STC12976-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12976-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00238-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 24 de agosto, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nilton Ruge contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga y la Alcald\u00eda y Personer\u00eda municipales de ese lugar, as\u00ed como la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda de la regional Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El promotor deprec\u00f3 la inmediata protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional repelida. <\/p>\n
En concreto, se ordene \u00abCUMPLIR [LOS] T[\u00c9]RMINOS\u2026 PERENTORIOS QUE (\u2026) IMPONE LA LEY 472 DE 1998\u00bb, dentro de la demanda popular n.\u00b0 \u00ab2022-00386\u00bb y divulgar cu\u00e1ntas tutelas contra asuntos de esa \u00edndole \u00abse han presentado (\u2026) desde (\u2026) 2015\u00bb, en demostraci\u00f3n de las trasgresiones a aducir. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo, en s\u00edntesis, que el despacho judicial requerido a\u00fan no se ha pronunciado sobre el estudio de admisibilidad del libelo colectivo arriba descrito, por \u00e9l instaurado. Critic\u00f3, entonces, una actitud dilatoria por cuenta del juez cognoscente al mantener \u00abestancada\u00bb la demanda, en contrav\u00eda del lapso previsto en el art\u00edculo 20 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira comparti\u00f3 enlace del pleito disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda de la regional risaraldense adujeron, por separado, que las censuras les son extra\u00f1as. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 el convocante con discrepancia de la condena pecuniaria infligida por el tribunal a-quo, en tanto que si bien propuso parecidos escritos constitucionales ello tuvo origen en un \u00aberror involuntario\u00bb, que no por \u00abactitud torticera\u00bb alguna. Dijo que en respeto de su \u00abbuena fe\u00bb (sobre la base de que el juzgado ha incumplido los \u00abT\u00c9RMINOS PERENTORIOS\u00bb de ley) lo correcto ser\u00eda simplemente \u00abnegar\u00bb la acci\u00f3n supralegal e hizo cita de los fallos STL14431-2014 y STC7016-2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y sujeto a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abno es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Deviene palpable, circunscrito el debate a los reparos impugnatorios (que a fin de cuentas se inclinan a abogar por la revocatoria de la condena en costas infligida desde el tribunal a-quo) que, en este caso se impone estudiar exhaustivamente la controversia a partir de la alegaci\u00f3n del quejoso tendiente a inferir un incumplimiento, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, de los t\u00e9rminos legales para impulsar su demanda popular. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Lo dicho, porque si bien el escrito iniciador de la querella constitucional de marras es similar al de la acci\u00f3n tutelar n.\u00b0 \u00ab2022-00242\u00bb, lo cierto es que el promotor de ambos tr\u00e1mites recibi\u00f3 la respectiva reprensi\u00f3n por su proceder temerario en ese \u00faltimo decurso, conocido por la Sala en segunda instancia por virtud de fallo CSJ STC12615, 22 sep. 2022, en el que, agr\u00e9guese, no hubo estudio de fondo en torno a la problem\u00e1tica por \u00e9l planteada con ocasi\u00f3n de la supuesta mora en la calificaci\u00f3n del libelo colectivo. Por ende, corresponde abordar a fondo el reproche ya descrito, dentro de estas diligencias. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se tiene que el despacho encartado opt\u00f3 por rechazar el libelo popular del ac\u00e1 convocante (por falta de competencia) y remitirlo al reparto de los jueces competentes, mediante auto de 16 de agosto postrero. <\/p>\n
Por el demarcado sendero, como la trasgresi\u00f3n atribuida se torna superada \u2013toda vez que en el interregno de la tramitaci\u00f3n tutelar se produjo el impulso procesal echado de menos (aunque quiz\u00e1s no en la orientaci\u00f3n querida por el interesado)\u2013, ning\u00fan tipo de injerencia al respecto encontrar\u00eda raz\u00f3n de cabida; acerca de lo que la Corte tiene delineado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente(\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026 (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado conlleva, entonces, a enmendar lo dirimido por el Tribunal de origen y, consecuentemente, a restar efecto a la amonestaci\u00f3n enrostrada contra el promotor, habida cuenta de lo plasmado en el numeral \u00ab2.1.\u00bb de estas consideraciones. En lo restante, se desestimar\u00e1 el resguardo, por la cuesti\u00f3n venida de aludirse en el numeral \u00ab3.\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito. En oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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