STC12971-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12971-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03172-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Amalia Luengas de \u00c1lvarez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 68001310300220160018400 (01)1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, salud e \u00abintegridad f\u00edsica del adulto mayor\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora, Tito Omar Luengas \u00c1lvarez, Luc\u00eda \u00c1lvarez Luengas y Rafael \u00c1lvarez Carrasquilla instauraron demanda de responsabilidad civil contractual contra la Nueva E.P.S. y Meditep E.P.S., asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, el cual profiri\u00f3 sentencia favorable el 16 de marzo de 2018. <\/p>\n
2.2. Inconformes con esa determinaci\u00f3n, los all\u00ed demandados, -Nueva EPS y Medited S.A.S.-, interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, que fue concedido en el efecto devolutivo y admitido por el Tribunal accionado el 12 de abril de 2018. Mediante prove\u00eddo del 30 de octubre siguiente se acept\u00f3 el desistimiento del recurso presentado por Meditep S.A.S. <\/p>\n
2.3. La promotora censura que, a pesar de que el recurso de apelaci\u00f3n fue remitido al superior desde el 9 de abril de 2018, que ha solicitado varias veces al Tribunal que tenga prioridad de turno y lo resuelva inmediatamente y que es una persona de 83 a\u00f1os, aqu\u00e9l ha hecho caso omiso, por lo que el retardo \u00abgrave e injustificado\u00bb en decidir el recurso afecta sus derechos fundamentales, m\u00e1xime teniendo en cuenta que el art\u00edculo 121 del C.G.P. establece que, vencido el t\u00e9rmino correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicita que se ordene a la Corporaci\u00f3n accionada priorizar y resolver la alzada y, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., que remita el expediente al magistrado que sigue en turno, para que asuma competencia y profiera el fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La magistrada de la Sala Civil Familia Tribunal Superior de Bucaramanga precis\u00f3 que tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el 8 de junio de 2021, encontrando en el despacho asignado 408 asuntos ordinarios sin decisi\u00f3n y que, a 21 de septiembre de 2022, tiene 179 asuntos ordinarios pendientes, lo cual \u00abno ha sido suficiente para conjurar la demora\u00bb, a pesar de \u00ablos insistentes llamados que he hecho al Consejo Superior de la Judicatura para adoptar las medidas de descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n de la accionante se encuentra \u00aben el puesto 32 de la relaci\u00f3n de expedientes pendientes para resolver en orden cronol\u00f3gico, y que la actora no ha solicitado -a la fecha-, la p\u00e9rdida de competencia del art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La Nueva E.P.S. se opuso a la prosperidad del ruego, por cuanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, y afirm\u00f3 que la tutela no es una instancia judicial m\u00e1s a la que se \u00abpueda acudir para solicitar al operador que, en raz\u00f3n a la edad de una de las partes, incurra en un posible delito aunado a ello en una falta disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga adujo que los reparos de la tutela no se encuadran frente a las actuaciones surtidas en dicha instancia, por lo que solicit\u00f3 negar el amparo en su contra. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante cuestiona la presunta mora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en desatar el recurso de apelaci\u00f3n incoado por la Nueva E.P.S. en el proceso de responsabilidad civil contractual referenciado, y solicita su remisi\u00f3n al magistrado que sigue en turno, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, para que ejerza la competencia y profiera el fallo en el t\u00e9rmino de ley. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la presunta mora en que habr\u00eda incurrido la autoridad judicial accionada, por no haber desatado el aludido recurso de apelaci\u00f3n, debe traerse a colaci\u00f3n la sentencia T-747 de 2009, en la que la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) es pertinente se\u00f1alar que tanto las partes como los terceros en las respectivas actuaciones judiciales deben no s\u00f3lo cumplir con las cargas procesales que impone el ordenamiento jur\u00eddico en cada proceso, sino abstenerse de realizar conductas que dilaten el tr\u00e1mite judicial, pues ello constituye una las formas como se materializa la violaci\u00f3n del deber constitucional de \u2018colaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u2019 (Art. 95-7 C.P.). <\/p>\n
Sobre este aspecto ha expresado la Corte que: \u2018tanto las partes procesales como las autoridades judiciales est\u00e1n obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecuci\u00f3n de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. As\u00ed pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y t\u00e9rminos establecidos en la ley, as\u00ed como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los t\u00e9rminos procesales\u2019. <\/p>\n
Como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n \u2018quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los t\u00e9rminos legales dispuestos para ello. De lo contrario, se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019. <\/p>\n
De manera que la celeridad en los juicios resulta trascendental para la materializaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso; no obstante, no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales y, por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. Al respecto, la Sala ha establecido que <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha establecido que los escenarios de mora judicial que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, en CSJ sept. 17 2013, rad. 00168-02, CSJ STC6772-2019 y en CSJ STC5633-2021). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se observa que, mediante prove\u00eddo de 12 de abril de 2018, la Corporaci\u00f3n cuestionada admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y el 30 de octubre del mismo a\u00f1o acept\u00f3 el desistimiento del recurso de Medited S.A.S. y continu\u00f3 el tr\u00e1mite de segunda instancia respecto del recurso formulado por la Nueva E.P.S. <\/p>\n
El 24 de enero de 2020, el Tribunal resolvi\u00f3 una solicitud de la actora, inform\u00e1ndole que, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, es obligatorio para los jueces dictar las sentencias en el mismo orden en que los expedientes ingresan al despacho para tal fin, sin que el mismo pueda alterarse y que, en el presente asunto, el proceso \u00abse encuentra aguardando el turno [\u2026] de acuerdo a su fecha de ingreso, por lo que no es posible entrar a resolver de manera inmediata la alzada\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, surge imperioso se\u00f1alar que el juzgador accionado no ha incurrido en el comportamiento negligente que se le atribuye, en los t\u00e9rminos previstos por la jurisprudencia referida, toda vez que, acorde con lo previsto en el precitado art\u00edculo, los asuntos deben resolverse seg\u00fan el orden de llegada al despacho de conocimiento y, en este caso, como lo inform\u00f3 el colegiado accionado \u00abse encuentra en el puesto 32 de la relaci\u00f3n de expedientes pendientes de resolver en orden cronol\u00f3gico\u00bb, raz\u00f3n por la cual la protecci\u00f3n constitucional reclamada no es procedente. Sobre el particular, la Sala, en asuntos similares, ha considerado: <\/p>\n
se observa que el \u201csistema de turnos\u201d al que est\u00e1 sujeta la autoridad confutada, ha de ser acatado, en raz\u00f3n a que proceder en contra de ello implicar\u00eda el desconocimiento del \u201cderecho a la igualdad\u201d de los dem\u00e1s usuarios en similares condiciones a los accionantes\u2026 <\/p>\n
\u2026no es posible pretender mediante una \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d, que se \u201calteren los turnos\u201d, porque \u201c(\u2026) tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u201d (STC 5 ag. 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC16975-2015 y STC11986-2021)2. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, frente a la solicitud de remitir el expediente al magistrado que sigue en turno, en tanto la actora alega que han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os sin que se resuelva la alzada y, en consecuencia, el despacho de conocimiento perdi\u00f3 competencia para desatar el recurso, conforme a las prescripciones del art\u00edculo 121 del C.G.P., analizado material probatorio allegado se observa que, en el proceso rebatido, la actora no ha requerido ante el operador judicial cognoscente la p\u00e9rdida de competencia que pretende por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes sin que previamente expongan sus planteamientos en las instancias de defensa ordinarias, pues no puede el juez de tutela adelantarse a resolver un asunto que corresponde decidir a la autoridad judicial competente. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sido insistente en se\u00f1alar que <\/p>\n
[E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01. reiterado en CSJ STC3807-2018; CSJ STC, 2 jun. 2020, rad. 2020-00195-01; CSJ STC5074-2020). <\/p>\n
4. En ese orden, se niega el amparo exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, Tito Omar \u00c1lvarez Luengas, Rafael \u00c1lvarez Carrasquilla, Luc\u00eda \u00c1lvarez Luengas, Nueva E.P.S. y Meditep S.A.S. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC5442-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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