STC12972-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12972-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03129-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Santiago Baena Niebles, Manuel Salvador Baena Niebles, V\u00edctor Julio Baena Niebles, Otilia Baena Niebles, Br\u00edgida Baena de Castro, Eligia Baena de Navarro, Eudosia Baena de Guerra, Mar\u00eda Edith Baena Niebles, Carmelina Baena Niebles, Yarledis Baena Caicedo, Edwin Alonso Baena Caicedo, Hernando Baena Caicedo y Darwin Albeiro Baena Caicedo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 68081312100120170003500 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores reclamaron, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en la referida causa. <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja se adelant\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras de radicado 2017-00035, promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- Unidad Territorial Cesar- a petici\u00f3n y a favor de los se\u00f1ores Emeterio Baena Niebles, Santiago Baena Niebles, Manuel Salvador Baena Niebles, V\u00edctor Julio Baena Niebles, Otilia Baena Niebles, Br\u00edgida Baena de Castro, Eligia Baena de Navarro, Eudosia Baena de Guerra, Mar\u00eda Edith Baena Niebles y Carmelina Baena Niebles, respecto del predio denominado \u00abBrisas de no se sabe\u00bb, ubicado en la vereda Santa Ana, del municipio de Pelaya (Cesar), distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 192-15193 y n\u00famero catastral 205500030002008500. <\/p>\n
2.2. El citado despacho admiti\u00f3 la solicitud y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n y sustracci\u00f3n provisional del comercio del predio objeto de pedimento, as\u00ed como la suspensi\u00f3n de los procesos judiciales, notariales y administrativos que se hubiesen iniciado en relaci\u00f3n con dicho fundo. Igualmente, dispuso su publicaci\u00f3n en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional y en una radiodifusora de la localidad en la que se encuentra ubicado el bien y vincul\u00f3 a Eva del Socorro Pe\u00f1aranda de Pacheco como propietaria del inmueble y a Hermes Fabi\u00e1n Navarro Ovalle, por aparecer como interviniente en el tr\u00e1mite administrativo. <\/p>\n
2.3. Luego, ante el fallecimiento de Emel Baena Niebles, Teodosia De Jes\u00fas Baena Niebles, Pedro Pablo Baena Niebles y Emeterio Baena Niebles, dispuso la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite de sus herederos y los reconoci\u00f3 como solicitantes. <\/p>\n
2.4. Los se\u00f1ores Eva del Socorro Pe\u00f1aranda de Pacheco y Hermes Fabi\u00e1n Navarro Ovalle, mediante apoderado, radicaron escrito de oposici\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 19 de junio de 2019, practicadas las pruebas decretadas, el Juzgado remiti\u00f3 la causa a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
2.6. La referida Corporaci\u00f3n, por sentencia del 8 de julio de 2021, resolvi\u00f3 reconocer el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, pero \u00abno sobre el bien inmueble por ellos solicitado en restituci\u00f3n, sino otro en equivalencia\u00bb, e igualmente orden\u00f3 que, para la entrega, se otorgaba al \u00abFondo de la Unidad el t\u00e9rmino de ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de tal providencia\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que uno de los fundamentos de dicha determinaci\u00f3n consisti\u00f3 en que \u00ablos herederos no ten\u00edan definidos el porcentaje o derecho de su cuota parte, y devolverles el predio les generar\u00eda -seg\u00fan el Tribunal- un problema familiar\u00bb. <\/p>\n
2.7. El se\u00f1or Santiago Baena Niebles solicit\u00f3 al Juez plural modular la sentencia, para que \u00able fuera entregado el predio que ellos solicitaron en restituci\u00f3n y no otro\u00bb, precisando que \u00aben la actualidad se encontraba residiendo en el municipio de Pelaya -jurisdicci\u00f3n de ubicaci\u00f3n del predio restituido- y debido a que el fundo reclamado ya lo conoc\u00edan, le parec\u00eda mejor retornar justo a ese mismo predio\u00bb; sin embargo, por prove\u00eddo del 29 de abril de 2022, el Tribunal ratific\u00f3 su decisi\u00f3n y declar\u00f3 improcedente la solicitud. <\/p>\n
2.8. As\u00ed las cosas, la parte actora cuestiona que, a pesar de que en ning\u00fan momento solicitaron a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras \u00abotro predio en equivalencia ni mucho menos compensaci\u00f3n en dinero, pues les interesaba que se les entregara el predio de \u201cBrisas de no se sabe\u201d\u00bb, el Tribunal accionado, al emitir su decisi\u00f3n, desconoci\u00f3 el principio de congruencia, pues no fall\u00f3 en consonancia con los hechos descritos en el proceso y consecuente con lo pretendido por ellos; adem\u00e1s, indicaron que a otros solicitantes, en otros procesos, s\u00ed se les ha devuelto en restituci\u00f3n y, en el presente caso, respecto del predio reclamado \u00abno mediaron ninguna de las circunstancias descritas en el art\u00edculo 97 de la Ley 1448 de 2011 y no hubo compensaci\u00f3n para los opositores\u00bb. <\/p>\n
3. Instaron que se ordene a la autoridad judicial accionada a \u00abrevocar\/modificar parcialmente la sentencia [\u2026] emitida el d\u00eda 08 de julio de 2021, respecto a los ordinales CUARTO (4), CUATRO PUNTO UNO (4.1.), CUATRO PUNTO SIETE (4.6.) Y CUATRO PUNTO SIETE (4.7.) de dicha sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta manifest\u00f3 que los planteamientos expuestos en sus decisiones del 8 de julio de 2021 y del 29 de abril de 2022 \u00abno fueron edificados sobre apreciaciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas y much\u00edsimo menos comportan manifestaciones carentes de cualquier soporte, sencillamente no hubo v\u00eda de hecho\u00bb, por lo que solicita negar el amparo reclamado. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Notariado y Registro pidi\u00f3 ser exonerada de cualquier responsabilidad, toda vez que su actuar no ha sido otro que el de dar cumplimiento a la orden impartida por una autoridad competente. <\/p>\n
3. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi afirmaron carecer de competencia para pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas, pues no pueden revocar o dejar sin efectos actuaciones judiciales y, en esa medida, estimaron que se les deb\u00eda desvincular, al configurarse una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradora I Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga solicit\u00f3 disponer la entrega material del predio \u00abBrisas de no se sabe\u00bb y en las condiciones en que fue solicitada inicialmente dentro de la demanda a trav\u00e9s de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, con el fin de que \u00abcese la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la restituci\u00f3n material y al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
5. El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, regional Cesar, manifest\u00f3 que \u00abse estar\u00e1 dando cumplimiento a lo decidido en el fallo de la acci\u00f3n referida y que concierna a las competencias de nuestra entidad\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora pretende que se amparen las garant\u00edas fundamentales reclamadas y se revoque o modifique la sentencia del 8 de julio de 2021, emitida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, exigido para la procedencia de la salvaguarda impetrada, por cuanto, entre el momento en que se emiti\u00f3 el fallo que defini\u00f3 el asunto y orden\u00f3 la reparaci\u00f3n por equivalencia que se cuestiona -8 de julio de 2021- y la interposici\u00f3n de la presente tutela -8 de septiembre de 20221-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.1. Sobre el citado presupuesto ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Al respecto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. Bajo este contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del requisito de inmediatez y, por tanto, la salvaguarda propuesta se torna improcedente. <\/p>\n
3. De otra parte, frente al prove\u00eddo del 29 de abril del a\u00f1o en curso, se encuentra que el Colegiado acusado neg\u00f3, por improcedente, la solicitud de modulaci\u00f3n presentada por Santiago Baena Niebles, al evidenciar que: i) no se contaba con el \u00abconsenso de todos los beneficiarios sobre el particular\u00bb; mi) tampoco existi\u00f3 \u00abuna condici\u00f3n que resulte ser de veras reciente, in\u00e9dita y\/o desconocida o que acaso no hubiere sido advertida ni valorada al momento de dictar la sentencia y resolver sobre ese aspecto\u00bb; y iii) dicho mecanismo \u00abni por asomo aplica como instrumento alterno o subsidiario del que antojadizamente puedan servirse las partes para lograr la variaci\u00f3n de lo previamente decidido\u00bb. <\/p>\n
Analizada la decisi\u00f3n cuestionada, no se advierte que sea arbitraria, antojadiza o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues lo que se evidencia es una apreciaci\u00f3n particular frente al asunto, que no demuestra las supuestas v\u00edas de hecho en que se habr\u00eda incurrido al emitir la determinaci\u00f3n controvertida. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios, entre lo considerado por el colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala negar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la salvaguarda constitucional invocada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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