STC9455-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9455-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01659-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hans de Jes\u00fas Wagner Jaramillo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-02892. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, contra el aqu\u00ed el accionante se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, inicialmente tramitado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello, el cual, en virtud de un cambio de radicaci\u00f3n, fue sometido a reparto entre los juzgados de igual categor\u00eda de Medell\u00edn correspondiendo al D\u00e9cimo Penal del Circuito de esa ciudad, el que, mediante fallo del 26 de enero de 2023 lo absolvi\u00f3, decisi\u00f3n que apelaron la Fiscal\u00eda y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
El 9 de junio de este a\u00f1o, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n, y en su lugar, lo conden\u00f3 a la pena de 64 meses de prisi\u00f3n y multa de 66,66 salarios m\u00ednimos legales mensuales legales vigentes e inhabilitaci\u00f3n de 80 meses para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el delito referido1; adicionalmente, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, as\u00ed como la prisi\u00f3n domiciliaria y orden\u00f3 librar la captura inmediata. <\/p>\n
En la audiencia de lectura de dicho fallo, dado el traslado a las partes a fin de que manifestaran si interpon\u00edan los recursos procedentes, la defensora de Wagner Jaramillo cuestion\u00f3 de la magistratura que: (i) no convocara a la audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia contemplada en el art\u00edculo 447 de la ley 906 de 2004, en la que se suscita la discusi\u00f3n acerca del quantum punitivo a imponer y la concesi\u00f3n de posibles subrogados, por lo cual, deprec\u00f3 que se abriera dicho espacio procesal; y (ii) solicit\u00f3 que, por principio de favorabilidad, se aplicara el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000, en el sentido de no librar orden de captura hasta tanto no quedara ejecutoriada la condena; sin embargo, dichas peticiones fueron rechazadas de plano por el magistrado ponente de la sentencia. Contra el fallo condenatorio la defensa del encausado interpuso recurso de impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
La presente acci\u00f3n constitucional est\u00e1 dirigida a cuestionar esencialmente la determinaci\u00f3n de desestimar las solicitudes de habilitar el escenario del art\u00edculo 447 de la ley 906 de 2006 para debatir lo relacionado con la pena y subrogados por tratarse de una sentencia condenatoria; y, de abstenerse de librar captura hasta la firmeza de la condena, en aplicaci\u00f3n ultractiva del canon 188 del anterior c\u00f3digo procedimental penal. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, al haberse pretermitido la oportunidad del art\u00edculo 447, cercen\u00f3 \u00abla posibilidad de las partes para hacer manifestaciones sobre la individualizaci\u00f3n de la pena, concesi\u00f3n de alg\u00fan subrogado o la elaboraci\u00f3n de un modelo de prohibici\u00f3n orientado a que la sala se abstuviera de imponer una medida privativa de la libertad y expidiera orden de captura\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, sostiene que, la orden de aprehensi\u00f3n no fue motivada bajo la lupa de \u00ablos principios de proporcionalidad, razonabilidad, adecuaci\u00f3n y necesidad\u00bb que la justificaran, sin argumentar por qu\u00e9 no era viable la aplicaci\u00f3n de la normativa m\u00e1s favorable en dicho contexto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se adelante \u00abun severo juicio de validez del numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de condena y del auto calendado el 14 de junio de 2023, y como consecuencia de ello, se ordene el restablecimiento del derecho conculcado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn inform\u00f3 que, en efecto, esa colegiatura conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n a la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de esa ciudad en el asunto penal en cuesti\u00f3n; defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en esa instancia, la cual se sustent\u00f3 en la valoraci\u00f3n del \u00abacervo demostrativo\u00bb; y, adem\u00e1s, en cuanto a la queja puntual de la tutela, sostuvo que, de la captura del enjuiciado \u00abno se configura defecto alguno, m\u00e1xime cuando por regla general, al anunciar el sentido del fallo de car\u00e1cter condenatorio, el juez puede emitir una orden de captura, lo que ocurri\u00f3 en ese asunto\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Medell\u00edn, explic\u00f3 que el 26 de enero de 2023 emiti\u00f3 fallo absolutorio en el proceso penal seguido contra el actor; no obstante, dicha decisi\u00f3n fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
3. La Fiscal 13 delegada ante el Tribunal de Medell\u00edn manifest\u00f3 que las censuras contra la decisi\u00f3n emitida por la corporaci\u00f3n accionada, deben gestionarse v\u00eda recursos y no tutela, por lo que solicita se declare la improcedencia del amparo. De otra parte, recalc\u00f3 que el tribunal justific\u00f3 amplia y razonadamente la orden de detenci\u00f3n emitida en contra del actor y la negativa en la concesi\u00f3n de los subrogados, por lo que ning\u00fan derecho le ha sido vulnerado. <\/p>\n
4. La apoderada judicial de Harold de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 Rivera, vinculado como tercero con inter\u00e9s, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda y solicit\u00f3 que, en el evento de amparar los derechos del actor, se extiendan los efectos a su representado. <\/p>\n
5. La Procuradora 68 Judicial II Penal de Medell\u00edn, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n en tanto que, el tribunal no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna por cuanto, respondi\u00f3 a cada una de las peticiones elevadas por la defensa y, porque, \u00abproferida la sentencia no resulta susceptible de modificaci\u00f3n o revocatoria alguna por parte del Juez que la pronunci\u00f3, en tanto solo es posible su aclaraci\u00f3n, en los aspectos que de manera puntual consagra el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso y as\u00ed fue como procedi\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, por cuanto el proceso penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite; en lo atinente resalt\u00f3 que, al haberse interpuesto el recurso de impugnaci\u00f3n especial por parte de la defensa del accionante, \u00abla tutela deviene improcedente [\u2026] pues esta v\u00eda no tiene por objeto suplantar los mecanismos de defensa judicial ordinarios del interesado, por lo que deber\u00e1 esperar al pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia; autoridad competente para resolver\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada del querellante reiterando en las alegaciones del escrito inicial. Refut\u00f3 el criterio procedibilidad aplicado por la Sala a quo para declarar la inviabilidad del amparo, pues considera que, si bien en el escenario de la doble conformidad es leg\u00edtimo plantear motivos de disenso contra el fallo de condena, tambi\u00e9n lo es que, los dos cuestionamientos que expuso no podr\u00edan ser tramitados en esa etapa (que se omitiera la audiencia del 447 del C.P.P., y que se librara orden de captura sin motivaci\u00f3n); en tal sentido arguye que, \u00abla sustentaci\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n especial aborda temas de orden sustancial, procesal y probatorio que suscit\u00f3 la declaratoria de responsabilidad, pero en manera alguna se categoriza como motivo de disenso la falta de motivaci\u00f3n del tribunal a la hora de expedir la orden de captura\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el actor dentro del juicio penal que se le adelanta por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb al condenarlo, por primera vez, en segunda instancia (fallo del 9 de junio de 2023) y, (i) no haber convocado a la audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia \u2013 art\u00edculo 447 de la ley 906 de 2004 \u2013; y por, (ii) ordenar la captura inmediata, supuestamente, sin motivaci\u00f3n, denegando la aplicaci\u00f3n ultractiva del canon 188 de la ley 600 de 2000. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al margen del problema jur\u00eddico planteado, anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
Es que, contrario sensu a lo arg\u00fcido por la apoderada del actor, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de \u00edndole procesal \u2013 como la pretermisi\u00f3n de una audiencia o escenario de controversia, para el caso, la del art\u00edculo 447 de la ley 906 de 2004 \u2013, corresponden ser propuestos en las oportunidades contempladas legalmente a trav\u00e9s de los medios o instrumentos de defensa previstos en el proceso \u2013 en este particular, el recurso de impugnaci\u00f3n especial \u2013 y no por la v\u00eda tutelar que ahora utiliza, que como en reiteradas oportunidades se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido car\u00e1cter residual. <\/p>\n
Y es que ha sido criterio definido y reiterado de esta Corporaci\u00f3n, al referirse a la improcedencia de la tutela que persigue la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el fallador ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la idoneidad de la impugnaci\u00f3n especial la cual asevera el actor no fue concebida para discutir situaciones como las que aqu\u00ed plantea, se tiene que, en la sentencia hito que elev\u00f3 a la categor\u00eda de prerrogativa fundamental la doble conformidad en materia penal, la Corte Constitucional destac\u00f3 que el contenido de la misma debe garantizar un examen suficientemente amplio de la decisi\u00f3n que se confuta y la actuaci\u00f3n de la que se deriva, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho a la impugnaci\u00f3n otorga la facultad a las personas que sido condenadas en un juicio penal controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia judicial distinta de quien dict\u00f3 la providencia, es decir, para atacar las bases y el contenido de la sentencia que determina su responsabilidad penal y que le atribuye la correspondiente sanci\u00f3n. Por este motivo, el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica se refiere a la posibilidad de \u201cimpugnar\u201d, el art\u00edculo 8.2.h. de la CADH a la facultad para \u201crecurrir\u201d, y el art\u00edculo 14.5 del PIDCP, al derecho de \u201csometer a tribunal superior\u201d el correspondiente fallo. <\/p>\n
Ahora bien, en la medida en que tanto el texto constitucional como los instrumentos internacionales de derechos humanos rese\u00f1ados se refieren gen\u00e9ricamente a la facultad de \u201cimpugnar\u201d, \u201crecurrir\u201d y de \u201csometer a tribunal superior\u201d la providencia incriminatoria, y en la medida en que esta prerrogativa tiene por objeto brindar una garant\u00eda especial y reforzada de defensa, se ha entendido que los titulares de esta prerrogativa pueden atacar ampliamente y sin restricciones de orden material el contenido y las bases de la decisi\u00f3n judicial, y que adem\u00e1s, el examen que se suscita con ocasi\u00f3n del recurso, debe comprender todos los elementos determinantes de la providencia. <\/p>\n
Los \u00f3rganos de los sistemas mundial y regionales de derechos humanos han acogido expresamente estos est\u00e1ndares, y con fundamento en ellos han evaluado el dise\u00f1o legislativo de los juicios penales, as\u00ed como su aplicaci\u00f3n en casos concretos. <\/p>\n
Es as\u00ed como la Observaci\u00f3n General Nampo. 32 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos ha definido el alcance de la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n condenatoria, enfatizando que \u00e9sta debe tener dimensi\u00f3n sustancial y no meramente formal, y que el an\u00e1lisis se debe extender no solo a los fundamentos normativos del fallo incriminatorio, sino tambi\u00e9n a los elementos de prueba y a los hechos que sirvieron de base a la condena: \u201cEl derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a una tribunal superior, establecido en el p\u00e1rrafo 5 del art\u00edculo 14, impone al Estado Parte la obligaci\u00f3n de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislaci\u00f3n, de modo que el procedimiento permite tomar debidamente en consideraci\u00f3n la naturaleza de la causa. Una revisi\u00f3n que se limite a los aspectos formales o jur\u00eddicos de la condena solamente no es suficiente a tenor del Pacto. Sin embargo, el p\u00e1rrafo 5 del art\u00edculo 14 no exige un nuevo juicio o una nueva \u2018audiencia\u2019 si el tribunal que realiza la revisi\u00f3n puede estudiar los hechos de la causa. As\u00ed pues, por ejemplo, no se viola el Pacto si un tribunal de instancia superior examina con todo detalle las alegaciones contra una persona declarada culpable, analiza los elementos de prueba que se presentaron en el juicio y los mencionados en la apelaci\u00f3n y llega a la conclusi\u00f3n de que hubo suficientes pruebas de cargo para justificar el dictamen de culpabilidad en el caso de que se trata\u201d. <\/p>\n
(\u2026) El supuesto que subyace a este tipo de escrutinio, es que el condenado debe poder cuestionar la decisi\u00f3n judicial y todos sus elementos determinantes, y que el an\u00e1lisis del juez debe versar sobre todas las bases normativas, probatorias y f\u00e1cticas de la sentencia. En este entendido, cuando la revisi\u00f3n recae sobre aspectos puntuales del fallo, y no permite una nueva aproximaci\u00f3n a la causa considerada en su conjunto, no garantiza adecuadamente el derecho consagrado en el art\u00edculo 14.5 del PIDCP. Y a la inversa, cuando el operador jur\u00eddico encargado de la revisi\u00f3n de la sentencia condenatoria est\u00e1 dotado de amplias facultades para evaluar nuevamente todos los aspectos que tienen repercusi\u00f3n en la decisi\u00f3n judicial, y efectivamente hace uso de tales prerrogativas, no se configura una vulneraci\u00f3n del derecho convencional anotado\u00bb (CC C-792\/14). <\/p>\n
Por su parte, esta Corporaci\u00f3n, cuando en sede de tutela desarroll\u00f3 el concepto de la doble conformidad confrontado con los recursos extraordinarios de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n, dijo, <\/p>\n
(\u2026) La doble conformidad, tambi\u00e9n \u201cdoble verificaci\u00f3n\u201d, no es propiamente el derecho a la segunda instancia, sino la facultad a impugnar la primera sentencia condenatoria en el \u00e1mbito penal, por razones de justicia material; en consecuencia, se trata de una garant\u00eda de naturaleza convencional y constitucional al interior del proceso penal en procura de tornar eficaz el debido proceso para el imputado, inculpado o procesado a fin de que pueda recurrir y demandar la revisi\u00f3n amplia e integral o el control formal y material del primer fallo condenatorio, sea que se profiera en primera, segunda o \u00fanica instancia mediante un recurso ordinario, sencillo, eficaz y accesible que pueda ser decidido por un juez o tribunal de superior jerarqu\u00eda org\u00e1nica o funcional; en todo caso, diferente al que dict\u00f3 el fallo objeto del recurso, pero antes de que obtenga la decisi\u00f3n cuestionada, los efectos de cosa juzgada (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) De modo que, no puede confundirse ni relegarse en su tarea con relaci\u00f3n a la doble conformidad o a la doble condena, porque este mecanismo apenas es desarrollo del derecho a obtener la revisi\u00f3n integral de la primera condena, o ante el derecho que se otorga a quien en segunda instancia es condenado por primera vez, o para quien es sancionado en juicios criminales de \u00fanica instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) la casaci\u00f3n es limitada a unas causales precisas y a un modelo con prop\u00f3sitos singulares; la impugnaci\u00f3n a la primera condena es amplia, abierta e ilimitada porque el juez de la doble conformidad debe revisar el todo, a\u00fan sin la presencia de reparos concretos, basta que el inculpado impugne en t\u00e9rminos elementales y sin formalismos pero en tiempo, contra su condena, para que el superior estudie la totalidad del fondo del asunto (\u2026) (CSJ STC16778-2019, 12 dic., reiterada en STC10371-2020, 23 nov., rad. 02368-00). <\/p>\n
En vista de lo rese\u00f1ado, no es de recibo el argumento de que la impugnaci\u00f3n especial no sea apta para propiciar controversias de \u00edndole procesal, ya que esta abarca un examen integral de la actuaci\u00f3n y los aspectos determinantes de la condena, como ser\u00eda, por ejemplo, el quantum punitivo impuesto y los razonamientos en los que se sustent\u00f3 su dosificaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en las condiciones advertidas deviene inviable el auxilio incoado, comoquiera que, se reitera, el quejoso cuenta con mecanismos id\u00f3neos al interior de la causa penal para formular las alegaciones orientadas a hacer valer su condici\u00f3n de inocencia, y\/o subsidiariamente, discutir la pena y eventuales subrogados. <\/p>\n
De manera que, pretender que el Juez de amparo intervenga en el asunto, ser\u00eda no solo una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio contexto de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4.2. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, el que se haya expedido la orden de captura con ocasi\u00f3n de la sentencia condenatoria es una determinaci\u00f3n que deviene de la aplicaci\u00f3n que la magistratura accionada hizo del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u00abSi al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podr\u00e1 disponer que contin\u00fae en libertad hasta el momento de dictar sentencia. <\/p>\n
Si la detenci\u00f3n es necesaria, de conformidad con las normas de este c\u00f3digo, el juez la ordenar\u00e1 y librar\u00e1 inmediatamente la orden de encarcelamiento\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, de vieja data la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n ha indicado que: <\/p>\n
Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia de ejecuci\u00f3n de la sentencia, recuerda la Sala que en la sistem\u00e1tica procesal anterior (Ley 600 de 2000, art\u00edculo 188) la pena privativa de la libertad se ejecutaba desde el momento en que se profer\u00eda la sentencia, pero cuando se trataba de una persona a quien se le negaba el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y \u00e9sta se encontraba gozando de una libertad provisional, era necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su captura. <\/p>\n
La situaci\u00f3n es diferente en el nuevo esquema procesal en el cual se ha advertido expresamente: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA LIBERTAD. (\u2026) <\/p>\n
Por mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los t\u00e9rminos de la Ley 906 de 2004 la ejecuci\u00f3n de la sentencia y las \u00f3rdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privaci\u00f3n de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. <\/p>\n
Excepcionalmente el juez podr\u00e1 abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qu\u00e9 le resulta innecesaria la orden de detenci\u00f3n inmediata. Esto podr\u00eda presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad (CSJ SCP AP 30 ene. 2018, rad. 28918). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la decisi\u00f3n de la colegiatura tutelada encuentra respaldo en el ordenamiento jur\u00eddico, y se ampara, adem\u00e1s, en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que tenga incidencia que contra la sentencia se hubiere interpuesto la impugnaci\u00f3n especial, pues, el hecho de que est\u00e9 en curso alg\u00fan medio de refutaci\u00f3n, no es \u00f3bice para cumplir de forma inmediata lo indicado en el referido canon 450 de la codificaci\u00f3n procedimental que rigi\u00f3 la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Resulta improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, toda vez que, el accionante cuenta con instrumentos u oportunidades procesales al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
5.2. La determinaci\u00f3n sobre la captura del condenado no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al observarse acorde con lo preceptuado en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal que rige la actuaci\u00f3n penal en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, inicialmente lo conden\u00f3 a 120 meses de prisi\u00f3n, 416,16 smlmv y 90 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el delito de peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, mediante auto emitido el 14 de junio de 2023, el tribunal aclar\u00f3 que, la condena impuesta a Hans de Jes\u00fas Wagner Jaramillo, lo era solo por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, raz\u00f3n por la cual, la pena en su caso qued\u00f3 establecida en 64 meses de prisi\u00f3n, multa de 66,66 smlmv y 80 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derecho y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
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STC9455-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC9455-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01659-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}