AC4117-2022 (2017-00357-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4117-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-025-2017-00357-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por V\u00edctor Hugo Galvis Forero frente a la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso adelantado por el recurrente en contra de Adriana Chac\u00f3n Valencia y Henry Guevara Forero. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Solicit\u00f3 el demandante (i) declarar que los demandados incumplieron el contrato de sociedad de hecho suscrito el 24 de febrero de 2015 y, en consecuencia, disponga la resoluci\u00f3n de dicho acuerdo de voluntades; (ii) condenar a Adriana Chac\u00f3n Valencia y Henry Guevara Forero, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, al pago de perjuicios causados as\u00ed: da\u00f1o material1 $710.000.000, lucro cesante2 $1.872.000.000. Adem\u00e1s, los frutos civiles y naturales3 $260.000.000, las indemnizaciones en la suma de $2.842.000.000; y (iii) sancionar en \u00abcostas y gastos\u00bb a los demandados. <\/p>\n
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2. El relato f\u00e1ctico del asunto, se sintetiza de la siguiente manera: <\/p>\n
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1. V\u00edctor Hugo Galvis Forero ten\u00eda una empresa en el municipio de Bojac\u00e1, Cundinamarca, dedicada a la \u00abproducci\u00f3n de tr\u00edplex y el procesamiento de chapa y otros derivados de la madera\u00bb, el 24 de febrero de 2015 suscribi\u00f3 un contrato de \u00absociedad de hecho\u00bb con Adriana Chac\u00f3n Valencia y Henry Guevara Forero por un per\u00edodo de prueba de 6 meses, el demandante como socio industrial y los dem\u00e1s en calidad de capitalistas, cuyo objeto social era el mismo que ven\u00eda desarrollando el accionante. <\/p>\n
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2. El demandante aport\u00f3 su conocimiento en el sector maderero y puso \u00aben calidad de pr\u00e9stamo\u00bb a la sociedad la maquinaria, equipos, herramientas y repuestos valorados en $710.000.000 y los demandados la suma de $300.000.000. <\/p>\n
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3. La empresa se traslad\u00f3 a Ibagu\u00e9, Tolima, los gastos fueron sufragados por los demandados, mientras \u00abse adecuaba la bodega y se instalaban [las] m\u00e1quinas\u00bb se acord\u00f3 \u00abverbalmente\u00bb entre las partes que se pagar\u00eda al se\u00f1or V\u00edctor Hugo un salario mensual de $4.000.000 debido a que el \u00fanico ingreso con el que contaba era el de la f\u00e1brica, por lo que el reconocimiento econ\u00f3mico durar\u00eda \u00abel t\u00e9rmino de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
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4. En el tiempo que estuvieron trabajando las partes, Madecentro Colombia, uno de los mejores clientes del actor, solicit\u00f3 un trabajo, el cual no culmin\u00f3 por oposici\u00f3n de Adriana Chac\u00f3n Valencia, sin que se retornara a la sociedad contratante la \u00abchapa\u00bb para la elaboraci\u00f3n de l\u00e1minas, sociedad que le est\u00e1 reclamando al actor $45.000.000 por la mercanc\u00eda, cuenta que sigue aumentando cada d\u00eda. <\/p>\n
5. Los insumos para la operaci\u00f3n de la empresa se solicitaban a nombre del accionante, y los accionados tomaban decisiones sin consultarle, el 29 de agosto de 2015 al analizar la situaci\u00f3n Henry Guevara Forero estuvo de acuerdo con el demandante de dar por terminada la sociedad, por lo que le solicit\u00f3 al demandado apagar las m\u00e1quinas y no continuar la producci\u00f3n a lo que este mostr\u00f3 su conformidad. <\/p>\n
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6. Los se\u00f1ores Adriana y Henry, sin consentimiento del socio industrial, trasladaron la maquinaria a Funza, Cundinamarca, y manifestaron que no la devolver\u00edan hasta que V\u00edctor Hugo Galvis Forero les retornara el dinero aportado a la sociedad, en consecuencia, el demandante instaur\u00f3 una denuncia penal contra Adriana y Henry, quienes adem\u00e1s lo perjudicaron ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales porque le \u00abrobaron\u00bb todas las facturas de su empresa \u00abTRIENCHAPES\u00bb y no las pudo presentar a dicha entidad. <\/p>\n
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3. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C. Notificados los del auto admisiorio de la demanda se opusieron a las pretensiones, formularon como excepciones previas: \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa, inepta demanda [y] falta de competencia\u00bb4 (fls. 1 a 7 C2). Como medios exceptivos de m\u00e9rito propusieron: \u00abausencia de los requisitos sustanciales para deprecar indemnizaci\u00f3n de perjuicios, temeridad y mala fe, la gen\u00e9rica o innominada [y] objeci\u00f3n a la estimaci\u00f3n de los perjuicios\u00bb (fls. 506 a 512 C1). <\/p>\n
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4. Agotado el tr\u00e1mite propio de esta clase de procesos, en audiencia del 22 de octubre de 2019 se dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la que se declar\u00f3 probada de manera oficiosa la excepci\u00f3n denominada \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n de contrato de sociedad de hecho en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1124 del C\u00f3digo Civil\u00bb en concordancia con el inciso 1, art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso. En consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones; se abstuvo de estudiar las excepciones de m\u00e9rito propuestas y la tacha a la perito tra\u00edda por los demandados, as\u00ed como la objeci\u00f3n al juramento estimatorio y conden\u00f3 en costas al actor (fls. 745 y vuelto). <\/p>\n
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5. Inconforme con lo resuelto por el a quo, el apoderado de V\u00edctor Hugo Galvis Forero apel\u00f3 el fallo. <\/p>\n
II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El 30 de noviembre de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, D.C., confirm\u00f3 la providencia de primera instancia. <\/p>\n
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1. Luego de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n judicial, indic\u00f3 que debi\u00f3 ajustarse la direcci\u00f3n del proceso. En efecto, aun cuando la pretensi\u00f3n principal de la demanda se apoy\u00f3 en la legislaci\u00f3n civil y el contrato parte de disposiciones mercantiles, no se configura un obst\u00e1culo que impida estudiar las pretensiones como lo manifest\u00f3 la juez de primera instancia. <\/p>\n
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2. Precisado lo anterior, se dijo que las pretensiones de la demanda \u00abestaban llamadas a ser denegadas\u00bb, por lo siguiente: <\/p>\n
No cabe duda de que el objeto de la controversia gira en torno al incumplimiento por parte de los demandados de las obligaciones contenidas en el contrato de sociedad de hecho, en el que se persigue se resuelva el acuerdo de voluntades, as\u00ed como la reparaci\u00f3n de perjuicios de contenido patrimonial que se causaron al demandante. <\/p>\n
Ahora, si bien la ineficacia pretendida se expres\u00f3 como resoluci\u00f3n del contrato, lo cierto es que \u00ab\u00e9sta figura se encuentra reservada, por regla general, para los negocios bilaterales que, por su naturaleza, contienen obligaciones rec\u00edprocas o sinalagm\u00e1ticas, de modo tal que, la prestaci\u00f3n de uno es el derecho del otro, y el derecho de \u00e9sta la prestaci\u00f3n de aqu\u00e9l \u2013 interdependencia-. No otro entendimiento puede inferirse del art\u00edculo 1546 del C.C.\u00bb, interpretaci\u00f3n que acompasa con los razonamientos sobre el particular expuestos en sentencia SC, 2 de agosto de 2011, exp. 2002-00007-01. <\/p>\n
El contrato de sociedad que se est\u00e1 debatiendo no es bilateral, sino multilateral por cuanto concurren varias voluntades y aunque no se desconoce que existan convenciones que partan \u00fanicamente de dos consensos, en el presente asunto la sociedad de hecho surgi\u00f3 de tres socios a saber: V\u00edctor Hugo \u2013 industrial- con participaci\u00f3n del 50%, Henry \u2013 capitalista- con una representaci\u00f3n del 25% y Adriana -capitalista- con el restante 25% \u00abraz\u00f3n que impide predicar la viabilidad de la acci\u00f3n resolutoria de cara a un eventual incumplimiento\u00bb, tal como lo ha razonado la jurisprudencia en la sentencia ya mencionada, de ah\u00ed que \u00abel pedimento estaba destinado al fracaso por su inviabilidad sustancial\u00bb. <\/p>\n
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Existe una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de las partes del contenido del contrato, \u00abes f\u00e1cil advertir en su cl\u00e1usula tercera (fol. 15) que el aporte del demandante a la compa\u00f1\u00eda se materializ\u00f3 en i) la maquinaria que hoy reclama y, ii) en el aporte de su conocimiento y experiencia en el sector maderero\u00bb, sin que se evidencie condicionamiento alguno en el contrato para el uso de la maquinaria o prueba de que dichos bienes se entregaron a t\u00edtulo de arrendamiento o pr\u00e9stamo, luego salieron del control del socio industrial para ser un activo de la sociedad. Adem\u00e1s, tampoco se evidencia en el acuerdo de voluntades el pacto de un salario. <\/p>\n
En tal sentido, no se satisface el supuesto de hecho para apoyar las pretensiones, por cuanto una vez las partes se enfrentaron a diferencias irreconciliables decidieron terminar la sociedad, quedando pendiente \u00fanicamente su liquidaci\u00f3n, entonces \u00abmal podr\u00eda invocarse una terminaci\u00f3n de lo que ya ces\u00f3, y si deber\u00eda adelantarse tal etapa mediante el tr\u00e1mite liquidatorio contemplado en el canon 524 y siguientes del C.G.P.\u00bb (p\u00e1gs. 31 a 38). <\/p>\n
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4. Respecto de la anterior decisi\u00f3n se present\u00f3 aclaraci\u00f3n de voto por una de las Magistradas que conform\u00f3 la Sala de Decisi\u00f3n alusiva a la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, por cuanto consider\u00f3, en s\u00edntesis, que debi\u00f3 convocarse a la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso y no conforme a las directrices del decreto indicado (p\u00e1gs. 39 a 44 C Tribunal). <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante formul\u00f3 cuatro cargos con apoyo en las causales 1, 2 y 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Lo fund\u00f3 en la causal 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por haber incurrido la sentencia en la nulidad prevista en el numeral 6 del canon 133 Ib., cuyo contenido cit\u00f3. <\/p>\n
En s\u00edntesis, invoc\u00f3 el quebranto al debido proceso (art\u00edculo 29 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) toda vez que, el ad quem \u00abomiti\u00f3 la oportunidad para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia emitida por el ad quo\u00bb, por lo que \u00abes inexorable la declaraci\u00f3n de Nulidad\u00bb. Al efecto, expuso que el Tribunal el 30 de noviembre de 2020 al amparo del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 emiti\u00f3 sentencia que puso fin a la instancia cuando el tr\u00e1mite aplicable era el se\u00f1alado en el canon 327 de la Ley 1564 de 2012, debiendo \u00abconvocar a la audiencia del precepto 373 de la misma norma\u00bb, por cuanto el recurso de apelaci\u00f3n fue instaurado en vigencia de esta \u00faltima normativa. <\/p>\n
Seguidamente, se puso de presente que los incisos 2 y 3 \u00abdel literal 3 (sic)\u00bb del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 327 ejusdem y la interpretaci\u00f3n que sobre tales disposiciones realiz\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia SU418 de 2019, y la Corte Suprema en STC5760-2018, prev\u00e9n el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n y dan cuenta del deber de sustentar en audiencia los reparos presentados contra la sentencia de primera instancia. Luego, conforme al numeral 6, art\u00edculo 107 de la Ley 1564 de 2012 \u00ablas intervenciones orales no se pueden sustituir por escritos\u00bb, adem\u00e1s la Corte Suprema en STC14870-2017 fue enf\u00e1tica en que \u00abla sustentaci\u00f3n del recurso de alzada, debe surtirse de forma oral en el desarrollo de la audiencia\u2026 ni antes, ni despu\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abdecretar la nulidad impetrada y ordenar remitir el expediente al Tribunal de origen, para que este o el juzgado, seg\u00fan el caso, proceda a reanudar la actuaci\u00f3n anulada o conforme a lo dispuesto en este fallo, condenando en costas y en agencias en derecho, incluyendo los perjuicios causados a la parte demandada (sic)\u2026\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se edific\u00f3 en la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (numeral 1, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso), respecto del canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, debido a la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 327 de la ley 1564 de 2012, as\u00ed como los art\u00edculos 5, 625 numeral 5\u00ba y 624 de la misma normatividad (sic), este \u00faltimo, modificatorio del 40 de la ley 153 de 1889; y por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 14 del Decreto legislativo 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Se configur\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la norma constitucional, cuando el ad quem dej\u00f3 de aplicar la Ley 1564 de 2012 en especial el art\u00edculo 327 por el cual se tramita el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que, conforme al principio de ultraactividad, as\u00ed como lo previsto en las disposiciones 624 modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887 y el 625, numeral 5 del C\u00f3digo General del Proceso el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n corresponde al que se encontraba vigente al momento de su interposici\u00f3n. <\/p>\n
Se incurri\u00f3 en aplicaci\u00f3n indebida de normativa sustantiva, por cuanto el Decreto 806 de 2020 que entr\u00f3 a regir el 4 de junio de ese a\u00f1o no estableci\u00f3 una regla espec\u00edfica de transici\u00f3n, por lo que las pautas las daba la Ley 1564 de 2012. En consecuencia, el tr\u00e1mite a seguir era el previsto en el C\u00f3digo General del Proceso como lo ha sostenido esta Corte en la STC10177-2018 y STC6687-2020, m\u00e1xime cuando el recurso de apelaci\u00f3n se interpuso el 22 de octubre de 2019. Lo anterior, llev\u00f3 \u00abal Juzgador a la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 29 de la carta magna, estructurado bajo los preceptos normativos antes expuestos, de tal modo, por parte del Ad-quem se gener\u00f3 un error jur\u00eddico, dado que se priv\u00f3 al recurrente de la oportunidad dada por la ley, de ser o\u00eddo en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento que se\u00f1ala el art\u00edculo 327 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
La decisi\u00f3n de segunda instancia incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (numeral 1, art\u00edculo. 336 de la normativa procesal civil) por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio, 24 de la Ley 222 de 1995 y \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, en sustento de lo anterior el recurrente manifest\u00f3: <\/p>\n
Existi\u00f3 falta de aplicaci\u00f3n normativa, \u00abconforme consta a folios 14 a 19 del cuaderno principal\u00bb, toda vez que, las partes suscribieron un contrato de sociedad de hecho que est\u00e1 reglado por los art\u00edculos 98, 498 y 499 del C\u00f3digo de Comercio \u00abregulaci\u00f3n que surte efectos entre los asociados, quienes responder\u00e1n de forma solidaria e ilimitada por todas las acciones realizadas, y de tal regulaci\u00f3n surge el amparo legal de la misma\u00bb. <\/p>\n
En \u00abel par\u00e1grafo de la clausula (sic) segunda (Folios 15 y 16 Principal) se pacto (sic) \u201c\u2026 a su turno los SOCIOS CAPITALISTAS son los encargados de la administraci\u00f3n de la sociedad y m\u00e1s concretamente del negocio, colocando todo su esfuerzo en lo que tiene que ver con la administraci\u00f3n\u2026\u201d\u00bb. Una vez citado el contenido de los art\u00edculos 503 del C\u00f3digo de Comercio y el 1602 del C\u00f3digo Civil se advirti\u00f3 que la administraci\u00f3n de la sociedad estaba en cabeza de los demandados, adem\u00e1s conforme a las previsiones del canon 499 del C\u00f3digo Civil \u00abdichas clausulas (sic) o condiciones, producen efectos, tan as\u00ed que la administraci\u00f3n de la sociedad se da seg\u00fan lo establecido por las partes en el contrato de sociedad\u00bb. <\/p>\n
Los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio, y 24 de la Ley 222 de 1995, contemplan lo concerniente a la responsabilidad civil de los administradores de sociedades comerciales, su actividad y los efectos de las acciones u omisiones en el desarrollo de su funci\u00f3n donde se incluye el dolo y la culpa por su actuar, por lo que conforme al contrato es esta la normativa aplicable al asunto. <\/p>\n
La Sala aplic\u00f3 de manera indebida el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil restringiendo el alcance de las pretensiones indemnizatorias por incumplimiento de los demandados al contrato bajo el argumento de que esto solo es atribuible en los acuerdos bilaterales. <\/p>\n
El \u00absentenciador enmarc\u00f3 la bilateralidad de los contratos de que trata el art\u00edculo 1496 del c\u00f3digo civil, en un aspecto cuantitativo haciendo alusi\u00f3n al n\u00famero de personas que lo conforman\u00bb. La delimitaci\u00f3n conceptual del contrato bilateral es (i) por definici\u00f3n \u00abun negocio jur\u00eddico bilateral\u00bb donde cada parte es titular de un inter\u00e9s propio y diferente del de los dem\u00e1s; y (ii) cuando se derivan prestaciones rec\u00edprocas del contrato y se originan obligaciones contrapuestas, lo que es diferente al acuerdo unilateral donde \u00abs\u00f3lo existen prestaciones (o a cargo de) una sola parte, aun implicando dos partes y dos declaraciones de voluntad\u00bb, adem\u00e1s \u00ablos contratos bilaterales o rec\u00edprocos son onerosos\u2026 aunque tambi\u00e9n son onerosos la mayor\u00eda de los contratos unilaterales\u00bb. <\/p>\n
En repetidos pronunciamientos de la \u00abHonorable Corte\u00bb se ha indicado que existe una sola manera de solicitar la resoluci\u00f3n de contratos plurilaterales, esta es, cuando se evidencia un incumplimiento relevante que conlleve al fracaso de la finalidad del negocio jur\u00eddico, tal como sucedi\u00f3 en el presente asunto. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Se invoca la causal 2 del art\u00edculo 336 del de la Ley 1564 de 2012 acusando la sentencia por la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, debido a la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 200, 871 del C\u00f3digo de Comercio, 24 de la Ley 222 de 1995, 1602, 1603, 1606, 1613, 1614, 1615 del C\u00f3digo Civil y la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Las pruebas \u00abdefectuosamente apreciadas\u00bb por el Tribunal fueron las pericias de la maquinaria (fls. 655 a 739 C principal) y la contable (fls. 625 a 653 Ib.) decretadas de oficio, cuyos errores de hecho consisten en (i) \u00ab[d]ar por demostrado, sin estarlo, que la maquinaria industrial se adicion\u00f3 al haber de la compa\u00f1\u00eda pasando a formar parte del activo de la sociedad\u00bb; (ii) \u00ab[n]o dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la maquinaria industrial es de propiedad exclusiva del demandante\u00bb; y (iii) \u00ab[n]o dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que hubo incumplimiento por parte de los demandados\u00bb. Para sustentarlos el recurrente present\u00f3 cuadros comparativos entre la parte motiva del fallo criticada y el contenido de los peritajes. <\/p>\n
Existi\u00f3 \u00abfalta de apreciaci\u00f3n del contrato, documento obrante a folios 14 a 19 del cuaderno principal, aportado con el libelo de la demanda\u00bb, lo que llev\u00f3 a incurrir en los errores de hecho ya enunciados. Al respecto, se presenta un cuadro comparativo rese\u00f1ando los argumentos del fallo y an\u00e1lisis del contrato. <\/p>\n
La incidencia de los desatinos contenidos en la providencia judicial de segunda instancia signific\u00f3 aniquilar los principios de buena fe y seguridad jur\u00eddica, vulner\u00e1ndose derechos subjetivos al demandante. <\/p>\n
En cuanto a la ausencia de aplicaci\u00f3n normativa indic\u00f3, entre otras cosas, que los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio y 24 de la Ley 222 de 1995, dan cuenta que los socios capitalistas tendr\u00edan la calidad de administradores, pero no cumplieron su obligaci\u00f3n de llevar una clara actividad comercial en los libros contables, adem\u00e1s incurrieron en acci\u00f3n dolosa al sustraer la maquinaria de propiedad del demandante despoj\u00e1ndolo de su patrimonio. <\/p>\n
Al dejar de aplicarse el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, se quebrant\u00f3 el 1613 del C\u00f3digo Civil, por cuanto la pretensi\u00f3n de incumplimiento del contrato se encamina al resarcimiento de los da\u00f1os sufridos por las acciones y omisiones en que incurrieron los demandados, dentro de lo que est\u00e1 la devoluci\u00f3n de la maquinaria en el estado en el que se encontraba cuando se puso a disposici\u00f3n y el pago de perjuicios causados. <\/p>\n
Existi\u00f3 una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. La sentencia de segunda instancia se fundament\u00f3 en que dicha disposici\u00f3n solo se aplicaba a los contratos bilaterales y que el presente asunto correspond\u00eda a uno multilateral, por lo que \u00abno le era dable la resoluci\u00f3n y por ende no ser\u00edan reconocidos los perjuicios causados\u00bb. Sin embargo, se debi\u00f3 acudir al art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio para establecer el incumplimiento y as\u00ed proceder al reconocimiento de perjuicios, por lo que \u00aben el evento de que dicha norma fuese la id\u00f3nea para dirimir la lid, deb\u00eda ser evaluada la excepci\u00f3n para pedir la resoluci\u00f3n en los contratos plurilaterales\u00bb. <\/p>\n
En los conflictos judiciales se persigue la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, m\u00e1xime cuando los yerros expuestos dieron lugar a una afectaci\u00f3n de los intereses de la parte demandante al \u00abnegar las pretensiones de la demanda, traducida en la confirmaci\u00f3n de la sentencia, aunque por razones distintas, pero igual frustrando los derechos sustanciales\u2026\u00bb <\/p>\n
Entonces, el Tribunal ten\u00eda que aplicar al caso las normas sustanciales que se se\u00f1alaron como no incorporadas, m\u00e1xime cuando lo anterior deriv\u00f3 en un nexo de causalidad con la negativa a las pretensiones, las cuales debieron concederse al demandante y, en consecuencia, revocarse la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n conlleva el cumplimiento de ciertos requisitos que han de observarse por los inconformes, por lo que se deben respetar las reglas propias de cada causal, se\u00f1al\u00e1ndose en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso que los cargos, habr\u00e1n de formularse por separado, contra la sentencia recurrida y contendr\u00e1n \u00abla exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se derivar\u00eda en la inadmisi\u00f3n de la demanda (art\u00edculo 346 Ib.). <\/p>\n
Actuar con claridad supone que la demanda debe se\u00f1alar las razones que le llevan a considerar que el fallador de instancia incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n, que su error tiene la fuerza de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n, por lo que est\u00e1 proscrito que se acuda a f\u00f3rmulas abstractas, \u00abo elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (CSJ AC3919-2017, AC5503-2017). <\/p>\n
La precisi\u00f3n tiene como prop\u00f3sito la orientaci\u00f3n del reproche hacia los fundamentos centrales de la argumentaci\u00f3n de la sentencia atacada, pues de lo contrario la recriminaci\u00f3n no podr\u00eda abrirse paso (CSJ AC028-2018). <\/p>\n
Que sea completa, significa que el recurrente deber\u00e1 controvertir la totalidad de las bases de la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual descansa la sentencia, de ah\u00ed que ninguna de ellas puede quedar ausente de cuestionamiento (CSJ AC5379-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque se superen las formalidades t\u00e9cnicas de esta clase de asuntos la Corte podr\u00e1 negar el curso de la protesta extraordinaria, primero, por existir jurisprudencia reiterada sobre el caso, y no se demuestre la necesidad de variar su sentido; segundo, cuando no se advierten los errores aducidos, bien sea por saneamiento, ausencia de afectaci\u00f3n a los contendientes o irrelevancia de la lesi\u00f3n; y tercero, al evidenciarse que la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no va en detrimento del recurrente (art\u00edculo 347 ejusdem). <\/p>\n
Precisado lo anterior, se anticipa que la demanda de casaci\u00f3n que aqu\u00ed se estudia habr\u00e1 de inadmitirse, por no satisfacer las exigencias de t\u00e9cnica. <\/p>\n
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2. Cargo Primero. <\/p>\n
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1. La causa 5 de casaci\u00f3n, se configura cuando el fallo se profiere en proceso viciado por alguna de las causales de nulidad previstas por el legislador a menos que hubieren sido saneadas. A su turno, el art\u00edculo 347 de la Ley 1564 de 2012, se\u00f1ala que la demanda entre otros aspectos puede inadmitirse cuando los errores invocados fueron convalidados. <\/p>\n
Lo anterior significa que no basta con reclamar la nulidad, sino que esta debe ajustarse a los principios que gobiernan dicha instituci\u00f3n procesal: (i) estar expresamente se\u00f1alada por el legislador como causal capaz de invalidar total o parcialmente la actuaci\u00f3n -taxatividad-; (ii) alegarse por el afectado -legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s-; (iii) el defecto debe menoscabar o cercenar las garant\u00edas de los sujetos procesales -trascendencia-; y (iv) no debe haberse saneado de manera expresa o t\u00e1cita la actuaci\u00f3n an\u00f3mala por el perjudicado por cuanto esto es se\u00f1al de ausencia de afectaci\u00f3n a sus intereses \u2013 convalidaci\u00f3n- salvo en aquellos vicios que se consideren insaneables (AC4221-2021; AC5808-2021; AC6080-2021; AC5102-2021; AC1031-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso bajo estudio indica el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en la hip\u00f3tesis de nulidad prevista en el numeral 6 del art\u00edculo 133 Ib., por cuanto, en s\u00edntesis, dio tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n presentado en 2019 atendiendo a lo previsto en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 y no acudiendo a los c\u00e1nones del 327 y 373 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al respecto, el art\u00edculo 133 de la Ley 1564 de 2012 se\u00f1ala que el proceso es nulo, en todo o en parte, entre otros casos \u00ab[c]uando se omita la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado\u00bb (numeral 6), esto supone constatar que el funcionario judicial pretermiti\u00f3 dicha etapa procesal, o a pesar de que la fase se llev\u00f3 a cabo despoj\u00f3 a las partes de la oportunidad para ser escuchadas a efectos de que se reexamine la decisi\u00f3n que afecta sus intereses; sin embargo, esta causal no podr\u00e1 predicarse cuando el juez est\u00e1 habilitado para definir anticipadamente la instancia. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica esta Sala ha orientado: <\/p>\n
Si \u201comitir\u201d, seg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, es \u201c[a]bstenerce [sic] de hacer algo\u201d y, a su turno, \u201ccercenar\u201d es \u201c[d]isminuir o acortar algo\u201d, resulta ostensible, de un lado, que la conducta tipo de la nulidad que se analiza, se refiere a suprimir por completo la oportunidad para la realizaci\u00f3n de las indicadas actuaciones procesales; y, de otro, que por contera, no es tal, la mera reducci\u00f3n del tiempo para ello, que fue de lo que se quej\u00f3 el recurrente, en tanto que en esta hip\u00f3tesis se parte de la base de que se cont\u00f3 con la respectiva oportunidad, pero que lo fue por un lapso inferior al que correspond\u00eda, supuesto que, por s\u00ed s\u00f3lo, desmiente la ocurrencia del motivo de nulidad escrutado (SC3148-2021) (Reiterado en AC508-2021. Se resalta). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Revisado el expediente, se tiene que la sentencia de primera instancia se emiti\u00f3 en audiencia del 22 de octubre de 2019, momento en el cual el apoderado del demandante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n (r\u00e9cord 2:13:58 a 2:15:46), cuyos reparos alleg\u00f3 en escrito del 25 de octubre de ese mismo a\u00f1o (fls. 746 a 757 c1). <\/p>\n
Admitido el recurso de apelaci\u00f3n el 16 de junio de 2020 (p\u00e1g. 15) se corri\u00f3 traslado al recurrente para su sustentaci\u00f3n y a la contraparte para la r\u00e9plica correspondiente (art\u00edculo 14, Decreto 806 de 2020). Seguidamente, el apoderado de V\u00edctor Hugo Galvis Forero el 23 de junio de 2020 lo sustent\u00f3 (p\u00e1gs. 17 a 24), los demandados por su parte descorrieron el traslado (p\u00e1gs. 26 a 29). El 30 de noviembre de 2020 el ad quem confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia (p\u00e1gs. 31 a 38). <\/p>\n
Lo ocurrido tambi\u00e9n desvanece cualquier afectaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales del demandante, m\u00e1xime cuando no se suprimi\u00f3 al recurrente la oportunidad de ejercer su derecho a presentar alegatos o mejor sustentar sus reparos, permiti\u00e9ndole expresar con amplitud los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia el 23 de junio de 2020, para luego, en la etapa subsiguiente el tribunal emitir la sentencia correspondiente, por lo que el defecto invocado result\u00f3 intrascendente ya que ninguna garant\u00eda al debido proceso se le cercen\u00f3, lo que impide abrir paso a la demanda de casaci\u00f3n respecto de este cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cargo segundo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Este se fund\u00f3 en la causal 1 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que deber\u00e1 el recurrente se\u00f1alar las normas sustanciales cuya infracci\u00f3n se invoca, sin que sea necesaria la integraci\u00f3n de una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
La infracci\u00f3n de forma directa acontece por el desv\u00edo de la hermen\u00e9utica o aplicaci\u00f3n de la norma. En este caso no se acude a los hechos o las pruebas, sino a los \u00abtextos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb (CSJ, SC040-2000; SC 20 ago. 2014, rad. 00307; SC2342-2018; SC1043-2021; AC5875-2021; AC1031-2022). <\/p>\n
De manera constante esta Corporaci\u00f3n ha entendido por normas sustanciales las que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb, sin que por ende ostenten dicho car\u00e1cter las que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo (CSJ AC, 5 May. 2000)\u00bb (Reiterado AC 4144-2017; AC1483-2018; AC654-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando en sede extraordinaria se invocan disposiciones constitucionales como quebrantadas, debe precisarse que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es norma de normas (art\u00edculo 4), cuya naturaleza prevalente indica que ning\u00fan canon de rango inferior puede transgredirla o desfigurarla. Luego, aunque en casos puntuales un art\u00edculo de esta supremac\u00eda puede calificarse como sustancial, esto no basta para que se abra paso su estudio v\u00eda casaci\u00f3n, por cuanto es necesario que se invoque tambi\u00e9n el canon de linaje sustantivo que lo desarrolla, ya que no puede se\u00f1alarse como hu\u00e9rfana la supralegal; y adem\u00e1s que este constituya base esencial del fallo criticado o que haya debido serlo pues de esa manera se armonizan los mandatos que para el efecto fija la t\u00e9cnica del recurso extraordinario en el par\u00e1grafo 1, art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el sub lite, el demandante refiri\u00f3 el quebranto de la ley sustancial por la v\u00eda directa del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 5, 327, 625 num. 5 y 624 de la Ley 1564 de 2012, \u00faltimo que modific\u00f3 el 40 de la Ley 153 de 1887; y por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del canon 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
En contrav\u00eda de los argumentos te\u00f3ricos expuestos, el recurrente acudi\u00f3 al art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica sin siquiera enlazarlo con normas de car\u00e1cter sustancial. En efecto, una de las normas invocadas alude a disposiciones generales como la concentraci\u00f3n (art\u00edculo 5 C\u00f3digo General del Proceso), y las otras disciplinan la actividad procesal como lo son el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencias (canon 327 ejusdem), tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n (art\u00edculo 625, num. 5 Ib. y 40 de la Ley 153 de 1887) y el procedimiento del recurso de apelaci\u00f3n en materia civil y familia (canon 14 Decreto 806 de 2020), por lo que carecen de las caracter\u00edsticas propias para ser consideradas sustanciales5, al encontrarse dirigidas a regular asuntos meramente procedimentales (CSJ AC, 3 oct. 2003, rad. 2000-00375-01. Reiterado en AC604-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo no se abre camino por la v\u00eda extraordinaria, por cuanto como qued\u00f3 evidenciado la apoderada del recurrente, aunque eligi\u00f3 la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso para construir el cargo, falt\u00f3 a la t\u00e9cnica propia de esta al no invocar normas de car\u00e1cter sustancial que hubieren sido transgredidas con el fallo recurrido, tal y como lo exige el par\u00e1grafo 1, art\u00edculo 344 ib., al indicar que en esta causal \u00abser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza\u00bb que constituyendo base esencial de la sentencia o debiendo serlo a juicio del recurrente haya sido violada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Cargo tercero. <\/p>\n
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1. En virtud de que para esta inconformidad el demandante acudi\u00f3 a la v\u00eda directa (numeral 1, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso), por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio, 24 de la Ley 222 de 1995 y \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, se tendr\u00e1 por reiterados los conceptos te\u00f3ricos puestos de presente para abordar el cargo segundo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio subrogado por el 24 de la Ley 222 de 1995, posee una esencia sustancial por cuanto aborda la responsabilidad de administradores desde la \u00f3ptica de las consecuencias por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, el incumplimiento u extralimitaci\u00f3n de sus funciones, as\u00ed como la responsabilidad que por dolo o culpa ocasione a la sociedad o terceros. <\/p>\n
Sin embargo, al tamiz de lo dispuesto en el numeral 2, art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso no es factible dar v\u00eda a la demanda por violaci\u00f3n de ese precepto por cuanto esa normativa que corresponde a una cuesti\u00f3n de derecho no fue un asunto debatido en las instancias, tampoco hizo parte de las razones por las cuales V\u00edctor Hugo Galvis Forero acudi\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, revisado el expediente se advierte que la pretensi\u00f3n formulada por V\u00edctor Hugo fue la de \u00abresoluci\u00f3n de contrato de sociedad de hecho\u00bb (fl. 66 c1), y no la de responsabilidad del administrador que enmarca el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, por incumplimiento de alguno de los deberes del canon 23 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el desarrollo procesal que da gu\u00eda al litigio como lo son las pretensiones6, fundamentos de derecho en la demanda7, fijaci\u00f3n del litigio8 (r\u00e9cord 2:03:13 a 2:05:57), reparos a la sentencia de primera instancia (r\u00e9cord 2:13:58 a 2:15:469, fls. 746 a 757 c1) y sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (p\u00e1gs. 17 a 24 C Tribunal) el abogado del demandante no invoc\u00f3 el art\u00edculo sustancial que ahora trae por el camino de la casaci\u00f3n, configur\u00e1ndose lo que la doctrina denomina un medio nuevo, esto es, un argumento que el litigante no propuso en las oportunidades de contradicci\u00f3n del proceso, y guard\u00f3 como \u00faltimo recurso para la v\u00eda extraordinaria (SC131-2012, AC1142-2022, AC2412-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En cuanto al canon 1546 del C\u00f3digo Civil, cuya naturaleza es sustancial (CSJ S029-1996; A120, 26 abr. 1996; S017-1996; SC4667-2021; A2003-00499, 6 sep. 2001), el recurrente invoca su aplicaci\u00f3n indebida y se\u00f1ala que el asunto debi\u00f3 resolverse acudiendo al art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
El cargo propuesto resulta incompleto, pues si bien el recurrente present\u00f3 su argumentaci\u00f3n respecto a la conceptualizaci\u00f3n de los contratos bilaterales y compagin\u00f3 su inconformidad con la existencia de responsabilidad de los demandados como administradores de la sociedad de hecho; lo cierto es que en la fundamentaci\u00f3n de la demanda extraordinaria dej\u00f3 de atacar todas las bases jur\u00eddicas de la sentencia. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal explic\u00f3 razonadamente su decisi\u00f3n respecto a la ausencia de condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita en los contratos que no son bilaterales como el suscrito entre las partes, impidi\u00e9ndose con ello la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, lo que afianz\u00f3 con jurisprudencia de la Corte (SC del 2 ago. 2011, exp. 2002-00007-01), sin embargo, tales argumentos no fueron confrontados de forma completa por el recurrente a efectos de acreditar el yerro que se endilga a la sentencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, por ese mismo camino tampoco refut\u00f3 el casacionista otro de los pilares de la decisi\u00f3n, esto es, el estudio del asunto bajo una \u00abterminaci\u00f3n del contrato\u00bb, donde se precis\u00f3 que el presunto incumplimiento contractual se origin\u00f3 por parte de los socios capitalistas respecto a sus obligaciones de pago de salario al demandante y la no devoluci\u00f3n de la maquinaria que se aport\u00f3 a la sociedad, precis\u00e1ndose por el ad quem que lo primero no aparece pactado en el acuerdo de voluntades y lo segundo no se demostr\u00f3 en el proceso. En consecuencia, concluy\u00f3 que ante las diferencias irreconciliables las partes dieron por terminada su sociedad y solo les restaba realizar la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de se\u00f1alarse que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia por lo que de permitirse sin m\u00e1s desconocer\u00eda \u00abla doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida la sentencia, como quiera que las conclusiones del juez fundadas en el examen de los elementos f\u00e1cticos son, en principio, intocables, salvo la demostraci\u00f3n de un yerro apreciativo, evidente y trascendental\u00bb (AC6070-2016; AC1268-2022), siempre que se atienda a las reglas propias de este recurso extraordinario. <\/p>\n
5. Cargo cuarto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de esta acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta el recurrente invoca el desconocimiento de la norma sustancial, debido a la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 200 y 871 del C\u00f3digo de Comercio, el canon 24 de la Ley 222 de 1995, los art\u00edculos 1602, 1603, 1606, 1613, 1614, 1615 del C\u00f3digo Civil y la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 1546 del C.C., por incurrir el Tribunal en error de hecho en la valoraci\u00f3n de unas pruebas periciales de maquinaria y contable, as\u00ed como del contrato de sociedad de hecho suscrito entre las partes, sin embargo cometi\u00f3 defectos de t\u00e9cnica en la construcci\u00f3n del cargo, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La v\u00eda indirecta sucede cuando se constata un error de derecho por desconocimiento de una disposici\u00f3n sustantiva, donde adem\u00e1s habr\u00e1n de indicarse \u00ablas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb; o, de hecho, al ser manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, o de una prueba determinada. <\/p>\n
En esa tarea quien advierte su inconformidad con la sentencia cuestionada v\u00eda casaci\u00f3n, debe controvertir los pilares del fallo, se\u00f1alar la incidencia de los errores y como estos dieron lugar al menosprecio de las disposiciones normativas que se invocan. Adem\u00e1s, debe cotejar la inconsistencia entre lo objetivamente probado por los medios de persuasi\u00f3n y las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador (CSJ AC5861-2021). <\/p>\n
3. Los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil y 200 del C\u00f3digo de Comercio tienen un car\u00e1cter sustancial; sin embargo, lo anterior resulta insuficiente para habilitar la senda extraordinaria, por cuanto al igual que ocurri\u00f3 en el cargo tercero el recurrente falt\u00f3 a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n por incompletitud en el primer canon (numeral 2, art\u00edculo 344 Ley 1564 de 2012) y en el segundo cuando invoc\u00f3 cuestiones novedosas (numeral 2, art\u00edculo 346 Ib.), todo lo cual ya fue abordado por esta Sala y en honor a la brevedad no resulta necesario reiterar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, se tiene que una de las exigencias t\u00e9cnicas de casaci\u00f3n es que la acusaci\u00f3n se formule \u00abpor separado\u00bb (numeral 2, art\u00edculo 344 de la Ley 1564 de 2012), quiere decir que no podr\u00e1 el inconforme combinar causales, cuya autonom\u00eda e independencia impiden que quien acude a la v\u00eda extraordinaria las formule sin mayor precauci\u00f3n mixturando los elementos que le son propios a cada una de estas. <\/p>\n
Acerca de este tipo de desatenci\u00f3n, esta Sala ha dicho: <\/p>\n
[D]ada la autonom\u00eda de las distintas causales previstas en la ley para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n y el modo independiente como cada una de ellas debe operar de acuerdo con la \u00edndole del error judicial de fondo o de forma que tienden a corregir, es claro que no queda al arbitrio de quien a este medio de impugnaci\u00f3n acude, hacer uso de dichas causales como mejor le parezca, tom\u00e1ndolas como un simple asunto de nomenclatura sin mayor importancia (CSJ SC de 16 dic. 2005, rad. n\u00ba. 1993-0232-01). <\/p>\n
El legislador, en el art\u00edculo 368 del C. de P. C. [hoy 336 del C.G.P.], consagr\u00f3 diferentes causales de casaci\u00f3n para que el interesado, al momento de exponer las razones de su inconformidad e invocar la senda pertinente pudiera, ciertamente, presentar una adecuada denuncia o encauzar su queja de manera id\u00f3nea. Atendiendo esa perspectiva, al censor le est\u00e1 vedado, al momento de formalizar los cargos, involucrar indistintamente reproches que refieran a una y otra senda casacional; tambi\u00e9n mixturar o entremezclar, simult\u00e1neamente, la fundamentaci\u00f3n que sirve de soporte a cualquiera de ellas (CSJ AC5139-2018, AC5724-2021). <\/p>\n
El recurrente incurri\u00f3 en mixtura de causales extraordinarias, al edificar el cargo cuarto lo hizo por la v\u00eda indirecta, pero en su fundamentaci\u00f3n acudi\u00f3 a la \u00abhermen\u00e9utica\u00bb del canon 1546 del C\u00f3digo Civil y solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, presentando su visi\u00f3n de c\u00f3mo debieron interpretarse las mencionadas disposiciones normativas, todo lo cual no es otra cosa que la cr\u00edtica a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica que le es propia a la v\u00eda directa (literal a), numeral 2, art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso) y no del sendero indirecto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En cuanto a la afrenta de otras disposiciones se advierte que los art\u00edculos 871 del C\u00f3digo de Comercio, 1602, 1603, 1613, 1614 y 1615 del C\u00f3digo Civil no tienen un car\u00e1cter sustancial (AC4034-202110). Igualmente, ocurre con el canon 1606 del C\u00f3digo Civil, que consagra apenas un deber de conservaci\u00f3n de la cosa, lo que de ninguna manera se advierte crea, extinga o modifique alguna situaci\u00f3n jur\u00eddica, de ah\u00ed que sobre estos lineamientos normativos se incumpla por parte del demandante la obligaci\u00f3n de indicar las normas de naturaleza sustantiva (par\u00e1grafo 1, art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso). Luego, ante la falta de t\u00e9cnica, no se abre paso el cargo formulado. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En armon\u00eda con lo dicho, cumple se\u00f1alar que si el asunto se abordara desde otra perspectiva resultar\u00eda impertinente desconocer las deficiencias advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, por cuanto analizado el proceso, como lo fue, no se evidencia vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales, al principio de legalidad de las sentencias o que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido (inciso final art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, canon 16 de la Ley 270 de 1996, reformado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009). <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
INADMITIR la demanda presentada por la apoderada del V\u00edctor Hugo Galvis Forero para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n instaurado frente a la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del asunto de la referencia. En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abEntendido como el hurto de toda la maquinaria, equipo, materia prima, herramientas, y repuestos, referenciados en los hechos de la demanda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abA partir del 24 de febrero de 2015, la utilidad era de\u2026 ($6.000,oo) por l\u00e1mina de tr\u00edplex producida, produci\u00e9ndose mensualmente 12.000 l\u00e1minas para un total de\u2026 ($72.000.000,oo) mensuales. Teniendo en cuenta que desde esta fecha hasta el 30 de abril de 2017, han trascurrido veintis\u00e9is meses sin producir dicha utilidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00ab[E]n cuanto a los c\u00e1nones de arrendamiento que arrojar\u00eda la f\u00e1brica desde el 24 de febrero del 2015 al 30 de abril del 2017, a raz\u00f3n de\u2026 ($10.000.000,oo) mensuales\u2026\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Con auto del 5 de febrero de 2018 se rechaz\u00f3 la primera y declararon no probadas las dem\u00e1s (fls. 32 a 35). <\/p>\n
5\u0002 Acerca de la ausencia de sustancialidad de algunos de los art\u00edculos se\u00f1alados por el recurrente, cons\u00faltese entre otras providencias AC1483-2018 \u2013 en relator\u00eda se encuentra como AC1483-2019-, AC604-2020, AC6052-2021, AC690-2022. <\/p>\n
6\u0002 (i) declarar el \u00abincumplimiento por parte de los demandados\u00bb del contrato suscrito el 24 de febrero de 2015; (ii) declarar \u00abresuelto el contrato de sociedad de hecho\u00bb; (iii) condenar a la contraparte a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, la devoluci\u00f3n de la maquinaria y el pago de frutos civiles y naturales desde el 6 de octubre de 2015; y (iv) condenar en costas y gastos a los demandados (fl. 68). <\/p>\n
7\u0002 \u00abC\u00f3digo General del Proceso, cap\u00edtulo IV, Arts. 73, 74, 75, y SS, Art. 25\u2026 Art. 498 del C\u00f3digo de Comercio\u2026 Arts. 469, 470 y\u2026 472\u2026 Art. 1613 del C\u00f3digo Civil\u2026 Art. 1614 del C\u00f3digo Civil\u00bb, y el art\u00edculo1124 Ib. (fls. 66, 78 a 80). <\/p>\n
8\u0002 En audiencia del 22 de mayo de 2019 se indic\u00f3 \u00abse tienen como hechos objeto del litigio, esto es materia de prueba los hechos 1, 2, 3 y 4. As\u00ed las cosas, le corresponde a este despacho determinar si se logran acreditar los supuestos de la responsabilidad civil contractual, respecto del incumplimiento de los demandados en cuanto al contrato de sociedad de hecho suscrito el d\u00eda 24 de febrero de 2015 y en el evento de existir el incumplimiento constatar la existencia de los perjuicios peticionados o si por el contrario se debe declarar prospero alguno de los medios exceptivos propuestos por los demandados que permita rechazar las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Audiencia del 22 de octubre de 2019. <\/p>\n
10\u0002 \u00abPor esa v\u00eda, se advierte que el grueso de los preceptos aludidos en la sustentaci\u00f3n de los cargos no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, sino que consagran directivas generales, con alto grado de abstracci\u00f3n (art\u00edculos 1602 y 1603, C\u00f3digo Civil; 871 del C\u00f3digo de Comercio); la clasificaci\u00f3n de los da\u00f1os resarcibles (art\u00edculos 1613, 1614 y 1616, C\u00f3digo Civil); las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos (art\u00edculos 1618 a 1624, ejusdem\u0002); la definici\u00f3n del contrato de apertura de cr\u00e9dito y descuento (art\u00edculos 1400 y 1401 del C\u00f3digo de Comercio), o la aplicaci\u00f3n de ciertas pautas civiles a los actos y negocios jur\u00eddicos mercantiles (art\u00edculo 822, C\u00f3digo de Comercio)\u00bb. <\/p>\n
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AC4117-2022 (2017-00357-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC4117-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-025-2017-00357-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67519","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67519\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}