STC12969-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12969-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03205-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Isaac Jim\u00e9nez Reyes, quien dice actuar en representaci\u00f3n de Gladys Galicia Montealegre contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2018-00610-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Gladys Galicia Montealegre demand\u00f3 la \u00abdeclaraci\u00f3n post mortem de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, la consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho [\u2026]\u00bb frente al causante Emigidio Ram\u00edrez (Q.E.P.D.)1. Asunto que fue admitido por el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 el 3 de octubre de 2018. Igualmente, dispuso, entre otros, la vinculaci\u00f3n de Mar\u00eda Edid G\u00f3mez Carrero y de aquellos herederos determinados e indeterminados del aqu\u00e9l2. <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Despacho -en audiencia del 1\u00b0 de octubre de 2021-, resolvi\u00f3 \u00abdeclarar no probada las excepciones de m\u00e9rito de [\u2026] \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d e \u201cinexistencia de requisitos para la configuraci\u00f3n de uni\u00f3n marital\u201d\u00bb. En efecto, \u00abdeclar[\u00f3] la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho en los t\u00e9rminos de la ley 54 de 1990, entre [la demandante] y [\u2026] Emigidio Ram\u00edrez desde el 4 de agosto de 1998 y hasta el 30 de abril de 2017\u00bb. Y, \u00abdeclar[\u00f3] que fruto de la uni\u00f3n marital entre [la demandante] y [\u2026] Emigidio Ram\u00edrez, se conform\u00f3 sociedad patrimonial, durante los mismos tiempos de la uni\u00f3n marital\u00bb. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el extremo pasivo impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo3. <\/p>\n
2.2. La Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1 -con sentencia del 25 de agosto de 2022- decidi\u00f3 \u00abrevocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 1\u00b0 de octubre de 2021 [\u2026], para en su lugar, negar la existencia de la sociedad patrimonial [\u2026]\u00bb4. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el gestor, por v\u00eda de tutela, anota que la sentencia acusada se sustent\u00f3 en una \u00absupuesta prescripci\u00f3n\u00bb. Sin embargo, estima que \u00abel 16 de febrero de 2018 se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n del derecho que contempla el art. 8 de la Ley 54 de 1990, toda vez que radi[c\u00f3] ante el juzgado de familia que adelanta la sucesi\u00f3n, solicitud de reconocimiento de la uni\u00f3n marital y la consecuente sociedad patrimonial, con insistencias los d\u00edas 28 de febrero y 8 de marzo; declaraci\u00f3n que fue negada mediante auto del 13 de abril de 2018\u00bb. Por lo tanto, aduce que el \u00abt\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de un derecho se puede interrumpir por diversas situaciones y para que se produzca la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, los hechos que la interrumpen deben producirse antes de la consumaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n. Cuando el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se interrumpe, dicho t\u00e9rmino vuelve a iniciar de nuevo, es decir, se cuenta desde cero\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se revoque \u00abla sentencia emitida por el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala de Familia [\u2026], para que en su lugar se confirme la de primera instancia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital para su revisi\u00f3n5. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Edith G\u00f3mez, Martha Liliana y Judi Alexandra Ram\u00edrez manifestaron que la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho, est\u00e1 ampliamente prescrita y no se configura ninguna causal de interrupci\u00f3n que prorrogue su vigencia\u00bb6. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, el actor asegura actuar como apoderado de Gladys Galicia Montealegre, cuyos derechos estima vulnerados por la autoridad accionada. Esto, comoquiera que el estrado colegiado sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en el acaecimiento de una prescripci\u00f3n, la cual hab\u00eda sido previamente interrumpida. <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n le atribuye a la colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. <\/p>\n
Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de estos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la <\/p>\n
Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (STC 29 sep. 2003, rad. 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, ha establecido que: <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 \u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. \u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. De manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, seg\u00fan la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el gestor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de quien presuntamente vio vulnerados sus derechos fundamentales. Y, por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, a lo cual se suma que tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar en calidad de agente oficioso. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 59 a 68 del archivo PDF \u00ab2018-610 uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 83 a 84. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 229 a 231. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab18 Decisi\u00f3nSegundaInstancia\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de septiembre de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 22 de septiembre de 2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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