STC12979-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12979-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Fabi\u00e1n Gustavo Caballero Uma\u00f1a frente a la sentencia del pasado 5 de julio, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por \u00e9l contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 30\u00b0 Penal del Circuito de conocimiento \u00eddem, as\u00ed como los part\u00edcipes e intervinientes en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abRECTA IMPARTICI\u00d3N DE JUSTICIA Y (\u2026) LIBERTAD\u00bb, presuntamente conculcadas por la colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido en el expediente n.\u00b0 \u00ab2018-09137\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 30\u00b0 Penal del Circuito de conocimiento de Bogot\u00e1 conden\u00f3 al titular del pedimento de resguardo de marras y a Javier Moreno Cardozo, a trav\u00e9s de fallo de 5 de septiembre de 2019 \u2013proferido dentro de la causa punitiva arriba descrita\u2013, a \u00ab128\u00bb meses de prisi\u00f3n, por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Veredicto que fue mantenido por el Tribunal ahora fustigado, en sede de apelaci\u00f3n de la defensa, con sentencia de 24 de febrero de la anualidad en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante critic\u00f3 la resoluci\u00f3n del juez de la alzada, pues al igual que el de primera instancia dispuso condenarlo con base en errada valoraci\u00f3n probatoria; en particular, de uno de los testimonios all\u00ed rendidos. <\/p>\n
Acot\u00f3 que no pudo recurrir en casaci\u00f3n, dada la carencia de ingresos econ\u00f3micos para contratar a un abogado, de cara a ese recurso extraordinario. <\/p>\n
3. La medida provisional suplicada hubo de desestimarla el a-quo constitucional, al momento de proveer la admisi\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. En similar sentido se expres\u00f3 el Juzgado 30\u00b0 Penal del Circuito de conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se produjeron m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, comoquiera que el inicialista debi\u00f3 recurrir en casaci\u00f3n contra lo fallado por el ad quem encartado, cuyos sustentos, en gracia de discusi\u00f3n, denotan \u00abun adecuado an\u00e1lisis probatorio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante apoyado del mandatario, y con persistencia en sus reproches. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinados contextos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Refulge que el ahora quejoso dej\u00f3 de rebatir en senda de casaci\u00f3n contra el pronunciamiento materia de censura supralegal, para ventilar los reparos sobre la valoraci\u00f3n suasoria vertida en tal resoluci\u00f3n. Circunstancia que se traduce como un repudio del escenario id\u00f3neo al alcance. <\/p>\n
Al respecto, en un debate con cierta simetr\u00eda, se previno: <\/p>\n
Aqu\u00ed, no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que el reclamante cont\u00f3 en su momento con la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n. Efectivamente, el condenado dej\u00f3 de presentar la correspondiente demanda extraordinaria, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el referido medio defensivo; por ende, desperdici\u00f3 la oportunidad que la ley procesal penal brindaba para la protecci\u00f3n de las prerrogativas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n
Se tiene, entonces, que el inconforme mostr\u00f3 frente a la condena impuesta en segunda instancia una actitud desinteresada, pues, fue responsabilidad exclusiva del mismo inculpado, quien decidi\u00f3 en forma aut\u00f3noma no incoar la respectiva acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y el reclamo que enseguida formul\u00f3 contra la deserci\u00f3n de la alzada fue extempor\u00e1neo, sin que sea procedente descargar tales omisiones en las autoridades judiciales. <\/p>\n
Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta inviable y, por tanto, no pod\u00eda aspirarse a que el asunto se fallara de manera distinta a como se hizo, pues como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: \u00abDe modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ, STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; STC, 2 mar. 2010, rad. 2010-000380-01) (subrayas fuera del texto). (CSJ STC, 29 feb. 2012, rad. 2011-02938-01; reiterada en STC, 10 ag. 2012, rad. 01348-01; STC, 22 oct. 2012, rad. 01876-01; y STC, 26 ago. 2013, rad. 01275-01). <\/p>\n
En ese marco de factores, la salvaguarda de marras deviene improcedente, a\u00fan como implemento transitorio, a voces del art\u00edculo 6\u00b0 (numeral 1\u00b0) del decreto 2591 de 1991, por el evidente e injustificado desuso del recurso casacional, a lo que se a\u00f1ade, que el tutelante bien pudo haberse servido de la representaci\u00f3n de abogado de oficio, por virtud de la defensor\u00eda p\u00fablica, de cara al remedio memorado. De suerte que no es de acogida su excusa tendiente a inferir una carencia de ingresos econ\u00f3micos. <\/p>\n
3. Lo atr\u00e1s consignado, entonces, conlleva a resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente enviado a esta Sala de la Corte, v\u00eda electr\u00f3nica, el 09\/09\/2022. <\/p>\n
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