\u00f3 que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; que se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n el 18 de febrero de 2022, en la que se archivo la actuaci\u00f3n, pues no se encontraron elementos f\u00e1cticos que evidenciaran una dilaci\u00f3n injustificada del proceso; que dicha determinaci\u00f3n fue recurrida, pero se mantuvo el 29 de abril de 2022; que no pod\u00eda emitir juicio de valor en sede de vigilancia judicial, sin que sea una instancia adicional; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres con funciones en Tunja refiri\u00f3 que no toda tardanza o incumplimiento de un t\u00e9rmino constitu\u00eda violaci\u00f3n de los derechos fundamentales, pues se deb\u00edan analizar las razones expuestas por la autoridad para establecer si estaba justificada la misma; y que lo cierto era que los hechos narrados eran indicativos de que transcurri\u00f3 un tiempo considerable desde que se radic\u00f3 la demanda ejecutiva. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero de Familia de Tunja refiri\u00f3 que la accionante hab\u00eda instaurado otras acciones de tutela y deprecado la vigilancia judicial del asunto; que desconoc\u00eda si el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 hab\u00eda dictado sentencia en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, con lo que se pod\u00eda satisfacer la deuda de alimentos que se ejecutaba; que dicho estrado tom\u00f3 nota del embargo, por lo que una vez se definan los bienes que le correspondan a Carlier Ariza era deber dar cumplimiento a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; que estaba a la espera de lo que all\u00e1 se resolviera; y que exist\u00eda una acci\u00f3n temeraria. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el tr\u00e1mite hab\u00eda sido adecuado, se hab\u00edan resuelto los recursos interpuestos; que la respuesta a la petici\u00f3n de la accionante depend\u00eda de la evoluci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que se adelantaba en el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1; que se encontraba razonable la insistencia de la gestora en el uso de los mecanismos para reclamar las cuotas alimentarias, empero, deb\u00eda tenerse en cuenta que el juicio ejecutivo de alimentos se tramitaba en el Juzgado Tercero de Familia de Tunja, mientras que la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal en el hom\u00f3logo Diecis\u00e9is de Bogot\u00e1, resultando inexplicable que aquella este representada por curador en este \u00faltimo tr\u00e1mite, es decir, no hab\u00eda atendido el proceso liquidatorio respecto del que solicitaba el embargo de los derechos litigiosos, tr\u00e1mite que se promovi\u00f3 desde el 2013 y a la fecha no hay trabajo de partici\u00f3n, lo que hab\u00eda podido hacerse de mutuo acuerdo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el fallador contaba con la informaci\u00f3n para implementar los deberes y poderes que refer\u00edan los art\u00edculos 42 y 43 del C\u00f3digo General del Proceso, en procura de dar eficiencia a las actuaciones, pues la extensi\u00f3n en el tiempo del mismo no era razonable; que observaba una gesti\u00f3n activa de la promotora en el proceso ejecutivo de alimentos, pero no en el liquidatorio; que el Juzgado Tercero de Familia y el Consejo Seccional no estaban incursos en vulneraci\u00f3n alguna; que corresponder\u00eda requerir al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia criticado para que gestione el tramite liquidatorio o tome las medidas pertinentes, pues es un asunto iniciado en 2013, empero, en el proceso se design\u00f3 perito de la Lonja, por lo que se deb\u00edan cancelar honorarios, lo que depend\u00eda de las partes y no del juez, sin que existiera amparo de pobreza; que la demandante contaba con otras acciones, en tanto que no se encontraba que el deudor de alimentos hubiese sido denunciado por inasistencia alimentaria, ni que se haya hecho seguimiento de sus ingresos o patrimonio, m\u00e1s all\u00e1 del embargo de los derechos litigiosos; que el estrado de Tunja no se encontraba en mora; y que el Consejo Seccional acusado hab\u00eda atendido las funciones propias <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que si bien inicialmente fue emplazada en el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, lo cierto es que se hizo parte del proceso y otorg\u00f3 poder; que era falso que hubiese desatendido dicho tr\u00e1mite; que el \u00fanico bien inventariado lo pag\u00f3 ella, pues su expareja no dio dinero para el mismo; que no era cierto que estuviera pendiente el pago de honorarios de un perito, sino la designaci\u00f3n de un avaluador; que pidi\u00f3 se tuviera en cuenta el aval\u00fao catastral; que en el bien viv\u00eda hace 12 a\u00f1os el se\u00f1or Carlier Ariza, quien no le hab\u00eda reconocido nada por usufructuarlo; y que se deb\u00eda definir si era necesario que se dictara sentencia en el juicio liquidatorio para conocer el aval\u00fao de los derechos litigiosos y as\u00ed continuar con el ejecutivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la presente queja supralegal, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse parcialmente, con miras a que el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 proceda a impulsar el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal con el fin de evitar su actual paralizaci\u00f3n, adoptando las medidas que resulten conducentes para su continuaci\u00f3n, en cumplimiento de los deberes previstos en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1xime cuando no se expuso raz\u00f3n alguna para justificar la tardanza acontecida y la misma repercute en la indefinici\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos tambi\u00e9n criticado. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 ha transgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta de que ha superado, sin justificaci\u00f3n, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse y adoptar las medidas para impedir la paralizaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se modificar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado y se conceder\u00e1 parcialmente el amparo rogado, ordenando al estrado Diecis\u00e9is encausado que proceda a impulsar el tr\u00e1mite, adoptando las medidas que resulten conducentes para su continuaci\u00f3n, en cumplimiento de los deberes previstos en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la anotada tardanza repercute en la indefinici\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos tambi\u00e9n criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado y concede con alcance parcial el resguardo impetrado, orden\u00e1ndole al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a darle impulso al proceso de liquidaci\u00f3n conyugal censurado (radicaci\u00f3n 110013110016201101008), adoptando las medidas que resulten conducentes para su continuaci\u00f3n, en cumplimiento de los deberes previstos en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo las razones consignadas en esta providencia. En lo dem\u00e1s se confirma la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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