STC13047-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00291-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC13047-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00291-01 <\/p>\n
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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Jorge Mauricio Coronado Ayala interpuso contra el fallo emitido el 16 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente promovi\u00f3 en contra de los Juzgados Civil del Circuito del L\u00edbano y Primero Promiscuo Municipal de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso n\u00b0 73411-40-89-001-2020-00148-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- El accionante solicit\u00f3 revocar la sentencia emitida el 13 de junio del a\u00f1o en curso, por el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano, que ratific\u00f3 la que acogi\u00f3 la demanda de entrega de la cosa por el tradente al adquirente que le formul\u00f3 Diego Alfonso Reyes Murcia. Y, en su reemplazo, se conmine a dicha autoridad expedir una nueva providencia \u00abdebidamente motivada y que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
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Para soportar sus anhelos, explic\u00f3 que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del L\u00edbano le orden\u00f3 que le entregara materialmente a su contradictor el inmueble objeto de la compraventa celebrada mediante escritura p\u00fablica No. 754 de 13 de julio de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo del L\u00edbano. Pero lo hizo sin resolver la excepci\u00f3n de m\u00e9rito mediante la cual esgrimi\u00f3 que el comprador no hab\u00eda pagado la totalidad del valor de la venta. <\/p>\n
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Precis\u00f3 que la omisi\u00f3n obedeci\u00f3 a que, a juicio del sentenciador, en dicha clase de juicios es inviable analizar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de las partes. Postura que, en su criterio, es equivocada, pues, al tenor del inciso cuarto del art\u00edculo 378 del estatuto adjetivo, tiene derecho a oponerse. Aunque apel\u00f3 para que el juez de segunda instancia enmendara el yerro, revel\u00e1ndole, adem\u00e1s, la existencia de m\u00faltiples precedentes, este confirm\u00f3 la sentencia de primer grado bajo los mismos argumentos y sin estudiar la jurisprudencia invocada. <\/p>\n
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2.- Los despachos judiciales convocados se opusieron al amparo. Diego Reyes Murcia, demandante en el proceso acusado, no se manifest\u00f3; en su lugar, pero sin allegar poder que lo facultara para el efecto, se present\u00f3 Jorge Hernando Rangel Echeverry, quien destac\u00f3 que la demanda de resoluci\u00f3n de contrato interpuesta por el actor es muestra de que el juicio examinado no es la v\u00eda para censurar el incumplimiento del convenio. <\/p>\n
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3.- El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar razonable la determinaci\u00f3n del estrado del circuito del L\u00edbano. <\/p>\n
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4.- Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor impugn\u00f3, advirtiendo, en s\u00edntesis, que su reclamo no fue debidamente estudiado. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- El veredicto opugnado se revocar\u00e1 y, en su lugar, se acceder\u00e1 a la salvaguarda implorada, pues el recurrente tiene derecho a que la controversia se defina de manera previa a la resoluci\u00f3n de la excepci\u00f3n de \u00abcontrato no cumplido o de incumplimiento contractual en el pago del precio pactado\u00bb. <\/p>\n
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1.1.- An\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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El ruego cumple con el requisito de subsidiariedad. Si bien, dada a su naturaleza declarativa, los procesos de entrega de la cosa del tradente al adquirente son susceptibles del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el presente caso no se cumple con el requisito de car\u00e1cter econ\u00f3mico para intentarlo. De acuerdo con el art\u00edculo 338 del C.G.P., es necesario que el citado inter\u00e9s ascienda a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes1, equivalentes actualmente a COP $1000.000.000, mientras que, el valor del predio objeto de litigio es cercano a los COP $52.840.0002. <\/p>\n
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1.2.- El derecho del demandado a formular excepciones de m\u00e9rito como garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y la posibilidad de que el legislador lo limite. <\/p>\n
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El derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quien es convocado a juicio comporta la posibilidad de defenderse a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito, entendidas estas como aquellos hechos que tienen la virtualidad de enervar el derecho pretendido por el demandante (SC 9 dic. 2004, rad. 6080-01). Esta garant\u00eda supone para el fallador el deber de tramitarlas y decidirlas; por eso, el inciso segundo del art\u00edculo 280 del C.G.P. exige que la sentencia contenga una \u00abdecisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas (\u2026)\u00bb, y acto seguido, el canon 281 se\u00f1ala que, \u00ab[l]a sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
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Dicha facultad, ciertamente, no es una prerrogativa ilimitada, pues el legislador ha establecido condiciones para su ejercicio. Entre otras restricciones, ha prohibido la formulaci\u00f3n de excepciones en ciertos asuntos, y en otros, ha enlistado cu\u00e1les se pueden proponer. <\/p>\n
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As\u00ed, en relaci\u00f3n con la primera hip\u00f3tesis, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 399 del C.G.P. dispone que, en el proceso de expropiaci\u00f3n, el convocado \u00ab[n]o podr\u00e1 proponer excepciones de ninguna clase\u00bb. Respecto de la segunda, se resalta que en los pleitos divisorios, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 409 de la normatividad comentada y la sentencia C-284\/20213, solo es admisible oponerse a la demanda mediante las defensas de pacto de indivisi\u00f3n y prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. Asimismo, se destaca que en los procesos ejecutivos derivados de una providencia judicial, solo pueden alegarse \u00abpago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento y la de p\u00e9rdida de la cosa debida\u00bb4. <\/p>\n
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Ahora, tales reservas no son deliberadas, obedecen a la naturaleza de la relaci\u00f3n sustancial debatida. Obs\u00e9rvese que en el caso de la expropiaci\u00f3n, la limitaci\u00f3n se explica porque es indiscutible el derecho del Estado a expropiar5 y, por ende, el titular del dominio afectado no puede resistirse, solo podr\u00e1 disputar la cuant\u00eda de los perjuicios. En los procesos divisorios, las excepciones se basan en el principio seg\u00fan el cual nadie est\u00e1 obligado a permanecer en la indivisi\u00f3n, que subyace en las pautas contempladas en los art\u00edculos 13746 y 23347 del C\u00f3digo Civil. Y en el \u00faltimo evento, debido a que las obligaciones invocadas han surgido en virtud de un mandato judicial, expedido luego de que el llamado a cumplirlo ha tenido la oportunidad de cuestionar el derecho que lo origin\u00f3. <\/p>\n
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Por ende, a la hora de establecerse si en un caso el juez est\u00e1 relevado de desatar las excepciones de m\u00e9rito formuladas por el demandado, debe verificarse la existencia de la respectiva limitaci\u00f3n legal, as\u00ed como las razones que la respaldan, a fin de no cercenar el derecho que aquel tiene a que la administraci\u00f3n de justicia defina la controversia una vez ha sido o\u00eddo y vencido en el juicio respectivo. <\/p>\n
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1.3.- El derecho del demandado a proponer excepciones en el proceso de entrega de la cosa del tradente al adquirente: la ausencia de limitaciones legales y la posibilidad de enfrentar el derecho del demandante a trav\u00e9s de la alegaci\u00f3n de las circunstancias que originaron la obligaci\u00f3n de entrega. <\/p>\n
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Trat\u00e1ndose del proceso de entrega de la cosa del tradente al adquirente, cuyo objetivo es el cumplimiento de una obligaci\u00f3n pendiente, esto es, la entrega material de un bien, en virtud de la existencia de esa obligaci\u00f3n exigible, no hay norma que proh\u00edba al demandado la proposici\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
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Todo lo contrario, se infiere del inciso cuarto del art\u00edculo 417 del estatuto adjetivo, al prescribir que \u00ab[v]encido el t\u00e9rmino de traslado, si el demandado no se opone ni propone excepciones previas, se dictar\u00e1 sentencia que ordene la entrega, el cual se cumplir\u00e1 con arreglo a los art\u00edculos 308 a 310\u00bb. Y aunque la regla no se refiere de manera expresa a la palabra \u00abexcepciones\u00bb, eso no significa que la alegaci\u00f3n de las \u00faltimas est\u00e9 vedada, ya que una forma de oponerse es mediante la formulaci\u00f3n de excepciones. <\/p>\n
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Adem\u00e1s, si al tenor de la norma comentada la \u00aboposici\u00f3n\u00bb tiene como efecto el de evitar que se dicte sentencia anticipada a favor del convocante, es claro que la ley est\u00e1 otorgando la posibilidad de desmerecer el derecho invocado. <\/p>\n
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N\u00f3tese, tambi\u00e9n, que el litigio en cuesti\u00f3n es un proceso declarativo especial, lo que significa que el legislador dio un trato diferencial a algunas etapas procesales cuando se cumplan unos supuestos por \u00e9l establecidos, como ocurre con los anexos que se deben acompa\u00f1ar con la demanda y la clase de resoluci\u00f3n que se debe impartir en virtud del silencio del convocado. No obstante, cuando se propongan excepciones de m\u00e9rito (oposici\u00f3n), el juez est\u00e1 compelido a adelantar la totalidad de las fases y actuaciones propias del proceso declarativo tipo, esto es, incluso, las prescritas en los art\u00edculos 372 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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Ahora, respecto al tipo de oposiciones, la ley tampoco impone l\u00edmites. Debido a los contornos de la controversia, en el que una parte reclama el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de entregar una cosa a cargo de la otra, tiene sentido que la defensa se enfile a desvirtuar su existencia o exigibilidad, siendo admisible, por tanto, las circunstancias que originaron la prestaci\u00f3n y, por ende, las condiciones en las que la misma deb\u00eda verificarse. <\/p>\n
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La escritura p\u00fablica suministrada por el demandante para iniciar el proceso, revela, en principio, la existencia y la exigibilidad de la obligaci\u00f3n de entrega. Ahora bien, nada impide que la misma sea rebatida durante su tr\u00e1mite, porque las declaraciones que hacen las partes en ese tipo de instrumentos admiten prueba en contrario. Basta ver que el referido inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 378 habilita al adquirente de la cosa, a reclamar la entrega, no obstante que en la escritura p\u00fablica respectiva conste que la misma ya se realiz\u00f3, al se\u00f1alar que \u00aba la demanda se acompa\u00f1ar\u00e1 copia de la escritura p\u00fablica registrada en que conste la respectiva obligaci\u00f3n con car\u00e1cter de exigible, y si en ella apareciere haberse cumplido, el demandante deber\u00e1 afirmar, bajo juramento que se considerar\u00e1 prestado por la presentaci\u00f3n de la demanda, que no se ha efectuado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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A su turno, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto: <\/p>\n
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Ahora bien, \u00bfqu\u00e9 clase de prueba es la que es posible esgrimir para buscar la neutralizaci\u00f3n de lo declarado en una escritura p\u00fablica? <\/p>\n
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El recurrente sostiene que las declaraciones contenidas en una escritura p\u00fablica tienen un \u201calcance que s\u00f3lo puede ser desvirtuado por un medio de igual o superior categor\u00eda\u201d, aserci\u00f3n que pretende sustentar en el texto de los art\u00edculos 232, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los cuales, por lo mismo, entiende la Sala que resultar\u00edan quebrantados por el ad quem cuando, por virtud de los indicios que hall\u00f3 establecidos, se abstuvo de darle significaci\u00f3n probatoria a la declaraci\u00f3n que sobre el pago del precio aparece formulada en la escritura p\u00fablica n\u00famero 63. <\/p>\n
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Desde un punto de vista general, tal proposici\u00f3n dista mucho de ce\u00f1irse a las normas de disciplina probatoria invocadas en su apoyo: El que el art\u00edculo 232 erija como un indicio grave a la falta del documento o del principio de prueba por escrito destinados a demostrar la obligaci\u00f3n surgida del contrato o la convenci\u00f3n, o su pago, es algo que viene a significar todo lo contrario de lo insinuado por el recurrente ya que ese indicio, por su misma naturaleza, puede ser infirmado con cualquier otro medio probatorio. De su lado, el reglamento de la fuerza de convicci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos prescrito por los art\u00edculos 262 y 258 tampoco permite el prohijamiento de semejante criterio puesto que, como se desprende del primero de estos dos preceptos, se ha de distinguir entre el otorgamiento, la fecha y las declaraciones del funcionario que autoriza el instrumento, por una parte, y las declaraciones de los interesados por la otra, para ver c\u00f3mo solo es aquello lo que est\u00e1 investido con el m\u00e9rito de plena prueba erga omnes, ya que en cuanto a las declaraciones de las partes, si bien entre estas tienen el valor de plena prueba, tal cosa en modo alguno puede ser interpretada en el sentido de la no admisibilidad de la prueba en contrario; o en el de que s\u00f3lo la tolera cuando la prueba en contrario se vea revestida de cierto rango; pues por fuera de no ser ello lo que se lee o se desprende el art\u00edculo 258, es sabido c\u00f3mo el art\u00edculo 187 ib. establece el principio de la \u201cpersuasi\u00f3n racional de la prueba\u201d, sin otras restricciones que las provenientes de \u201clas solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u201d. Por manera que al juez le es permisible, en un caso como el presente, dejar de lado lo que en el instrumento p\u00fablico han consignado las partes para otorgarle el m\u00e9rito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza, si es que estos racionalmente lo persuaden por su mayor fuerza de convicci\u00f3n (AC3017-2020). <\/p>\n
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Adicionalmente, el hecho de que la parte compradora-adquirente ingrese al proceso con prueba de la subsistencia de la obligaci\u00f3n cuya satisfacci\u00f3n exige, no significa que sea indiscutible. Nada m\u00e1s pi\u00e9nsese en los procesos ejecutivos, en los que el demandante inicia el decurso con un t\u00edtulo que demuestra una acreencia clara, expresa y exigible, aun as\u00ed, el ejecutado tiene derecho a disputar el cobro, pues si la prestaci\u00f3n sufre alg\u00fan fen\u00f3meno que la extinga, no tiene por qu\u00e9 responder por ella. Al tiempo puede suceder que el deudor discuta la existencia, autenticidad o validez del t\u00edtulo ejecutivo, no en vano el inciso primero del art\u00edculo 161 del estatuto adjetivo ense\u00f1a que \u00ab[e]l proceso ejecutivo no se suspender\u00e1 porque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aqu\u00e9l, que verse sobre la validez o autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No hay duda, entonces, que quienes son convocados a un proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente, tienen derecho a proponer las excepciones de m\u00e9rito que estime pertinentes para enfrentar el derecho invocado por el demandante, entre ellas, las que ata\u00f1en a las circunstancias que originaron la obligaci\u00f3n de entrega. <\/p>\n
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1.4. Caso concreto. <\/p>\n
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El accionante fue convocado por Diego Alfonso Reyes Murcia para que le entregara materialmente el inmueble objeto de la compraventa celebrada mediante escritura p\u00fablica No. 754 de 13 de julio de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo del L\u00edbano. Al contestar la demanda, aquel, en el ejercicio de su derecho de defensa, se opuso mediante la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abcontrato no cumplido o de incumplimiento contractual en el pago del precio pactado\u00bb. <\/p>\n
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No obstante que la r\u00e9plica fue debidamente tramitada, el juzgador de primera instancia se abstuvo de desatarla de fondo en la sentencia. Y aunque el gestor promovi\u00f3 alzada para que el ad quem la resolviera, el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano se reh\u00faso a hacerlo, bajo el argumento de que <\/p>\n
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\u00ab(\u2026) este tr\u00e1mite procesal no puede utilizarse para discutir la eficacia del t\u00edtulo generatriz de la obligaci\u00f3n de hacer, ni para discutirse el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato suscrito por las partes, como lo es el pago o no del precio pactado, comoquiera, que ellos deben ser discutidos en un proceso de conocimiento aparte, pues en esta clase de procesos se parte de la existencia de una escritura p\u00fablica de compraventa que se encuentre debidamente registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble objeto de entrega, como \u00fanico requisito y que bajo la gravedad de juramento se informe que dicha entrega no se ha realizado (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) este Juzgado est\u00e1 relevado de hacer pronunciamientos que no versen respecto de la entrega del bien inmueble objeto del proceso, pues de admitirse que exista una causa de ineficacia del negocio jur\u00eddico celebrado o que el mismo pese a ser v\u00e1lido, no se pueda materializar por el cumplimiento de alguna de las partes por el no pago de las obligaciones, como lo sostiene el demandado Jorge Mauricio Coronado Ayala, mal podr\u00eda este Despacho tomar una decisi\u00f3n de fondo sobre ese aspecto, por cuanto su objeto se agota con la revisi\u00f3n del cumplimiento de los requisitos de la acci\u00f3n, esto es, que se encuentre protocolizada la escritura p\u00fablica de venta en el correspondiente folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien entrega del bien (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Postura mediante la cual el fallador de segundo grado desconoci\u00f3 que, en el caso, el derecho de defensa del demandado carec\u00eda de restricciones y, por tanto, pod\u00eda invocar los hechos que estimara apropiados para oponerse a la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente dej\u00f3 de lado que, al derivarse la existencia y exigibilidad de la obligaci\u00f3n de entrega de la compraventa celebrada por las partes, el vendedor pod\u00eda oponerse invocando las circunstancias que rodearon la celebraci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n del pacto, entre ellas, las relativas al pago del precio. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, el ejercicio hermen\u00e9utico que le incumbe al juzgador en casos como este, no traduce para \u00e9l la potestad de definir la suerte del negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes, como al parecer lo entiende el juez accionado al sostener que \u00abel cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato suscrito por las partes, como lo es el pago o no del precio pactado, comoquiera, que ellos deben ser discutidos en un proceso de conocimiento aparte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto, porque al determinar si el adquirente-comprador est\u00e1 habilitado, conforme al contrato, para exigir al vendedor el cumplimiento de la prestaci\u00f3n de entrega, no decide sobre su destino o estado jur\u00eddico. Nada m\u00e1s, constata si aquel tiene el derecho reclamado y, por ende, si es viable o no acceder a la entrega pedida. <\/p>\n
<\/p>\n
En definitiva, como el aqu\u00ed accionante pod\u00eda oponerse a trav\u00e9s de la excepci\u00f3n de \u00abcontrato no cumplido o de incumplimiento contractual en el pago del precio pactado\u00bb, los sentenciadores demandados vulneraron su derecho de defensa al omitir su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, con el fin de restaurar dicha garant\u00eda, se dejar\u00e1 sin vigor la sentencia emitida el 13 de junio de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano, quien defini\u00f3 la controversia y, en su lugar, se le ordenar\u00e1 que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, expida una nueva providencia en la que desate de nuevo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor, teniendo en cuenta las directrices aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: REVOCAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas, para, en su lugar, CONCEDER el amparo invocado Jorge Mauricio Coronado Ayala. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, SE DEJA SIN EFECTO la sentencia expedida por el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano el 13 de junio de 2022, en el proceso de entrega del tradente al adquirente formulado por Diego Alfonso Reyes Murcia contra el aqu\u00ed gestor. Y en su reemplazo, se ORDENA al titular de ese despacho que en el plazo de diez (10) d\u00edas emita un nuevo fallo, tomando en consideraci\u00f3n los lineamientos plasmados en esta providencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El salario m\u00ednimo correspondiente al a\u00f1o 2022 es igual a COP $1.000.000, de acuerdo con el Decreto 1724 de 15 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Dicho valor ata\u00f1e al aval\u00fao catastral del a\u00f1o 2020 [fl 46, pdf. 01. ExpedienteCompleto, enlace expediente 2020-00148-00]. <\/p>\n
3\u0002 Mediante dicha sentencia la Corte Constitucional dispuso: \u00abDeclarar EXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u201cSi el demandado no alega pacto de indivisi\u00f3n en la contestaci\u00f3n de la demanda, el juez decretar\u00e1, por medio de auto, la divisi\u00f3n o la venta solicitada\u201d contenida en el art\u00edculo 409 de la Ley 1564 de 2012, en el entendido de que tambi\u00e9n se admite como medio de defensa en el proceso divisorio la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio. <\/p>\n
4\u0002 Numeral 2\u00b0 art\u00edculo 442 ejusdem. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: \u00ab[p]or motivos de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social definidos por el legislador, podr\u00e1 haber expropiaci\u00f3n mediante sentencia judicial e indemnizaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Al tenor de dicho precepto, \u00ab[n]inguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular ser\u00e1 obligado a permanecer en la indivisi\u00f3n; la partici\u00f3n del objeto asignado podr\u00e1 siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Dicha norma consagra: \u00ab[e]n todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera de los comuneros que la cosa com\u00fan se divida o se venda para repartir su producto\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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STC13047-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00291-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13047-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00291-01 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67515","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67515"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67515\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}