STC12970-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12970-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03189-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Humberto Antonio Ni\u00f1o Medina contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00210. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta se adelant\u00f3 el proceso de resoluci\u00f3n de promesa de compraventa promovido por la sociedad G\u00e1lvez Guzm\u00e1n y CIA S. en C. contra Humberto Antonio Ni\u00f1o Medina. <\/p>\n
2.2. El estrado judicial -con prove\u00eddo del 4 de agosto de 20211- declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta denominada \u00abincumplimiento de la parte demandante\u00bb, motivo por el cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. Inconforme con lo anterior, el apoderado de la sociedad demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -con providencia del 1\u00ba de septiembre de 20222- revoc\u00f3 parcialmente el fallo de primera instancia y resolvi\u00f3, entre otros: <\/p>\n
Segundo: confirmar los dos primeros numerales de la sentencia, y revocar el tercero para en su lugar declarar resuelto el contrato de promesa de compraventa suscrito entre G\u00e1lvez Guzm\u00e1n y CIA S. en C. y Humberto Antonio Ni\u00f1o Medina. Condenar a Humberto Antonio Ni\u00f1o Medina a restituir el inmueble de que trata este asunto, identificado con folio 080-0041852 (\u2026). A su vez, condenar a G\u00e1lvez Guzm\u00e1n y CIA S. en C. a restituir al se\u00f1or Humberto Antonio Ni\u00f1o Medina el monto de ($246.335.997) (\u2026). <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el promotor adujo que la autoridad confutada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por no valorar todas las pruebas obrantes en el plenario y por analizar de forma incorrecta las que s\u00ed estudi\u00f3. De igual forma, enrostr\u00f3 que se present\u00f3 defecto sustancial puesto que no respet\u00f3 el precedente aplicable al caso y se aplic\u00f3 de forma err\u00f3nea el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene al estrado accionado que deje sin efectos la providencia del 1\u00ba de septiembre de 2022. Y en su lugar, emita una nueva basado en las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta3 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones procesales adelantadas por su despacho, afirmando que no conoce la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 la alzada propuesta dentro del proceso natural. En este sentido, rese\u00f1\u00f3 que con su actuar no vulner\u00f3 las garant\u00edas superlativas del gestor. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Magdalena4 solicit\u00f3 que fuera denegado el amparo, comoquiera que el prove\u00eddo mediante el cual desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido en las sentencias SC3666-2021 y SC1662-2019, jurisprudencia vinculante. Adicionalmente, record\u00f3 que el fallador constitucional no tiene la potestad para emitir un pronunciamiento adicional como si fuera un juez de instancia. <\/p>\n
3. La representante legal de G\u00e1lvez Guzm\u00e1n y C\u00cdA S. en C.5 peticion\u00f3 que fuera declarado improcedente el amparo, ya que no cumple con los requisitos se\u00f1alados por la Corte Constitucional para interponer acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que el ad quem natural -con providencia del 1\u00ba de septiembre de 20226- revoc\u00f3 parcialmente el prove\u00eddo del 4 de agosto de 2021, resolviendo el contrato de compraventa suscrito por las partes y ordenando las respectivas restituciones mutuas. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, el Tribunal inici\u00f3 por mencionar que la primera r\u00e9plica del recurrente no se centr\u00f3 en \u00abel hecho que el juzgado hubiera declarado el incumplimiento de ambas partes; sino m\u00e1s bien que no se fall\u00f3 de manera congruente a esa determinaci\u00f3n, porque a su juicio, debi\u00f3 resolverse el contrato por mutuo disenso t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
2.2 De cara al mutuo disenso t\u00e1cito, el cuerpo colegiado trajo a colaci\u00f3n la sentencia SC3666-2021 del 25 de agosto de 2021, resaltando que: <\/p>\n
El mutuo disenso implica la voluntad de ambas partes de finiquitar el negocio que previamente hab\u00edan elaborado. La ley prev\u00e9 que los contratantes, de la misma forma en que hace el contrato, lo deshagan. Cuando el mutuo disenso es expreso, no surge mayor inconveniente, porque de su propia y rec\u00edproca voluntad terminan el convenio. Pero si es t\u00e1cito, es necesario percibir ese \u00e1nimo en la conducta desplegada por los contratantes en orden a desistir del negocio celebrado y adem\u00e1s [de] concluyente en demostrar ese inequ\u00edvoco designio com\u00fan de anonadar su fuerza obligatoria. <\/p>\n
2.3. De conformidad con lo anterior, concluy\u00f3 que en el caso de marras: <\/p>\n
\u2026entiende la Sala que el \u00e1nimo del promitente comprador no es el de desistir del negocio, sino por el contrario, hacerlo cumplir. (\u2026) As\u00ed las cosas, para la Sala no se puede aplicar en esta oportunidad la figura del mutuo disenso t\u00e1cito. Ello, porque la jurisprudencia de la Corte exige la demostraci\u00f3n del \u00e1nimo de aniquilamiento del negocio originado en ambas partes, y no solo en una de ellas. Comoquiera que el promitente comprador ha realizado actos que inequ\u00edvocamente llevan a concluir que no quiere desistir del negocio, no se estructura el supuesto jur\u00eddico para la materializaci\u00f3n del disenso. <\/p>\n
2.4. No obstante, lo anterior, indic\u00f3 que \u00abno podr\u00eda la Sala sin m\u00e1s desatender el recurso, comoquiera que se debe interpretar la demanda (\u2026). Es que, en la pretensi\u00f3n se invoc\u00f3 el resolver el contrato por mutuo disenso t\u00e1cito (\u2026). Adem\u00e1s, precisamente el reparo versa sobre la inacci\u00f3n del juzgado en finiquitar la relaci\u00f3n negocial al estarse demostrado el incumplimiento de ambos, debi\u00e9ndose proveer sobre tal aspecto\u00bb. Al respecto, con fundamento en los fallos SC1662-2019 y SC3666-2021, los cuales cit\u00f3 in extenso, ilustr\u00f3 que cuando se demuestra un mutuo y simult\u00e1neo incumplimiento contractual se debe declarar la resoluci\u00f3n por aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, precisando sobre el particular que: <\/p>\n
De ambos fallos de la Corte, se puede concluir que el C\u00f3digo no establece una consecuencia jur\u00eddica al hecho de incumplimiento rec\u00edproco entre las partes, y, por ende, de manera anal\u00f3gica la Corte interpret\u00f3 que se debe de todas maneras resolver el contrato sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios al no estar en mora seg\u00fan el 1609. Para que se pueda aplicar un criterio como el anterior, se debe demostrar un incumplimiento rec\u00edproco y simult\u00e1neo de ambas partes, puesto que uno previo justifica el posterior del contrario, en aplicaci\u00f3n del principio de equivalencia que rige los contratos conmutativos. <\/p>\n
2.5. Corolario de lo expuesto ut supra y del estudio de los medios probatorios arrimados a la causa, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
Pues bien, en esta oportunidad existe un mutuo y simult\u00e1neo incumplimiento de las partes. El promitente vendedor se oblig\u00f3 al saneamiento del inmueble conforme la cl\u00e1usula 4 del contrato, aspecto que incumpli\u00f3 en tiempo, y a su vez, el promitente comprador se oblig\u00f3 a pagar la integridad del precio antes de la fecha de escrituraci\u00f3n; y comoquiera que no lo hizo en el plazo acordado, ambos ten\u00edan excusa suficiente para desatender el pacto. <\/p>\n
Bien pudiera decir el promitente vendedor que no asisti\u00f3 a la notar\u00eda porque el promitente comprador no le hab\u00eda pagado el saldo del precio; como bien pudiese afirmar este \u00faltimo que no lo hizo porque no se hab\u00edan levantado los embargos sobre el inmueble. De tal manera que, al no sanearlo en el tiempo establecido, y a la vez, al no pagar el saldo en el mismo periplo, ambas partes incumplieron, pudiendo entre s\u00ed exigir la resoluci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
Guarda poco inter\u00e9s el hecho de que el promitente comprador haya asistido a la Notar\u00eda, porque si no hab\u00eda cancelado el precio previamente, no hubiera podido exigir al promitente vendedor que asistiera a firmar, m\u00e1xime cuando estaban vigentes los embargo que reca\u00edan sobre el objeto negociado. Hubo entonces in evento de incumplimiento mutuo y simult\u00e1neo. (Se subraya) <\/p>\n
En esta l\u00ednea discursiva, luego de un extensivo an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el plenario, concluy\u00f3 que <\/p>\n
Una valoraci\u00f3n conjunta de los anteriores suasorios y de los interrogatorios de parte, permite concluir con tranquilidad que todas las gestiones realizadas fueron despu\u00e9s del 30 de octubre de 2014 -fecha en que a m\u00e1s tardar deb\u00edan hacerse seg\u00fan el acuerdo- inclusive la de los requerimientos para realizar la escrituraci\u00f3n. En ese sentido, el promitente comprador incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de pagar el saldo dentro del plazo establecido, muy a pesar de que se le permiti\u00f3 imputar los pagos hechos a las deudas citadas. Indiscutiblemente que, como en su momento se argument\u00f3, el inter\u00e9s del demandado era la satisfacci\u00f3n del contrato. Empero, eso no resta el hecho de que las ejecut\u00f3 extempor\u00e1neamente, y el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil es claro en establecer que existe incumplimiento total, parcial y tard\u00edo, hip\u00f3tesis \u00faltima acontecida en esta oportunidad. <\/p>\n
Superado lo anterior, y partiendo de la base que existe un mutuo incumplimiento entre ambas partes, debe la Sala aplicar los precedentes judiciales citados, y, en consecuencia, resolver el contrato de promesa, para disponer las debidas restituciones mutuas. As\u00ed, sale avante el reparo se\u00f1alado, porque seg\u00fan los precedentes citados, deb\u00eda, adem\u00e1s de declararse el mutuo incumplimiento, resolver el contrato, aspecto soslayado por la juez de instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese que no tanto por existir incongruencia en la sentencia per se, porque la juez en la motivaci\u00f3n fue consecuente en estimar que no deb\u00eda resolverse el acuerdo por el incumplimiento del promitente vendedor, y en el numeral tercero de la resolutiva impuso su determinaci\u00f3n al negar la pretensi\u00f3n. Empero, s\u00ed pidi\u00f3 el apelante revocar el fallo para en su lugar ordenar la finalizaci\u00f3n, y posteriores restituciones mutuas, por lo que incumbe a la Sala resolver el reparto en la forma antedicha. (Se subraya) <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cPRUEBA_12_9_2022, 4_35_46 p.nbsp;m\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 6-22. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-4, archivo \u201c11001020300020220318900-0011Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cINFORME 22 SEPTIEMBRE 2022 SALA CIVIL-FAMILIA TSDJSM\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220318900-0019Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 6-22, archivo \u201cPRUEBA_12_9_2022, 4_35_46 p.nbsp;m\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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