STC12973-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12973-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02479-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Nubia Zamira Rivas Pe\u00f1a frente a la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Trece Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 760013105013201400508. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la seguridad social, el m\u00ednimo vital y el debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante indic\u00f3 que naci\u00f3 el 4 de mayo de 1958 y sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de su capacidad laboral, que fue calificada por la Administradora Colombiana de Pensiones en el \u00ab56.06%, con fecha de estructuraci\u00f3n 24 de noviembre de 2007\u00bb; no obstante, la entidad le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez reclamada, mediante Resoluci\u00f3n GNR292275 de 2013, al estimar que \u00abno cumple con el requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 01 de la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por ello present\u00f3 demanda ordinaria, que fue concedida el 26 de febrero de 2016 por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali, \u00abbajo el postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 25 de agosto de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, al resolver el grado de consulta, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, por considerar que en \u00ablos \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n, es decir, entre el 24 de Noviembre de 2004 al 24 de Noviembre de 2007 no aparecen semanas cotizadas. Por lo que no cumple con los requisitos\u00bb de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
2.4. El 5 de abril de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 la sentencia emitida por el ad quem. <\/p>\n
2.5. En criterio de la actora, en su caso, se incurri\u00f3 en defecto sustantivo y se desconoci\u00f3 el precedente constitucional que prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n ultra activa de la ley, a la luz del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Precis\u00f3 que solo hizo referencia a las Leyes 860 de 2003 y 100 de 1993, sin considerar otras normas que le permitir\u00edan acceder al derecho pensional, pues, a pesar de sus quebrantos de salud, hizo lo posible por continuar trabajando y logr\u00f3 cotizar 683.31 semanas; adem\u00e1s, adujo que se efectu\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, en tanto no se estudi\u00f3 \u00abel resumen de semanas cotizadas por el empleador, [en el que] se observa que la demandante cuenta con 362 semanas a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, el 1 de abril de 1994\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que es una adulta mayor, con restricciones de movimiento que le impiden trabajar, con fuertes limitaciones en sus extremidades inferiores derivadas de la enfermedad degenerativa que padece, sumado a que no cuenta con un ingreso que le permita subsistir dignamente, razones por las cuales considera que cumple con los presupuestos previstos en las sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019 y con las condiciones del test de precedencia definido por la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se \u00abCASE la sentencia\u00bb proferida por la Sala Laboral del Tribunal de Cali, que revoc\u00f3 la dictada por el a quo el 26 de febrero de 2016, mediante la cual se le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia argument\u00f3 que la salvaguarda pretendida no cumple con el requisito de inmediatez y que la decisi\u00f3n debatida se sustent\u00f3 en las normas aplicables al caso concreto y en la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n [P.A.R.I.S.S.] manifest\u00f3 que no hizo parte del proceso cuestionado y que, por ser un tema de r\u00e9gimen de prima media, el asunto correspond\u00eda a Colpensiones. <\/p>\n
3. Colpensiones afirm\u00f3 que no se materializ\u00f3 vicio, defecto o vulneraci\u00f3n alguna y que la tutela es improcedente para atacar sentencias judiciales, pues no es una tercera instancia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n cuestionada no constituye \u00abuna v\u00eda de hecho, pues al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n [\u2026] la Sala de Descongesti\u00f3n [\u2026] refiri\u00f3 que el \u00fanico cargo formulado conten\u00eda deficiencias t\u00e9cnicas que no pod\u00edan ser subsanadas\u00bb, am\u00e9n de establecer que, a\u00fan de superarse esas falencias, la prestaci\u00f3n pretendida no pod\u00eda reconocerse, porque la actora no reun\u00eda las semanas m\u00ednimas exigidas en la norma aplicable al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, aplicando los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la apoderada de la gestora, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela y enfatizando que no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial, que se desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional y que su situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica es compleja, por cuanto no puede trabajar, raz\u00f3n por la cual no cuenta con recursos m\u00ednimos para su subsistencia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se protejan los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con la sentencia proferida el 5 de abril de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL1378-2021 del 5 de abril de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido, precisando que la demanda de casaci\u00f3n adolec\u00eda de varios vicios t\u00e9cnicos y que, a\u00fan de tenerse por superadas dichas falencias, no era posible reconocer la pensi\u00f3n de invalidez pretendida. <\/p>\n
Sobre el particular precis\u00f3 que, \u00absiendo un hecho indiscutido, dada la v\u00eda escogida (\u2026), que (\u2026) no se cotizaron semanas en el t\u00e9rmino trienal requerido, esto es, entre el 24 de noviembre de 2004 y el mismo d\u00eda y mes del 2007, se deduce que (\u2026) la parte recurrente no tiene derecho a la pensi\u00f3n deprecada, como lo concluy\u00f3 el Colegiado\u00bb. <\/p>\n
3.1. En torno a los aspectos cuestionados se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez deb\u00eda ser dirimido bajo la \u00e9gida de la normatividad vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez y, en esa medida, la disposici\u00f3n que deb\u00eda aplicarse en el caso concreto era el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, pues la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez fue el 24 de noviembre de 2007. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia a varias sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, como las CSJ SL2358-2017 y CSJ SL409-2020, en las que se expuso que la norma llamada a definir el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez es aquella que se encuentra vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de dicho estado, enfatizando que la disposici\u00f3n que rige el asunto es el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, que modific\u00f3 el 39 de la Ley 100 de 1993, normativa que requiere haber cotizado 50 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Igualmente, precis\u00f3 que la exigencia de las semanas de cotizaci\u00f3n previstas en la Ley 860 de 2003 no es regresiva, acorde con lo definido en la providencia CSJ SL4650-2017, reiterada en CSJ SL1673-2020, as\u00ed: <\/p>\n
[\u2026] la Corte Constitucional, en sentencia C-428\/09, declar\u00f3 exequible el requisito de acceso a la pensi\u00f3n consistente en haber cotizado 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores al momento de la invalidez (art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003), argumentos que sirven para entender que, el mismo requisito estatuido en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, tambi\u00e9n se encuentra conforme a la Carta Magna. <\/p>\n
El Tribunal constitucional, entre otros aspectos, destac\u00f3 que: <\/p>\n
a) No implica una regresi\u00f3n en materia de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, pues si bien se aument\u00f3 el n\u00famero de semanas m\u00ednimas de cotizaci\u00f3n exigidas de 26 a 50, de igual manera aument\u00f3 el plazo para hacer valer las semanas de uno a tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez. <\/p>\n
3.3. De otro lado, en cuanto al r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 860 de 2003, la Sala consider\u00f3 que como ni esta ni la Ley 100 lo contemplaron y que, ante dicho vac\u00edo normativo, jurisprudencialmente, en pronunciamiento CSJ SL13747-2015, se \u00abdio viabilidad a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la cual: [\u2026] implica darle efectos ultractivos a la normatividad anterior, cuando en su vigencia se cumplan los supuestos de la norma relativos al n\u00famero m\u00ednimo de cotizaciones\u00bb; en consecuencia, reiter\u00f3 que por virtud de tal principio solo es posible acudir al r\u00e9gimen pensional inmediatamente anterior, sin que sea procedente la plusultractividad de la ley, como lo pretend\u00eda la impugnante al solicitar aplicar el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
3.4. La Sala accionada tambi\u00e9n analiz\u00f3 las sentencias de la Corte Constitucional que permit\u00edan otorgar los efectos plusultractivos; no obstante, cit\u00f3 la postura expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en los fallos CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, en las cuales motiv\u00f3 las razones por las cuales se apartaba de ese precedente, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[\u2026] a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n [SU-05-2018] significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica [\u2026] <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
3.5. Y, en concreto sobre el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa respecto del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 860 de 2003, refiri\u00f3 los presupuestos definidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL2358-2017, reiterados en CSJ SL2577-2020, en el sentido de que aqu\u00e9l solo tiene efectos hasta el 26 de diciembre de 2006, cuesti\u00f3n que no se cumpli\u00f3 en el caso concreto; en consecuencia, concluy\u00f3 que el Tribunal no err\u00f3 al establecer que la norma aplicable era el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, pues era el vigente al momento en que se estructur\u00f3 la invalidez -24 de noviembre de 2007- ni se equivoc\u00f3 frente al alcance que le dio al citado principio, porque no era viable acudir a este, pues, siguiendo lo dispuesto por el Juez de alzada, no cumpli\u00f3 con las \u00ab26 semanas cotizadas en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba una pensi\u00f3n de invalidez y en el cual la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pretendida, en raz\u00f3n a que la norma aplicable era la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de aquella -Ley 860 de 2003-, sin que fuera posible considerar, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que de la salvaguarda no era procedente, dado que la providencia atacada se sustent\u00f3 razonadamente, \u00abadvirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, frente a la determinaci\u00f3n censurada se presenta una disparidad de criterios entre lo planteado por la solicitante y lo considerado por la Sala accionada, en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, as\u00ed como en el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha considerado2 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
4.3. Finalmente, frente a lo indicado por la actora sobre su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y su calidad de sujeto de especial protecci\u00f3n, debe precisarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar la salvaguarda en la forma pretendida, toda vez que la Sala ha considerado que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegales las decisiones judiciales recriminadas (CSJ STC247-2022). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02479-01 <\/p>\n
Con el respeto de siempre a la Sala mayoritaria, me permito disentir de lo resuelto en la tutela de la referencia que neg\u00f3 el amparo solicitado por Nubia Zamira Rivas Pe\u00f1a, por las razones que expongo a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque la providencia cuestionada -que le neg\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n- no luce irrazonable ni caprichosa, dado que lo resuelto en ella se ajusta completamente a los textos legales, no puede desconocerse que es una mujer de 64 a\u00f1os de edad en situaci\u00f3n de discapacidad, que cotiz\u00f3 al sistema de seguridad social 683 semanas a pesar de lo cual no alcanz\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, por la imposibilidad f\u00edsica para laborar estructurada el 24 de noviembre de 2007, y no cuenta con ning\u00fan ingreso econ\u00f3mico, todo lo cual la pone en especial situaci\u00f3n de vulnerabilidad; ello deber\u00eda merecer una m\u00ednima reflexi\u00f3n sobre la suerte que le espera, a ella y a quienes en su situaci\u00f3n se encuentren, en cuanto el sistema le niega la posibilidad de una vida digna y la obliga a sobrevivir del fruto imposible de sus manos, que ya no pueden laborar, pues sin pensi\u00f3n y sin ninguna renta que la reemplace su destino est\u00e1 marcado. <\/p>\n
Se precisa entonces acudir a los principios constitucionales, dentro de los cuales destaca el de solidaridad, previsto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional, que tambi\u00e9n fue instituido como deber de todos los ciudadanos (art\u00edculo 95 ib\u00eddem); derecho-deber a partir del cual es inadmisible, en una sociedad pacifica, igualitaria y sostenible, que las garant\u00edas \u00fanicamente protejan a quienes se mantienen en la productividad, con exclusi\u00f3n de los que superaron esa etapa y ven mermada su fuerza laboral en virtud de la vejez o la discapacidad. <\/p>\n
Si esta consideraci\u00f3n no fuera suficiente, que lo es, deber\u00eda mirarse la convencionalidad admitida por Colombia en torno de los derechos humanos de los adultos mayores y personas en situaci\u00f3n de discapacidad, que establecen el compromiso estatal de \u00abgarantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas, en igualdad de condiciones con otros sectores de la poblaci\u00f3n\u00bb seg\u00fan ense\u00f1a el art\u00edculo 6\u00ba de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por Colombia mediante la ley 2055 de 2020, lo que se acopla con su art\u00edculo 17 seg\u00fan el cual, los Estados \u00ab(\u2026) promover\u00e1n progresivamente, (\u2026), que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna (\u2026)\u00bb, as\u00ed como lo muestra la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 1346 de 2009, en cuyo art\u00edculo 28 las partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protecci\u00f3n social, con tal de \u00abAsegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilaci\u00f3n\u00bb, entre otras muchas prerrogativas destinadas a evitar la discriminaci\u00f3n y la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, con la participaci\u00f3n del Estado Colombiano4 aprob\u00f3 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,5 la cual comprende 17 objetivos fijados para que los Estados encaminen sus esfuerzos a mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atr\u00e1s, entre los cuales se halla el n\u00famero 10, indicativo de la necesidad de \u00abReducir la desigualdad en y entre los pa\u00edses\u00bb, cuyas metas incluyen \u00abpromover la inclusi\u00f3n social, econ\u00f3mica y pol\u00edtica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religi\u00f3n o situaci\u00f3n econ\u00f3mica u otra condici\u00f3n\u00bb y \u00abgarantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, pol\u00edticas y pr\u00e1cticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, pol\u00edticas y medidas adecuadas\u00bb6, de donde emana que no constituye un mero capricho de alguien, sino que esa igualdad real se erige en un destino natural de la regi\u00f3n a la que Colombia pertenece y de todo el orbe representado por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas. <\/p>\n
Esto es, no deben desconocerse las obligaciones adquiridas por el pa\u00eds encaminadas a garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y los adultos mayores, lo cual incluye el deber de garantizarles ingresos econ\u00f3micos que les permitan gozar de una vida digna y hacer parte del sistema de seguridad social integral, no solo en el \u00e1mbito estrictamente constitucional vern\u00e1culo, sino tambi\u00e9n en el de la Convencionalidad de derechos humanos y en el de la globalidad a que pertenece. <\/p>\n
En el mismo sentido, la dignidad tambi\u00e9n es un principio rector del Estado Social de Derecho (art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional), el cual impone a la sociedad, al Estado y a la familia el deber de garantir, entre otros, a las personas de la tercera edad y adultos mayores una vida digna. De ah\u00ed, que el art\u00edculo 46 de la Constituci\u00f3n Nacional consagre: <\/p>\n
El Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para la protecci\u00f3n y la asistencia de las personas de la tercera edad y promover\u00e1n su integraci\u00f3n a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizar\u00e1 los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. <\/p>\n
En esa l\u00ednea y atendiendo las especiales circunstancias de la accionante, tambi\u00e9n resultaba relevante reflexionar respecto a que la vida no se subsume solamente en la existencia biol\u00f3gica, sino que abarca condiciones de dignidad, que implica unos m\u00ednimos vitales, inherentes a la condici\u00f3n del ser humano7, protecci\u00f3n enmarcada en el derecho constitucional a la seguridad social, a trav\u00e9s del cual, se protege a las personas el ejercicio de los derechos fundamentales en los eventos en los que, por la afectaci\u00f3n a su estado de salud, calidad de vida y capacidad econ\u00f3mica, se les dificulte la normal consecuci\u00f3n de sus medios m\u00ednimos de subsistencia a trav\u00e9s del trabajo8. <\/p>\n
Luego, a la luz de los valores y principios constitucionales, de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia y de la Agenda 2030 aprobada por la ONU, la actora requiere un trato diferencial encaminado a que las autoridades valoren la imposibilidad de permanecer en el mercado laboral debido a su edad y a su discapacidad, y la necesidad de vida digna a trav\u00e9s de un ingreso permanente y vitalicio, diferente a la pensi\u00f3n a la que es claro que no tiene derecho por disposici\u00f3n de normas legales. <\/p>\n
Creo pues que la sociedad y el Estado deben, por solidaridad m\u00ednima y obediencia a la Carta, a las convenciones internacionales y a la Agenda 2030 aprobada por la ONU, proveer a los adultos mayores en situaci\u00f3n de discapacidad y carentes de pensi\u00f3n, la vida m\u00e1s digna posible a trav\u00e9s de una renta b\u00e1sica suficiente, permanente y vitalicia. Pensar diferente es, en mi criterio, admitir que esa sociedad y ese Estado abandonan a sus m\u00e1s d\u00e9biles al hambre, la enfermedad, la humillaci\u00f3n y la muerte cuando ya sus manos no pueden sostenerlos, en un claro y reprochable utilitarismo ilimite. <\/p>\n
Estimo, con el mayor de los respetos, que la Sala pudo en esta oportunidad, tras reconocer la legalidad de la negativa a la pensi\u00f3n, conceder, en claro ejercicio de justicia y con sustentos supralegales como los mencionados, el derecho a una asignaci\u00f3n a cargo del Estado para que Zamira tuviera una vejez digna. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC14818-2021, CSJ STC15447-2021, CSJ STC16333-2021, CSJ STC805-2022. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
3\u0002 La postura citada de las sentencias de 2008 y 2012 ha sido reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC2462-2021 y CSJ STC2658-2022. <\/p>\n